Mientras en el contexto internacional sobresalen proyectos de escultura pública que atrapan al espectador por su inteligente, lúdica o sobrecogedora propuesta temática, formal y espacial, en México se derrochan recursos públicos para promover propuestas caducas, costosas y fachistas.
Vergonzosa como el monumento al dictador Heydar Aliyev que, en 2012, emplazó en la Avenida del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, o patéticamente ridículo como el enorme Guerrero Chimalli de Sebastián que, inaugurado en diciembre de 2014 en el deprimido municipio de Chimalhuacán financió el actual gobierno del Estado de México encabezado por Eruviel Ávila. La escultura pública en nuestro país requiere de un ordenamiento legal que regule su financiamiento y emplazamiento.
Con un desarrollo innovador y audaz que se inició a partir de la pasada década de los años sesenta, la escultura pública contemporánea ha destacado como un género de gran impacto estético para establecer relaciones entre la sociedad, el uso y vivencia de los espacios públicos y la construcción cultural de la marca-ciudad. Ya sea el kitsch de Jeff Koons –Puppy ,1992 y 1997–, la mística de Antony Gormley –Another Place, 1997–, la diversión animalística de Florentijn Hofman –Rubber Duck, 2009–, la indirecta espiritualidad de las estructuras de Jonathan Borofsky –Caminando hacia el cielo, 2004–, o el institucionalmente irreverente perro de R. Jackson que orina sobre un muro del Museo Orange County en California, la tridimensión emplazada en espacios públicos ha rebasado la manipulación simbólica del monumento.
A diferencia de la escena internacional, el panorama en México es desalentador. Sin planes y programas de desarrollo urbano e impacto social que contextualicen y justifiquen el sentido, valor simbólico, significado político y costo de la escultura pública, las ciudades de nuestro país son ocupadas por encargos discrecionales de los funcionarios en turno.
Interesante en la década de los años setenta por sus propuestas tridimensionales de geometrías desdobladas, el escultor mexicano Enrique Carbajal (1947), conocido como Sebastián, evidenció el pasado mes de diciembre el deterioro del escenario. Mediocre en su propuesta creativa, socialmente irresponsable en su actitud artística y notoriamente consentido por funcionarios priístas desde la pasada década de los años ochenta, Sebastián construyó para Chimalhuacán un gigantesco monumento de 70 metros de altura: 60 metros en la figura y 10 en el pedestal. Con un costo reportado en la prensa entre 30 y 35 millones de pesos, la caricaturesca interpretación geométrica de un guerrero prehispánico devela tanto el desprecio por nuestros orígenes como la imposición del monumentalismo priísta.
Presente en el Distrito Federal con un número excesivo de esculturas urbanas, Sebastián no merece gozar de una obra permanente en el exterior del Museo de arte Moderno de la Ciudad de México. Su pieza, colocada en el espacio público, debería retirarse y sustituirse con un programa de escultura pública temporal por invitación y concurso. Si los funcionarios culturales necesitan algún ejemplo, baste con el programa del Cuarto Pedestal (Fourth Plinth) que, desde 1999, se realiza en la Plaza Trafalgar de Londres.
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