El Estado español determinó que el referéndum propuesto para celebrarse en Cataluña –a fin de decidir sobre su eventual independencia– no es legal. Y el gobernante catalán, Artur Mas, acató y le cambió el nombre. Será un “proceso participativo” no vinculante y tendrá lugar este domingo 9. Pero los catalanes no están conformes. Varias organizaciones autonomistas descalifican a Mas y exigen una consulta al margen de los partidos políticos, de los cuales se dicen hartos. “Pedimos que por una vez sea la gente la que decida el futuro político de este país”, apunta un legislador.
MADRID.- “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?”. Si la respuesta es afirmativa: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”. Tales son las dos preguntas de las boletas que se utilizarán para votar este domingo 9 (9-N).
Pero no será un referéndum de autodeterminación, una consulta legal ni tampoco vinculante. El malabarismo dialéctico del gobierno de Artur Mas la denominó “proceso participativo”.
Lo hizo así para intentar evadir las dos resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) español, que prohibió el referéndum de este domingo. Decisión del máximo tribunal español emitida ante un recurso promovido por el gobierno de Mariano Rajoy.
Ante el temor de que los casi 7 mil policías nacionales y los Mossos d’Esquadra –la policía autonómica– impidieran la consulta, el gobierno catalán estudiaba la posibilidad de ceder la gestión a organizaciones ciudadanas soberanistas, a lo cual el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, no se opuso al considerarlo un proceso de libertad de expresión.
Aunque se abrió esta puerta, el impedimento de un proceso amparado en la Ley de Consulta catalana y en el decreto de convocatoria desanimó a los ciudadanos, quienes quieren decidir en torno a su independencia.
También provocó que Mas siguiera una estrategia errática que le impidió cumplir con la oferta electoral que lo hizo ganar las elecciones en noviembre de 2012: un referéndum legal para poner la independencia de Cataluña a consideración de sus habitantes.
Anna Arqué, portavoz de la Comisión Internacional de Ciudadanos Europeos, organización que desplegará 80 observadores internacionales en el territorio catalán, criticó la estrategia del gobierno regional porque después de la primera resolución del TC, el propio Mas desacreditó la consulta al decir que no tenía el respaldo democrático.
“Sucede que los políticos de Convergencia i Unió (CiU, el partido de Mas) no tuvieron el valor de hacer el referéndum. ¿Habrá que cambiar a los políticos?, pues se cambian, porque el referéndum sigue teniendo validez en la ciudadanía catalana”, dice Arqué en entrevista con Proceso, aunque reconoce que ahora el camino a la independencia será un poco más largo.
Portavoz y partícipe en las consultas independentistas de 2009, 2010 y 2011, Arqué señala: “Lo que el gobierno catalán demostró es que ellos no estuvieron a la altura de hacerlo, pero evidentemente podemos hacerlo. CiU consiguió que se extienda la idea de que no es posible hacer un referéndum y que ante la imposibilidad no queda más que llegar a una declaratoria unilateral de independencia, la cual no tendría las consecuencias deseadas, no sería bueno para el proceso”.
El siguiente paso, considera, será la convocatoria a unas elecciones anticipadas con un enfoque plebiscitario para el primer trimestre de 2015. Esta opción ya la exigió Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el partido soberanista que ahora encabeza las encuestas.
Cuando Mas rompió la alianza pro-referéndum tras la primera suspensión cautelar dictada por el TC, el líder de ERC, Oriol Junqueras, le pidió que recuperara el proyecto original de organizar el referéndum pactado por seis fuerzas políticas y la ciudadanía o que convocara a elecciones.
Tras la ruptura unilateral del pacto por parte de Mas y llamar a la consulta alternativa que “no genera un mandato democrático”, como lo dijo el presidente catalán, Junqueras reprochó: “Cuesta confiar en quien no cumple los acuerdos y cuesta llegar a acuerdos con quien no los cumple”.
