La “miniamnistía” migratoria recientemente decretada por Barack Obama no cumple a cabalidad con uno de sus objetivos declarados: Proteger la unidad de las familias trabajadoras. Activistas y afectados aseguran que si bien la acción ejecutiva presidencial es un avance, en la práctica discrimina entre “migrantes buenos” y “malos” y criminalizará a quienes no puedan acogerse a sus bondades.
LOS ÁNGELES.- Alejandro y Maribel llegaron a Estados Unidos el mismo año, 2001. Desde entonces ambos han vivido en California. Pese a no tener documentos han tenido empleos más o menos estables, lo cual les ha permitido cumplir algunas obligaciones, como el pago de impuestos.
Pero hoy existe una diferencia entre ellos: A partir del próximo año Maribel podrá solicitar un permiso de trabajo temporal y un número de seguro social con vigencia de tres años, gracias a la acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama.
Alejandro, en cambio, conservará su estatus de indocumentado con el riesgo de ser deportado en cualquier momento.
El jueves 20 Obama formalizó la instauración de una acción ejecutiva en materia de inmigración, que había prometido a la población inmigrante indocumentada desde inicios de este año y que en un movimiento político pospuso hasta después de las elecciones del martes 4.
De acuerdo con los lineamientos de la medida, anunciada como un programa para evitar la separación de familias, serán beneficiarios los inmigrantes indocumentados que hayan sido traídos a Estados Unidos siendo menores de 16 años, y los adultos que hayan estado en el país al menos cinco años, sean padres de menores ciudadanos o residentes legales y aprueben una revisión de antecedentes penales.
La emisión de documentos para trabajar, sin embargo, no les otorga una residencia, no les da una opción a la ciudadanía, no les brinda acceso a ningún beneficio federal y tiene una vigencia de sólo tres años.
Se estima que la población que será temporalmente protegida es de alrededor de 4.2 millones de personas, las cuales se suman a los 1.2 ya protegidos por Acción Diferida para el Arribo de Infantes (DACA), la primera acción ejecutiva presentada por Obama en 2012; esto implica que al menos otros 6.2 millones de inmigrantes indocumentados quedarán desprotegidos.
En el caso de Maribel, el hecho de tener un hijo de siete años nacido en Estados Unidos será suficiente para permitirle ser parte de la población beneficiaria. En el caso de Alejandro, quien no tiene hijos y es miembro de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT), la puerta sigue cerrada.
“La acción anunciada por Obama refuerza la idea de que existen inmigrantes buenos –los padres de familia, los estudiantes– e inmigrantes malos”, denunció Jonathan Pérez, cofundador de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes.
Pérez nació en Colombia, fue traído a Estados Unidos de niño y se identifica como queer (literalmente maricón). “Los inmigrantes buenos reciben algo y después de eso, todos los demás serán criminalizados”.
La apreciación de Pérez es compartida por varias organizaciones proinmigrantes las cuales, aunque reconocen que la medida representa un avance para la golpeada comunidad inmigrante, el hecho de que ésta venga acompañada de medidas para reforzar la seguridad en la frontera y la aplicación de las leyes migratorias, les hace temer que dejará aún más vulnerables a todos aquéllos que no serán beneficiarios.
“Yo no seré parte de esta decisión y no puedo evitar tener sentimientos encontrados”, escribió Eduardo Samaniego, joven indocumentado de Georgia que ha luchado durante los últimos años para obtener apoyos financieros en universidades de ese estado para estudiantes sin documentos.
“A pesar del trabajo tan duro que he realizado, de mis logros, de mi capacidad de contribuir a este país, yo y millones más nos iremos a dormir hoy con pesadumbre. Trataremos de seguir yendo a nuestros trabajos, a la escuela, a la iglesia, aun sabiendo que puede ser que esa noche no regresemos. Aun cuando hemos jugado de acuerdo con las reglas, seguiremos siendo perseguidos, castigados y criminalizados”, continuó.
Tan pronto fue anunciada la medida, una coalición de grupos de defensa de derechos LGBT manifestó su inconformidad por el hecho de que la medida no valora con igualdad sus relaciones familiares; argumentando que si bien es poco probable que una pareja de esa comunidad tenga un hijo ciudadano estadunidense, los lazos que miembros de esta comunidad tienen con sus sobrinos y otros miembros de su familia son igual de importantes.
Se estima que 267 mil adultos de la comunidad LGBT viven en el país sin documentos.
Dilema
Nuvia Almanza llegó a Estados Unidos sin documentos cuando tenía 18 años. Para ella la vida, su vida, es aquélla que construyó en Garden City, Kansas, junto a Martín, su esposo, y sus dos hijos. Nuvia vivió en este país 14 años, hasta que en 2013 fue deportada. Entonces ella y Martín, también indocumentado, se enfrentaron a un dilema: ¿Se mudaría la familia completa a México, el país a donde deportaron a Nuvia, o permanecerían separados?
