En un delicado entorno político, una semana bastó para que la guerra de las telecomunicaciones volviera a recrudecerse, con el secretario Gerardo Ruiz Esparza como eventual víctima directa. La disputa corporativa entre Televisa y Telmex por el mercado de internet ilimitado, el rechazo del Instituto Federal de Telecomunicaciones a que MVS prestara servicio de televisión abierta en el Distrito Federal, e incluso la sorpresiva cancelación de la licitación del tren México-Querétaro, tuvieron como fondo el escándalo por la sospechosa operación de uno de los inversionistas de este proyecto en la compraventa de la “Casa Blanca” de la pareja presidencial en Lomas de Chapultepec.
Escándalos mediáticos, disputas corporativas entre Televisa y Telmex, y la cancelación de la posibilidad de que el Grupo MVS pueda ofrecer servicios de televisión abierta a través de la concesión del canal 51, afloraron en menos de una semana, tras la cancelación del proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y en medio de la posibilidad de que la trasnacional AT&T se convierta en el segundo operador más grande de telecomunicaciones en México con la compra de Iusacell.
La guerra de las telecomunicaciones retornó con la denuncia de hechos presentada por Grupo Televisa en contra de Telmex por presuntos “actos de sabotaje” contra su nuevo servicio de telefonía fija e internet “ilimitado” conocido como Izzi.
La compañía de Carlos Slim rechazó “tajantemente” que se tratara de un acto de sabotaje, admitió que hubo una suspensión del servicio en un call center de Televisa que utiliza la infraestructura de Telmex y consideró que la denuncia de la empresa de Emilio Azcárraga Jean forma parte de “una estrategia de publicidad con fines comerciales”.
Desde su divorcio del Grupo Salinas, su socio en Iusacell, Televisa decidió abrir su propia compañía de servicios de telefonía fija e internet de alta velocidad. La estrenó el pasado lunes 3, al tiempo que la poderosa trasnacional AT&T anunció que adquirirá por 2 mil 500 millones de dólares la totalidad de Iusacell, con el objetivo de crear “un área de servicio móvil en América del Norte que cubrirá a más de 400 millones de consumidores y empresas” en México y Estados Unidos.
La disputa entre los dos gigantes del sector se generó en los momentos de mayor debilidad y crispación para el organismo regulador, el IFT, y para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo titular, Gerardo Ruiz Esparza, podría ser sustituido esta semana por Fernando Aportela Rodríguez, actual subsecretario de Hacienda, según adelantaron a Proceso fuentes de la SCT.
La llegada de un colaborador del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a la SCT, confirmaría la mala relación entre éste y Ruiz Esparza, agudizada por los asuntos relacionados con las grandes licitaciones en telecomunicaciones y en el sector del transporte, así como el proyecto, hasta hoy atorado, de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que anunció con espectacularidad el presidente Peña Nieto a principios de septiembre (Proceso 1975).
Las versiones sobre la salida de Ruiz Esparza de la SCT crecieron a raíz de que Peña Nieto canceló abruptamente la concesión del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, otorgada el 3 de noviembre a la empresa China Railway Construction Co., asociada con empresarios mexicanos como el accionista mayoritario de Grupo Higa, José Armando Hinojosa Cantú.
La cancelación se produjo poco después que Ruiz Esparza defendiera el fallo inicial en una extensa reunión ante comisiones en el Senado, donde también negó la posibilidad de revertir el resultado.
Sin embargo, en un comunicado con fecha del miércoles 12, Ruiz Esparza informó ante directivos de la empresa y funcionarios del gobierno chino que él mismo le propuso la contramedida “al presidente de la República, después de su participación en una reunión extraordinaria en el Senado de la República, en donde integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes le manifestaron dudas que, desde el punto de vista de los legisladores, desacreditaban el fallo por supuestos favoritismos políticos”.
