Los investigadores del INAH denunciaron ante la PGR hace un par de años una serie de intervenciones mal hechas aprobadas por el propio instituto (zona arqueológica de Tzintzuntzan, fuertes de Loreto y Peña Pobre en Puebla, entre otras), y hoy el dictamen les es contrario, dice en entrevista Felipe Echenique, exsecretario sindical. Sostiene que se transgredió la ley y lamenta que para el Órgano Interno, de acuerdo con el informe del propio INAH, todo esté en orden y conforme a derecho, pues éste actuó como juez y parte.
A más de dos años de haber presentado sendas denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por daños al patrimonio cultural en la zona arqueológica de Tzintzuntzan, Michoacán, y los fuertes de Loreto y Guadalupe, Puebla, los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibieron respuesta: Nada hay que perseguir, todo se hizo conforme a derecho y con autorización de las autoridades del propio instituto.
El historiador Felipe I. Echenique March, a la sazón secretario general de la delegación sindical de investigadores del INAH, quien como tal inició los procesos, informa lo anterior y califica como lamentable el resultado pues no se hizo una investigación, no se valoraron los argumentos de los investigadores ni se hizo una inspección en los sitios mencionados, lo cual “exhibe que el nivel de impunidad de este país es verdaderamente lastimoso”.
Entre julio y septiembre de 2012 (Proceso, 1869-1973), trabajadores del instituto protestaron en el Museo Nacional de Antropología (MNA) contra diversas afectaciones al patrimonio cultural, entre ellas al conjunto monumental de Atzompa, en la Zona Arqueológica de Monte Albán, Oaxaca, así como en la zona arqueológica de Chalcatzingo, Morelos, y por la destrucción de seis edificios declarados monumento en el centro histórico de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua.
Los que mayor escándalo provocaron entonces fueron justamente Tzintzuntzan, donde se levantó un museo y área de servicios sobre los restos de una construcción prehispánica, muestra de la “singular arquitectura de la cultura purépecha”, y la “destrucción, alteración y aniquilación” del cerro de Acueyametepec y los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla, donde ocurrió la heroica batalla contra los invasores franceses del 5 de mayo de 1862.
Ambos asuntos derivaron en las denuncias ante la procuraduría por parte de los trabajadores. El INAH, a su vez, demandó a Echenique por la supuesta toma de taquilla y haber impedido el cobro de entrada al público del MNA y por “apología de la violencia”.
A finales de 2012, Echenique solicitó ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciar un procedimiento administrativo al entonces director general del INAH, Alfonso de Maria y Campos. La dependencia turnó el caso al Órgano Interno de Control del propio instituto, que consideró las argumentaciones del historiador como “contradictorias, imprecisas y falsas”, sólo sustentadas en las denuncias presentadas ante la PGR.
Para dar seguimiento a los problemas planteados por el historiador, el Órgano Interno de Control consultó al entonces secretario técnico del instituto. Y, con base en la información de ese funcionario, el órgano informa a Echenique mediante el oficio 11/010/DRQ/1621/2014, que salvo en el caso de los monumentos del centro histórico de Parral, el resto de los proyectos fueron autorizados por el INAH.
Detalla, por ejemplo, que para intervenir los Fuertes de Loreto y Guadalupe, el gobierno de Puebla ingresó 22 proyectos, y el coordinador de Monumentos Históricos del Centro INAH-Puebla informó que los 22 fueron autorizados por el instituto, “concluyéndose satisfactoriamente, sin causar ningún daño o afectación al patrimonio cultural; aunado al hecho de que no se inició procedimiento administrativo alguno”.
En el caso de Atzompa, en Oaxaca, el oficio dice que la doctora Nelly Robles García –autora del proyecto y luego juez del mismo– concluyó, en su calidad de investigadora en la zona arqueológica de Monte Albán, que no hay afectación o destrucción y que con base en un registro fotográfico se puede apreciar “a simple vista” que dicho sitio “se encuentra en óptimas condiciones”.
En el caso de Parral se indica que los inmuebles históricos se demolieron “sin contar con la autorización” del instituto. Pero no habla de sancionar a los responsables. Por el contrario, informa que se han hecho mesas de trabajo con el gobierno del estado de Chihuahua para “revisar, analizar y normar las intervenciones”.
En suma, asegura la dependencia, “no existe irregularidad administrativa alguna en contra de servidor público del Instituto Nacional de Antropología e Historia, toda vez que se cuenta con las respectivas autorizaciones por parte de las áreas competentes del INAH”.
Juez y parte
El punto es que no se hizo una investigación: Lo que se denunció en su momento es que las intervenciones en los diferentes sitios se hicieron mal “y justamente con permiso del INAH”, dice en entrevista con Proceso Echenique, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del instituto.
Destaca que el movimiento de protesta en el MNA tuvo como propósito llamar la atención sobre las anomalías que los funcionarios del INAH cometieron en la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que ya eran de todo tipo: inacciones, omisiones y permisos “realmente muy discutibles”.
La situación, recuerda, llevó a los trabajadores a plantear la necesidad de un encuentro con el entonces titular de la SEP, José Ángel Córdova Villalobos, quien tardó cuatro meses en recibirlos.
Le parece grave, pues la defensa de los monumentos ha ocasionado movilizaciones también en la sociedad. Es el caso de proyectos del gobierno en Puebla de Rafael Moreno Valle, como el de la construcción de un parque temático en la zona arqueológica de Cholula, que derivó en la aprehensión de Adán Xicale y su hijo Paul, quienes se opusieron al parque.
