Los trámites burocráticos para solicitar información pública son cada vez más complicados, por lo que la gente termina por desistirse, comentan a Proceso Jalisco académicos y exdirectivos del Instituto de Transparencia e Información Pública. Antes, cuando las autoridades no eran obligadas a proporcionar datos sobre transparencia y rendición de cuentas, había información sustantiva en los portales oficiales, lo que no sucede ahora en las páginas web del estado y los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, dicen los entrevistados.
Héctor Ontiveros Delgadillo, exconsejero titular del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), sostiene que “la alta calificación en rendición de cuentas” de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, que pregonó el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en su segundo informe, es una gran falacia.
Recuerda que aun cuando el 8 de agosto de 2013 el Periódico Oficial El Estado de Jalisco publicó un decreto enviado por Sandoval Díaz para que se divulgara en ese mismo espacio la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, la ley vigente es casi la misma que se reformó en 2011, durante la administración del panista Emilio González Márquez, y que “levantó grandes comentarios en contra”.
Según Ontiveros, director de la Unidad de Transparencia en Zapopan durante la gestión del panista Juan Sánchez Aldana, a la antigua legislación –mal llamada Ley Vitrina– “sólo le quitaron algunas cosas, entre ellas el delito para los periodistas, y se creó un Consejo Ciudadano del Itei, que hasta ahora no ha hecho ningún señalamiento; no sé para qué sirve”, dice.
E insiste: la Ley de Transparencia es inhibitoria y representa “un gran retroceso”. No determina, por ejemplo, qué se considera como información reservada, pues le deja la decisión al Comité de Clasificación del sujeto obligado y de otras leyes. Entonces, ¿para qué la tenemos?”, cuestiona.
Así como está, “desanima a la gente que busca información. Antes era más fácil de acceder, bastaba con poner el nombre del proveedor para saber en qué licitaciones había concursado y cuáles había ganado. Daba un clic y me aparecía el cheque, el contrato; ahora no. La verdad –subraya–, hubo un gran retroceso”.
En su edición del 8 de septiembre de 2014, el periódico El Universal publicó una nota según la cual el alcalde tapatío Ramiro Hernández García repartió 33 millones de pesos para publicidad gubernamental a proveedores diversos, entre ellos Fernando Javier Vera Gloria, conductor en Radio Fórmula Jalisco; Luis Fernando Loza Lepe, reportero y dueño del diario El Polideportivo; Arnulfo Lerma Hernández, prestanombres del reportero José Ignacio Sedano, así como a televisoras locales y radiodifusoras.
Proceso Jalisco consultó el portal del ayuntamiento de Guadalajara, en su apartado de Transparencia, para consultar el pago anual de “cheques a proveedores 2014” pero no encontró ninguno; sólo apareció la leyenda: “No se encontraron registros que coincidieran con la búsqueda solicitada”.
El 25 de febrero la reportera consultó las páginas de los ayuntamientos de Zapopan y Tlaquepaque y detectó que en el apartado “pólizas de cheques” la información de la primera sólo llega a noviembre de 2014; mientras en la segunda los datos más recientes son de diciembre último.
Y en la página de Transparencia del gobierno del estado, donde anteriormente había documentos de contratos, facturas y oficios con los nombres de los funcionarios y los cronogramas de las obras, ahora ya no están. En su lugar sólo está la póliza del cheque que indica la cantidad pagada al proveedor, pero no se menciona el concepto.
Además, luego de que este semanario publicó en su edición número 500 que el jefe de gabinete, Alberto Lamas, autorizó un gasto superior a los 360 millones de pesos en publicidad durante los primeros 14 meses de la administración de Sandoval Díaz, el Ejecutivo decidió ocultar los soportes documentales de ese gasto con el argumento de que es “información confidencial”.
Si algún ciudadano tiene interés en conocerlos, puede solicitarlos a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) mediante una solicitud de información. Sin embargo, aclara, sólo se le entregarán “datos confidenciales que se encuentran delimitados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 2, 3, 5, 20, 21, 22, y 23”.
