Entre las maniobras oscuras que se le atribuyen al dueño del Grupo Trade, Rafael Antonio Olvera Amezcua, están sus negocios con algunos gobernadores priistas. Uno de ellos fue Humberto Moreira, cuyo secretario de Finanzas firmó con aquél al menos tres contratos por 812.5 millones de pesos, y ofreció como garantía de pago las participaciones federales de Coahuila. Proceso obtuvo copia de esos documentos, cuya vigencia terminó en 2011, cuando Olvera ya tenía de vuelta su inversión con ganancias y Moreira estaba a punto de caer de la dirigencia del PRI.
Rafael Antonio Olvera Amezcua, defraudador de poco más de 6 mil ahorradores de Ficrea, fue uno de los operadores del gobierno de Humberto Moreira en Coahuila para que mediante su empresa Leadman Trade (ambas del Grupo Trade) se utilizaran al menos 812.5 millones de pesos de las participaciones federales en una forma de “arrendamiento financiero” de miles de vehículos.
Llaman la atención las condiciones en las cuales se realizaron las transacciones y sus protagonistas: el propio Olvera Amezcua, el entonces gobernador Humberto Moreira y su secretario de Finanzas, Héctor Javier Villarreal Hernández.
Ahora el empresario tiene orden de aprehensión por el fraude a los ahorradores de Ficrea, el exgobernador fue señalado por hacer negocios personales a costa del incremento brutal de la deuda estatal y Villarreal apenas pudo llegar a un misterioso acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, que lo acusaron de lavado de dinero en 2013.
Para recuperar con rapidez el dinero de Leadman Trade invertido en Coahuila, Olvera Amezcua le vendió los derechos de cobro al Bank of New York Mellon, la misma filial de JP Morgan que el secretario de Finanzas de Moreira, Héctor Javier Villarreal Hernández, utilizó para comprar inmuebles en Estados Unidos (para lavar dinero, según autoridades federales de ese país y el gobierno de Texas).
En tres contratos consultados por Proceso consta que Olvera Amezcua obtuvo recursos que por ley deben utilizarse para obra pública.
Los documentos están fechados del 18 de junio de 2010 al 15 de noviembre de 2011 y formalizan el arrendamiento de 2 mil 840 vehículos, es decir que en 16 meses el gobierno de Moreira rentó 177 automotores por mes, entre aviones, helicópteros, autos compactos, ambulancias, motocicletas, camiones y autos de lujo.
No sería el único servicio de ese tipo que Olvera Amezcua hubiera prestado a un gobernador. El pasado 14 de noviembre el diario Reforma publicó que, bajo un esquema similar, Ulises Ruiz le entregó 794 millones de pesos a Leadman Trade cuando era gobernador de Oaxaca.
Contratos millonarios
De acuerdo con el expediente que obtuvo Proceso, con los contratos 111L/06/2010, 128L/06/2010 y 154L/04/2011 el entonces secretario de Finanzas de Coahuila, Villarreal Hernández, entregó a Leadman Trade cientos de vehículos que luego le rentó.
Según la página comercial de BBVA Bancomer, “el arrendamiento financiero en su modalidad de sale and lease back es un instrumento de financiamiento a mediano y largo plazo, dirigido a empresas que requieran convertir sus activos fijos en capital de trabajo. (…) Es una compraventa y arrendamiento de sus propios activos, lo paga mediante rentas y al final del plazo los vuelve a adquirir ejerciendo la opción de compra en un valor simbólico (1% del valor facturado al banco)”.
La garantía de pago fueron las llamadas participaciones federales que el gobierno de la República debe hacer llegar anualmente a cada entidad. Es decir, mientras el dueño de Ficrea obtuvo ganancias seguras, el estado vio afectado su presupuesto para obras públicas.
El primer contrato fue por 16 meses, se firmó el 18 de junio de 2010 y concluyó en octubre de 2011. El segundo fue de 11 meses, se rubricó el 3 de diciembre de 2010 y terminó el 15 de noviembre de 2011. El tercero fue vigente del 13 de abril al 15 de noviembre de 2011.
Aunque en virtud de estos convenios la entidad tuvo que pagar elevadas mensualidades, Olvera Amezcua no tuvo que esperar a que se cumplieran sus plazos para recibir la totalidad del dinero: días después de firmar cada contrato “cedió” el correspondiente derecho de cobro al ya mencionado BNY Mellon. De esa forma, él dispondría del dinero y sería el banco el que cobrara cada mes al gobierno de Coahuila.
El negocio que amparan los tres contratos es por 812 millones 513 mil 323 pesos.
La carátula de cada contrato señala: “Contrato de financiamiento que, bajo la modalidad de arrendamiento en el esquema sale and lease back celebran por una parte el gobierno del estado de Coahuila, representado en este acto por el licenciado Héctor Javier Villarreal Hernández, secretario de Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará ‘el arrendatario’, y por la otra parte Leadman Trade, SA de CV, representada por el licenciado Rafael Antonio Olvera Amezcua, en su carácter de apoderado legal, a quien en lo sucesivo se le denominara ‘el arrendador’”.
El primer contrato, incluyendo la comisión, le costó a Coahuila 367 millones 893 mil 64 pesos y fue para arrendar mil 766 vehículos.
Según el documento, primero Leadman Trade entregó 300 millones de pesos al gobierno de Coahuila, luego éste le “transmitió la propiedad” de los vehículos, después el gobierno le rentó los mismos vehículos que le había dado y además le pagó 367.8 millones de pesos.
