Aunque la recién creada División de Gendarmería se formó para proteger las actividades productivas, en Nuevo León–estado líder en captación de inversión extranjera directa– se organizó una Policía Militar. Todo indica que se trata de un nuevo modelo para resguardar al capital extranjero, sobre todo el destinado al sector energético, de la violencia que prevalece en el país. Como en el plan no se tomó en cuenta la seguridad de los ciudadanos, Roberto Gallardo, presidente de Rescatemos Nuevo León, llama a la nueva corporación “la policía del fracking”.
MONTERREY, NL.- El gobierno del priista Rodrigo Medina anunció el arribo de 3 mil 200 soldados a Nuevo León que integrarán la Policía Militar (PM) para realizar labores preventivas. Su cuartel se construirá con aportaciones de los tres niveles de gobierno y de empresarios locales.
Ante la proyección oficial de que este año la inversión en el ramo energético de la entidad alcance mil 500 millones de dólares, con obras de infraestructura para la industria petroquímica y plantas eléctricas y eólicas, especialistas y políticos opositores interpretan la creación de la PM como un nuevo esquema de protección a los intereses de las industrias trasnacionales, después de la apertura del sector a la inversión extranjera.
El pasado 21 de octubre el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con los integrantes de la cúpula empresarial regiomontana, conocida como El Grupo de los 10. No se difundió información oficial del cónclave, pero fuentes gubernamentales indican que encabezó a los magnates el presidente de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal.
Dos días después, el gobierno de Nuevo León anunció que en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, en el municipio de Escobedo, se construirá un cuartel para cuatro batallones de 800 soldados, destinados a fungir como policías en la entidad. Inusualmente, fue el tesorero Rodolfo Gómez Acosta quien detalló que la inversión será de 420 millones de pesos.
Según él, los trabajos iniciarán este mes y se planea que un año después la nueva corporación comience a trabajar en Nuevo León, pero también en San Luis Potosí y Tamaulipas, que forman parte de la Cuarta Región Militar.
Y Jorge Domene, vocero estatal de seguridad, precisó después que los empresarios locales aportarán 150 millones de pesos: 100 millones el Grupo de los 10, y el resto otros inversionistas. Por la parte oficial, dijo, el gobierno de Medina erogará 100 millones; los 51 municipios, 50 millones; la Sedena, 50 millones, y entre Tamaulipas y San Luis Potosí 70 millones de pesos. Según el funcionario, las contribuciones de los ayuntamientos provendrán del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun).
No obstante, no ha quedado claro si el trabajo de la nueva corporación se regirá por el fuero civil o el castrense, indefinición que ya ha generado prolongadas disputas en tribunales en casos de militares sometidos a proceso penal.
Las Fuerzas Armadas patrullan Nuevo León desde enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República. Mediante un convenio de colaboración con el gobierno estatal para auxiliar a las policías estatales, soldados y marinos rondaban las calles con su uniforme, pero instalados en patrullas de Seguridad Pública.
En ese lapso se incrementaron las quejas por detenciones de inocentes y aun por la muerte de personas ajenas al crimen organizado, como los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, tiroteados por soldados la noche del 19 de marzo de 2010 en el campus central del Tec de Monterrey.
Otro caso de impunidad es el homicidio del joven Jorge Otilio Cantú, asesinado a balazos por militares el 18 de abril de 2011 cuando circulaba por el sur de Monterrey, pues –a decir de los uniformados– lo confundieron con un maleante. Ningún responsable de estos crímenes ha sido sentenciado.
Con estos antecedentes, 68 frentes civiles, personalidades públicas y asociaciones como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), entregaron el pasado martes 4 en el Palacio de Gobierno un documento con 10 preguntas dirigidas al gobernador.
Una de ellas es por qué hace falta la PM, cuando sigue vigente el modelo de Fuerza Civil, que el gobierno estatal presenta como exitoso. Cuestionan asimismo la creación de una corporación en lugar de fortalecer la que ya existe; quién la promovió y cuáles son los casos de éxito de sus similares en otros países; cuál es el fundamento jurídico del proyecto y cómo se reclutarán sus efectivos.
