CHIGTÓN, Chis.- Sentado dentro de su choza de madera y a mil kilómetros de su hijo –quien se debate entre la vida y la muerte en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Ciudad de México–, Hermisendo Gómez Girón sólo espera que éste vuelva a casa para poder abrazarlo.
“La culpa es del gobierno, pues fue una medida desesperada la de echarse lumbre para exigir la libertad de mi hermano Florentino Gómez Girón, acusado injustamente de robar ganado”, dice Hermisendo Gómez, uno de los casi mil habitantes de este pequeño poblado del municipio de Ixtapa, a una hora de la capital chiapaneca.
Desde principios de noviembre y durante 25 días, amigos y familiares de Florentino Gómez Girón hicieron plantones, huelgas de hambre, se cosieron los labios y simularon crucifixiones a las puertas del Congreso de Chiapas para exigir justicia. Las autoridades no les hicieron caso, así que Agustín Gómez Pérez, de 21 años, se ofreció para inmolarse como habían anunciado desde hacía una semana, en una medida de presión extrema.
La tarde del pasado 5 de diciembre, Agustín se roció gasolina y se tiró al piso, en medio de familiares y curiosos. Pidió a uno de sus parientes que le prendiera fuego. Un hombre le acercó un encendedor y Agustín se convirtió en una tea. Al sentir las llamas, empezó a rodar sobre su cuerpo, luego se paró y salió gritando. Los niños y las mujeres lloraban.
Un pequeño se cruzó en su camino y Agustín se tiró al piso. Enseguida sus amigos se le fueron encima con cubetas de agua y extintores para apagarle las llamas. “Estoy dispuesto a dar mi vida por mi tío”, dice Pedro Gómez que Agustín alcanzó a decir en su agonía.
En Chigtón todos hablan de Agustín y de su “valentía”. Empero, como en sentido estricto no se inmoló –porque no fue él quien se prendió fuego–, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una averiguación previa de oficio por homicidio en grado de tentativa.
“Fue su decisión y la culpa es del gobierno”, insiste su padre, quien recuerda que Agustín sólo estudió hasta sexto grado en la primaria Plan de Ayutla, a unos 100 metros de su choza de techo de lámina. Agustín es el mayor de los ocho hijos que tuvo con su esposa, Esther Pérez Gómez.
Mientras el joven agoniza en la cama 1305 del tercer piso del Instituto Nacional de Rehabilitación, en Tlalpan, en su estado recuerdan que el conflicto comenzó hace cinco años: Distintos grupos querían un predio donde se halla el manantial que surte de agua a toda la población.
Pidieron ayuda a los gobiernos municipal y estatal, pero no fueron escuchados. Así, la tensión derivó en la expulsión de 13 familias y la quema de varias casas. Según la PGJE, uno de los promotores de este suceso violento fue Florentino Gómez Girón, maestro indígena bilingüe y líder del Frente Popular Ricardo Flores Magón (FPRFM).
El conflicto provocó divisiones familiares. Por ejemplo: Agustín Pérez Díaz –el abuelo del muchacho que se prendió fuego– y su hijo Agustín de Jesús Pérez Gómez son los líderes de los desplazados que exigen cárcel para Florentino Gómez.
Los partidos, en la división
En Chigtón no fue la religión la que dividió a la comunidad, sino los partidos políticos, dice Pedro Gómez. Los principales instigadores fueron el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Asegura que uno de los caciques priistas en el municipio es Roberto Aquiles Aguilar Hernández, diputado local y primo del actual alcalde, Antonio Ochoa Aguilar.
Roberto Aguilar impulsa como alcalde de ese municipio a su hijo, Roberto Jordán Aguilar Pavón, conocido como El Junior. El diputado presume de ser compadre del gobernador Manuel Velasco Coello, quien apadrinó a su hijo.
El Junior también intentó ser candidato a diputado federal por el PRI dos veces. Maneja una Hummer roja, es dueño de tianguis de autos y ya colgó gallardetes para promover su imagen en todo el municipio.
Los Gómez Girón acusan a esta familia de estar detrás de las divisiones en la comunidad y de orquestar la persecución contra los integrantes del FPRFM.
Para las autoridades, Florentino cometió abigeato, delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y despojo, según la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas.
A decir de esa oficina, los miembros del FPRFM –liderados por Florentino Gómez–cerraron accesos de la cabecera municipal de Ixtapa, tomaron carreteras, destruyeron casas, robaron ganado y usufructuaron ilegalmente cosechas propiedad de los desplazados. Según un comunicado oficial de dicha dependencia, Florentino Gómez fue acusado de asesinar a otros indígenas.
Las familias desplazadas interpusieron una queja contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual emitió la recomendación 084/2013 al gobierno de Chiapas, en la que pedía que se aplicara el estado de derecho en favor de las 39 familias expulsadas y se abriera un expediente contra autoridades que se mostraron omisas en el caso referido.
Cuando intentaban cumplir esa recomendación, funcionarios de la PGJE supuestamente fueron privados ilegalmente de su libertad por el grupo de Florentino Gómez durante 10 horas. En el expediente se asentó que los liberó tras el pago de 300 mil pesos.
Después de esos acontecimientos un juez libró la orden de aprehensión contra Florentino Gómez –por abigeato–, que fue cumplimentada por la PGJE el 1 de mayo pasado. Fue ingresado al penal de El Amate.
Empero, 10 horas después de la inmolación de su sobrino –y en completo sigilo–, Florentino Gómez fue puesto en libertad, al filo de las cinco de la mañana del 6 de diciembre.
