Sancionar la comisión de un delito o una falta a la ley haciendo únicamente un exhorto para que no se siga incurriendo en tal infracción, equivale tanto como a perdonar al infractor y limitarse a invitarlo para que suspenda ese tipo de prácticas anómalas; y además de que contraviene el marco legal, le da ventajas al infractor. Eso es, ni más ni menos, lo que acaba de hacer la delegación local del Instituto Nacional Electoral (INE) al ordenar la suspensión de spots de radio y televisión, aunque no actuó así con otros actos irregulares de campaña que llevan a cabo los “precandidatos” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Guadalajara, Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro, respectivamente, desde el pasado 28 de diciembre.
Ahora sí que, como diría Lagrimita (alias Guillermo Cienfuegos), candidato ciudadano o independiente al mismo cargo: “¡Qué barato!”. Pero no solamente los mencionados han hecho ya un buen negocio político. También está el caso del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) a la misma presidencia municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, con quien el INE ha sido todavía más benigno, pues hasta ahora ni siquiera le ha hecho un llamado al orden, no obstante que de su parte también se ha dado un quebranto a la legislación electoral, la cual prohíbe de manera terminante que las precampañas o campañas internas se realicen de manera abierta entre la población, en la inteligencia de que éstas se deben limitar al círculo de “militantes y simpatizantes” del partido o alianzas partidistas que los postulan.
Y por lo que hace a las autoridades electorales de Jalisco, comenzando por la nueva dirigencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), autoridades que son las más obligadas para vigilar y en su caso sancionar cualquier irregularidad que se presente, hasta ahora todo ha sido tibieza, por no decir que desidia o franca omisión. Y ello porque en éste como en muchos otros casos el IEPC podía haber actuado de oficio y no esperar a que se presentara una queja como la denunciada por el PRD Jalisco en contra de los ya mencionados precandidatos del PRI, el PAN y MC a la alcaldía de Guadalajara.
Mientras los pachorrudos consejeros del IEPC se deciden a actuar en irregularidades tan flagrantes como los actos anticipados de campaña, con reparto y colocación de propaganda fuera incluso de la circunscripción del municipio de Guadalajara y la inexistencia siquiera de un precandidato patiño en el caso del PRI, la autoridad federal electoral por lo menos ya se echó un pequeño trompo al uña, según el anuncio hecho por la oficina de comunicación social del INE: “Se resolvió que se iban a bajar los spots de radio y televisión de los precandidatos a la presidencia municipal de Guadalajara por medidas cautelares, mientras se investiga” (Mural, 12 de enero).
Si después de esa investigación que promete el INE resultare que esas prácticas no ameritan una sanción, entonces los abanderados tapatíos del PRI y de MC se habrían salido alegremente con la suya, sacándoles una considerable ventaja al resto de sus contendientes, con centenares de spots que estos últimos no transmitieron y otra clase de propaganda que tampoco repartieron entre la ciudadanía en general, incluidos los anuncios espectaculares y las calcomanías en muchos vehículos y las cuales éstos (léase sus dueños) exhiben por donde quieran que se desplazan.
Basta con detenerse en este último caso en particular para caer en la cuenta de que los candidatos que calculadamente se autodenominan “precandidatos” (del PAN, de MC y sobre todo el del PRI) están haciendo un abierto proselitismo –insistimos, algo prohibido expresamente por la ley durante la etapa de precampañas, en la cual nos encontramos ahora–, y ello porque por más que los susodichos insistan en el ritornelo de que su “mensaje va dirigido únicamente a militantes y simpatizantes” del partido o partidos que los postulan, esto último es sólo un truco retórico y como bien sabe todo mundo, pues la retórica también sirve para decir que no es retórica (léase para negar su nombre).
Por ejemplo, el impreso con los parabienes de Año Nuevo, que en días recientes las cuadrillas de Ricardo Villanueva anduvieron repartiendo casa por casa, y en los que aparece la risueña efigie del “precandidato” del PRI a la alcaldía de Guadalajara en grandioso technicolor, llegan lo mismo a quienes no ven con malos ojos a ese partido, incluidos los posibles afectos del exsecretario de Finanzas del gobierno de Jalisco, que a los detractores e indiferentes de ambos. La única diferencia es que, comparados con los primeros, estos últimos son una aplastante mayoría. Entonces, ¿qué caso tiene que se advierta, con letra chiquita, que se trata de “propaganda de precampaña dirigida a militantes y simpatizantes del PRI”, cuando el mismo señor Villanueva previamente ya se dirigió, con una letra mayor, a cada uno de los tapatíos, sin distinción alguna, para desear con un buen toque de cursilería que “todos los días de 2015 estén llenos de sonrisas y satisfacciones al lado de tus seres queridos”?
Ante esta situación, no sería malo que tanto el INE como el IEPC propugnaran de plano por la prohibición de las precampañas, con lo que de paso le harían también un gran favor a la ciudadanía, no sólo evitándole la lata de un exceso de proselitismo y propaganda electorales, sino con un considerable ahorro en los gastos de campaña. Lo sensato sería que cada partido o cada eventual coalición de partidos se las arreglara, puertas adentro, para elegir o designar a sus abanderados y que éstos se dirigieran abiertamente a la ciudadanía sólo en la última etapa, en los dos meses establecidos para las campañas electorales.
Claro que se podría objetar, y no sin razón, que en tal caso los llamados “candidatos ciudadanos” o sin partido quedarían en desventaja. Pero esto no tendría mayores complicaciones siempre y cuando se concibiera un buen mecanismo para ellos (léase que las precampañas sean exclusivas para esos candidatos independientes), mecanismo que, por lo demás, les permitiría competir en circunstancia de menor desventaja respecto a sus adversarios que sí gozan de la infraestructura y el presupuesto protectores de los partidos con subsidio gubernamental. Eso sería lo deseable, lo sensato y también lo equitativo, pues tal y como las cosas están hasta ahora, lo que rifa es el timo, la simulación, el abuso, el cinismo y ajos por el estilo.
Por su parte, los “afectados” con la reciente medida cautelar dictada por el INE han dicho que van a acatarla, pero que también se disponen a impugnarla, pues se dicen seguros de no estar infringiendo la legislación electoral. Todo hace pensar que con dicha impugnación, una suerte de regateo, van a buscar salir lo menos raspados que puedan, con la esperanza de que la eventual sanción que pudiere llegarles quedara compensada por la ventaja que por lo pronto ya le sacaron a los otros contendientes durante las dos semanas de “precampañas” transcurridas antes de que interviniera el INE.
Tal vez éste acabe pronunciándose por imponer una sanción económica tanto a los partidos como a los candidatos adelantados, pero aun en este caso a los susodichos nadie podría quitarles ya lo bailado y lo paseado en las calles y cruceros de Guadalajara, así como en los monitores de la radio y en las pantallas de televisión, a no ser que el árbitro electoral se decidiera por una medida drástica, como la cancelación de candidaturas, algo que sinceramente parece más que remoto. Por eso los precandidatos tapatíos “sancionados” por el INE pueden decir con satisfacción: “¡Qué barato!”.
