Los recortes presupuestales tomaron mal parado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al que se le juntó la falta de dinero para pagar a trabajadores y artistas (aunque ya sólo falta que remunere a 2%) con una auditoría de 2013… La comunidad emplazó a su presidente, Rafael Tovar, para un diálogo público, y éste envió a varios funcionarios. Para la socióloga Ishtar Cardona, todo se resume en un punto: la ilegalidad del organismo…
Caos, ésa es la palabra con la cual la socióloga Ishtar Cardona resume la percepción que trabajadores de la cultura, artistas e incluso el público tiene del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y que se ha acrecentado en los últimos meses.
A problemas de origen como la falta de un marco normativo, se sumó la indignación –hacia finales del año pasado– de prestadores de servicios que denunciaron atraso en los pagos por su trabajo o prestaciones ya realizados.
Luego se anunció, a principios de este año, un recorte presupuestal impuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y recientemente se sumó el resultado de la Auditoría Superior de la Federación a la fiscalización de la cuenta de 2013, con diversas observaciones al organismo rector de la política cultural del Estado.
Para hablar de estos y otros añejos problemas, el pasado miércoles 4 de marzo, la Asamblea de la Comunidad Artística (ACA), nacida para protestar por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres más, convocó a un encuentro de reflexión frente a las oficinas del Conaculta en Paseo de la Reforma. Se planearon cinco mesas:
1.- ¿Una cultura o muchas culturas? ¿Qué tipo de institución cultural necesitamos?
2.- Cultura, territorio y comunidad. ¿Cómo se relaciona la cultura con el entorno social y ambiental?
3.- Cultura, mercado y economías posibles. ¿Cómo afecta la economía el quehacer artístico y cultural?
4.- Diseño institucional y políticas culturales. ¿Cómo funciona el actual modelo de políticas culturales y a quiénes favorece?
5.- Ley ciudadana de arte y cultura. ¿Qué tipo de legislación necesita el sector del arte?
Y emplazó a Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública (SEP); Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Conaculta; las legisladoras Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado y Margarita Saldaña, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados; y a Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, quienes “manejan las políticas culturales en el país y la capital” a asistir al diálogo.
Los organizadores colocaron sendas silla con sus nombres y decidieron dejarlas vacías para evidenciar su ausencia. Suponían que nadie acudiría (varios acompañaron a Enrique Peña Nieto en su viaje a Gran Bretaña).
Sin embargo sorprendió que en punto de las diez de la mañana, hora de la cita, salieran al encuentro Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural; Antonio Hernández Brito, coordinador nacional de Relaciones Laborales; Luis Cacho, director general Jurídico; y María Eugenia Araizaga, directora general de Administración, todos del Conaculta, para participar en el encuentro, y demandaron quitar el nombre de Tovar y de Teresa de las sillas vacías, pues –explicaron– ellos fueron en su representación.
Pidieron ciertas condiciones para acceder al diálogo, entre ellas que los ponentes no se extendieran más allá de diez minutos, que la sesión de preguntas y respuestas fuera en rondas con máximo cinco preguntas cada una y, sobre todo, que fuese un diálogo respetuoso. Ofrecieron el auditorio de la planta baja del edificio del Conaculta, pero la ACA insistió en que el encuentro tenía que ser público y a la vista de la ciudadanía.
A las 10:30 comenzó la primera mesa, en medio del camellón de Reforma, con un pronunciamiento de la Asamblea en el cual demandaron: Pago inmediato de los adeudos y compromiso de no más atraso; no al cierre de recintos culturales, en alusión a la inminente demolición del teatro Julio Jiménez Rueda (ver nota adjunta); no al recorte presupuestal en educación y cultura; reformulación de la relación contractual entre trabajadores del arte e instituciones culturales.
Asimismo seguridad social para trabajadores del arte y la cultura; e instalación de foros a nivel nacional con carácter resolutivo, para la elaboración de un nuevo modelo de política cultural, cuya organización corra a cargo de ciudadanos, trabajadores del arte y la cultura y especialistas en política cultural, cuya logística y producción corra por cuenta del Conaculta y las dependencias culturales locales.
Al final del documento reiteraron su demanda de libertad para los activistas políticos Jaqueline Santa, estudiante de la UNAM, y el músico Bryan Reyes, presos desde el 15 de noviembre de 2014, y la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Enseguida, el arquitecto Manuel Figueroa leyó una carta abierta del Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura (que reúne a trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia) dirigida al titular de la SEP.
