Señor director:
No distraería su atención si mi caso no desbordara mi pequeño viacrucis personal y si su significación no trascendiera el funcionamiento de la estructura institucional del país. Explicaré por qué.
Después de casi seis años de trabajar en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), al que ingresé bajo el Estatuto del Servicio Profesional, el pasado mes de octubre el coordinador ejecutivo del organismo, José de Jesús Ramírez Sánchez, exigió mi renuncia y al mismo tiempo me informó que no se me daría ninguna liquidación, pues era un acuerdo del Pleno del Instituto.
El argumento, además de provocar un profundo disgusto moral, es hilarante. Los comisionados se erigen en poder constituyente y corrigen la reforma constitucional, pues la nueva autonomía del IFAI implicaba el respeto de los derechos laborales, y este fue un compromiso ratificado por el presidente de la República. Al negarme a firmar la renuncia, la respuesta no se dejó esperar: el cese inmediato.
Señores senadores: Los órganos constitucionales autónomos, que ahora han proliferado en nuestra estructura constitucional, pueden pervertir la autonomía organizando cotos de poder y cacicazgos al margen del orden constitucional. El riesgo es crear Frankensteins que, bajo el manto de esa autonomía –que asumen como extraterritorialidad–, persigan a quienes se atreven a reclamarles que respeten sus derechos, de los que paradójicamente son tutelares, y que se repartan entre los dirigentes las plazas, como lo hacen en el IFAI en lo que llaman “áreas de influencia” (eufemismo que se traduce como “reparto de botín”).
¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién controla a los controladores? ¿Qué hacemos con instituciones que son juez y parte? En otras palabras: ¿Quién exige a los responsables de salvaguardar los derechos humanos fundamentales que respeten el estado de derecho?
Ustedes, señores senadores. Ustedes. Con base en lo anterior, les solicito respetuosamente que exijan al Pleno del instituto transparentar los procesos de liquidación de más de 100 trabajadores y exponer las razones para bajar el sueldo de otros; e igualmente, que evalúen si los nuevos comisionados en el desempeño de sus funciones cumplen con los principios jurídicos y éticos que rigen la función pública: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. En caso de no ser así, actuar en consecuencia.
Atentamente
Edmundo González Llaca
