La familia Valadez Olvera relató a Proceso Jalisco la odisea que vivió el mes pasado cuando unos elementos de la Secretaría de Movilidad (Semov) les inventaron una infracción y les pidieron 5 mil pesos para no llevarse su auto –un Caribe Cabriolet modelo 1989 con placas del extranjero– al corralón. Los afectados tuvieron que conseguir el dinero, pero cuando fueron a denunciar la extorsión, en la dependencia les dijeron que no podían hacer nada; peor aún, los acusaron de corruptos por haber sobornado a los agentes.
La familia Valadez Olvera se queja de los atropellos de los agentes viales que se dedican a extorsionar a los conductores de vehículos, solapados por la Secretaría de Movilidad (Semov).
La señora María Olvera y sus hijos Juan Manuel y Marisol cuentan que el 8 noviembre pasado los tripulantes de la patrulla V-502, placas JS -00729, alcanzaron su auto, un Caribe Cabriolet modelo 1989 con placas del extranjero, y amenazaron con llevárselo a uno de los corralones del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) si no les entregaban 5 mil pesos; incluso apareció una grúa, por lo que la familia tuvo que reunir esa cantidad y dársela a los policías.
“Fue una estafa”, asegura la señora Olvera, quien vive en la colonia Miramar, municipio de Zapopan. Y cuando ella y su hijo, quien conducía el auto, fueron a las instalaciones de la Semov a presentar una queja se llevaron otra decepción, pues un empleado les dijo que no podía hacer nada, ya que si ellos “son corruptos, ustedes también, por haberlos sobornado”.
La señora insistió, incluso le mostró fotografías del número de placas y de la patrulla al burócrata de la ventanilla. Pero él les respondió que debían estar agradecidos porque no les recogieron el vehículo; también se negó a proporcionar los nombres de los oficiales que exigieron el soborno.
Molesta aún por los atropellos, la señora cuenta que ese día habían llegado a su domicilio cuando apareció la patrulla y uno de los agentes se acercó al conductor y le dijo que se había pasado el semáforo en rojo. El joven le explicó que las luces no estaban sincronizadas, pero los oficiales le obligaron a regresar al crucero con todo y automóvil para comprobar su versión.
Marisol Valadez, hermana del conductor salió de la casa en ese momento y acompañó a su familiar al sitio donde presuntamente se cometió la infracción. Ahí, cuenta, los oficiales tomaron el tiempo del cambio de luces en el semáforo y aunque admitieron que había una falla, insistieron en que había una multa.
Pidieron al conductor del Cabriolet los documentos del vehículo, que aún no está regularizado. Les mostraron un oficio expedido por la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Jalisco, perteneciente a la Confederación Nacional Campesina (CNC), la cual se dedica a regularizar autos chocolate en el norte del país.
En la constancia de registro CNC0577 aparece el nombre de la señora María Teresa Olvera Díaz fechada el 11 de enero de 2011 con las firmas del Comité Central Ejecutivo de esa organización priista, presidido entonces por Gabriel Ponce Miranda, diputado en la 59 Legislatura; el secretario general era Manuel Aguilar Mendoza, y el encargado de la Secretaría de Transporte era Ernesto Ángel Macías.
De acuerdo con el documento, el vehículo –que la señora Olvera adquirió hace aproximadamente seis años –está en proceso de regularización, entre las observaciones y articulados alude a la ejecutoria publicada en la página 1279 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, tomo XIV, de diciembre de 2001, según la cual “en caso de que se ostente una orden de verificación carente de los datos que permitan la individualización de la presente unidad, se abstengan de ejecutar acto contra el poseedor, a fin de que no sean vulnerados sus derechos”.
La estafa
Desde que adquirió el Caribe Cabriolet modelo 89 la familia Valadez Olvera nunca había tenido ningún problema vial. Y aun cuando los detuvieron varias veces, Juan Manuel, quien lo conduce siempre mostró el documento de la CNC y lo dejaban circular. Pero el 8 de noviembre las cosas se complicaron.
Marisol comenta que su hermano les pidió a los agentes el reglamento de tránsito. Eso los enfureció y le contestaron que lo iban a infraccionar “nomás porque les daba la gana”. Y al tiempo que le exigieron los 5 mil pesos para dejarlo ir llamaron a más patrullas para tener refuerzos.
Llegaron cuatro camionetas, una moto y la grúa. Uno de los agentes iba armado con una metralleta y se puso al lado del vehículo. “Nos trataron como si hubiéramos matado”, dice la señora Olvera. El conductor de la grúa cobró 500 pesos únicamente por acudir a su llamado.
Desde entonces, añade Marisol, la familia dejó de utilizar el auto por temor a ser detenidos de nueva cuenta. La señora Olvera comenta que uno de los oficiales le dijo que se llevarían el automóvil porque tienen la orden de recoger vehículos americanos y porque no pagan impuestos.
De acuerdo con un funcionario de la Semov que pidió omitir su nombre, los oficiales incurrieron en una ilegalidad al detener el automóvil de la familia Valadez Olvera porque no existen restricciones para la circulación de vehículos con placas extranjeras o de otras entidades.
Sólo pueden hacerlo, dice, si se comete una falta que esté prevista en el capítulo de sanciones de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte. De acuerdo con el artículo 49 de esa ley, “cualquier vehículo registrado en el estado o en otra entidad federativa podrá circular libremente en el mismo; por tanto, los oficiales y agentes de vialidad y tránsito no deberán interrumpir o suspender la circulación a ningún vehículo, salvo en los casos de infracciones flagrantes o por la aplicación de alguna medida de seguridad, de las expresamente previstas en este ordenamiento”.
El artículo 51 refiere que “los vehículos registrados en el extranjero podrán circular en el estado si sus conductores acreditan la legal internación y estancia en el país de los mismos, mediante la documentación expedida por las autoridades federales competentes”.
La señora Olvera agrega que trataron de poner una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de autoridad, pero en ese organismo les informaron que primero debían acudir a la Semov para solicitar un procedimiento en contra de los oficiales.
