A finales del siglo pasado, desde México observábamos la violencia que despedazaba a Colombia. Esa irracionalidad sin medida empezó a trasladarse poco a poco de un país a otro. Comenzamos a decir que nos estábamos “colombianizando”. Ahora es al revés. En el país sudamericano ya se habla de una “mexicanización”: la brutal firma de los cárteles mexicanos –extorsión, derecho de piso, descuartizados, fosas clandestinas– ya está en los puntos colombianos desde los cuales fluye la droga hacia el norte y donde las huestes del Chapo Guzmán o los zetas tienen personeros.
Bogotá.- Así como en los noventa se comenzó a hablar de la “colombianización” de México, a partir de la violencia desatada por el crimen organizado y la proliferación de asesinatos de gran impacto –como los del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (1993) y del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio (1994)–, en estos días en Colombia cobra fuerza el término pero en sentido opuesto: el país se está “mexicanizando”.
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, afirma que “el negocio del narcotráfico en Colombia y las formas de violencia que trae aparejadas viven un proceso de ‘mexicanización’ cuyas principales novedades son el control cada vez mayor de los cárteles mexicanos sobre el tráfico trasnacional de cocaína, una creciente presencia de representantes de las estructuras mafiosas de México y un aprendizaje local de los métodos de control y sometimiento de rivales que utilizan los cárteles más violentos de México”.
De acuerdo con el economista e investigador de temas de seguridad y construcción de la paz, en los noventa los cárteles colombianos trasladaron sus conocimientos y formas de operación criminal a sus pares mexicanos, y hoy se produce una situación inversa.
En entrevista, González Posso sostiene que esto ocurre porque el negocio del narcotráfico en Colombia “ya está subordinado a los cárteles mexicanos, que son los que manejan las rutas, el transporte y la comercialización internacional de la droga, y supervisan cada vez más de cerca la producción de hoja de coca y su procesamiento en cocaína”.
Fue un proceso gradual, explica, que comenzó con el desmantelamiento, en los noventa, de los cárteles de Medellín y Cali –abastecedores de 80% de la cocaína que consumía Estados Unidos–, lo cual coincidió con el ascenso de los cárteles de Tijuana, Juárez, Sinaloa y del Golfo.
“Estados Unidos cerró el paso de la droga por el Caribe, que era la ruta directa de los cárteles colombianos, y éstos se vieron obligados a asociarse con los mexicanos, que acabaron por asumir el dominio del eslabón principal del negocio, que es el acceso al mercado estadunidense”, señala el presidente del Indepaz, exministro de Salud y exguerrillero del M-19.
Dice que en una segunda fase, los grupos mexicanos comenzaron a encargarse del transporte de la droga y construyeron rutas marítimas desde los puertos de Buenaventura y Tumaco hasta las costas del Pacífico mexicano, para enviarla vía terrestre a Estados Unidos. Además, abrieron nuevas vías aéreas para llevar la cocaína a México desde Colombia y Venezuela.
Según estimaciones del Indepaz, en los ochenta los cárteles colombianos se quedaban con 90% de las ganancias del negocio al mayoreo de la cocaína (lo cual excluye su venta al menudeo en Estados Unidos) y hoy ese porcentaje acaba en manos de los cárteles mexicanos.
El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes calcula que producir un kilogramo de cocaína en las selvas colombianas cuesta unos 2 mil dólares. Esa droga, puesta en un puerto de Colombia por las bandas criminales (bacrim) locales, alcanza un valor de 3 mil 500 dólares. Los cárteles mexicanos la compran a ese precio, que se eleva a 15 mil dólares al llegar a México y a unos 35 mil dólares cuando cruza la frontera de Estados Unidos.
De esta manera, los mexicanos se quedan con 31 mil 500 dólares por cada kilogramos de cocaína que logran ingresar al mercado estadunidense, 90% del total, mientras los colombianos –el productor de hoja de coca, quienes la transforman en cocaína y las bacrim que financian el proceso y acopian la droga– reciben 3 mil 500 dólares, el 10%.
