Señor director:
Estudiosos del pasado y del presente de México vemos con profunda indignación cómo en la actual etapa “democrática” se repiten las ominosas acciones que en los años 60 y 70 del siglo pasado caracterizaron la política de los gobiernos federal y algunos estatales contra luchadores sociales, trabajadores, periodistas, estudiantes y el pueblo en general; orientación que desde entonces criminalizó la protesta social. También prevalecen el encubrimiento y la impunidad ante las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos selectivos o masivos contra la población civil perpetrados o tolerados desde los poderes públicos. Hoy observamos, con mucha preocupación, un ensañamiento contra los jóvenes; son ellos las primeras víctimas de esta política de Estado.
Las ejecuciones de 22 personas en Tlatlaya, consumadas por elementos del Ejército Mexicano cuando las víctimas ya se habían rendido, así como los asesinatos de seis personas en Iguala, cometidos por policías municipales, y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, son las atrocidades más recientes; crímenes de lesa humanidad que ya no responden a los colores de un solo partido político y que conocemos gracias a medios de comunicación independientes y a las redes sociales que tienden a equilibrar la información permitiendo que trascienda nacional e internacionalmente.
Pero el panorama no está completo si se excluye la cada vez mayor corrupción que permite el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, delitos en los que participan funcionarios y representantes de diverso signo partidario. Aunado a esto, hoy en día se devela un nuevo factor: el crimen organizado, que utiliza el terror para someter psicológica y físicamente a la población y que, para su existencia y sobrevivencia, requiere la complicidad de individuos o de grupos de poder ubicados en altas esferas de los ámbitos federal, estatal y municipal. Decenas de miles de desaparecidos, millares de asesinatos, extorsiones incuantificables y demás crímenes sin castigo contra la sociedad, sólo son explicables mediante la reproducción ilimitada del trinomio: enriquecimiento ilícito-corrupción-impunidad.
Esta violencia contra la población es inaceptable. No se debe permitir que continúe. Sólo el pueblo organizado puede obligar al Estado a cumplir con una de sus funciones primordiales: proteger a la sociedad. Se hace indispensable conformar la organización social que permita combatir la corrupción y la impunidad, que son los factores que sustentan tanto la violencia como el enriquecimiento ilícito. Es por eso que proponemos la creación de un Frente Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad que sea independiente del Estado y de los partidos políticos, que se sustente en principios democráticos, que tenga carácter nacional y que esté anclado sólidamente en escuelas, centros de trabajo, asociaciones campesinas, de trabajadores, profesionales, estudiantiles, vecinales y demás organizaciones sociales que surjan con este fin o ya estén luchando por sus propias demandas.
En este momento, la unificación y la organización deben ser en torno de los estudiantes de Ayotzinapa; jóvenes, pobres, indígenas y opositores al neoliberalismo que son las actuales víctimas de la violencia de Estado. Los científicos sociales abajo firmantes, como parte del pueblo mexicano, nos unimos a las cuantiosas voces nacionales e internacionales que exigen:
–¡Presentación inmediata y con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa!
–¡Investigación transparente tanto de las desapariciones forzadas de los estudiantes como de los asesinatos de Tlatlaya e Iguala!
–¡Castigo a los autores materiales e intelectuales!
Atentamente
Investigadores adscritos a 14 instituciones académicas (BUAP, CIESAS, Colmich, Colef, ENAH, INAH, UABC, UAM, UAP, UdeG, Universidad Iberoamericana Puebla, UNAM, UPN y UV), más 10 firmas solidarias: Rodolfo Aceves Arce, Teresa Aguirre F., Ana Cristina Alfaro Barbosa, Eduardo Almeida Acosta, Arturo Luis Alonzo Padilla, Eva Astrid Alsmann López, Alejandro Álvarez Béjar, Ana Ma. Álvarez Palma, Selene Álvarez-Larrauri, Alejandro Bonada Chavarría, Rosa Brambila Paz, Fidencio Briseño Chel, Guadalupe Chávez Ortiz, Ángeles Colunga, José Antonio Contreras Ramírez, Mario Contreras Valdés, Jorge Luis Corona Gudiño, Héctor Díaz-Polanco, Cuauhtémoc Domínguez Pérez, Leonel Durán Solís, Felipe Echenique March, Hano Martha (empresaria), Carmen Herrera (ciudadana), Marcela Ibarra, Ernesto Isunza Vera, Catalina Juárez Oechler (gestora cultural), Gilberto López y Rivas, Ana Georgina López Zepeda, Ma. Eugenia Márquez Calderón, José Luis Martínez (empresario), Manuel Martínez Camarillo, Gerardo Mendiola (editor), Eduardo Ramírez Jiménez; Aldir González Morelos Zaragoza y Bolfy Cottom (responsables de la publicación), más otros 131 firmantes.