En ella se señala que el Conaculta se ha convertido en un órgano “sinónimo de arbitrariedades, corrupción y nulo compromiso con el sector educativo laboral en materia de arte y creación”. Es una estructura “debilitada por el entorno internacional de transnacionales (mineras, turísticas y demás) que día a día están arrasando con la historia como con el patrimonio cultural de todos los mexicanos”.
El colectivo exige su desaparición y que la SEP “asuma la responsabilidad de integrar de forma ordenada (apegada a las recomendaciones de 2005 de la UNESCO a México), de mantener indisoluble el vínculo entre educación y cultura”.
Figueroa denunció que el (INAH) ha negado a sus propios investigadores los espacios y auditorios de la institución para realizar el Foro Permanente “Estado, violencia e impunidad. ¿Qué hacer ante la emergencia nacional?”. Y culpó al gobierno de estar bloqueando todo lo relacionado con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes.
Para el viernes 6 tenían programadas, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología, las conferencias “Ayotzinapa: entre la coyuntura y el despertar”, de Francisco Javier Guerrero Mendoza, y “Crimen de Estado e impunidad en Jalisco, 1968-1971” con Eduardo Flores Clair, pero tuvieron que cambiar la convocatoria a la Biblioteca del Sindicato de Investigadores del INAH.
El fondo
En su intervención Ishtar Cardona, doctorante del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de La Sorbona, París, consideró que parece haber un problema de percepción, porque los creadores, artistas y el público tienen la impresión de que, en materia de cultura, hay un desorden en la estructura del Estado. Y de que ésta sólo “administra” esa percepción.
Es necesario, dijo, saber si hay voluntad en los funcionarios para clarificar la administración pública y modificar esa mala apreciación, acentuada en los últimos meses por la suspensión de pagos a los artistas. En este sentido detalló que todos los artistas que trabajan con instituciones del gobierno, federal, estatal o municipal saben que los pagos siempre han sido irregulares:
“Lo voy a decir en lenguaje muy coloquial. Te dicen: ‘Oye, adelántame, ¿no? Págale a los subproveedores, hazte cargo del evento, tú produce, paga los salarios y después yo te pago’. Ese después puede venir seis meses o un año después. En algunos casos estamos retrasados un año y medio o dos años.”
Resulta, pues, que la acción cultural del Estado está siendo financiada, en realidad por los proveedores, puntualizó. El retraso genera incertidumbre, la idea de que las cosas no funcionan, “que hay algo podrido”, que “se jinetea el dinero”, y peor aún: que los recortes presupuestales afectan la producción de proyectos y el ingreso de los artistas, pero no los gastos operativos del Conaculta, los salarios de los funcionarios, ni sus gastos de representación.
La investigadora recordó que uno de los principales problemas de fondo del Conaculta es la falta de un marco jurídico, pues nació por decreto presidencial en diciembre de 1988.
Esto contribuye al caos administrativo porque, al no tener un marco legal constitutivo, opera con ciertas reglas que se han establecido con el paso de los años pero que sólo tienen como base legal el decreto, no una ley orgánica. Esto impide tener contratos formales, y sucede así que muchos de los recursos con los cuales se paga a proveedores pasan “por una agencia de viajes”:
“Entendemos que no es mala leche de los funcionarios actuales, pero debería haber voluntad para regular y normar todo esto, para arreglar el tiradero, transparentar, y la comunidad cultural no siga cultivando esta percepción de opacidad, de malos manejos, de jineteo de lana, para que sepamos cada vez que haya un recorte, de dónde viene.”
Entrevistada posteriormente por Proceso, Cardona expresó que si bien fue un gesto positivo de los funcionarios del Conaculta salir a dialogar, es importante que realmente tengan la intención de solucionar estructuralmente los problemas y no sólo “administrar la mala percepción con discursos”.
Consideró que se debe dialogar con base en temas muy concretos pues en esta ocasión se trataron temas muy generales; aunque consideró que “hay pocas probabilidades de que esto ocurra”.
Enrique Cisneros, El Llanero Solitito, fundador del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA), se refirió también a las condiciones en las cuales se creó el Conaculta: Por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, a una semana “de haber sido impuesto como presidente” y en medio de conflictos políticos por “el fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas”, pues ahí están las razones de sus problemas.
