Los autores del operativo Monex, mediante el cual presuntamente se fondeó la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, no tomaron en cuenta que el triunfo priista no implica impunidad en todos los países por los cuales dispersaron los recursos para encubrir su origen. En España se detectaron operaciones sospechosas de Gabino Fraga Peña, dueño de la empresa GAP e implicada en las averiguaciones iniciales del monexgate, como parte de una denuncia por probable lavado de dinero.
Madrid.- Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los operadores de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, es investigado desde el pasado viernes 13 por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de España, por su posible participación en el blanqueo de dinero para beneficiar a un partido político.
La indagación surgió de la denuncia que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), del Ministerio de Economía Español, presentó contra directivos del Banco Madrid al detectar indicios de lavado de capitales y operaciones sospechosas, algunas de ellas realizadas por Fraga Peña.
El martes 17, el diario español El Mundo publicó que el empresario es uno de los clientes que realizó operaciones dudosas y que no fueron revisadas por los gestores (directivos) de la entidad financiera con base en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Según el reporte, el Sepblac detectó que el Banco Madrid recibió una transferencia desde México por 445 mil euros, dinero que, según las fuentes policiales citadas por el medio español, “puede corresponder con financiación ilegal de partido”.
El informe del Ministerio de Economía establece que Fraga Peña debió ser “objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid”, como lo dispone el artículo 52 de la ley antiblanqueo, lo cual “no se produjo”.
Para llegar al fondo del asunto, la fiscalía española cuenta con un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el cual centrará su labor en operaciones realizadas por políticos, funcionarios y figuras públicas.
En especial, el grupo indagará los movimientos financieros realizados por funcionarios del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y por Fraga Peña, operador de Peña Nieto, anunció el viernes 20 el diario digital El Confidencial.
La fiscalía solicitó a la UDEF que averigüe si el Banco Madrid pudo participar directa o indirectamente en otros movimientos que lograron pasar inadvertidos para el Sepblac, como el traslado de dinero procedente de delitos contra la Hacienda Pública, del cobro de sobornos, de financiamiento irregular de campañas electorales, tráfico de armas y de trasiego de drogas y personas, entre otros.
El citado diario digital afirma que personal de la fiscalía y de la Unidad de Investigación Tecnológica de la policía confiscó las computadoras del Banco Madrid donde figuran sus clientes y los movimientos calificados de alto riesgo por la ley contra el lavado de dinero. Además, trasladaron todos los datos a nuevos servidores de computadora, lo que requirió dos días por el volumen de la información requisada.
De comprobarse la hipótesis de la policía española, se confirmará la compleja operación financiera internacional que políticos y empresarios realizaron con el fin de triangular millones de pesos a fin de “comprar” la Presidencia de la República para Peña Nieto (Proceso 1865, 29 de julio de 2012).
Este semanario continuó la indagación periodística y detectó que la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó a averiguar la posible presencia de dinero sucio en la campaña del candidato priista (Proceso 1941 y 1945).
También reveló cómo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigaban a algunos de los empresarios que contribuyeron a la campaña presidencial de Peña Nieto mediante el operativo monexgate. Finalmente el asunto se diluyó y terminó en ilícitos de tipo fiscal.
El macroproceso que viene
El Banco Madrid pertenece a la Banca Privat d’Andorra (BPA), la cuarta institución de crédito más importante del principado de Andorra, y fue señalado el martes 10 en el informe de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), de Estados Unidos, que le prohíbe operar en ese país porque lo acusa de blanquear dinero para el crimen organizado.
Las investigaciones de FinCEN y Sepblac dejaron al descubierto la predilección que tienen políticos españoles y venezolanos involucrados en casos de corrupción, igual que mafias como la rusa, la china y el Cártel de Sinaloa, por el sistema financiero europeo, que conserva resquicios de opacidad.
El escándalo llevó al Principado de Andorra a intervenir a la BPA el miércoles 11. Horas después, el Banco de España intervino la filial en este país argumentando que debe “asegurar la continuidad de la actividad de la entidad”.
Dos días después, el Sepblac envió la denuncia a la fiscalía anticorrupción para que investigue los posibles casos de blanqueo de capitales. En Andorra, la cúpula del banco fue detenida y llevada a la prisión de La Comella por su vinculación al lavado de dinero para organizaciones criminales.