La opacidad también se encuentra en las páginas de los organismos públicos descentralizados, como Servicios y Transportes y el Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana (Sistecozome).
El 19 de febrero pasado, cuando el titular de la Secretaría de Movilidad Social, Mauricio Gudiño Coronado, compareció en el Congreso local, el diputado Ricardo Rodríguez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), expuso que esos organismos no actualizan la información en sus páginas web.
“Vienen (los funcionarios) y nos piden deuda a sabiendas de que incumplen la ley; y cuando les pedimos información no nos la dan. Hacen que los partidos que los apoyan les aprueben la deuda a ciegas y después de eso siguen sin subir la información, ¿cómo saber si se están gastando el recurso bien o mal?”, expuso Rodríguez.
Información falaz
Héctor Ontiveros comenta a Proceso Jalisco que el pasado 19 de enero la titular del Itei, Cynthia Cantero, difundió un boletín en el que informó que siete de cada 10 autoridades tienen calificaciones por arriba de los 90 sobre 100 en transparencia. Según el documento, de los “sujetos obligados” sólo cuatro no aprobaron.
“¿Cómo es que les pone calificaciones tan altas?”, se pregunta Ontiveros.
Dos de los “sujetos obligados” que obtuvieron una calificación alta –de 99.73– son el Hospital Civil de Guadalajara, del que Cantero fue vocera, y la Secretaría de Salud Jalisco. Sin embargo, cuando la reportera buscó en las nóminas los nombres de algunos funcionarios para conocer su rendimiento no halló la información.
En el caso de Benjamín Gálvez Gálvez, quien fungió como director del Hospital Civil Juan I. Menchaca, por ejemplo, aparece la leyenda: “No se encontraron resultados. Favor de llenar todos los campos del nombre del trabajador y verificar que los datos están correctos y completos, o realizar la búsqueda por área de adscripción”.
Lo mismo sucede en el caso de Édgar Rojas Maldonado, director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Jalisco y hermano de Gloria Judith Rojas, madre de unos de los hijos que Sandoval Díaz tuvo fuera de su matrimonio.
De acuerdo con Ontiveros, “hay mucha gente que trabaja por honorarios, por lo que no están en nómina de los ayuntamientos; sin embargo, sus nombres deben aparecer en el apartado de ‘contratos’. Pero si no sabes el nombre, es prácticamente imposible saber quién está cobrando y bajo qué concepto”.
Dice que los criterios de evaluación del Itei y de algunas organizaciones no gubernamentales “son manejados como instrumentos políticos”. Sin embargo, es necesario observar la metodología que se aplicó, cuándo y cómo se hizo… Pero si le avisan al sujeto que lo van evaluar, lo más probable es que suba la información para lucirse; y una vez que pasa la evaluación, deja de actualizar su página web”.
E insiste: para que haya una verdadera transparencia es necesario modificar la actual norma –que regrese al modelo inicial de 2005, que contenía sólo siete fracciones– y acompañarla de una legislación en materia de fiscalización. “Con esas dos leyes –asegura– podría limitarse a la gente que trabaja en el gobierno”.
Augusto Valencia, quien fue el primer presidente del Itei y hoy es regidor en Zapopan por el MC, comenta que antes los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara y el gobierno del estado cumplían con el marco normativo y subían la información a sus portales en tiempo y forma. En el caso de Zapopan, cualquier persona podía consultar los cheques que emitían las autoridades.
El 4 de febrero último, el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) presentó las calificaciones de 11 alcaldías evaluadas en materia de transparencia y rendición de cuentas. El promedio general fue de 61.9 sobre 100. Por cuarta ocasión consecutiva, Tlajomulco de Zúñiga obtuvo calificación perfecta y Zapopan lo hizo por segunda vez.
