Las anomalías administrativas, así como el amiguismo y nepotismo en que incurrió Yoloxóchitl Bustamante cuando dirigió el Politécnico, no sólo arruinaron su proyecto de reformar la institución: contribuyeron a desatar el conflicto interno que, pese a la renuncia de ella y de 24 directores de plantel, todavía no se resuelve.
Como directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez contrató de manera discrecional a su exmarido y a su yerno, asignándoles pagos mensuales muy superiores al salario bruto de los investigadores mejor remunerados de la institución.
Desde el inicio de su gestión, Bustamante recibió una y otra vez observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por prácticas irregulares; fue acusada por investigadores, catedráticos y alumnos de beneficiar a sus allegados con cargos directivos para los que no eran aptos y sus excesos detonaron un movimiento estudiantil que, cuatro meses de su renuncia, no termina de resolverse.
A través de solicitudes de acceso a la información fue posible obtener los contratos que por adjudica directa suscribió el Canal Once, la televisora del IPN, con el exmarido de Bustamente Díez, Ernesto Humberto Lammoglia Ruiz.
En respuesta a la solicitud 11171000 87214, el Canal Once entregó tres contratos, el primero con folio F12/11/0002, por 105 mil pesos, cuyo objeto era “conducir y transmitir de manera verbal mensajes e información, realizando eventualmente entrevistas, y redactando y sintetizando información”.
El contrato tuvo vigencia del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2012, es decir, el monto mencionado se devengó en tres quincenas.
Conforme a la cláusula 1.4 del contrato, éste fue signado, entre otros funcionarios, por la secretaria de Administración del IPN, Dely Karolina Urbano Sánchez, y la directora del Canal Once, María Enriqueta Cabrera y Cuarón, en quienes Bustamante Díez delegó la facultad contratante.
Un mes después de que concluyera el primer contrato, las mismas funcionarias suscribieron otro (folio F13/03/0086), en el cual se le asignaron a Lammoglia 668 mil pesos, que de acuerdo con la Cláusula Tercera serían cobrados en 22 quincenas de 30 mil 386 pesos cada una, esto es, 60 mil 772 pesos mensuales hasta el último día de 2013.
Mediante un convenio modificatorio, el contrato mencionado se amplió a los dos primeros meses de 2014, y los mismos montos y objeto se mantuvieron en el contrato XEIPN-082-14, adjudicado para el resto del año pasado.
En la declaración 1.2 de los tres contratos el IPN declara que: “Tiene como finalidades, entre otras: contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en un sentido democrático y de progreso social, además de difundir la cultura para fortalecer la conciencia de la nacionalidad, procurar el desarrollo de un elevado sentido de convivencia humana y fomentar en los educandos el amor a la paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que luchan por su independencia”.
No obstante, en la contratación de Lammoglia no prevaleció el criterio educativo. En la respuesta a la solicitud de información, la directora jurídica de Canal Once, Nancy Rivero Rosales, lo expresó así:
“Su contratación como conductor del programa fue una decisión tomada por la Dirección de Canal Once de ese momento, derivada del incremento de la audiencia que presentaron las emisiones en las cuales el Dr. Lammoglia participó como especialista”.
Lammoglia ingresó al mencionado programa el 9 de noviembre de 2012, días antes de formar el primer contrato. El programa, creado en 1996, se transmite de lunes a viernes, cada día con diferente conductor.
Con una larga trayectoria en la radio, dedicado a dar consejos y presentar temas de salud mental, en abril de 2012 Lammoglia salió de Radio Fórmula, donde conducía el programa Lammoglia, la familia y usted. En aquel espacio y en Canal Once se presentó como médico cirujano y especialista en psiquiatría, aunque los contratos no registran profesión ni especialidad.
El párrafo tercero del artículo 81 de la Ley General de Salud establece que la certificación de especialidades médicas es responsabilidad de los consejos que integran el Consejo Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y que, para el caso de la psiquiatría, es el Consejo Mexicano de Psiquiatría (CMP).
Dicha certificación es indispensable, pues el artículo 83 de la misma ley instruye que el Certificado de Especialidad debe consignarse en todo documento que se use en el ejercicio profesional e incluso en la publicidad. El artículo 272 BIS 3 ordena la creación de un directorio público que, en el caso del CMP, está en línea. En ese directorio no aparece Lammoglia.
Al consultar el Registro Nacional de Profesiones, el doctor Lammoglia sólo aparece con cédula de médico cirujano, egresado en 1966 del IPN, pero no hay registro de su especialidad.
Así que el exesposo de Bustamente Díez fue contratado por ella sin especialidad legalmente registrada ni certificación, obteniendo ingresos tres veces superiores a los investigadores mejor pagados del IPN, es decir, los de tiempo completo, que conforme al tabulador vigente y disponible en línea en la página del Órgano Interno de Control, perciben 19 mil 572 pesos mensuales.
La diferencia es que mientras Lammoglia aparecía a cuadro una hora por semana, el Reglamento de Trabajo Académico del IPN establece que un profesor de tiempo completo debe tener al menos dos años de doctorado, mínimo seis años en docencia e investigación con grado de maestría, haber organizado o dirigido sistemas educativos y haber impartido cursos en el extranjero, entre otros requisitos para obtener una plaza e impartir 12 horas de cátedra semanal y realizar investigación.
Familia y negocios
El caso de Lammoglia no es el único de ese tipo registrado durante la administración de Bustamante Díez. La hija de ambos, Xanat Lammoglia Bustamante, es pareja y socia de José Andrés Amaya Romero, quien fue contratado personalmente por la hoy exdirectora del IPN como asesor.