El lunes 16, los administradores nombrados por el Banco de España en el Banco Madrid pidieron el concurso de la institución, que sufrió una “corrida bancaria” por el retiro en masa de 76 millones de euros, que la dejó sin liquidez. Se habilitó entonces lo que se conoce como “el corralito” para impedir que los clientes retiren más fondos. Tanto en Andorra como en Madrid hay largas filas de cuentahabientes afuera del banco implicado.
Además de su denuncia ante la fiscalía anticorrupción, el Sepblac abrió un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco Madrid por infracciones graves y muy graves de la ley contra el blanqueo de capitales.
La indagación a Fraga Peña no prejuzga si cometió un delito, pero lo incluye en una operación destinada a convertirse en un macroproceso contra el lavado de dinero en España.
Posible sanción
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), dice en entrevista:
“En el momento que se detectan operaciones sospechosas, como se presume en este caso, en que el Sepblac envió su informe a Anticorrupción, esto nos da a entender que detectó, al menos en las operaciones sospechosas, que el Banco Madrid se utilizó como un instrumento para blanquear capitales.”
Añade que la Memoria 2013 de Sepblac arrojó que, de todas las actividades indagatorias que realizó ese año, remitió dos directamente a juzgados porque eran casos claros de la comisión de delitos, envió 17 más a la Fiscalía Anticorrupción, alrededor de 300 a Vigilancia Aduanera –dependiente de la Agencia Tributaria– y más de mil casos a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Mollinedo sostiene que la ley española contra el blanqueo de capitales establece requisitos mínimos para identificar a quien quiere realizar una operación sospechosa, abrir una cuenta o realizar una transferencia.
La norma señala como sujetos obligados a priori a las entidades bancarias y financieras, que son el eslabón principal para blanquear capitales, pero también a sociedades de inversión, abogados, casinos e inmobiliarias, “así como un listado que va de la A a la Y”.
Una empresa o un particular que realiza operaciones en el sistema bancario también debe cumplir una serie de requisitos, bajo riesgo de cometer una infracción de blanqueo, que puede ameritar una sanción hasta de 1 millón y medio de euros, el 2% del valor del negocio o hasta el doble de la cantidad que está bajo sospecha.
“Esta sanción no es por incurrir en el delito de blanqueo, sino sólo por incurrir en fallos en el sistema de prevención”, precisa el especialista.
Mollinedo advierte que los bancos están obligados a llevar un fichero de sus clientes. Para ello contratan a empresas especializadas, a fin de no incurrir en operaciones ilegales en España o en otros países. “Más aún, si existe una evidencia de que un cliente es miembro de un gobierno electo o está involucrado en actividades públicas”, acota.
El artículo 17 de la ley antiblanqueo establece que las entidades bancarias deben “examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.
Este examen debe enfocarse “con especial atención (a) toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude”.
De acuerdo con el diario El Mundo, la operación realizada por Fraga Peña debió someterse a una vigilancia especial.
La bolsa ilegal
El 29 de julio de 2012, Proceso publicó datos sobre la compleja operación financiera para hacer perdedizo el origen del dinero utilizado en el escándalo monexgate. Éste fue dispersado a través de monederos electrónicos red que alcanzó España, Italia, Israel y Estados Unidos.
En el primer avance sobre las denuncias que PAN, PRD, PT y MC presentaron ante el IFE por presunta triangulación de recursos y uso ilegal de dinero en la campaña presidencial del priista Peña Nieto, el titular de la Unidad de Fiscalización del instituto, Alfredo Cristalinas, abrió una línea de investigación sobre el dinero procedente del extranjero.
En el expediente Q-UFRPP 58/12, elaborado por Cristalinas, se prevé investigar desde qué países se dispuso de los recursos y las empresas relacionadas con los partidos políticos para el fondeo y uso de tarjetas Monex.
El documento señala que primero se debe identificar las modalidades de fondeo y uso de las tarjetas, después determinar las erogaciones de cada una de éstas en todos los lotes, y además “se verá la fecha de las operaciones, su monto y la ciudad y país de disposición de los recursos”.
Además pretendía indagar la relación de los partidos políticos con personas físicas, “representaciones legales, socios, accionistas, apoderados y empleados de las personas morales, entre otros”.
La Unidad de Fiscalización se planteó, igualmente, desentrañar la compleja estrategia financiera para aportar presuntamente 56 millones de dólares a la campaña de Peña Nieto, que el 14 de junio de 2012 reveló el empresario estadunidense José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa Frontera Televisión Network LLP.
