Ni los panistas se salvan del gobernador de Puebla… Conflictos en la Universidad de las Américas (Udla) por presuntas anomalías administrativas originaron varias demandas entre directivos de la institución y funcionarios de esa entidad. Es un pleito entre panistas: el rector Luis Ernesto Derbez –quien fuera canciller del gobierno foxista– encabeza a los primeros y el gobernador Rafael Moreno Valle a los segundos. Como están denunciados ante la procuraduría poblana por presuntos delitos en la Fundación Udla, los académicos solicitaron un amparo federal, describiendo las amenazas y el “tormento” al que los sometió la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado, que depende de Moreno Valle.
El gobernador de Puebla y prospecto presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle, protagoniza otro escándalo: es acusado de tormento, amenazas de muerte y desaparición forzada contra la cúpula de la Universidad de las Américas (Udla), una de las instituciones educativas de excelencia en México.
La imputación la hace otro prominente panista: el excanciller Luis Ernesto Derbez, rector de esa institución con sede en Puebla, quien asegura que Moreno Valle pretende destituir de su cargo a él y a otros cuatro altos directivos, cancelarles su cédula profesional y “silenciar nuestro espíritu crítico del sistema”.
Los cinco afectados solicitaron, el 2 de diciembre de 2014, la protección de la justicia federal contra los actos de Moreno Valle y otras autoridades estatales, como el procurador de Justicia y el secretario de Seguridad Pública, así como del secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet.
El rector de la Udla afirma que, el 26 de noviembre, él y los otros directivos se reunieron con los miembros de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que depende de Moreno Valle, quienes les exigieron renunciar voluntariamente a sus cargos o serían obligados mediante campañas de desprestigio por corrupción, desaparición y hasta asesinato.
“Lo anterior en virtud de que, según palabras de la junta, nosotros somos ‘la moneda de cambio’ ¿De qué? Aún no lo sabemos”, asegura Derbez en la demanda de amparo que está en curso y de la que Proceso tiene copia.
Sin embargo, Derbez y los otros directivos están denunciados ante la Procuraduría de Justicia de Puebla por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, exceso de facultades y simulación de sesiones de la Fundación de la Udla, denunciados por Guillermo Jenkins Landa, exmiembro del patronato de ésta.
Al mismo tiempo, la junta que preside José Gustavo Garmendia Domínguez
–amigo de Moreno Valle– se niega a investigar las irregularidades supuestamente cometidas por los integrantes del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que también financia a la Udla, entre ellas el desvío de millones de dólares para inversiones ajenas a su objeto social (Proceso 1965).
Justamente por estas irregularidades en el manejo de la Fundación Jenkins es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presuntamente le retiró el registro como donataria certificada para deducir impuestos y su patrimonio se ha desplomado.
Tormento y terror
Secretario de Economía y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox, para cuya campaña diseñó un esquema de financiamiento de Amigos de Fox que fue juzgado ilegal, Derbez se refugió en la Udla, en la que ha adquirido un gran poder por la relación que ha establecido con los miembros de la Fundación Jenkins.
Exhibido en su momento por el investigador Ernesto Villanueva por no tener título de licenciado en economía por la Universidad de San Luis Potosí y tampoco de maestría y doctorado, Derbez fue acusado por diputados federales, en 2012, de financiar la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, su correligionaria, con recursos de la Udla.
Ahora se dice perseguido por el gobierno de Moreno Valle, contra quien promovió un amparo conjuntamente con Mónica Ruiz Huerta, vicerrectora administrativa; Mario Vallejo Pérez, vicerrector de Finanzas, así como Dianalicia Gayosso Alcalde y Jesús Salvador Mijangos Patiño, directores generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos, respectivamente.
De acuerdo con la solicitud de amparo, presentada ante el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en San Andrés Cholula –donde se asienta la Udla–, él y sus colaboradores viven de su trabajo, tienen “una intachable reputación y honorabilidad” y ostentan los cargos por sus “excelsas labores académicas y administrativas”.
“Cabe destacar –dicen– que en nuestro espíritu de buscar la superación de nuestra sociedad y así lograr un verdadero bienestar para todos, los suscritos, desde nuestro puesto, hemos sido muy críticos del sistema gubernamental en el que nos encontramos. Sin embargo, esto siempre ha sido con la finalidad de construir soluciones conjuntas que se traduzcan a un beneficio en común.”
Enseguida, Derbez y los otros cuatro demandantes cuentan que el 26 de noviembre de 2014 acudieron a una reunión con la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. En el escrito no se mencionan los nombres, pero los integrantes de este organismo son José Gustavo Garmendia Domínguez, quien es también consejero electoral, y Andrea Ambrogi Domínguez, al mismo tiempo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Puebla y amigo también de Moreno Valle.