Xanat y José Andrés son dueños de la empresa Bala Studio, cuya razón social no pudo ser localizada como tal. Dicha empresa se dedica al diseño decorativo cuya peculiaridad es la producción de “muebles eróticos”.
El currículum de Amaya Romero, expuesto en la mencionada página empresarial, destaca que estudió diseño industrial en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Diseño por la Domus Academy, de Milán Italia, institución de posgrado dedicada al diseño y la moda.
Ese perfil coincide con los productos de Bala Studio, que ofrece muebles aptos para sostener relaciones sexuales en diferentes posiciones, así como objetos, adornos y joyas pretendidamente irreverentes.
Ganador de diferentes premios por sus diseños, Amaya Romero fue contratado en el IPN como diseñador industrial para realizar las siguientes actividades: implementar proyectos definidos en el diseño industrial para apoyar en ese campo, en diversas carreras; desarrollar propuestas en todas las áreas del diseño industrial; operar el programa de conferencias magistrales, cursos en el campo del diseño industrial, destinado a comunidades docentes y estudiantiles; cursos talleres y asesorías; y asesorías en proyectos relacionados con el diseño industrial.
Los dos contratos suscritos entre el IPN y Amaya Romero fueron por adjudicación directa y no tienen número. En el primero, firmado el 8 de enero de 2013, la cláusula inicial establece que el diseñador quedará directamente bajo las órdenes de Bustamante Díez, quien firma como contratante.
El monto del contrato fue por 440 mil pesos más IVA, que se cubrirían en 12 mensualidades de 35 mil pesos cada una. La cláusula séptima estableció que sería Bustamante Díez quien supervisara el cumplimiento del contrato, y en la cláusula novena la entonces directora general del IPN asume la responsabilidad de exceptuar a su yerno de presentar garantía contractual.
El segundo contrato con Amaya Romero fue firmado por la secretaria de Administración, Dely Carolina Urbano Sánchez (la misma que firmó en los contratos de Lammoglia), así como por el coordinador de asesores de Bustamante Díez, José Leonardo Ramírez Pomar.
Desde las declaraciones de las partes, llama la atención que Amaya Romero no proporcione ni siquiera un correo electrónico. En ese segundo contrato, los 35 mil pesos mensuales se mantuvieron durante 2014, aunque como superior, supervisor y quien autorizó la excepción de garantía quedó el mencionado Ramírez Pomar.
Hasta ahora, no existen registros de que el contrato se haya renovado en 2015, con Bustamante Díez fuera de la institución, por lo que presuntamente Amaya Romero y Lammoglia quedaron fuera del IPN.
Malas cuentas
Durante la gestión de Bustamante Díez, la ASF identificó diversas anomalías. Por ejemplo, en 2010, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas se detectó que, si bien se cumplía la normatividad, había una amplia discrecionalidad en la asignación de becas que impedía medir el impacto del ejercicio de recursos.
Por entonces, el Sindicato Nacional del IPN denunciaba que algunas políticas institucionales y modificaciones al reglamento eran impuestos mediante la compra de voluntades, precisamente a través de los programas de becas o condicionando la aprobación de materias. La ASF identificó que ni siquiera se habían validado los padrones de beneficiarios.
Ese año la ASF documentó que más de 211 millones de pesos se aplicaron en acciones distintas a las programadas, es decir, se desviaron. Además, no se reintegró el remanente, de unos 500 mil pesos; se hicieron adquisiciones con sobrecosto por más de 5 millones, y durante ocho meses se tuvo sin utilizar 81 equipos de comunicaciones, telecomunicaciones, maquinaria y equipo electrónico adquiridos por 17 millones.
En 2012, la mala administración detectada por la ASF abarcó desde el incumplimiento de programas de ahorro de energía hasta la resistencia a adoptar medidas de ahorro en los programas de inversión. Asimismo, se compraron mobiliario y vehículos sin autorización de la Secretaría de Hacienda.
Aun así, Bustamante Díez logró mantenerse en el cargo, hasta que fue forzada a renunciar por el movimiento estudiantil que inició en septiembre pasado.
Una izquierdista en apuros
Desde su arribo a la dirección general del IPN, en diciembre de 2009, los medios de comunicación destacaron la supuesta participación de Bustamante Díez en el movimiento estudiantil de 1968, su identificación con la izquierda y el hecho de que fuera la primera mujer en encabezar la institución educativa.
Bioquímica egresada del IPN, donde obtuvo su doctorado, se integró a la administración de Vicente Fox como subsecretaria de Educación cuando el secretario era Reyes Tamez Guerra.
Desde 2007 se desempeñó como secretaria académica del IPN, hasta que Felipe Calderón la designó directora general. Pronto se extendieron las inconformidades y señalamientos contra su gestión, por sus ímpetus reformistas y su favoritismo hacia amigos y colegas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), de donde es egresada.
Por ejemplo, en el Centro Interdisciplinario en Ciencias de la Salud (donde se imparten carreras como optometría, odontología, nutrición y psicología), puso como directora a la enfermera Elisa Lucía Parera González.
Bustamante Díaz se fue en octubre. El pasado 15 de enero renunciaron al menos 24 directores de planteles, aunque hay casos que siguen sin resolverse, como el del químico farmacéutico industrial José Guadalupe Trujillo Ferrara, designado por la exdirectora al frente de la Escuela Superior de Medicina, aun cuando el Manual de Evaluación del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Rubro 6.1) establece que el director debe ser un egresado de la carrera.
A pesar del movimiento estudiantil, las observaciones de la ASF y el nepotismo, hasta ahora la Secretaría de la Función Pública no ha instruido ningún procedimiento para indagar la gestión de Bustamante Díez.
