CUERNAVACA, MOR.- La crisis social y de seguridad pública que envuelve a Guerrero detonó la semana antepasada una agria disputa en territorio morelense por los presuntos nexos de diputados locales con el crimen organizado. El propio gobernador Graco Ramírez, del PRD, terminó por admitir que empresarios y medios de comunicación locales, así como un exmandatario de otro estado, le recomendaron “sentarse a platicar” con dirigentes del narcotráfico.
De acuerdo con un informe de los órganos de inteligencia del gobierno federal y del propio Mando Único de las policías en Morelos, a cargo de José Alberto Capella Ibarra, siete de los 30 diputados locales presuntamente guardan relación con el crimen organizado y otros delitos, entre ellos Alfonso Miranda Gallegos, del PT y tío de Santiago Mazari Miranda, conocido como El Carrete, líder del cártel de Los Rojos.
A juzgar por dicho reporte, Miranda Gallegos, quien fue alcalde de Amacuzac en el trienio 2009-2012–,es una réplica del igualteco José Luis Abarca Velázquez, a quien se acusa de presuntos vínculos con los Guerreros Unidos, que operan también en Morelos y están enfrentados con Los Rojos.
Los informes filtrados a la prensa morelense señalan que en 2010 efectivos del Ejército y la Policía Federal se enfrentaron con una banda del narcotráfico en ese municipio. El saldo fue de tres muertos.
También se acusa a Miranda Gallegos de ser el responsable de la desaparición de Flavia Domínguez Mariche, de 71 años, quien denunció ante la Procuraduría de Justicia de Morelos a aquel y a su hermano Cándido en 2011. La demanda derivó en una persecución en contra de Mazari Miranda, líder de Los Rojos. Éste se ocultó en casa de Domínguez Mariche, a quien –según el expediente PIO1/569/2012– amenazó para que le diera refugio.
En abril pasado, el diputado local del PT pagó la fianza para liberar al expolicía Pedro Ramos Hernández, detenido por el delito de lesiones dolosas contra un habitante de Amacuzac. El 18 de abril Ramos Hernández fue capturado junto con 23 personas, acusado de cometer varios secuestros en la región sur del estado, incluyendo el de un trabajador del cantautor Joan Sebastián, a quien también se ha vinculado con el crimen organizado.
El actual alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso, responsabilizó a Miranda Gallegos del secuestro de su padre y del homicidio del director de Seguridad Pública del municipio, Justo Buenaventura, asesinado al inicio de su gestión.
El Congreso del estado ha protegido a Mirando Gallegos. En septiembre último incluso desechó la petición del fiscal Rodrigo Dorantes Salgado para retirarle el fuero constitucional al diputado petista.
El informe filtrado a la prensa generó la molestia en el Congreso de Morelos porque se mencionaba a varios diputados, entre ellos al panista Javier Bolaños Aguilar –colaborador del exgobernador Sergio Estrada Cajigal y actual presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso–, así como a Ángel García Yáñez, del PVEM, por presuntos actos de extorsión.
La lista incluye a diputados priistas: Matías Nazario Morales, acusado del presunto desvío de 10 millones de pesos en la campaña de Amado Orihuela Trejo al gobierno de Morelos; Manuel Martínez Garrigós, exalcalde de Cuernavaca, por presunto desvío de recursos; a Juan Carlos Rivera Hernández, el expresidente municipal de Xochitepec, y a Rosalina Mazari Espín, pariente de Santiago Mazari Miranda, líder de Los Rojos.
Estas acusaciones obligaron a un encuentro privado el martes 4 entre los diputados del Congreso de Morelos con el comisionado estatal de Seguridad, Luis Alberto Capella Ibarra, a quien le reprocharon que exista una “campaña” para desacreditar a los legisladores locales. En ese encuentro, Capella retó a Miranda Gallegos a pedir licencia.
El miércoles 5, la Fiscalía General de Morelos solicitó nuevamente el desafuero de Miranda Gallegos por su “posible responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ultrajes a la autoridad en perjuicio de agentes de la Policía de Investigación”.