El conflicto derivado de esa cuestionada licitación también puso en riesgo otras operaciones a cargo de la SCT y del IFT. La crisis se agudizó cuando el portal de internet Aristegui Noticias dio a conocer –a través también de Proceso– una investigación periodística según la cual el empresario Hinojosa Cantú es el propietario original de la lujosa residencia de 7 millones de dólares que posee la pareja presidencial en Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, a través de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una de las filiales del Grupo Higa.
En el escándalo salió involucrada, una vez más, Televisa. El portal Aristegui Noticias publicó el martes 11 que, el 17 de diciembre de 2010, la empresa Televisa Talento S.A. de C.V. transfirió a favor de la actriz Angélica Rivera, actual esposa del presidente, su casa de Paseo de las Palmas 1325. Dicho inmueble colinda con la residencia de Sierra Gorda 150, donde se construyó la que ya se conoce como la “Casa Blanca”.
Televisa justificó la donación al señalar que los actores, productores y directores que trabajan para la empresa “tienen como parte de su respectivo contrato un derecho para adquirir inmuebles en los términos establecidos en el mismo, así como para recibir, en su momento, una terminación”.
Televisa Vs. MVS
En medio de este escándalo se informó que el IFT le negó al Canal 51 del Grupo MVS, propiedad de la familia Vargas, la posibilidad de dar servicios de televisión abierta, argumentando que “no se puede autorizar un servicio adicional que el concesionario está impedido a prestar pues se deben mantener las condiciones del mismo, en cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 7 transitorio de la ley”.
El fallo del instituto, emitido originalmente el viernes 7, afirmó que “la condición del título 6 de la concesión de origen estableció que la banda de frecuencia materia de la concesión se destinaría exclusivamente a la prestación del servicio de televisión restringida”.
El Grupo MVS pretendía usar una de las consideraciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que les permite a los concesionarios cambiar hacia la figura jurídica de “concesión única” para dar servicios tanto de televisión como de internet y telefonía, es decir, el triple play.
En un escueto comunicado, el Grupo MVS afirmó que “promoverá los medios de defensa a su alcance, a fin de preservar sus legítimas aspiraciones de promover una mayor competencia, dar al espectro radioeléctrico un uso óptimo y eficiente, y garantizar la plena convergencia de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Y añadió: “Estos principios son los pilares de la reforma constitucional de junio de 2013”.
Desde el 30 de octubre, Joaquín Vargas, presidente de MVS, se reunió con algunos comisionados del IFT para solicitar la modificación de su título de concesión, que sólo le permite dar servicios de televisión restringida o de paga –como es el caso de Grupo Dish– y de radio, en las frecuencias desde donde se transmite, entre otros, el noticiero matutino de Carmen Aristegui.
Versiones del propio instituto confirmaron a Proceso que el “veto final” para impedir que MVS pudiera dar servicios de televisión abierta provino del Grupo Televisa. La compañía de Azcárraga Jean presentó desde el año pasado una denuncia ante el IFT por “probable concentración indebida” de Telmex con el Grupo Dish, propiedad de MVS.
Dish es la única competencia fuerte que tiene Televisa en televisión restringida satelital. Esta compañía tiene 2.3 millones de usuarios, frente a los 6.2 millones de suscriptores que tiene Sky, filial de la empresa de Azcárraga Jean.
En julio pasado, cuando anunció la desincorporación del 20 al 30% de sus activos para tener menos del 50% del mercado de telecomunicaciones, América Móvil, de Carlos Slim, también anunció que renunciaba a la posibilidad de adquirir el 51% del Grupo Dish.
La negativa a MVS se produjo en vísperas de que, entre el 18 y el 20 de noviembre, se conozcan las ofertas de cobertura, económica y garantía de seriedad de los principales interesados en la licitación de las dos cadenas de televisión abierta digital.