Dijo que desde el gobierno de su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México definieron el rumbo del país, incluido el campo de la cultura:
“No nos engañemos, Conaculta, con todos sus decires, eso que ponen en sus documentos de ‘apoyo y patrocinio de eventos que propician el arte y la cultura’, de erigirse como ‘la institución encargada de presentar de forma integral el patrimonio cultural de la nación en sus diferentes manifestaciones artísticas o culturales’, es en realidad una institución creada para impulsar las propuestas neoliberales, que en la cultura se manifiestan en la creación de las industrias culturales, en una visión de la cultura como pretexto para vender y propiciar la acumulación de capital.”
En su opinión es una institución de mediatización que permite a unos pocos hacer grandes negocios a costa del esfuerzo de los trabajadores de la cultura:
“No es aventurado decir que el Conaculta padece todos los vicios del sistema neoliberal, donde el amiguismo, la corrupción, la pérdida de los valores humanos que no se supediten al mercado, entre otras lacras, son la esencia de su funcionamiento.”
Lamentó que el país haya llegado a un punto donde por negocio se destruye la naturaleza y la historia se convierte en “mercancía para turistas”.
Momentos antes, el pintor y escultor náhuatl, egresado de la Academia de San Carlos, José Ortiz Rivera, dijo que era la primera vez que veía la sede del Conaculta y jamás imaginó que estuviera ahí en Paseo de la Reforma.
A su comunidad, Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta, no llegan las acciones del organismo, dijo, y ellos tienen sus propias expresiones y proyectos culturales, pero no han recibido el apoyo solicitado. El gobierno de la ciudad les ofreció hace tiempo construir una casa de la cultura y hasta ahora no ha cumplido.
Para Cisneros el hecho de que Ortiz Rivera no conociera bien lo que es y hace el Conaculta, es un cuestionamiento en sí mismo pues “su trabajo no es gastar dinero para poner anuncios en la televisión y decir ‘hacemos esto’, sino que el pueblo sepa realmente qué son sus instituciones”.
La voz oficial
Los funcionarios pidieron intervenir al final de las ponencias de los especialistas y creadores. Crestani informó respecto al retraso en los pagos a proveedores y prestadores de servicios que Tovar y de Teresa giró instrucciones para que se revisen “de manera profunda” los mecanismos administrativos. Se han hecho “acuerdos con las instancias de las que depende el Conaculta para tener seguridad y celeridad en este tipo de trámites”.
Aseguró que se ha cubierto ya el 98% de los adeudos con proveedores. Los restantes se cubrirán una vez que los beneficiarios regularicen su situación particular, pues atribuyó el retraso a que algunos no están al día en la normatividad “que la ley les señala”.
En cuanto al recorte presupuestal, que Hacienda prevé también para el próximo 2016, el funcionario dijo que se buscará que no impacte los programas sustantivos. No sabe de cuánto exactamente será el reajuste, pero las 35 instituciones que conforman el Conaculta “cuentan con un techo presupuestal para cumplir con sus programas anuales sustantivos y desarrollarán nuevos mecanismos para distribuir de mejor manera los recursos que se destinan a las diversas disciplinas artísticas a través de reglas de operación que garantizan transparencia, pluralidad y equidad”.
María Eugenia Araizaga habló de la fiscalización a la cuenta pública de 2013 del Conaculta dada a conocer hace unas semanas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Destacó que en realidad está sujeta a “interpretaciones”, por lo cual lo publicado en la prensa “no es correcto”.
Según ella, la ASF no aplica en ningún momento el calificativo “opacidad” al ejercicio de los recursos de la Hacienda Pública del Conaculta.
En este sentido vale aclarar que el documento de la Auditoría sí maneja la idea de que hace falta garantizar “mecanismos adecuados en el registro y control de la información que permita la confiabilidad y transparencia de los recursos otorgados”.
Araizaga indicó que aunque el resultado de la auditoria ya se publicó, existe un proceso en el cual la ASF da tiempo a la institución para aclarar la información, y si existiera alguna irregularidad, denunciarla. Por ahora, añadió, están trabajando para clarificar los resultados.
A diferencia de cuando el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió de su oficina a dialogar con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y se retiró con la promesa de regresar a dar respuesta a su pliego petitorio, al final este encuentro en Paseo de la Reforma, los funcionarios del Conaculta no ofrecieron volver, ni abrir otros espacios de diálogo. Crestani respondió a pregunta de Proceso que no se prevé en el Conaculta ninguna reforma o cambio en su estructura administrativa.