Proceso detalló también que gente cercana a la campaña presidencial del PRI señaló cómo el grupo HIGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú –implicado en los escándalos de la “casa blanca” de la familia presidencial y la residencia del secretario de Hacienda en Malinalco–, así como el grupo GAP, de Fraga Peña, participaron en el deslinde de terrenos y la construcción de millonarias obras durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
Las fuentes añadieron que esos empresarios formaron una bolsa especial para la campaña de Peña Nieto, misma que habrían dispersado después en diversos países, entre ellos España, para luego regresar al banco Monex.
Proceso también reveló, en sus ediciones 1941 (del 12 de enero de 2014) y 1945 (9 de febrero de 2014) que tanto la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda y la SEIDO, de la PGR, como la UIF de la SHCP, abrieron averiguaciones y emitieron oficios de alerta sobre lavado de dinero, en los que se mencionó a personas y empresas vinculadas al monexgate.
Se trata de las averiguaciones UEIORPIFAM/AP/167/2012 y la UIFPGR/53/2012, donde los personajes clave eran Raúl Álvarez Longoria, Mauro Calzada, Alberto Grande Vidaurre y la empresa Edicom. Los dos primeros fueron detectados por el IFE como aportadores de 10 millones 116 mil pesos a la empresa Efra (acrónimo de Emilio Fraga Hilaire, medio hermano de Gabino Fraga Peña).
Además, se informó sobre decenas de oficios que la Unidad de Fiscalización del IFE envió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores (CNBV) para solicitar información sobre Fraga Peña, Fraga Hilaire y decenas de empresas que figuraron en la triangulación de los recursos para la campaña presidencial, como Efra, Atama, Inizzio, Koleos, Tiguan y GAP (oficios UF-DRN-10569/12, 13974/12, 7718/12, 7794/128011/12, 8954/12 y 8804/12).
La Unidad de Fiscalización pidió de igual forma los manuales sobre lavado de dinero al detectar operaciones irregulares. Incluso dio vista a la PGR y la UIF de Hacienda sobre al menos 685 monederos electrónicos de Monex por un total de 39 millones 685 mil 964 pesos, que fueron utilizados en operaciones “sospechosas” y generalmente utilizadas en el lavado de dinero (oficios UF-DRN-8777/12, 10108/12, 8803/12 y 8802/12).
El 20 de julio de 2012, la Unidad de Fiscalización del IFE dio vista a la UIF de Hacienda y a la PGR sobre 20 monederos que “fueron utilizados en otros países dispersando recursos que ascienden a una cantidad de 725 mil 716.62 pesos”. La unidad, entonces a cargo de Alfredo Cristalinas, no detalló en cuáles países se usaron dichos monederos, pero en el oficio UF-DRN-10108/12 dio vista al titular de la UIF, José Alberto Balbuena Balbuena, sobre 46 expedientes con operaciones sospechosas.
“Reunía información” para Peña Nieto
A diferencia de 2012, cuando su nombre se vinculó al monexgate, Fraga Peña dio la cara al 18 de marzo, un día después de que El Mundo difundiera en su primera plana su operación sospechosa en el Banco Madrid.
Entrevistado por el matutino español, Fraga afirmó que tiene esa cuenta desde 2007 y que no tiene relación con el PRI: “Lo que tengo en Banco Madrid es mío, son mis ahorros y no tengo nada que ver con financiación de partidos políticos”.
Reconoció su participación en la campaña de Peña Nieto, para “reunir información de distintos territorios”, pero niega que haya sido jefe de la misma.
Agregó que la empresa Efra, implicada en el monexgate, pertenece a su medio hermano Emilio Fraga Hilaire, “con el que sólo comparto apellido. Yo no tengo nada que ver con lo que pudiera hacer; insisto que el dinero en el banco español es mío, no procede de nada ilícito”.
Según Fraga Peña, desconocía que el Banco Madrid pasó a ser propiedad de la Banca Privat d’Andorra en 2011, y dice que en dicha institución “nunca me han propuesto ninguna operación extraña”. Se dice molesto de que en España “me metan en una lista con mafiosos rusos, chinos o delincuentes, porque yo no cometo ninguna operación ilícita”.
El operador electoral de Peña Nieto declaró en esa entrevista que está a disposición de la fiscalía anticorrupción española: “No tengo nada que ocultar y estoy dispuesto a hacer las aclaraciones que sean necesarias”.