A decir de Echenique, uno de los problemas es la inexistencia de un reglamento interno a la Ley Orgánica del INAH, “no hay protocolos de acción, es el puro capricho de los funcionarios, hacen lo que se les da la gana”.
Recuerda que los investigadores y trabajadores han interpuesto varias demandas por casos como la construcción de un mall en Teotihuacán, la Cumbre Tajín, “que cada vez está peor y afecta visualmente toda la zona de monumentos”, y la respuesta de las autoridades ministeriales es que ellos no tienen personalidad jurídica para interponer denuncias legales.
Califica como un caso verdaderamente dramático el de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, no sólo por la gesta heroica de rechazo a la intervención extranjera, sino porque su característica principal, que permitió el triunfo del ejército del general Ignacio Zaragoza ante los franceses, fue su “invisibilidad”.
Lo que hizo el gobierno de Moreno Valle fue colocarle encima un capelo “infame”, con lo cual ahora es visible, deplora el historiador. Y lamenta que se argumente ahora que no se alteró el monumento pues sigue en pie, que el capelo es reversible y podría quitarse en cualquier momento.
“No entendería ya para qué. Se perdió el sentido histórico del monumento, de hecho se cambió todo el cerro de Acueyametepec, ya es un parque de diversión más que no tiene nada qué ver con la intervención francesa ni con la resistencia que se dio ahí.”
Relata que acudieron al Ministerio Público a denunciar la cantidad de árboles que se tiraron para hacer visible la ciudad de Puebla desde los fuertes, y la colocación de fuentes de agua, que no tienen relación con la historia del monumento. Su respuesta, dice, fue que ahora los niños se divierten mucho:
“Pues sí, pero hay muchos lugares para divertirse, éste es un lugar histórico.”
Menciona que desde la primera vez que Teresa Franco dirigió el INAH él le dijo irónicamente: “Si no les gusta la ley, cámbienla”. Pero considera que no han intentado siquiera hacerlo porque es “un coto de poder y de corrupción… Es sabido en todo el país que muchos arquitectos o jefes cobran dinero para autorizar obras”.
La misma impunidad
El caso de Tzintzuntzan es similar. Al construirse un museo sobre una estructura prehispánica se afectó el monumento, pero dice que las autoridades del INAH arguyen también que el edificio es reversible y se puede retirar.
La obra, agrega, fue autorizada por Nelly Robles con el argumento de que seguía una propuesta de ampliar el museo de sitio planteada años atrás por el arqueólogo Arturo Oliveros, responsable de las investigaciones en la zona arqueológica michoacana.
Cuenta que en su momento se dijo que ya se había hecho el salvamento arqueológico (trabajo propio de obras, como carreteras o presas donde se deben rescatar ciertos elementos y dejar cubiertas las estructuras arquitectónicas cuando es imposible excavarlas). Pero hace ver que en el caso de una zona arqueológica, ya abierta al público, no se puede aplicar. Lo que procede es una investigación, excavar, particularmente cuando hay evidencia de vestigios arqueológicos, como los hubo en este caso.
Sostiene el investigador que en los casos mencionados se transgredió la ley. Y lamenta que la conclusión del Órgano Interno, de acuerdo con el informe del propio INAH, sea que todo está en orden y conforme a derecho, pues el instituto actúa como juez y parte.
–¿Y la PGR no debió hacer una investigación? Tiene sus propios peritos.
–Los peritos de los que se vale la PGR son del INAH. En el caso de Tzintzuntzan declararon los dos peritos más importantes, Arturo Oliveros y Efraín Cárdenas, quienes han trabajado la zona.
Pero, agrega, las declaraciones de estos especialistas no importaron frente a las autorizaciones de los también arqueólogos Pedro Francisco Sánchez Nava, entonces presidente del Consejo Consultivo de Arqueología, y Nelly Robles, quien era directora nacional de Arqueología.
“Cuando Arturo tiene un libro (Tzintzuntzan. Capital del reino purépecha, FCE), es la gente que más ha trabajado ahí, lo que hicieron fue acusarlo de haber metido un trascabo en algún lugar de la zona y que eso era delito. No sé si lo sea o en qué condiciones lo haya hecho Arturo, pero la reacción del INAH fue amedrentarlo.”
Y en el caso de los fuertes, indica que los peritajes fueron hechos por los arquitectos que hicieron las obras para colocar el capelo, y no admitirán que estuvo mal:
“Es la misma impunidad del caso Ayotzinapa. Dicen ‘son mis investigadores’, pero a ver quién les da credibilidad, si son ellos mismos.”
Agrega:
“Lo más triste de todo es que no hemos hecho bien la chamba en el INAH, que es responsabilidad tanto de los funcionarios como de todos los investigadores y trabajadores, y que es una de las partes sustantivas del instituto: Trabajar con la sociedad para crear amor y respeto por los bienes arqueológicos e históricos.”
Considera que falta una discusión seria sobre sobre la educación cívica, histórica y artística fuera de las aulas. La mayoría de la gente en Puebla no participó en la defensa de su patrimonio histórico. Le venden los proyectos con el gancho de que generan fuentes de empleo:
“Nos han llegado a preguntar: ‘¿Ustedes cuánto pagan, arqueólogo? Porque aquí al menos nos dan trabajo aunque sea por poco tiempo’. Lucran con la pobreza de la gente. La pobreza no se va a resolver en este país porque es moneda de cambio.”
