Desde hace una década los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) local han sido desplazados por un grupo de peritos sin título en detrimento del patrimonio cultural, sin que las autoridades se manifiesten. De ahí que investigadores del mismo instituto señalen a Jorge Salgado Tlahuis, José Flores Vargas, José Limón Osorio y Andrés Vázquez Aguilar, encabezados por Sergio Vergara Berdejo, titular del Centro Histórico en el Ayuntamiento de Puebla. El director del Centro INAH-Puebla, José Francisco Ortiz Pedraza, no obstante, rechazó hablar con Proceso.
PUEBLA, Pue.- Desde hace al menos 12 años, los directivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tienen conocimiento de que tres supuestos arquitectos adscritos a la sección de Monumentos Históricos en Puebla falsificaron documentos para acreditar su preparación académica.
Aunque el instituto presentó en su momento denuncias contra ellos, la dependencia no sólo los mantiene en su plantilla laboral, sino que los ha convertido en un grupo clave para que los gobernantes poblanos en turno puedan imponer sus proyectos constructores, aun por encima de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Mientras tanto los verdaderos especialistas del mismo Centro INAH-Puebla, comprometidos con la defensa patrimonial, han sido desplazados por este grupo de “cachirules” que dictamina en forma permanente los proyectos y obras del gobierno estatal y municipal de Puebla; además, niega al resto del personal acceso a documentos, información y obras.
La antropóloga Anamaría Answell advierte que estas prácticas son las que corrompen al INAH para beneficiar a los políticos, comerciantes y constructores que así obtienen permisos y licencias “que investigadores serios nunca otorgarían”. Señala:
“Los títulos falsos o inexistentes de sus peritos son uno de muchos caminos que convierten a estas personas en rehenes de intereses ajenos a la defensa patrimonial para los cuales deberían trabajar, estas personas son acaso el eslabón más débil o menos importante de una práctica corrupta que se inicia y decide mucho más arriba.”
Rutilia Amigón Amigón, arquitecta del INAH, explica que este escenario, solapado durante años por los directivos locales y federales y por los dirigentes del sindicato de trabajadores del instituto, es el que ha sustentado la destrucción de patrimonio cultural e histórico permitido durante la última década en esta entidad.
Entre otros enumera al edificio Villa Flora, el Paseo San Francisco, los Viaductos Zaragoza y de Cholula, la intervención a la zona de la Batalla del Cinco de Mayo, el teleférico en zona de monumentos, la demolición de la Casa del Torno y las obras en suelos arqueológicos en los alrededores de la Gran Pirámide de Cholula.
La mayoría de estas obras han sido realizadas en el actual sexenio panista de Rafael Moreno Valle, cuya administración reiteradamente ha sido acusada de iniciar proyectos en zonas históricas sin contar con licencia del instituto y sin respetar la normatividad mínima, amparado por un INAH complaciente que actúa en la total opacidad.
“Se han convertido en una mafia”, resume un trabajador entrevistado bajo anonimato, “a ellos los protegen por los delitos que cometieron al falsificar documentos y los usan para que aprueben o dejen pasar todo, aun cuando signifique la destrucción del patrimonio cultural e histórico del país.”
Puede presumirse, dice, que en cada permiso obtienen algún pago, también que se hacen de la vista gorda cuando las presiones políticas vienen desde arriba, “pero es algo que tendría que haberse investigado desde hace años”.
Y agrega que “lo más preocupante es que aun cuando este bochornoso escándalo que pone en entredicho al INAH ha salido a la luz pública, los implicados siguen en sus cargos, mientras que los directivos del instituto y el sindicato evaden abordar el asunto, lo que hace aún más evidentemente la complicidad”.
Ni Teresa Franco, directora general del instituto, ni Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos, ni el secretario de la Sección D-II-IA-2 del Sindicato de Trabajadores del INAH, Alejandro Villalobos, se han pronunciado sobre el caso de los “cachirules eternos” de Puebla.
El grupo
Desde mayo de 2010, en el oficio SI/031/010 dirigido por un grupo de trabajadores del Centro INAH-Puebla al entonces director general, Alfonso de María y Campos Castelló –a propósito de la intervención del edificio conocido como Villa Flora–, se advierte sobre esta situación como un asunto añejo.
En el escrito se hace referencia que en 2003 la Comisión Nacional Mixta de Arquitectura y Restauración, encargada de la VI Evaluación de Arquitectura para fines escalafonarios, solicitó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) la autentificación de los documentos presentados por cuatro arquitectos.
En ese entonces quedó al descubierto que las copias de las actas de exámenes profesionales de dos de ellos eran apócrifas.
En el caso de Jorge Salgado Tlahuis, quien desde hace más de 10 años se mantiene como coordinador de la Sección de Monumentos Históricos en el Centro INAH-Puebla, la BUAP informó que nunca concluyó sus estudios pues cursó 50 de las 57 materias de la carrera de arquitectura. En tanto que José Guadalupe Flores Vargas tan sólo aprobó 22 de ellas.
En ese mismo oficio, fechado hace cinco años, los trabajadores reclamaron al director del INAH que informara sobre el estado que guardaban las acciones jurídicas emprendidas luego de detectarse esta falsificación de documentos. Pero desde entonces la dependencia evade abordar este caso.
En 2004, el departamento Jurídico del instituto presentó una denuncia en contra de Salgado Tlahuis y de Flores Vargas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, misma que, pese a las contundentes pruebas, hasta la fecha continúa en proceso en su Sala Tercera bajo el número 2981/04.
