Las negociaciones para la paz que conduce el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) desde hace más de dos años se acercan a su objetivo: poner fin a un conflicto que cumple ya más de cinco décadas, que ha costado la vida a 220 mil colombianos y ha producido más de 6 millones de desplazados. Terminar exitosamente esas pláticas tendrá consecuencias importantes tanto en la vida interna de Colombia como en la reestructuración de las relaciones entre los países andinos y la política de México hacia dicha nación.
No es la primera vez que inician negociaciones dirigidas a poner fin al conflicto armado. Desafortunadamente, no han tenido éxito, y en ocasiones, más que solucionar, han profundizado las hostilidades. El fracaso de los diálogos de paz durante las presidencias de Samper, Pastrana y Uribe ilustran lo anterior.
Esta vez, el proceso de paz ha partido desde circunstancias y estrategias distintas. Lo primero a destacar es la presencia del ánimo negociador de ambas partes. La guerrilla, porque es consciente de que su lucha ha llegado a un callejón sin salida; el gobierno, porque considera que la paz no puede ser resultado de una rendición, sino de un acuerdo que responda a los reclamos históricos de diversos sectores de la sociedad.
El segundo elemento que contribuye a la expectativa de que haya éxito es el apoyo regional e internacional. A diferencia de otras épocas en que se buscó, infructuosamente, aglutinar a un grupo de países latinoamericanos para condenar a las FARC como grupo terrorista, actualmente se ha conquistado el respaldo de países latinoamericanos, pero no para condenar –como lo intentó Uribe–, sino para propiciar el diálogo. El caso más significativo ha sido Cuba, que ha albergado las negociaciones y presionado discretamente para que tengan continuidad; igualmente significativa es la presencia como observadores de Chile y Venezuela.
A nivel internacional, sobresale el papel de Noruega como promotora de las pláticas; se trata de un pequeño país que viene asumiendo grandes responsabilidades en la búsqueda de solución a conflictos, así como en la promoción de acuerdos internacionales de gran significado, como la convención para la prohibición del uso y fabricación de minas antipersonales.
El respaldo internacional ha tenido buenas expresiones en España, donde acaba de celebrarse un Foro sobre la Paz en Colombia auspiciado, entre otros, por el periódico El País, en el que han participado figuras políticas con responsabilidad en procesos de paz a lo largo del mundo. Finalmente, se considera una señal positiva la reciente designación por parte del presidente Obama, de Bernard Aronson, exsubsecretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, como enviado especial para participar en el proceso de paz colombiano. Detrás de todo ello se percibe una diplomacia tenaz y exitosa del presidente Santos.
Las negociaciones han llegado a resultados positivos en temas como la reforma agraria, las garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana de los guerrilleros, al igual que el narcotráfico. Ahora bien, como es normal en este tipo de pláticas, los puntos más álgidos se encuentran en el último tramo. Uno de ellos es la justicia que se impartirá a las víctimas y, por lo tanto, las penas que se impondrán a los responsables de crímenes de lesa humanidad, tanto por parte de la guerrilla como de grupos paramilitares y miembros del ejército.
En la mencionada reunión de Madrid el meollo del debate, según informa El País, fue la manera de encontrar un equilibrio entre la justicia para las víctimas y la urgencia de alcanzar la paz. Ese dilema requiere modificar la percepción de que justicia significa necesariamente cárcel y, asimismo, hacer entender que la justicia en un periodo de transición hacia la paz no es impunidad.
Solucionar ese dilema no es fácil en un contexto donde sectores de la sociedad colombiana rechazan la posibilidad misma de que guerrilleros que puedan participar en el Congreso no ingresen masivamente a la cárcel y aparezcan aparentemente impunes en las actividades normales de la ciudadanía. Las decisiones que se tomen serán claramente impopulares para muchos. Sin embargo, como señaló en la reunión un representante de Israel, quien sabe bien del costo de conflictos sin resolver, “la paz también divide, pero hay que pagar un precio por alcanzarla”.
Otro tema, el final y más definitorio, es fijar las condiciones para el desarme, la desmovilización y el alto al fuego generalizado. Esto será discutido con la presencia de representantes del ejército y la marina colombianos que acaban de unirse a las negociaciones en La Habana. Todavía es posible que las pláticas se atasquen y se prolonguen más de lo esperado, aunque reina la impresión de que se encuentran ya en un punto de no retorno.
El fin del conflicto armado en Colombia supone un ambiente renovado para la relación entre los países andinos. La presión que para dicha relación ejercían las actividades de las FARC estará superada y Colombia adquirirá una autoridad moral que la convertirá en un actor con mayores posibilidades para fijar rumbo a las relaciones entre los países de esa parte del mundo.
Por lo que toca a México, Colombia ha sido vista sobre todo a través del prisma de la Alianza del Pacífico, proyecto preferido de la actual administración. No es ocioso verla ahora como un país que deja enseñanzas valiosas de flexibilidad, imaginación política, acción diplomática acertada y liderazgo innegable. Vista así, la “colombianización” de México, tan rechazada por la diplomacia mexicana, podría convertirse en inspiración para la acción interna y externa del país.