González Posso considera que la “mexicanización” del negocio del narcotráfico “está entrando en una tercera fase, que consiste en la presencia directa en Colombia de agentes de los cárteles mexicanos, en especial el de Sinaloa”.
Casas de pique
En Buenaventura, principal puerto del Pacífico colombiano, se registra desde enero pasado una escalada de violencia que incluye ejecuciones, desapariciones, desplazamiento forzado de población, hallazgos de fosas clandestinas y la reaparición de las denominadas “casas de pique”, en las cuales las bacrim de Los Rastrojos y Los Urabeños torturan, matan y descuartizan a sus rivales.
Entre el 23 de enero y el pasado martes 3 fueron encontradas ocho fosas con restos óseos y cuerpos desmembrados en el barrio El Progreso y la Comuna 12 de ese puerto, que tiene un valor estratégico en las rutas del narcotráfico.
Los hallazgos, los enfrentamientos armados, los homicidios –uno cada dos días– y el desplazamiento de unas 400 personas en el último mes están relacionados con la guerra que libran Los Urabeños y Los Rastrojos, estos últimos en alianza con la bacrim local La Empresa. Todos ellos hacen negocios con los cárteles mexicanos.
Para los habitantes de los barrios populares de Buenaventura dominados por el crimen organizado, las “casas de pique” son una modalidad colombiana de las “casas de seguridad” utilizadas en México por los cárteles de la droga para torturar y ejecutar a sus adversarios.
“Estos métodos de horror y de ajustes de cuentas han sido aprendidos por las bandas criminales de Colombia de los grandes cárteles mexicanos. El fenómeno de desmembramientos en ‘casas de pique’ que se está dando en Buenaventura (341 kilómetros al suroeste de Bogotá) revela ese proceso de aprendizaje”, señala González Posso.
El sacerdote católico Jhon Reina, director de la Pastoral Social de la diócesis de Buenaventura, trabaja con las comunidades más golpeadas por el crimen. Él sostiene que desde la década pasada “los cárteles mexicanos han tenido mucha influencia en este puerto” y una creciente presencia.
“Nosotros tuvimos conocimiento de algunos mexicanos que estuvieron entrenando a esta gente (a las bandas criminales de la ciudad). Se decía que eran del Cártel de Sinaloa. Nos dimos cuenta de la presencia de ellos en 2011, 2012, y eso va con los desmembramientos y las ‘casas de pique’”, dice Reina a Proceso.
El sacerdote, quien ha urgido al gobierno colombiano a incrementar su inversión social en esa ciudad de 390 mil habitantes, donde ocho de cada 10 familias viven en la pobreza, afirma que los mexicanos “hicieron su trabajo y se fueron y no tenemos conocimiento de que estén accionando (como instructores de las bacrim) en este momento”.
El director de la Policía Nacional de Colombia (PNC), Rodolfo Palomino, dijo el año anterior en una rueda de prensa en Buenaventura que “la práctica de desmembrar a las víctimas es influenciada por cárteles de México”.
De acuerdo con un informe de inteligencia de la PNC, las estructuras en Buenaventura de Los Urabeños y Los Rastrojos abastecen de cocaína a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Los Zetas y del Golfo; la droga se transporta en lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras y sumergibles artesanales desde ese puerto hasta Centroamérica y México.
“Modus operandi”
Los Urabeños y Los Rastrojos son organizaciones delictivas con origen en los ejércitos paramilitares de extrema derecha surgidos en Colombia en los ochenta para combatir a las guerrillas. Éstos se desmovilizaron entre 2003 y 2006 gracias a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Se hacían llamar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero en sus últimos años actuaban más como un cártel del narcotráfico que como un ejército antisubversivo.
Las bacrim heredaron parte del negocio, aunque no tienen la fuerza y cohesión estructural de los antiguos ejércitos narcoparamilitares. Son organizaciones mafiosas que abandonaron la lucha contra la guerrilla y pelean entre sí por el control de diferentes ciudades. En Buenaventura, Los Urabeños y Los Rastrojos no sólo se disputan el control del puerto para exportar cocaína, sino también el tráfico local, la minería ilegal y la extorsión en los barrios de la ciudad. Tal situación se reproduce en varias regiones de Colombia.