Sin embargo, insiste Valencia, en Zapopan la información sobre los cheques oficiales emitidos es restringida. Antes no había ley que obligara a los funcionarios a informar, y aun así lo hacían; hoy que se ha ganado terreno en materia de transparencia, los gobernantes no se ciñen al marco normativo y restringen el acceso a la información.
“Se ha convertido en un verdadero cinismo político el decir que los municipios cumplen con el acceso a la información –agrega–, cuando sabemos que no es cierto. Encontraron la manera de informar lo que quieran, aparentando ser transparentes, cumpliendo el mínimo indispensable el texto del marco normativo que en Jalisco ha tenido retrocesos.”
Admite que se puede hablar de un avance en materia de transparencia en Jalisco, “pero los datos no son consistentes, porque la ley ha tenido retrocesos y no se han logrado cambios en las instituciones para que no sea necesario un instituto de transparencia. Cuando a mí me tocó ser presidente del Itei les decía que el instituto tendría que irse reduciendo hasta desaparecer; eso sería un caso exitoso”.
Prosigue: “Hoy, acceder a la información es un trámite burocrático; la gente se desmotiva, simplemente no la solicita… En Guadalajara había un programa que podías ubicar una finca y al picar la ventana sobre la propiedad aparecía si el uso de suelo permitía instalar un negocio, pero ya quitaron ese botón en la página oficial; ya no se puede consultar. Ahora, si alguien quiere poner un negocio, tiene que iniciar un trámite discrecional para ver si le dan una licencia”.
Retrocesos
La académica de la Universidad Panamericana Olga Navarro Benavides, experta en derecho de acceso a la información y transparencia, coincide con los entrevistados. Ese retroceso, señala, se ve reflejado en los municipios que se limitan a cumplir “con lo que dice la ley y ni un dato más, porque, alegan, ya es mucho lo que se le pide”.
Navarro Benavides –quien fue electa consejera suplente de Pedro Vicencio Vivero Reyes en el Itei en julio de 2012– considera como una deficiencia que la información publicada en los portales de Transparencia “es poco entendible para la gente común y no es de fácil acceso. Creo, subraya, que en esa parte está el retroceso”.
Considera que “hay un divorcio entre lo que es transparencia y rendición de cuentas. Ahora los sujetos obligados están cumpliendo en materia de transparencia con base en la última evaluación que hizo el Itei y con base en los indicadores que tiene Cimtra, pero de ahí a que tengamos una real rendición de cuentas…”.
El Colectivo Cimtra-Jalisco está conformado por seis organismos, incluido el Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, cuyo representante es José Bautista. Según él, al realizar ejercicios de transparencia, se comprobó que la información publicada es verídica.
“En el caso de Guadalajara, en la evaluación anterior nos encontramos que los gastos de comunicación no correspondían con lo gastado. (Entonces) no debemos basarnos en que están publicando la información, esa es una de las limitaciones que estamos tratando de superar desde Cimtra.
“Queremos pasar de la simple constatación de que suben información a verificar la calidad de la misma, sobre todo en los rubros más sensibles al tema de la corrupción, por ejemplo gastos de obra pública, comunicación social y planes de desarrollo urbano”, comenta Bautista.
Considera que “la ley de transparencia ha resultado insuficiente para combatir la corrupción. Me parece que es un dato desalentador, entre otras cosas se debe a que la transparencia como tal no se está cumpliendo, sino que está siendo limitada por las autoridades”.
Refiere también que en 2013 la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) realizaron un estudio de Indicadores de Transparencia Gubernamental para evaluar el ordenamiento jurídico de la fiscalización superior en México, en el cual a Jalisco no le fue muy bien; ocupó el lugar 25 de las 32 entidades con una calificación de 71.
En esa ocasión se evaluaron indicadores como la armonía legislativa, autonomía de la entidad de fiscalización superior, alcances y procedimientos de la auditoría de la entidad fiscalizadora, debilidad legislativa y transparencia fiscal.