En el parlamento catalán, Quim Arrufat, diputado de Candidatura de d’Unitat Popular (CUP), advirtió que “no tiran la toalla” y demandó: “hay que celebrar el 9-N con urnas en la calle” y que se sustancie con un “aval de la comunidad internacional”.
“Pedimos que por una vez sea la gente la que decida el futuro político de este país y no los partidos”, añadió. Arrufat criticó el plan alternativo de Mas, pues “es una consulta partidista, no popular”.
A su vez la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium, las dos agrupaciones sociales que han convocado a las movilizaciones independentistas masivas, condicionaron a Mas apoyar la “consulta alternativa” del 9-N a cambio de convocar a elecciones anticipadas en el primer trimestre de 2015.
Arqué insiste en que resulta frustrante para las plataformas civiles que están a favor de la independencia haber perdido esta oportunidad de realizar el referéndum. “El problema es que las elecciones son partidistas y dividen, mientras que el referéndum cohesionaba”.
Explica que es “un escenario nuevo y distinto”, porque al frustrarse este 9-N “pasaremos a un proceso electoral y partidista, cuando 80% de los catalanes quiere ser consultado sobre la independencia”.
La opinión creciente en Cataluña, sostiene, es que “el hecho de que el gobierno no haya estado a la altura para hacer el referéndum no significa que éste haya dejado de existir en el sentimiento general de la población. Una amplia capa de la sociedad creemos que el referéndum es la vía que tendría sustento legal, apoyo social y reconocimiento internacional”.
Como participante en las consultas municipales de 2009, 2010 y 2011, Anna Arqué explica que sí resulta “frustrante” que esos procesos fueron exitosos con la organización de la ciudadanía y los ayuntamientos y “cuando le pasamos el testigo a los políticos para que hicieran la consulta amplia y legal que estuvo en el centro de la exigencia social en la elección de 2012, en la que hemos sido observadores, apuntalamos y presionamos a los políticos para que se celebrara, y Artur Mas y CiU lo tiraron por la borda”.
En entrevista cuatro días antes del 9-N, Arqué explica que esta jornada de participación ciudadana es el equivalente a una sexta oleada de las consultas populares “que nosotros iniciamos, porque no tiene vinculación jurídica”.
Movilización
Ante el impedimento constitucional para celebrar el referéndum que Mas convocó en octubre pasado amparado por la Ley de Consulta y el Decreto de Convocatoria, la consulta alternativa fue convocada en solitario por la Generalitat de Cataluña.
Un total de 983 municipios catalanes dispondrán de algún local para votar y 30 mil voluntarios –6 mil 200 de éstos son funcionarios– se inscribieron en la página web que creó la Generalitat para ayudar a la operación de las mesas de votación.
El gobierno regional estimó que el universo de “potenciales participantes” en la jornada podría ser de 5.4 millones de ciudadanos en los 6 mil 340 “puntos de participación con urnas”, además se programó instalar urnas en 17 puntos en el exterior, entre los cuales se cuentan Tokio o Copenhague.
Arqué critica los preparativos de esta jornada pues “en las consultas municipales previas mostramos mejor organización, con 60 mil voluntarios que recibieron capacitación y participaron en la operación de los puntos de votación, así como el uso de unos protocolos bien definidos, a diferencia de la jornada del 9-N, en la que unos días no todos los voluntarios tenían conocimiento de los protocolos, porque no todos los habían recibido, y en algunos casos ellos mismos están redactando sus propia metodología”.
Arqué prevé una amplia participación, pero advierte que la consulta se convirtió en “una carrera de obstáculos”.
Explica: “Para participar debes entrar al sitio web de la consulta, aportar tus datos e imprimir una boleta, puede ser una nimiedad, pero hay mucha gente de la tercera edad que no está familiarizada con ese procedimiento; puede ser un porcentaje menor, pero son esos detalles que no podemos dejar pasar”.
Otro impedimento, explica, es que si es una consulta no vinculante, se haya impuesto como identificación el carnet de identidad, que mucha gente lo tiene vencido. Se debió abrir la posibilidad de acreditarse con cualquier otro documento oficial, incluso el pasaporte.
