Señor director:
Por este medio solicito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, en caso de ser aprobada la propuesta de Ley General de Aguas presentada por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) ante el Congreso de la Unión, promueva un juicio por controversia constitucional porque esa iniciativa viola flagrantemente los derechos humanos al legalizar la represión de las luchas sociales que defienden los derechos humanos a un medio ambiente sano y al agua potable, ambos consagrados en nuestra Carta Magna.
El artículo 237 de la ley de ANEAS dice textualmente: “Para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública”.
Ahora resulta que como el gobierno ya “determinó” imponer la contaminante fractura hidráulica para extraer hidrocarburos, los megaproyectos depredadores como las presas, los gasoductos, los trasvases de agua, la minería tóxica y la privatización del servicio de agua y saneamiento, estará facultado para reprimir a todos lo que hoy nos oponemos a esos proyectos de muerte.
Ojalá que la CNDH no sea omisa en esta ocasión, que trabaje a favor del pueblo mexicano y que no permita la legalización de la injusticia.
Atentamente
Antonio Rojas Pérez
Integrante de la sección centro de la Coordinadora
Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida
