Un cuarto de siglo después de la artera matanza de ocho personas en la Universidad Centroamericana, en El Salvador –incluyendo a su rector, el jesuita español Ignacio Ellacuría–, y luego del simulacro de juicio que exoneró a los asesinos en 1991 en su país, España está a punto de abrir un proceso contra los autores materiales e intelectuales del múltiple homicidio… grupo en el que se incluye al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani.
Madrid.- Pese los 25 años transcurridos desde el asesinato de seis jesuitas de origen español y dos trabajadoras domésticas en la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador, el caso en España vive un momento histórico ante la inminente apertura de juicio por la próxima extradición desde Estados Unidos del coronel Orlando Montano.
Este militar, entonces viceministro de Seguridad Pública salvadoreño, participó en las reuniones en las cuales el alto mando militar planeó y ordenó esa matanza, la cual representó un parteaguas en la guerra civil que vivió el país centroamericano en los ochenta.
En un hecho sin precedente, los 20 integrantes del pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional emitieron en octubre pasado, por unanimidad, un fallo que reafirmaba la competencia del titular del Juzgado de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado en el caso Ellacuría, llamado así por el sacerdote jesuita español Ignacio Ellacuría, rector de la UCA y figura clave en la defensa de los derechos humanos en esa convulsa época en El Salvador.
La abogada española Almudena Bernabeu, del Center for Justice and Accountability (CJA) de San Francisco, sostiene que este fallo es fundamental pues por primera vez un tribunal español considera un juicio anterior –el celebrado en El Salvador en 1991– como “juicio fraudulento” y por tanto, no se considera cosa juzgada.
Explica también que están a la espera de que el Tribunal Superior español se pronuncie en las próximas semanas sobre la inadecuación de ese proceso salvadoreño.
“El juicio en El Salvador que absolvió a los militares considerados autores materiales fue una vergüenza y una burla para las familias de las víctimas, por eso el caso en España abre la posibilidad de conseguir justicia” para ellas, dice en entrevista el lunes 16.
El 13 de noviembre de 2008, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el CJA presentaron en la Audiencia Nacional una querella contra Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador en la época de la masacre; el ministro de Defensa, Humberto Larios; el coronel Juan Orlando Zapata, viceministro de Defensa; el coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública y los miembros del batallón de Infantería Atlácatl, responsables de la ejecución sumaria de los jesuitas y de las dos trabajadoras.
Como sucedió en el juicio del caso del asesinato del arzobispo salvadoreño Arnulfo Romero, en el de los jesuitas también se enfrentaron “muchas vicisitudes”, porque se fueron “cerrando las puertas de la justicia en El Salvador”; por ello se promovió la causa en España, donde también enfrentó escollos, como las dos reformas a la Ley de Justicia Universal que promovió el Parlamento español y que devinieron en recortes a las atribuciones de esa norma.
“Estas reformas de Justicia Universal sí afectaron la causa de Ellacuría”, precisa la experta y explica que pese a la nutrida información que presentaron al caso los informes del Lawyers Committee for Human Rights y el de Moakley realizado por la Comisión Especial del Congreso de Estados Unidos, la causa abierta en España hizo aportaciones fundamentales para robustecer la narrativa judicial del caso.
“Transcurridos todos estos años, la idea fue compilar todos los esfuerzos desde el punto de vista probatorio y sumar los nuevos que obraban en documentos desclasificados de las agencias de Estados Unidos (CIA, Departamento de Defensa y Departamento de Estado), los cuales no aparecían en los otros informes y que sirvieron como prueba documental, que puso a tenor del caso en la Audiencia Nacional”, explica.
Documentos desclasificados
La testigo estrella de la acusación, la profesora de la Universidad Stanford, Terry Karl, elaboró dos informes para el juez Eloy Velasco, peritajes de dichos documentos desclasificados que llenaban varias cajas que sirvieron para afinar la narrativa judicial.
Para la desclasificación de estos miles de documentos contaron con la ayuda del National Security Archive y en concreto, de la analista Kate Doyle.
Entre la información nueva que obtuvieron de estos desclasificados se confirmó que no fueron dos sino cuatro las reuniones previas del alto mando militar salvadoreño, donde se fue relevando la orden de la masacre, que permitió documentar las autorías material e intelectual.
“No era tan importante confirmar la autoría material a manos de los miembros del Batallón Atlácatl que ya se tenía en firme, como sí lo es el documentar el papel de los jerarcas militares que orquestaron y ordenaron el asesinato, grupo de la promoción militar Tandona –la más influyente élite militar en la vida salvadoreña, de corte ultraderechista– que hoy mantienen un enorme poder en ese país, algunos convertidos en destacados empresarios y políticos, como el militar Juan Zepeda Orlando, cuya participación en la masacre está documentada”, explica.
Bernabeu destaca que en dos de las cajas con documentos de la CIA se pudo confirmar el número de reuniones previas de esta élite. “Es un dato sobresaliente, si tenemos en cuenta que la CIA tenía información simultánea de los planes militares que pasaban por la Dirección Nacional de Inteligencia; y es que el cuartel de la central de inteligencia estaba entonces contiguo al del servicio militar de inteligencia salvadoreño”.
Recuerda que el informe de la Comisión de la Verdad que se creó para el caso de los jesuitas, documentó la celebración de dos reuniones previas a la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando se perpetran los asesinatos en la UCA. “Sin embargo, en el peritaje de la profesora Karl se logró saber que fueron cuatro reuniones que se realizaron entre el día 13 y el día 16, la última fue la madrugada del 15 al 16, poco antes de que se cometieran los asesinatos, a las cuatro de la mañana”.
En estas reuniones no sólo se acordó el asesinato de Ellacuría y los otros jesuitas, sino una serie de operaciones, entre las cuales están el asesinato de un líder de la democracia cristiana, Rubén Zamora, hermano de un fiscal general del Estado asesinado por un comando militar en 1980.
“Es muy interesante el material que la profesora Karl presentó al juez Velasco, porque permite afinar de manera muy clara esas reuniones, el contenido de sus acuerdos y la gente clave que diseñó la acción para perpetrar el asesinato en la UCA. Y porque este peritaje permite individualizar el papel y la responsabilidad de cada uno de los implicados”, apunta.
Otra cosa que “es vital” de ese peritaje, es la responsabilidad de Cristiani, “cubierto por un pacto de impunidad”, opina la jurista a título personal.
Prosigue: “Cristiani es una figura clave porque autorizó muchas de las operaciones militares vinculadas al asesinato y luego, paradójicamente, formó parte del proceso de paz. Y es que, ante la debacle que para Estados Unidos representaba aparecer ante sus ciudadanos como un gobierno que apoyaba a otro ‘matacuras’, Washington se vio en la tesitura de justificar su propia basura y junto con la ONU apadrinaron los Acuerdos de Chapultepec, que son los acuerdos de paz.
“Cristiani, un hombre sofisticado, miembro de una familia muy rica y educado en Estados Unidos, se convirtió en un aliado de los militares más duros implicados en la masacre y en interlocutor civil ante Estados Unidos; facilitó las negociaciones con los militares, pero no porque sea un buen tipo ni haya estado ajeno a los preparativos del asesinato de los jesuitas, sino por ser el intermediario entre los militares y Estados Unidos; eso lo hace más rico, poderoso y con enorme influencia.”
La entrevistada relata al corresponsal que ante la presentación de la querella en España–meses antes del final del gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero–, Cristiani envió a dos representantes suyos a hacer lobby en Madrid para que se le excluyera de la querella. Y le surtió efecto. “El jefe de la fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para mí es un camaleón que cambia de color y yo no confío en los camaleones”, dice en alusión a que fue uno de los responsables de la justicia española con los que acordaron los representantes de Cristiani.
“En dos ocasiones hemos intentado que se incluya a Cristiani en la querella por participar en la maquinación del asesinato, por su papel activo en el encubrimiento y en la obstrucción de la justicia, pero no hemos tenido éxito”, dice la abogada en coincidencia con lo que este semanario publicó sobre el caso el 21 de octubre de 1991 (Proceso 781) durante el juicio en El Salvador.
Caso Montano
Aunque el nombre del coronel Orlando Montano se incluye en los informes de la Comisión de la Verdad, el de Lawyers Committee for Human Rights y el informe Moakley, fueron los peritajes de la profesora Karl los que revelaron que su papel fue más protagónico en la preparación del asesinato y un duro antagonista de Ellacuría y los jesuitas por estar supuestamente “alineados” al movimiento guerrillero.
Coincidentemente, a Montano se le ubicó en 2011 en Estados Unidos y las autoridades de ese país lo capturaron y lo acusaron de fraude migratorio. “En ese contexto, se le pidió a la profesora Terry Karl un informe individualizado sobre la responsabilidad de Montano, siendo muy precisa con la información existente y los testimonios de dos testigos protegidos de la parte acusadora que corroboraron su actuación, informes que llegaron a manos del juez Velasco.
Se concluye que Montano está en todas las reuniones clave del alto mando en los días previos, acompañando a René Emilio Ponce, director de la Junta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas salvadoreñas; emite amenazas radiales contra los jesuitas y es el más duro antagonista de los religiosos, acusándolos de estar vinculados con los guerrilleros.
Ante el final de su estadía en Estados Unidos –tentativamente a mediados de abril–, el Departamento de Justicia de ese país está en comunicación con la Audiencia Nacional, “mostrando su intención de extraditar a Montano a España. Y El Salvador también expresó su interés en no recibirlo como deportado”, dice Bernabeu.
Explicó que incluso hace tres semanas el Departamento de Justicia pidió a la parte acusadora que se practicara una diligencia adicional, la cual se concretó al presentar a uno de los testigos protegidos ante la Audiencia Nacional. “Ya se practicó y pensamos que ya está todo listo”, agrega.
En relación a los otros acusados por el asesinato de Ellacuría, de los jesuitas Ignacio Martín, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López, la empleada del centro Elba Julia Ramos y su hija de 16 años Celina, Bernabeu está confiada que podrían también ser extraditados a España.
En este caso, la abogada dice que están a la espera de una decisión de la Corte Suprema de El Salvador, la cual se va a pronunciar en breve sobre la Ley de Amnistía, que fue la gran concesión a los militares para asumir la responsabilidad a cambio de evitar la cárcel.
“La podría eliminar o limitar su papel significativamente, lo cual abre la puerta a solicitar a El Salvador la extradición de los otros implicados, que sabemos que no viajan fuera de su país para evitar ser capturados.”