El contrato es igual a los otros, sólo cambian los montos en la primera cláusula: “La ‘arrendataria’ (el gobierno), sujeta a la condición suspensiva consistente en recibir de la ‘arrendadora’ (Leadman) la cantidad de $300,000,000.00 transmite la propiedad del total de bienes muebles que se especifican detalladamente en el anexo 2”.
Inmediatamente después dice: “La arrendadora (Leadman) una vez que reciba la propiedad de los bienes… en el mismo acto otorga en arrendamiento los mismos bienes a la arrendataria (gobierno) por un plazo forzoso de 16 meses”.
El pago mensual en este primer contrato fue de 22 millones 795 mil pesos, lo cual por 16 meses, más la comisión por apertura, dio un total de 367 millones 893 mil 64 pesos. Después se especifica que si el gobierno paga puntualmente durante los 16 meses, al final se podrá quedar con los bienes.
El segundo contrato (128L/06/2010) fue por el arrendamiento de 413 vehículos. La operación fue la misma: el gobierno dio primero los vehículos a Leadman Trade y ésta entregó a cambio 200 millones de pesos. Después le rentó los bienes al gobierno y éste terminó pagando 237 millones 724 mil 172 pesos.
La cláusula primera establece: “Sujeto a lo establecido en el presente contrato en la fecha de fondeo, el arrendatario transmitirá al arrendador la propiedad del total de los bienes muebles que se describen en el anexo 3 y el arrendador pagará a el arrendatario por concepto de precio la cantidad de $200,000,000.00, monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente”.
El tercer contrato fue por la renta de 661 vehículos y el costo final para el gobierno fue de 206 millones 896 mil 87 pesos. De acuerdo con las cláusulas del contrato, primero el gobierno le entrega los vehículos y Leadman le paga 175 millones de pesos. Luego, el gobierno le renta los bienes a Leadman Trade, que con todo y comisión termina cobrándole a Coahuila 206 millones 896 mil 87 pesos.
El modelo contractual fue ventajoso para Rafael Olvera Amezcua, pues según la cláusula octava el pago estaba respaldado con las participaciones federales que la Secretaría de Hacienda entrega cada año a las 32 entidades, con autorización del Congreso de la Unión. Además, en caso de presentarse una caída en la economía, el contrato dice que se compensará a Leadman Trade aumentando la mensualidad que paga el gobierno.
Previsoramente, los tres contratos tienen su cláusula 23:
“Las partes expresamente se obligan a mantener toda la información contenida en el presente contrato y toda la información relacionada con el mismo en estricta confidencialidad, por lo tanto no revelarán dicha información a persona alguna (excepto a sus filiales, funcionarios, consejeros, empleados, fondeador, etc.), sin el previo consentimiento estricto por la otra parte, excepto si dicha información es solicitada o requerida por cualquier autoridad gubernamental.”
Estos documentos fueron registrados ante la SHCP, entonces a cargo del panista Ernesto Cordero, debido a que se pagaron con el dinero de las participaciones federales. Se registraron ante la Dirección General Adjunta de Planeación, Financiamiento y Vinculación con Entidades Federativas, así como en la Dirección de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios.
Los documentos forman parte de una averiguación previa, de la cual hasta el momento se desconocen los resultados. Tampoco se ha dicho si Cordero ratificó la denuncia que en su momento presentó contra Moreira por la adquisición de supuestos créditos irregulares para Coahuila.
Maniobras oscuras
Los tres contratos mencionados llevan la firma del secretario de Finanzas designado por Humberto Moreira, que dejó la gubernatura antes de que concluyeran los contratos. Olvera Amezcua ya tenía el pago completo, pues firmó “la cesión de derecho de cobro” al BNY Mellon.
Moreira dejó la gubernatura el 4 de enero de 2011 para preparar la candidatura de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y el 4 de marzo fue designado presidente nacional del PRI. El 29 de julio se reveló que había dejado a su estado con una escandalosa deuda de 34 mil millones de pesos.
El entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, anunció en agosto de ese año que había interpuesto una demanda penal ante la PGR contra quien resultara responsable por la contratación irregular de la deuda por el gobierno de Coahuila.
La denuncia penal tumbó a Moreira de la presidencia del PRI el 2 de diciembre de 2011. Casi un año después, el 20 de noviembre de 2012, el propio Moreira dijo públicamente que su secretario de Finanzas lo “engañó” y ya para entonces el gobierno investigaba a Villarreal Hernández por el posible desvío de recursos.
Estados Unidos empezó a investigarlo al sospechar que había llevado parte del dinero (2.2 millones de dólares) a las Bermudas mediante una cuenta abierta en 2008, en una sucursal del banco JP Morgan en Brownsville, Texas, a través de Altagracia Rodríguez.
Los 2.2 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 36 millones de pesos, están congelados desde 2013, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda civil contra Villarreal Hernández por fraude bancario y lavado de dinero. El 13 de febrero de 2014 el exsecretario de Finanzas de Coahuila se entregó en el país vecino y salió libre el 7 de octubre pasado, tras llegar a un acuerdo con el gobierno estadunidense.
Se desconocen los términos del acuerdo, pero el gobierno de aquel país pretende quedarse con la suma que, según sus indagaciones, Villarreal Hernández utilizó para comprar bienes raíces en territorio estadunidense.
