VALLE DE SAN QUINTÍN, BC.- A dos semanas de la crisis regional por el paro de labores de miles de jornaleros agrícolas, los dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social exigen la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la incapacidad del gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid y funcionarios federales de menor nivel para resolver el conflicto.
Recuerdan que desde octubre de 2014 entregaron su propuesta de fijar en 300 pesos la jornada laboral al gobierno de Francisco Vega, a delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Ante el silencio de las autoridades, el martes 17 alrededor de 30 mil jornaleros iniciaron un paro laboral y bloquearon la carretera Transpeninsular, además de que se registraron hechos violentos que derivaron en la detención de más de 200 personas.
Actualmente 23 adultos y nueve menores de edad son procesados por robo calificado, en tanto que 183 personas acusadas de ataques a las vías generales de comunicación fueron liberadas bajo reservas de ley, de acuerdo con información que el delegado de la CDI, Juan Malagamba, dio a conocer a los dirigentes de la Alianza de Organizaciones el lunes 23.
Malagamba citó ese día a cuatro de los dirigentes de la Alianza, Justino Herrera, Juan Hernández, Fidel Sánchez, Bonifacio Martínez y Juan Martínez, para presentarles al coordinador de delegados, Carlos Trejo, enviado de la directora Nubia Mayorga para conocer de viva voz el conflicto en el Valle de San Quintín.
Luego de escuchar los pormenores del conflicto y las tragedias cotidianas de los jornaleros, Trejo dijo ser receptivo con lo expuesto por los dirigentes: “Sé de lo que me hablan. Yo siembro cuatro hectáreas”, se regodeó ante los dirigentes de la Alianza de Organizaciones que habían detallado sus carencias.
El funcionario federal felicitó por su comportamiento en la reunión a los dirigentes indígenas, quienes no dejaron de advertir que la CDI supo de la crisis que se avecinaba. Trejo destacó que su directora, Nubia Mayorga, tenía prevista una gira por Baja California, “no por lo que está ocurriendo sino que fue programada con anterioridad”, y lo había mandado a él a explorar la viabilidad de encontrarse con los dirigentes de la Alianza de Organizaciones.
“Lo que queremos es si habría garantías, en el marco del respeto, para que nuestra directora se reúna con ustedes. Creo que es una gran oportunidad. Si yo tuviera la posibilidad de sentarme con el presidente de la República de esta situación, lo haría; no la tengo pero quien sí puede es nuestra directora”, dijo.
El funcionario federal preguntó a los dirigentes de la alianza si “pudiera haber disturbios si el gobernador del estado (Francisco Vega) estuviera presente” en una posible reunión con los inconformes y la directora de la CDI.
Y conminó a los líderes a que de darse la reunión, procurar que Mayorga “se vaya contenta de la gira” y trate el problema de los jornaleros de origen indígena del Valle de San Quintín con Enrique Peña Nieto.
Fidel Sánchez Gabriel se mostró satisfecho de que el funcionario haya podido comprobar que los jornaleros indígenas de San Quintín “no comemos gente, que somos seres humanos y sabemos comportarnos sin tener preparación como la gente de gobierno”.
Bonifacio Martínez pidió a Trejo estar atento a las negociaciones con los empresarios y de plano pidió que de llevarse a cabo la reunión con Mayorga, no invitara al gobernador Vega de Lamadrid, a quien la Alianza de Organizaciones responsabiliza de la crisis en el Valle de San Quintín. El encuentro no se dio.
Incompetencia del gobernador Vega
Durante las dos semanas que lleva el conflicto, en declaraciones a diversos medios de comunicación, el gobierno de Vega de Lamadrid “ha operado a favor de los empresarios”, además de manejar la idea de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está detrás del movimiento jornalero, lo que ha sido rechazado por los dirigentes de la Alianza de Organizaciones, apunta en entrevista con Proceso Bonifacio Martínez.
Martínez atribuye a la “insensibilidad” de Vega y de su operador como mediador en las negociaciones con los empresarios, el subsecretario de Gobierno, Pablo Alejo López Núñez, la falta de concreción de acuerdos.
El miércoles 25, durante una mesa de trabajo que fue atestiguada por medios de comunicación a petición de los jornaleros, la parcialidad de López Núñez para favorecer al representante del Consejo Agrícola de Baja California, Alberto Muñoz, fue evidente en varios momentos.
López Núñez provocó expresiones de sorpresa e indignación por parte de inconformes, asistentes de funcionarios y periodistas cuando dio respuesta a la exposición de la lista de precios de los alimentos que adquieren los jornaleros a la semana, en la que no hay ningún tipo de carne, ni leche ni huevo, y que se eleva a mil 175 pesos, mientras que el promedio de ingresos oscila entre 700 y 900 pesos a la semana.
“Los empresarios no son responsables si lo que les pagan les alcanza o no, es problema de las leyes”, dijo el funcionario, y señaló que si la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) no fijaba incrementos, los empresarios no estaban obligados a otorgarlos, pero “de buena fe” se habían sentado con los dirigentes de la Alianza de Organizaciones a dialogar.
Al término de la segunda semana de paro laboral, las negociaciones se estancaron. Mientras los trabajadores cedieron en su petición inicial de homologar el jornal a 300 pesos para dejarla en 200, y en 20 pesos la caja de fresa a destajo, el vocero patronal, Alberto Muñoz, fijó su última oferta: incrementar 15% a la jornada laboral, que fluctúa en la actualidad entre 100 y 130 pesos, dependiendo del productor.
“Vamos a continuar con las movilizaciones, que están por definirse. El paro sigue. No nos vamos a morir de hambre. Ya estamos acostumbrados a no comer: así nos han tenido durante años. Lo que nos alimenta es la dignidad”, sentencia Bonifacio Martínez.