También piden datos sobre los procesos de depuración y certificación para los reclutas de la PM; su capacitación, los mecanismos de control interno y auditoría ciudadana que se utilizarán para el buen funcionamiento de la nueva agrupación armada.
Igualmente quieren saber por qué, si quieren dar certidumbre a los industriales e inversionistas en Nuevo León, las autoridades no despliegan a la publicitada División de Gendarmería; y por qué la PM comenzará a operar en la entidad, si el gobierno dice que está en relativa paz, comparada con Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Cadhac, señala que su asociación está preocupada por los efectos colaterales de la medida: “En el lugar adonde llegan los militares, la violencia crece y también las violaciones a derechos humanos. Los delitos de alto impacto crecen de una manera muy importante: desapariciones, secuestros, extorsiones”.
Guardia casi privada
En febrero pasado el gobierno nuevoleonés creó la Subsecretaría de Energía, sin precedente en el país y encabezada por Vladimir Sosa Rivas, para impulsar proyectos y fomentar la inversión en el ramo, ya que el gobernador pretende crear un gran clúster con proyectos de hidrocarburos, electricidad y energía renovable.
Por lo pronto, desde el año pasado comenzaron en el noreste de la entidad los trabajos de exploración de gas shale mediante el cuestionado sistema de fracking, que consiste en inyectar a presión grandes cantidades de agua en el subsuelo a fin de extraer el combustible atrapado en piedras conocidas como lutitas.
Algunos especialistas han declarado en los medios locales que este sistema, además de contaminar, ha ocasionado los movimientos telúricos inusuales que se han registrado incluso en el centro de Monterrey.
Sosa Rivas anunció que también se contemplan otros proyectos, como la creación de una planta de generación eléctrica en Cadereyta de Jiménez y otras de petroquímica básica y secundaria, así como de energía solar y eólica, todo ello con una inversión estimada en mil 500 millones de dólares.
Aún más, Nuevo León espera captar este año un total de 5 mil 200 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), lo que equivale al 21% de la nacional, con lo cual se consolidará como líder del rubro en México. Y la autoridad local presume que este año las exportaciones serán del orden de 37 mil millones de dólares, es decir, el 11% del volumen nacional.
Según cifras oficiales, en los primeros cinco años de gestión de Medina, Nuevo León ha captado 16 mil millones de dólares de IED y ha generado con ello 56 mil empleos.
Tan sólo este año, la automotriz sudcoreana KIA Motor anunció la inversión de 2 mil 500 millones de dólares en el municipio de Pesquería, donde construirá una nave industrial que generará 30 mil empleos y abrirá sus puertas en mayo de 2016.
Además, tras la promulgación de la reforma energética, el gobierno estatal ya ha tenido acercamientos con firmas de Japón, Francia, Corea del Sur y Estados Unidos para recibir a unos 100 proyectos industriales, que se encuentran en etapa de estudio.
Pero estos proyectos se asentarán principalmente en los 40 municipios rurales, que son precisamente los más desprotegidos. Por ejemplo, de acuerdo con reportes del Congreso de Nuevo León, hasta el año pasado habían desaparecido las corporaciones policiacas de 13 municipios por temor a la delincuencia organizada.
Y en septiembre la diputada local panista Imelda Guadalupe Alejandro, quien reside en Anáhuac (municipio fronterizo con Texas), denunció que la vigilancia en la zona se había relajado con la salida de soldados y marinos, lo que provocó el repunte de delitos como el robo de ganado y de maquinaria en las granjas.
Por eso existe la sospecha fundada de que la PM será usada para vigilar las instalaciones industriales que han comenzado a construir varias empresas en los municipios rurales, señala Tatiana Clouthier, integrante de la organización Evolución Mexicana.
“Si toda esta inversión extranjera y nacional viene, no es posible que tú y yo estemos pagando, con nuestros impuestos, la protección de los negocios particulares. Quienes vayan a hacer negocios, que paguen.
