MÉXICO, D.F., (apro).- Nueve organizaciones de la sociedad civil, varias de ellas internacionales, urgieron a la justicia de Guatemala a levantar la inhabilitación que pesa sobre la juez Jazmín Barrios, quién encabezó el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, en 2013.
El 10 de mayo de 2013 Barrios condenó al militar a 80 años de cárcel por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad por su participación en la masacre de mil 771 indígenas ixiles en la provincia de Quiché.
Apenas diez días después, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca canceló el fallo, al pretextar errores durante el juicio, y anunció un nuevo juicio en 2015.
Según la justicia guatemalteca, la juez no aplicó un decreto que otorgó una amnistía a los militares y guerrilleros que cometieron violaciones a los derechos humanos entre el 23 de marzo de 1982 y el 14 de enero de 1986.
Las asociaciones de derechos humanos nombran este decreto “la ley de autoamnistia”, que obstaculizan las condenas a responsables de genocidios durante la dictadura militar.
A raíz de una queja de un abogado del exjefe de inteligencia de Ríos Montt, el pasado 4 de abril el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala decidió inhabilitar a Barrios de ejercer durante un año, le impuso una multa y ordenó una amonestación pública.
Según el comunicado de las organizaciones, la instancia castigó a la abogada por su actitud “antiética”, que “ha sido causa de burla y degradación humana” del abogado defensor.
Asimismo, las organizaciones recuerdan que la juez “ha actuado admirablemente y con independencia en casos de alto perfil durante dos décadas de carrera”, al informar que presidió casos de ejecuciones extrajudiciales, masacres y crímenes ligados al narcotráfico.
