El amparo obtenido por la jueza Gloria Sepúlveda, radicada en el municipio de Puerto Vallarta, obliga al Poder Judicial de Jalisco a resolver el proceso irregular de la designación de 96 jueces orales que está en proceso y cuyos resultados deberán darse a conocer el próximo miércoles 4 de marzo.
La responsable de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del Consejo de la Judicatura (CJ), Carmela Chávez Galindo, asegura que se debe atender el amparo promovido por Gloria Sepúlveda, responsable de uno de los juzgados mixtos de Vallarta.
Sin embargo, aclara que el proceso continúa en cada una de sus fases para la designación de jueces orales porque “nosotros no podemos suspender todo el proceso de selección por una persona; esto es una cuestión de Estado”.
Admite Chávez Galindo que, de existir un requerimiento judicial para detener todo el procedimiento, el Poder Judicial y el CJ tendrán la obligación de atender ese mandato, a fin de no caer en desacato.
“Si hay un mandato judicial, sí (se tendría que detener dicho procedimiento), pero únicamente por un mandato y no por cuestiones (internas) de la Judicatura.”
Dice que el CJ tiene las facultades para continuar con el proceso de selección y, de hecho, revela que en ese órgano judicial se espera que la suspensión promovida por Sepúlveda se declare improcedente.
Esta jueza concursó en 2007 por una plaza de juez mixto y la ganó. Pero Chávez Galindo afirma que Sepúlveda no es compatible con el perfil y los requisitos que se piden a los integrantes del Sistema de Justicia Adversarial.
Aunque dice que esa inconformidad resulta preocupante para la Judicatura, reconoce que la jueza tiene el derecho de interponer los recursos que considere pertinentes “porque siente que no se le ha dado adscripción y que se están concursando esas plazas, pero lo único que nosotros decimos es que como autoridad no podemos ir más allá de lo que la suspensión fija, en este momento”.
La consejera agrega que la Judicatura ya interpuso sus propios recursos para revocar la suspensión promovida por Gloria Sepúlveda.
También afirma que hay otras inconformidades. Por ejemplo, la de una persona a la que se le negó la admisión porque en sus documentos presentó un certificado médico de la Cruz Roja, cuando la convocatoria exige que sea del Sector Salud. Además, otras personas están pidiendo revisión de exámenes.
Para Chávez Galindo, las inconformidades son normales en el proceso de selección. “Yo hablé con las personas (inconformes) y les dije que había que prepararse. No puedes pelear para algo en lo que ni siquiera has acudido a los cursos de actualización, esto es: planeación y formación, y no es suficiente con decir: es que yo tengo carrera de notificador”.
La selección consta de cuatro exámenes, dice: el psicológico, el de conocimiento, el de práctica y el oral. En esta última fase se encuentra la selección de los 96 jueces orales, programados para el 28 de febrero y el 2 de marzo.
–¿Qué opina de las críticas en el sentido de que todo el proceso se amarró para beneficiar a la élite del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia y del CJ para repartir esas plazas entre parientes, amigos y conocidos? –se le plantea.
–Me parece una apreciación incorrecta, porque no tienen la valentía de participar y reconocer o decir: “oye, me rechazaste y yo me siento aludido”. Puedo hacer los señalamientos que quiera, pero si no los demuestro, entonces no estoy legitimado para ello.
–¿Cree que el proceso de selección de jueces orales es a prueba de todo?
–Nos toca cuidarlo para que salga a prueba de cualquier prueba. Tan es así que el último examen se videograba y es abierto al público, puede asistir cualquier persona, y a partir de eso se cierra el proceso y se deja de manifiesto quién aprobó o reprobó.
La inconformidad surgida en Puerto Vallarta también preocupa al CJ porque es el segundo distrito judicial, con sede en ese municipio, en donde la Segunda Sala de Juicios Orales comenzará a operar a más tardar el domingo 15.
Algunos de los excluidos de esa selección señalan este el proceso está marcado por irregularidades, es el primer revés al Poder Judicial del estado, y que gracias a la promoción del primer amparo se le exigió a la institución proporcionar nombre y domicilio de todos los aspirantes a las 96 plazas de juez.
En consecuencia, indican, los excluidos ahora son considerados terceros perjudicados en ese proceso de selección.
Desde la semana pasada, luego de conocerse las manifestaciones y la inconformidad desatada por los nombramientos de parientes y amigos de magistrados y consejeros de la Judicatura, ninguna autoridad del Poder Judicial ha realizado declaraciones sobre la crisis del procedimiento de selección de jueces.
En tanto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y algunos magistrados se reúnen frecuentemente para buscar soluciones al atorón.