La decisión no era sencilla. La hija mayor, en ese momento de 14 años, es una dreamer; llegó a Estados Unidos sin documentos con un año de edad y podía ser beneficiaria de DACA. Su hijo pequeño, de apenas cuatro años de edad, es ciudadano estadunidense. Regresar todos a México implicaba negar a sus dos hijos la oportunidad de tener una educación y una vida de calidad en el país que es suyo, además de las dificultades para encontrar un empleo bien pagado. El que Martín y los niños permanecieran en Estados Unidos implicaba que los niños vivieran separados de su madre de manera indefinida.
“Llegué a vivir a Cuauhtémoc, Chihuahua, a la casa de mis suegros –relata Nuvia vía telefónica–. Como el niño es ciudadano, lo mandé traer a los meses para que estuviera conmigo, pero la niña entonces empezó a decir que también quería venir y se vino. Al niño lo volvimos a mandar en julio con su papá y ya no quiere venir a México, pero está teniendo problemas en la escuela; golpea a otros niños, como que todo su coraje porque no estamos juntos lo saca a trancazos. Y ahora la niña ya se quiere regresar, no se acostumbra a la vida en México, al trato que le dan en la escuela; pero ahora ¿cómo le hacemos?, ni modo que se vaya con un coyote.”
Para familias como la de Nuvia, la medida de Obama puede tener un impacto positivo, pero no evita la separación familiar. Martín será beneficiario por tener un hijo ciudadano, pero Nuvia no, debido a que no se encuentra físicamente en el país. Lo irónico es que su deportación ocurrió durante la propia administración de Obama. Para su hija, la oportunidad se perdió en el momento en que decidió que quería estar con su mamá.
Nuvia se desespera. Quisiera que su familia estuviera junta. Martín a veces está a punto de alcanzarla en México, pero ella le pide que espere.
“Aquí las cosas están muy mal, es muy diferente –explica–. A veces hablo con mi esposo y le cuento que nos tocó un retén. Él cree que le hablo de la policía, pero no, son los sicarios los que nos paran, nos revisan los autos; ellos están a cargo del pueblo y cuando aparecen, la policía se esfuma y no los volvemos a ver. Yo caí en una depresión muy fuerte cuando llegué aquí. La separación nos ha afectado, a los niños y a nosotros.”
Tajada fiscal
Gloria Saucedo, presidenta de Hermandad Mexicana Trasnacional, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, considera que el hecho de que la medida proteja únicamente a un sector de la población indocumentada puede obedecer a una estrategia impulsada por quienes buscan una reforma migratoria integral para que ciertos sectores continúen haciendo el cabildeo para lograr el cambio legislativo.
“Al no incluir a los padres de los dreamers o a los agricultores, lo que provocan es que estos grupos, los dreamers, los dueños de las empresas de producción agrícola, continúen haciendo cabildeo por la reforma más amplia –explica–. Quienes necesitan a la gente seguirán adelante con la lucha.”
Un estudio del Center for American Progress (CAP), un think tank de tendencia progresista, indica que la economía de Estados Unidos pierde 37 millones de dólares en ingresos cada día que pasa sin que los inmigrantes indocumentados puedan trabajar de manera legal. Su estimación más reciente señala que sólo por el pago de impuesto a nómina, la incorporación de los 4.2 millones de beneficiarios de la acción ejecutiva a la economía nacional representarán 2 mil 800 millones de dólares más en ingresos para el gobierno sólo durante el primer año del programa.
Según datos del Seguro Social, actualmente los inmigrantes indocumentados contribuyen en 13 mil millones de dólares en impuestos por nómina, pero se calcula que 63% de los trabajadores indocumentados y sus empleadores no pagan este tipo de impuesto, lo que supone pérdidas de 20 mil millones en ingresos al año.
Saucedo reconoció que lo otorgado por Obama no cumple con el objetivo de evitar la separación familiar, ya que no considera a los padres de familia o a los dreamers deportados en los años recientes, y no ordena un alto total a las deportaciones.
“Si esto nos lo hubieran ofrecido hace siete años no lo hubiéramos aceptado. Pero durante estos años nos castigaron mucho, con deportaciones, con promesas y sin entregarnos nada. Es como cuando la carne está dura: le empiezas a pegar hasta que la ablandas. A nosotros nos pegaron mucho y esperan que ahora estemos felices porque nos dan esto”, dice la activista.
“Nosotros pensamos en los que se van a beneficiar, pero nos entristecemos porque no estamos ahí –dice por su parte Nuvia–. Me da gusto por mi esposo; si él se espera un poco y arregla, va a poder ir y venir y así estar con nosotros. Y así va a tener que ser la vida de nosotros, hasta que le den a él la residencia, o tal vez la ciudadanía algún día; pero para mí va a ser difícil. Ahora viene otra Navidad separados, pero no me desanimo; uno tiene que seguir viviendo, aquí o allá.”
