Señor director:
Hace aproximadamente 40 años, en la calle Morelos número 74 de Amatlán de Cañas, Nayarit, empecé a construir una casa donde vivimos mi familia y yo.
El predio linda con un campo de futbol ubicado en el terreno de la Escuela Secundaria General “Ignacio allende”. En un principio había una barda de adobe, de mi propiedad, que dividía mi casa y el campo de futbol, la cual fue sistemáticamente destruida hasta quedar en ruinas por culpa de los alumnos del plantel.
El detrimento, menoscabo y destrucción de mi patrimonio empezó con el pretexto de que durante los partidos volaban los balones al patio de mi casa, y de manera constante los alumnos brincaban por ellos aprovechando para hacer destrozos y robar la fruta de los árboles plantados en mi jardín… y cuanto podían.
El asunto se trató con el entonces director del centro educativo, Rufino Ramos Gutiérrez, quien nada hizo hasta que destruyeron la barda. En la década de los 80, con el dinero de mis ahorros y sin indemnización alguna por los destrozos, construí una barda de ladrillo en el lugar que ocupaba la de adobe.
Mas los abusos continuaron a pesar de que el director Rufino Ramos Gutiérrez prometió que si yo hacía la nueva división él quitaría el campo de futbol. Promesa que nunca cumplió.
La idea de una vida normal para nuestra familia se evaporó, al continuar los atropellos consistentes en pedradas a la nueva barda, a la casa y a los habitantes de ésta, robos, destrozos y allanamiento de morada de manera impune hasta la fecha.
Así las cosas, por enésima vez, se solicitó al nuevo director de la escuela, José Trinidad Meza Gradilla, quitar el campo deportivo y castigar a los responsables de tantos abusos y excesos. Dijo que no lo haría.
El problema llegó al Ministerio Público del Fuero Común, el cual, tras recibir mis acusaciones se negó a integrar una averiguación previa argumentando que los responsables de los destrozos “son menores de edad”.
El año pasado interpuse un escrito ante los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) solicitando que tomaran cartas en el asunto. Sin embargo, pasaron los meses sin que hubiera un acuerdo por escrito, tal como lo ordena el artículo 8° constitucional.
Más de 10 meses después, los SEPEN contestaron mediante oficio fechado el 24 de septiembre de 2014, que firma la maestra Parmenia Aceves Rodríguez, lo que no se logró sin la presión de una queja que interpuse en la Comisión de Derechos Humanos Estatal (expediente DH/104/2014), en donde exigía el respeto a mi derecho de petición.
Dicho oficio avaló la impunidad de los delitos señalados, con el siguiente criterio: (Retirar el campo de futbol) “limita la formación humana y su proyección de desarrollo a futuro ocasionando un daño irreparable en perjuicio de la adolescencia del municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, además de que acceder a la petición de usted se contrapone a las leyes y disposiciones en materia de derechos de la infancia”.
Esa fue parte de la redacción del acuerdo que recayó a mi solicitud por escrito, evitando en todo momento mencionar los castigos correspondientes. Espero solución. (Carta resumida.)
Atentamente
Guadalupe Gloria Becerra Ortiz