“Hay muchísimas preguntas y queremos que se aclaren. No se vale que si dijeron que la Gendarmería hará una tarea adicional, hoy nos quieran cobrar una policía adicional; y no sólo eso, sino que es militarizada, lo cual es muy preocupante, por su asociación con las violaciones a los derechos humanos”.
En efecto, la División de Gendarmería, creada apenas en agosto pasado, fue anunciada por el gobierno federal como la nueva corporación adscrita a la Policía Federal que se encargaría de generar condiciones seguras “ante la amenaza contra las fuentes de ingresos de las personas, relacionadas con los ciclos productivos”, entre otras tareas.
Por su parte, Roberto Gallardo Galindo, licenciado en derecho por el Tecnológico de Monterrey y presidente de la agrupación Rescatemos Nuevo León, considera que “las nuevas inversiones que van a venir para los campos petroleros, específicamente para el gas shale, como se van a situar en áreas rurales, en las cuales el gobierno tiene una franca ausencia, sin estado de derecho desde hace décadas, van a ser cuidadas por ellos. Es la policía del fracking”.
Añade que Medina debió brindar seguridad pública con la Fuerza Civil: “La tarea de patrullar no es para los militares, sino para las policías civiles. Si la autoridad no puede hacer su trabajo con las corporaciones que ya tiene, mal haríamos en permitir que hagan nuevos cuerpos policiacos: es como si le diéramos juguetes nuevos a un niño que no juega con los que ya tiene”.
Incongruencia
Para el catedrático Fernando Elizondo García, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho, es desconcertante que el plan para la operación de la PM inicie en Nuevo León, cuando estados como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán tienen más urgencia de seguridad.
Además, el gobernador Medina ha presumido a la Fuerza Civil como un modelo de corporación policiaca y hasta el presidente Enrique Peña Nieto, en su reciente visita a Monterrey, habló de ella como un ejemplo para el resto del país.
“El discurso constante en Nuevo León es que los delitos van a la baja y que estamos saliendo de la crisis de inseguridad. Me llamó mucho la atención cuando se hizo el anuncio de esta policía, porque no hay un contexto propicio, a diferencia de hace algunos años, cuando sí habría tenido más sentido”, comenta Elizondo.
El académico, con maestría en derechos humanos por la Universidad de Harvard, estima que la oleada de militares que viene a la entidad debería someterse al fuero civil, como lo establece el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.
“El problema es que, a lo largo de la historia, ha habido abusos en este sentido y no se cumple la ley. La Procuraduría Militar desconoce que tiene fuero, pero luego la Procuraduría Civil hace lo mismo, se echan la pelota y el proceso se alarga”, explica.
Recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló desde hace años los resultados perniciosos de mezclar a los soldados en el trabajo policiaco:
“Por lo menos en derechos humanos, no es una buena idea combinarlos. La función del militar es la protección de la soberanía nacional. La seguridad civil o ciudadana no es compatible con esa función. Todo esto me genera preocupación, porque no hay suficiente información como para entender de dónde vienen y qué quieren hacer con esta policía”.
Agrega que en el derecho nacional no hay un impedimento legal para que los militares patrullen las calles, pues Felipe Calderón expidió los decretos correspondientes durante su sexenio para su “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, apunta, los militares no tienen preparación para desempeñarse en un contexto urbano, lo que degenera en acciones de brutalidad.
“Además, que yo sepa, en México no existe un programa fuerte de preparación de los militares en materia de derecho internacional humanitario, la rama que ve el trato de las fuerzas militares con civiles”, detalla.
Al respecto, el sociólogo Miguel Reyes González, egresado de la New School for Social Research de Nueva York, advierte que la mística de los soldados es la de combatir al enemigo y, en ese sentido, cualquiera será una fuerza oponente hasta que se demuestre lo contrario.
Y observa: “Las administraciones estatal y municipales van de salida. En 2015, cuando presuntamente lleguen estos 3 mil 200 efectivos, van a tomar posesión algunos alcaldes y estará dejando su cargo el gobernador. Esto se prepara para las futuras inversiones y para los futuros gobiernos. Esto lo veo como algo que va mucho más allá de Nuevo León, con intereses de la Presidencia de la República”.