El dominio de las fases más rentables del narcotráfico que han logrado los cárteles mexicanos ha hecho a las bacrim migrar a otros negocios criminales.
El politólogo y experto en seguridad Gustavo Duncan considera que la desaparición de las AUC –llegaron a tener unos 30 mil hombres en armas– y el debilitamiento de las guerrillas –diezmadas durante el gobierno de Uribe– llevó a las bandas criminales “a formas mexicanas de hacer la guerra”.
De acuerdo con el maestro en seguridad global de la Universidad de Cranfield, Reino Unido, los herederos de las AUC son grupos criminales que delegan en bandidos locales el control de las modalidades delictivas menores a cambio de una franquicia territorial que les genera grandes utilidades.
Los Urabeños, por ejemplo, el grupo criminal más poderoso de Colombia, tienen presencia en Buenaventura y la costa del Pacífico, y además en Medellín, la Guajira, los Llanos Orientales, los departamentos del Caribe y el Golfo de Urabá, región desde donde opera el jefe principal de esa organización, Dairo Antonio Úsuga David, Otoniel, exguerrillero y excomandante paramilitar que optó por el modus operandi del Cártel de Sinaloa y desechó la antigua estructura operacional de las AUC.
Duncan sostiene que “silenciosamente, estamos asistiendo a la mexicanización de Colombia; y así como Ismael El Mayo Zambada puede controlar la mitad del narcotráfico de México desde las montañas de Sinaloa, Otoniel controla otro tanto en Colombia desde su reducto en Urabá”.
El politólogo sostiene que como en México los narcotraficantes nunca han tenido que afrontar la amenaza de la guerrilla, no tuvieron la necesidad de armar ejércitos irregulares. “Les ha bastado con sicarios y bandidos para ejercer el control de sus plazas y hacer la guerra a sus enemigos, y esa es una forma que han copiado de los mexicanos bandas criminales como Los Urabeños, Los Rastrojos y Las Águilas Negras”, afirma el autor del libro Más que plata o plomo: el poder político del narcotráfico en Colombia y México.
Agentes directos
Nariño es un departamento colombiano que colinda con Ecuador y es el principal productor de hoja de coca en el país. Su puerto, Tumaco, es el segundo más importante de Colombia en el Pacífico, después de Buenaventura, y allí el dominio lo ejercen Los Rastrojos.
Pobladores de la zona han reportado desde finales de 2012 a la Defensoría del Pueblo (equivalente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) la presencia de mexicanos que actúan como “patrones” de los jefes de Los Rastrojos en esa región, aunque en forma discreta.
Según investigaciones de inteligencia de la PNC, los mexicanos son “agentes directos” del Cártel de Sinaloa que buscan asegurar los embarques de cocaína y la pureza de la droga, para lo cual supervisan su procesamiento en los laboratorios de la zona fronteriza con Ecuador.
El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, dice a este semanario que “sí es muy esparcido el rumor de que están llegando a las áreas de producción (de hoja de coca) y existe mucha inquietud de que esto sea así”.
El sureño departamento, que concentra un tercio de los cultivos ilícitos de hoja en coca en Colombia, es una zona de operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que desarrolla un proceso de paz con el gobierno y que ya negocia temas como desmovilización de combatientes y dejación de armas.
Delgado piensa que existe “un serio riesgo” de que los territorios de cultivos ilegales que dejen las FARC tras un eventual acuerdo de paz con el gobierno sean ocupados por bandas criminales ligadas a los cárteles mexicanos.
El sinaloense
A principios de 2014 la PNC decomisó en el aeropuerto de Ipiales, Nariño, una avioneta con 403 kilogramos de cocaína, tres lanzacohetes RPG y 49 granadas cuya propiedad atribuyó al Cártel de Sinaloa.