Y pese a este juicio, ambos son constantemente asignados como inspectores y supervisores de los proyectos de mayor impacto para Puebla. Salgado Tlahuis como coordinador de la sección rubrica planos y licencias que emite la delegación del INAH, además de haber supervisado, entre otras obras, la del Viaducto Cholula, ubicado a menos de 500 metros de la gran pirámide, y donde –según especialistas– quedaron enterrados por la cimentación profunda importantes vestigios arqueológicos (Proceso, 1975).
Tanto Tlahuis como Flores se mantienen inamovibles a pesar de que recientemente el Portal de transparencia Con los Ojos Abiertos dio a conocer públicamente que hasta 2015, la BUAP no tenía registrada la existencia de expedición de título ni cédula a favor del coordinador.
Igual, con solicitudes de información, la reportera Kara Castillo, del Portal e-consulta, obtuvo el acta de examen profesional que presentaron ambos para demostrar su supuesto grado académico para que sus plazas escalaran de custodios a arquitectos dentro del INAH. Los supuestos peritos aseguran ahí haber obtenido en 1990 el título de arquitectos en la BUAP con la tesis “Reordenación Urbano-Arquitectónica en la zona arqueológica de Yohualichan”. Sin embargo, e-consulta comprobó que este documento no aparece en el catálogo de investigaciones de la casa de estudios; además de que los otros estudiantes que comparten créditos en la misma acta de examen profesional en realidad se graduaron con otras tesis.
Con el mismo antecedente está José Martín Limón Osorio, denunciado en 1998 por un compañero de trabajo por haber falsificado su título de arquitecto, por lo cual se realizó un proceso en el Jurídico del INAH en la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), bajo el expediente 2075/98. De acuerdo con la página de éste, el expediente quedó en archivo desde julio del año pasado.
De hecho, Limón acabó por graduarse hasta 2002, en la prácticamente desconocida Universidad Hispana de Puebla, cuando ya tenía 18 años de trabajar como arquitecto en la delegación estatal del INAH. Pese al delito cometido por falsificación, conservó su puesto y actualmente es el representante sindical de la Sección D-II-IA-2.
El líder
La falsedad del acta de Examen Profesional que presentaron Salgado Tlahuis y Flores Vargas queda clara a simple vista al ser comparada con el mismo documento que registró Aurelio Andrés Vázquez Aguilar, otro de los arquitectos de la delegación Puebla quien presentó la tesis “Centro Cultural San Agustín, Puebla, Pue.” en 1989 por la Facultad de Arquitectura de la BUAP.
Sólo con ver ambas actas se aprecia que la imagen de las firmas es una copia evidente –las dos del mismo tamaño, posición y orientación–, aunque los nombres de los jurados de cada examen profesional son distintos.
Destaca justo al centro de los dos documentos una firma en forma de cruz, que es identificada por distintas personas –y confirmada con un escrito oficial– como la de Sergio Vergara Berdejo, actual gerente del Centro Histórico de Puebla, quien hasta el 2013 era el supervisor adscrito a la Sección de Monumentos Históricos del INAH en Puebla.
De hecho, Vergara Berdejo es identificado como la persona que armó y empoderó al interior del INAH a este grupo de incondicionales que falsificaron su grado profesional, al que se suman otros arquitectos con una postura complaciente, entre ellos Andrés Vázquez Aguilar.
En septiembre de 2012, este grupo de arquitectos, incluyendo los “cachirules”, firmaron un desplegado para defenderse de las críticas que en ese entonces se desataron en la prensa local y nacional por las intervenciones a los fuertes de Loreto y Guadalupe, el proyecto de teleférico, la demolición de una casa catalogada en el Barrio del Artista, entre otros.
Una de las principales defensas fue que cada proyecto aprobado se evaluaba en reuniones colegiadas y consensadas, además de que cada obra recibía permisos y licencias con dictaminación y valoración conforme a la normativa institucional, y según aseguraba el escrito “de ahí que cada proyecto sea parte fundamental para el rescate del patrimonio cultural en peligro, de los poblanos, de los mexicanos y del mundo”.
Rutilia Amigón desmiente esta información, pues asegura que las reuniones “colegiadas” realmente han sido monopolizadas durante años por Vergara Berdejo y cuatro integrantes de su grupo: Salgado Tlahuis, Limón, Flores y Vázquez Aguilar.
Aun ahora, de acuerdo con varios testimonios, con Vergara Berdejo como titular del Centro Histórico en el Ayuntamiento de Puebla, el grupo opera de la misma manera y bajo su mismo liderazgo. Declara Amigón:
“La alardeada evaluación colegiada no es más que una simulación, la suerte de una petición la decide realmente este grupo de incondicionales que en conjunto con la autoridad, no permiten la participación de quienes tenemos la formación académica y experiencia en restauración de monumentos, porque exigiríamos el cumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
“Ello ha repercutido negativamente en nuestro patrimonio porque asesoran proyectos y supervisan obras, permitiendo y aplicando equivocados criterios, así como materiales y procedimientos constructivos inadecuados, a tal grado de que podemos hablar ya de tipologías de daños. Asimismo, ha contribuido al descredito del INAH ante la sociedad.”
Tras haberse publicado los documentos que comprueban la falsificación de títulos, se solicitó una entrevista con José Francisco Ortiz Pedraza, actual director del Centro-INAH Puebla, así como con dos de los trabajadores involucrados, pero ninguno accedió a dar su postura.