Derbez y los otros directivos aceptaron acudir al encuentro porque la junta es autoridad competente para regular el correcto funcionamiento de las fundaciones y “el objeto de la reunión sería, según nos informaron, discutir temas relativos a la eficientización de la administración de la Universidad de las Américas Puebla”.
Narran en su demanda: “No obstante lo anterior, sucede que los funcionarios representantes de la junta ‘invitaron’ a renunciar a nuestros correspondientes cargos dentro de la universidad, y que, en caso de no realizarlo, se nos ‘haría renunciar’, sea mediante una orden –sin precisarse la naturaleza de ésta–, sea mediante la publicación en los medios de declaraciones infamantes consistentes en supuestos actos de corrupción que hemos cometido por ‘desapariciones’ –sin explicarnos a qué se referían por eso–. Lo anterior en virtud de que, según palabras de la junta, nosotros somos ‘…la moneda de cambio…’ ¿De qué? Aún no lo sabemos”.
Subrayan: “Es así que estamos ante un acto de tormento, que tiene la finalidad de infundir en nuestras personas miedo, preocupación y angustia, para así obtener un determinado acto en beneficio de las responsables: nuestra renuncia o cese. Hoy si bien este acto de tormento ya ha sido ejecutado, sus efectos, siendo éstos los de incertidumbre sobre lo que sucederá en el futuro, la cual causa la angustia y temor propios del tormento, continúan minando nuestra sique”.
Añaden: “Esto es lo que genera el tormento –cuyos efectos han causado un daño irreparable en nuestra persona desde el día de la reunión con la junta hasta el día de hoy–, es la incertidumbre de saber si las autoridades señaladas como responsables, con tal de lograr su cometido –nuestra dimisión de los puertos administrativos y académicos que ocupamos– ejecutarán o no los actos que dijeron efectuarían en nuestro perjuicio”.
Lo que más atemoriza (“a niveles extraordinarios”) a Derbez y los otros cuatro directivos de la Udla es la posible cancelación o revocación de sus cédulas profesionales, la destitución de sus puestos administrativos y académicos, pero también “los actos de infamia que tengan la finalidad de publicar calumnias en detrimento de nuestra intachable reputación tanto profesional como académica” y “la orden de desaparición forzada con la finalidad de desaparecernos a los suscritos del escenario público/político”.
Los demandantes afirman que el tormento que han padecido ha tenido como efecto congoja y angustia síquica en sus personas, porque ha sido con la finalidad de que renuncien a sus cargos en la Udla.
“Esto es, las autoridades responsables, con tal de obtener su objetivo descrito en el anterior párrafo y así silenciar nuestro espíritu crítico del sistema, han ejercido determinados actos que han infundido terror y angustia síquica en nuestro perjuicio.
“Esta angustia y terror que han sido inducidos en nuestras personas son propias del tormento –acto de autoridad prohibido por nuestra Carta Magna– y gran parte de esta angustia y terror se causa por virtud de la incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro.
“¿Se van a materializar los actos con los que se nos amenazó: la revocación o cancelación de nuestras cédulas profesionales, orden de destitución, declaraciones infamantes en detrimento de nuestro prestigio académico y honor, desaparición forzada y muerte?”
Y agregan: “No sólo lo anterior, sino que sucede que los suscritos somos el sustento de nuestras familias, otorgándoles a éstas a base de nuestra ardua labor una vida digna, misma que también corre peligro de ser destrozada por virtud de los actos que aquí se señalan como reclamados”.
La junta, omisa
No se sabe cuál ha sido la respuesta del titular de la SEP, Emilio Chuayffet, de Moreno Valle y de las otras autoridades estatales demandadas por Derbez y los cuatro directivos de la Udla: los miembros de la junta, el procurador de Justicia, los secretarios de Gobierno, Seguridad Pública y Educación, así como los alcaldes de Puebla capital y San Andrés Cholula.
Lo que sí ocurrió hace apenas dos semanas, el 23 de febrero, fue que la Junta de Asistencia Privada del Estado de Puebla desechó la denuncia que promovió, el año pasado, Guillermo Jenkins Landa por la presunta ilegalidad de diversas operaciones en perjuicio del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, con el argumento de que éste ya no es patrono.
El presidente del organismo, José Gustavo Garmendia Domínguez, le notificó que la institución “no es competente para pronunciarse respecto de las peticiones formuladas y, “en consecuencia, se desechan por notoriamente improcedentes”.
Aunque en efecto Jenkins Landa fue destituido, en junio de 2013, de los patronatos de las fundaciones Jenkins, Udla, Club Alpha y Colegio Americano, integradas por sus padres y hermanos, insistirá en que la junta se pronuncie sobre sus facultades para investigar operaciones ilegales en perjuicio de instituciones de beneficencia, como las mencionadas.
Solicita, además, a la junta que le reconozca el carácter de tercero coadyuvante en el proceso de investigación y sanción por las operaciones irregulares en perjuicio del patrimonio de la Fundación Jenkins…
