MONTERREY, NL.- Para que la federación autorizara el acueducto Monterrey VI, el gobierno de Nuevo León falseó información. Quienes afirman esto son organismos civiles y privados, entre ellos Reforestación Extrema, Evolución Mexicana, Vertebra, Consejo Cívico, Coparmex Nuevo León y Canaco Monterrey.
Dichas agrupaciones acusan a la administración del priista Rodrigo Medina de la Cruz de haber distorsionado el sentido de los dictámenes para que fuera aprobado el proyecto, que implica entubar agua a lo largo de 380 kilómetros, desde el río Pánuco, en San Luis Potosí, hasta la presa Cerro Prieto, de Linares, en territorio nuevoleonés.
El acueducto fue concesionado en septiembre último al consorcio que forman Concretos y Obra Civil del Pacífico, del Grupo Higa, dirigido por Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista que financió la Casa Blanca de la familia presidencial; Controladora de Operaciones de Infraestructura; Desarrollos Rogar, y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo.
En el sexenio de Felipe Calderón se informó que la megaobra costaría 12 mil millones de pesos y que sería financiada por el gobierno. Más recientemente, el gobernador priista Rodrigo Medina aclaró que, ya con todo y los costos de operación, la cifra era de 40 mil millones, pero Emilio Rangel Woodyard, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), dijo que serían 47 mil millones, aunque en un boletín se retractó.
El 15 de septiembre pasado, más de una decena de organizaciones civiles y asociaciones empresariales denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) a SADM y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el desastre ecológico que desde su punto de vista provocará el acueducto.
Aseguraron que la línea de tubería de 2.13 metros de diámetro que conectará la presa Cerro Prieto carece de suficientes estudios de impacto ambiental, ya que especialistas consultados por los demandantes temen que la extracción de agua dañe el afluente.
Dichos expertos consideran que “no hay recursos” para pagar los daños ecológicos que por derecho de vía se tendrían que cubrir a campesinos y usuarios de las cuencas afectadas.
Además, los inconformes sostienen que SADM no realizó consultas públicas con terceros perjudicados, lo que representó un acto discriminatorio contra la población y violatorio a los derechos humanos. La demanda será presentada también ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Desde el 17 de diciembre último, algunos de los organismos firmantes de la demanda solicitaron un amparo federal contra el inicio del megaproyecto, pues no se cumplió el derecho constitucional de audiencia.
El abogado ambientalista Gregorio Mariano Núñez González, representante legal de estos opositores al acueducto, explicó que el proyecto de entubado no ha sido presentado a la ciudadanía de ninguna de las cuatro entidades afectadas.
En la solicitud de amparo tramitada ante el Juzgado Primero de Distrito en Justicia Administrativa se especifica que, al no realizar consultas, el gobierno estatal y SADM “violó la convención al acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientalistas”, además del artículo 14 constitucional y el 153 bis 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico.
Señala, asimismo, que este amparo involucra a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos porque esas instancias han especificado, en leyes modelo, que el agua no puede ser mercantilizada ni privatizada, como lo hizo el gobierno de Medina al concesionarla a una asociación público privada.
Hasta ahora, los opositores al acueducto no han recibido respuesta a la demanda ni a la solicitud de amparo.
Opacidad y sordera oficiales
La polémica por la megaconstrucción subió de tono el pasado 4 de febrero, cuando el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM) presentó el estudio que le encargó al organismo internacional The Nature Conservacy (TNC).
El empresario Eugenio Clariond Reyes, presidente del FAMM, expuso que, según dicho análisis, el río Pánuco podría ser insuficiente para abastecer a Nuevo León, pues de ahí se surten concesiones ya otorgadas a Guanajuato y Querétaro.
Agregó que el proyecto contempla un consumo diario de entre 270 y 300 litros por habitante, cuando la recomendación de la Conagua es de 230 litros. Y si el uso de agua para el campo fuera optimizado, señaló TNC, sería innecesario el 85% del torrente proyectado en el acueducto.
De igual forma, la obra afectará los humedales del Pánuco y la disponibilidad del recurso para ciudades como Tampico. Además, traer agua de tan lejos implicaría el incremento de 10% de las tarifas del agua, aunque el director de SADM ha reiterado lo contrario.
La reacción gubernamental no varió. El 20 de febrero el gobernador Medina comentó que podía estudiar la información de TNC, pero la obra ya empezó: “No se puede detener, no hay marcha atrás”.
El pasado miércoles 4, Alberto Fernández Martínez, presidente de la Coparmex Nuevo León, encabezó una conferencia de prensa donde ese y otros organismos reafirmaron su demanda de parar la obra. Afirmó que hasta ahora se han detectado en ella por lo menos 15 inconsistencias.
Entre éstas señaló que, con tal de que se aprobara el proyecto, SADM presentó en julio de 2012 un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008, cuando el documento se actualizó el 18 de julio de 2011.
Con esta información trucada, el gobierno de Medina omitió decir que la disponibilidad de agua hasta la última fecha era de casi 30% más que la reportada en el anterior MIA.
Precisó Fernández Martínez: “El MIA, mañosamente, reduce los efectos negativos del proyecto al presentarlo como regional, aunque muestra los impactos ambientales de manera fraccionada, por lo que no es posible llevar a cabo una evaluación de impactos en forma acumulativa”.
Entre otras omisiones, aparentemente dolosas, detectaron que la construcción del Monterrey VI contempla el cambio de uso de suelo de 250.4 hectáreas, pero no se ha mostrado la correspondiente autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Otra inconsistencia es la ubicación del proyecto, pues mientras el MIA señala que el agua será extraída del río Pánuco, en el municipio del Ébano, San Luis Potosí, el informe final del plan muestra como lugar de origen el municipio de Tamuín, del mismo estado.
El consorcio ganador del proyecto está integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Higa; Controladora de Operaciones de Infraestructura; Desarrollos Rogar, y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo.
El pasado viernes 6 se pronunciaron públicamente contra el acueducto los candidatos a la gubernatura: Jaime Rodríguez, independiente; Fernando Elizondo, de Movimiento Ciudadano; Felipe de Jesús Cantú, del PAN; y Rogelio González, de Morena. Coincidieron en que es innecesario y excesivamente oneroso. Ivonne Álvarez, del PRI, dijo que lo revisaría.
