La mayoría de los alcaldes y diputados locales que aspiran a participar en las próximas elecciones en Guerrero han sido señalados por tener presuntos nexos con la delincuencia organizada.
La convulsión provocada por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa obligó a la clase política a sustraerse de los procesos de selección interna a través de precampañas, y en lugar de ello pretende que los candidatos surjan de pactos y alianzas.
En este contexto, los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero ya disputan la repartición de parcelas de poder en el PRI y el PRD, entre ellas Acapulco, donde ambos pretenden imponer a sus respectivos hijos en esa alcaldía, colapsada por la narcoviolencia y la cuestionada administración de Luis Walton Aburto.
Mientras en el PRI se advierte una intervención directa del gobierno federal en la designación de su candidato a gobernador, en el PRD el descrédito provocado por el caso Ayotzinapa abrió la posibilidad de que el contendiente por la izquierda no surja de las filas del sol azteca.
Por ello Walton se apresuró a solicitar al Congreso licencia al cargo y paralelamente difundió su aspiración a ser candidato a gobernador.
Entre tanto, arrecian las protestas de padres de los normalistas desaparecidos, estudiantes, miembros de organizaciones sociales y el magisterio disidente, que exigen justicia y castigo para los responsables de la barbarie, bajo la advertencia de que van a boicotear el proceso electoral.
“Bola de cínicos y asesinos”
El martes 20, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) irrumpieron en la sesión del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en Tlapa, y obligaron a vocales, consejeros y representantes de partido a suspender trabajos. Un día antes, estudiantes y docentes destrozaron y quemaron la sede del Distrito 24 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en Tixtla.
En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de las víctimas, insistió en que deben impedirse los comicios, pues ningún político representa una opción de cambio para erradicar la violencia y los nexos de las autoridades con el narcotráfico: “Son una bola de cínicos, desvergonzados y asesinos que sólo están buscando un hueso, hecho que exhibe su indiferencia frente al dolor de los familiares de los normalistas desaparecidos”, dijo.
El discurso del vocero y las acciones de los integrantes del MPG mantienen en vilo a las autoridades electorales porque consideran que no hay condiciones de seguridad para desarrollar el proceso electoral.
En entrevista con Proceso, funcionarios del INE y del IEPC coinciden en que son las manifestaciones por el caso Ayotzinapa las que afectan los trabajos electorales, no la narcoviolencia.
Al respecto, el presidente del Consejo Local del INE en Guerrero, David Delgado Arroyo, condenó las acciones del MPG y advirtió que se van a retirar de los distritos donde no haya condiciones de seguridad y se ponga en riesgo la integridad del personal del órgano y de la propia ciudadanía.
A su vez, la presidenta del Consejo General del IEPC, Marisela Reyes Reyes, ha exigido una ampliación presupuestal de poco más de 200 millones de pesos pues considera “insuficiente” la cifra de 392 millones 589 mil pesos aprobada por el Congreso para este año, cuando se renovarán la gubernatura, el Congreso local y 81 alcaldías.
Advirtió que de los 28 distritos del estado, cinco “requieren una atención especial” por el tema de la protesta social.
Aspirantes bajo sospecha
Pese a que han sido señalados en informes federales por sus presuntos nexos con el narco, diputados federales y locales, alcaldes y otros políticos del PRI y del PRD, principalmente, se han apresurado a anunciar sus aspiraciones para contender en los procesos internos de sus partidos en medio de las acusaciones de que son indiferentes a la crisis política y social del estado.
Por el PRD, el actual presidente del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, diputado local y miembro de Los Chuchos, se registró como precandidato a diputado federal, a pesar de que el gobierno lo ubica como hermano de Celso y Antonio, líderes del grupo delictivo de Los Ardillos, afincado en Quechultenango.
Otro caso emblemático es el del alcalde perredista de Teloloapan, Ignacio Valladares Salgado (de Los Chuchos), aspirante a una diputación local y a quien desde el comienzo de su administración se le consideró sometido por sicarios de La Familia, quienes mantienen el control de esta plaza y prácticamente borraron al edil perredista.
De igual modo ha sido vinculado con La Familia el exalcalde de Acapetlahuaya y actual diputado local Roger Arellano Sotelo, también miembro de Los Chuchos, quien busca contender por la diputación federal del Distrito 2, que abarca los 11 municipios de la convulsionada zona norte.
Asimismo el diputado local Elí Camacho Goicoechea, quien declaró públicamente que durante su administración en el municipio de Coyuca de Catalán “pactó con el narco para poder trabajar”, pretende la candidatura por la diputación federal del Distrito 1. Es hermano de Euclides El Quilles Camacho, señalado en un reporte del Cisen como líder de una célula al servicio de Los Beltrán Leyva que dirigen los hermanos Cleotilde y Fermín Toribio Rentería.
Por si fuera poco, Elí Camacho es miembro de la corriente Grupo Guerrero, que dirige en la entidad David Jiménez Rumbo, vetado por la dirigencia nacional del PRD para ocupar la presidencia estatal del sol azteca por sus presuntos nexos con Servando Gómez La Tuta.
Por el PRI, los políticos con señalamientos son el diputado federal Manuel Añorve Baños y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quienes pretenden que el tricolor les dé la candidatura a gobernador.
El primero fue vinculado con el grupo delictivo de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, cuando se desempeñó como alcalde de Acapulco. Moreno Arcos ha sido identificado como primo de José Carlos Moreno Flores, La Calentura, detenido por el Ejército en septiembre de 2011 en el Distrito Federal, acusado de ser operador del Chapo Guzmán.
Otro de los priistas con presuntos nexos con el narco es el figueroísta César Flores Maldonado, quien busca una diputación federal.
A su vez, los alcaldes de Taxco de Alarcón y José Azueta, Salomón Majul González y Eric Fernández Ballesteros –quien presuntamente brindaba protección a las bandas criminales que operan en ambos destinos turísticos–, ya solicitaron licencia para buscar sendas diputaciones federales.