“Controlamos a nuestros policías”
El mismo miércoles 5 el comisionado Capella admitió que en esa entidad “pudo haber hecho crisis el narcotráfico si no hubiera sido por el mando único”, aplicado actualmente en 27 de los 33 municipios de la entidad.
En entrevista con Proceso, Capella insiste que ante el caso de los legisladores involucrados con el crimen organizado “no nos hemos quedado callados” y “aunque no sea la entidad responsable, tenemos la información que indica lo que discutimos con ellos”.
–En Morelos operan los mismos grupos criminales que en Guerrero. ¿El efecto de la crisis de allá no afecta a su entidad? –se le cuestiona.
–En Morelos hay una realidad distinta a la de Guerrero porque hemos estado trabajando para evitar la corrupción de los cuerpos policiacos. El Mando Único ha evitado que aquí se repitan casos como el de Iguala. De 6 mil 200 policías que existen en la entidad tenemos el control de 5 mil 400.
–¿Qué crímenes está combatiendo el Mando Único? ¿Incluye los del fuero federal?
–Somos responsables de combatir desde lo más grave, que son los secuestros y homicidios, hasta el robo de un teléfono celular. Por supuesto, también los vinculados al crimen organizado. Nosotros tenemos un enorme nivel de coordinación con las autoridades federales, como la PGR, el Ejército, el Cisen y la Policía Federal.
De acuerdo con las estadísticas de Capella, entre 2013 y 2014 la incidencia de delitos en Morelos se redujo en 7%. El Mando Único maneja recursos por mil 480 millones de pesos, de los cuales mil 200 millones se destinan al C-5 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo) y más de 200 millones de pesos para los tres cuarteles policiacos.
–Usted también fue responsable del operativo de seguridad en Tijuana. ¿Existe una situación similar en Morelos? –se le pregunta.
–La similitud entre Morelos y Tijuana es el control de los policías. En Tijuana, como en varios municipios de Morelos, eran corporaciones ineficaces, corrompidas por el crimen organizado, sin capacitación, sin equipo. En 2015 vamos a invertir 300 millones de pesos para equipar a los policías.
–En municipios como Temixco y Jojutla operan los mismos grupos criminales, como Guerreros Unidos que estaban en Iguala. ¿Cuál es la situación en ese corredor regional?
–Estos municipios están muy cercanos. Gran parte de los secuestradores que hemos detenido provienen de Iguala y de Taxco. El jefe de ellos, Arturo Beltrán Leyva, fue abatido en Morelos y muchos operan aún en estas zonas. Existe una gran comunicación entre estos grupos delictivos, pero aquí estamos combatiendo la ineficacia y la corrupción entre los cuerpos policiacos.
En Temixco, municipio cercano a la zona de influencia de los Guerreros Unidos, el alcalde Miguel Ángel Colín Nava y Jesús Alberto Capella designaron a Roberto Esquivel Hernández como director del operativo Mando Único en esta zona el 7 de abril pasado. En Jiutepec, donde se suicidó otro dirigente de esa organización criminal, hizo lo mismo uno de sus líderes.
Capella no quiso abundar sobre las declaraciones realizadas la semana antepasada por el gobernador Graco Ramírez acerca de la sugerencia que supuestamente le hicieron para un presunto “pacto” con el crimen organizado.
Según Ramírez, un exgobernador de otro estado –cuyo nombre no mencionó– le sugirió “más vale sentarse a platicar porque ese problema (la delincuencia) no se resuelve enfrentándola”.
Antes de esta revelación, el mandatario afirmó que empresarios y medios de comunicación también le sugirieron pactar con el crimen organizado.
“En 20 años, los gobiernos no invirtieron en seguridad pública, pero el crimen sí lo hizo para cooptar a corporaciones policiales”, afirmó el mandatario morelense, mientras en el Congreso local una decena de legisladores se rebelaron por haber sido señalados como parte del crimen organizado.