El aseguramiento fue parte de una investigación que concluyó en abril de 2014 con la captura en Cali de Héctor Coronel, Rincón, oriundo de Culiacán y a quien la policía colombiana y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (HSI) identificaron como operador del Cártel de Sinaloa en el sur de Colombia.
De acuerdo con una declaración judicial del agente del HSI Jeremiah Healey, a la cual tuvo acceso este semanario, Coronel “era uno de los representantes del Cartel de Sinaloa en Colombia, responsable de procurar cocaína directamente de las fuentes colombianas de suministro y coordinar su transporte.
“Tenía responsabilidad de arreglar el transporte de cocaína de Colombia hasta varios puntos de trasbordo en América Central y México, donde las drogas finalmente se distribuían a Estados Unidos (…) y coordinaba con los pilotos del Cártel de Sinaloa y traficantes colombianos para localizar pistas clandestinas de aterrizaje, tanto en Colombia como Ecuador”, señaló Healey en la solicitud de extradición que formuló Estados Unidos a Colombia.
En noviembre pasado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición del mexicano a Estados Unidos, donde enfrenta cargos en una Corte federal del Distrito de Columbia por narcotráfico, conspiración para delinquir e ingreso ilegal de sustancias controladas a ese país.
Según la investigación de Healey y la PNC, Coronel “seguía operando los negocios de droga del Cártel (de Sinaloa), no obstante el arresto de (El Chapo) Guzmán”, ocurrido en Mazatlán el 22 de febrero del año anterior. El delegado de la organización delictiva más grande de México tenía bajo su control laboratorios de procesamiento de cocaína en las selvas de Nariño.
Politólogo y experto en crimen organizado, Ariel Ávila afirma que los cárteles mexicanos tienen representantes en las regiones de Colombia con mayor actividad del narcotráfico, “desde Nariño, en el sur, hasta Cartagena, en el Caribe.
“Son enviados directos de Sinaloa, Los Zetas o el Golfo, que tienen tres funciones: garantizar que el producto fluya a pesar de las disputas de las bandas criminales; supervisar la calidad y la producción de la mercancía, y abrir nuevas rutas”, señala el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
Ávila, quien tiene un esquema oficial de seguridad por las amenazas de muerte que ha recibido, señala que “no es que los mexicanos se estén metiendo aquí a administrar todo. No es su papel, sino que fungen como jueces entre las bacrim, fomentan pactos y hacen una labor gerencial en el negocio”.
En Medellín, el investigador del conflicto urbano Luis Fernando Quijano considera que la presencia de enviados del Cártel de Sinaloa en esa ciudad noroccidental “es inocultable”.
“Aquí les dicen ‘los sombrerudos’, y ellos propiciaron el ‘Pacto del Fusil’ (acuerdo de paz conocido con ese nombre que está vigente desde 2013) entre Los Urabeños y La Oficina de Envigado, porque tanto enfrentamiento afectaba el negocio. Paradójicamente, los mexicanos también son unos importantes abastecedores de armas para los combos (pandillas) de Medellín”, señala.
Ávila sostiene que este fenómeno no es un tema de nacionalidades sino de redes criminales trasnacionales que operan de manera muy estructurada bajo el liderazgo de los cárteles mexicanos.
Palomino dice a Proceso que a las autoridades colombianas les preocupa que los cárteles mexicanos se conviertan en un factor de violencia en este país. “Lo que nos corresponde es tener mecanismos de contención lo suficientemente fuertes”, afirma.
Para González Posso los narcotraficantes mexicanos no han logrado aún una gran “presencia en terreno” ni están interesados en tener en Colombia una estructura criminal propia, pues eso generaría una persecución muy fuerte en su contra, en un país cuya policía ha logrado el desmantelamiento de grandes cárteles, como los de Medellín y Cali.
“Creo que para los cárteles mexicanos es más conveniente enviar emisarios, como lo han venido haciendo, que actúen en forma discreta para cuadrar rutas y garantizar el abastecimiento de droga. Esto lo pueden hacer utilizando intermediarios colombianos que estén a su servicio. Es menos riesgoso”, afirma el presidente de Indepaz.