El IFT se ha reservado la identidad de los postores, pero se menciona que entre ellos están el Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña; el Grupo Radio Centro, de Francisco Aguirre; Grupo México, de Germán Larrea; Grupo Mac Multimedia, de la familia Maccise; Grupo Lauman, de Manuel Arroyo, y al empresario Roberto Alcántara, de Viva Aerobús, que adquirió recientemente un paquete accionario del Grupo Prisa y podría participar asociado con el Grupo Mac.
Televisa Vs. Telmex
La disputa entre Grupo Televisa y Grupo Telmex es abierta y pública a raíz del arranque del servicio Izzi, del primero. El vicepresidente de Telecomunicaciones de la televisora, Adolfo Lagos, presentó una denuncia de hechos ante el IFT por presunto sabotaje de Telmex en sus servicios de call center.
Izzi tiene que utilizar parte de la infraestructura de Telmex que cubre 167 mil kilómetros de todo el país, mientras que la red de Televisa alcanza apenas 16% de esa extensión.
A través de Izzi, Televisa pretende arrebatarle algunos miles de clientes a Telmex, que concentra más de 19 millones de usuarios de telefonía fija y más de 60% de las conexiones de internet. El objetivo principal de Izzi es competir con un menor precio por los servicios “ilimitados” de internet en banda ancha y en llamadas de larga distancia, uno de los servicios que registró mayor crecimiento en el segundo trimestre de este año.
En su comunicado, Telmex rechazó las acusaciones de Televisa y afirmó que “la contingencia que se registró en un call center fue parcial y tuvo como origen problemas en uno de los dos medios de transmisión que le proporciona Telmex, toda vez que Televisa no dispone de infraestructura propia necesaria para comunicarse con sus clientes”.
Para Telmex, “esta acción de Televisa parece ser más una estrategia de publicidad con fines comerciales”. El área de Comunicación de la misma compañía afirmó que, a pesar de la intensa campaña en spots y desplegados de prensa, sólo 145 clientes han abandonado a Telmex para irse con Izzi.
El verdadero rival
Tanto para Televisa como para Telmex el verdadero adversario será la compañía estadunidense AT&T, que el viernes 7 anunció su acuerdo con el Grupo Salinas para adquirir todas las acciones del Grupo Iusacell por 2 mil 500 millones de dólares, operación sujeta a la autorización del IFT.
En su comunicado, AT&T informó que adquiría la red móvil de Iuscell, la tercera compañía del país, con 8.6 millones de suscriptores, poco más de 9% del mercado, con excepción del servicio de televisión restringida Total Play.
Iusacell opera una red móvil 3G compatible con la que utiliza AT&T en Estados Unidos y posee entre 20 y 25 Mhz de espectro, principalmente en el centro y sur de México, incluyendo al Distrito Federal y Guadalajara. En los dos años que duró su sociedad, Salinas Pliego y Azcárraga Jean no lograron crecer más.
El presidente de AT&T, Randall Stephenson, afirmó que no necesita adquirir los activos de América Móvil, sino que más bien están interesados en comprar activos de Nextel México, que atiende a 2.8 millones de clientes.
Para el analista Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom, esta operación confirma su hipótesis de que la venta de 8.27% del capital social que AT&T mantenía con América Móvil, el pasado 27 de junio, “constituía el inicio de la rivalidad entre los dos grupos de telecomunicaciones”.
“Hasta el momento, prevalece la alianza de AT&T con Televisa a través de la operación de Sky (AT&T adquirió DirecTV, que mantiene un porcentaje de las acciones de Sky), lo que imposibilita la compraventa de los activos de América Móvil para que éste deje de ser agente económico preponderante”, afirma Negrete.
Con estos reacomodos, América Móvil, de Carlos Slim, se quedará como la única compañía de capital nacional que competirá con la española Telefónica, con la estadunidense AT&T y con el operador móvil británico Virgin Mobile. Falta saber quién adquirirá de 20 a 30% de los activos de América Móvil. Uno de los posibles adquirientes, según la agencia Bloomberg, podría ser la compañía japonesa Softbank, propietaria del gigante Sprint en Estados Unidos.