Ironiza: “Si esto nos pasa con la consulta, imagínate para hacer la independencia”. Agrega: “Si esto es el equivalente a una sexta oleada de consultas, ¿para qué necesitamos a los políticos?”.
Prosigue: “La cuestión era que de los políticos lo que necesitábamos era que pusieran el sello de oficial a una consulta general en toda Cataluña. Pero si ellos mismos hacen un autoboicot, ¿para qué los necesitamos? Nosotros demostramos que pudimos organizar 554 referéndums previos con una organización impecable. ¿Qué hicieron ellos en dos años, si sabían que el Estado español iba a oponerse?”.
La activista sostiene que desde las dirigencias de los principales partidos, como CiU y el Partido Socialista de Cataluña (PSC), hubo una actitud de tratar de ignorar esa marea de consultas populares que movilizaron a más de millón y medio de ciudadanos que votaron por la independencia.
A partir de entonces Jordi Pujol (de CiU) y José Montilla (del PSC) trataron de ponerse al frente del movimiento independentista, incómodos porque las iniciativas surgieran de la sociedad y no de los partidos.
Incluso explica que en la narrativa del gobierno catalán y de CiU se pretende hacer ver que el movimiento independentista surgió de la Diada de 2011, que en realidad fue el paso siguiente a las consultas populares.
Cruce legal y dialéctico
El martes 4, en Madrid, el TC acordó de forma unánime admitir el segundo recurso interpuesto por el gobierno de Rajoy contra la consulta sobre la independencia de Cataluña.
En esa escalada de ataques y contraataques jurídicos y dialécticos, la vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que la votación alternativa no tenía “ninguna base legal y ninguna de las garantías democráticas básicas”, lo que dejaría a los participantes en “la intemperie legal”.
El segundo recurso al cual el TC dio entrada y con el que se suspendía la consulta, argumentaba precisamente que la actuación de la Generalitat para organizar la consulta “tiene efectos jurídicos y trascendencia externa”.
El mismo día, en Barcelona el portavoz del gobierno de Mas, Francesc Homs, aseguro que la Generalitat “mantiene el proceso participativo” previsto para “garantizar la libertad de expresión”. Era la segunda ocasión que el TC suspendía cautelarmente el referéndum.
Desde ese día en los corrillos políticos se ventilaba la posibilidad que el gobierno catalán cediera la gestión de la consulta a las organizaciones soberanistas, como ANC y Ómnium, pero Homs se negó a confirmarlo en esa convocatoria de prensa.
Mas aseguró que convocaría a los partidos y organizaciones que integran el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir para definir aspectos de la consulta, y que presentaría una denuncia contra el gobierno central por bloquear, a su juicio, derechos como el de la participación ciudadana.
El jueves 6, el Tribunal Supremo rechazó ese último intento de la Generalitat para que se le permitiera seguir adelante con su “proceso participativo” con el argumento de que la impugnación de la consulta alternativa vulnera derechos fundamentales.
La resolución del tribunal puntualiza que la inadmisibilidad del recurso es porque el acuerdo del gobierno español para impugnar la consulta no es un acto susceptible de recurso contencioso ni ordinario ni especial y le señala al gobierno de Mas que presentó su recurso tardíamente, después de que el gobierno de Rajoy había presentado el suyo ante el Constitucional, el cual admitió a trámite y acordó, de manera automática, la suspensión de la consulta alternativa.
El miércoles 5, en un desayuno organizado por el Fórum Europa Tribuna Catalunya, Mas dijo que después de la consulta del domingo 9 enviará una carta a Rajoy para hacer “balance” del 9-N y ofrecerle su disposición de hablar para hallar “soluciones” y demandarle de nuevo un referéndum “definitivo y acordado”, al “estilo británico”.
Ante este intento de Mas para mantenerse como protagonista y conservar oxígeno político hacia las próximas elecciones, Arqué señala que “cada uno de nuestros políticos (catalanes) debe asumir su responsabilidad en el proceso, según sus actos.
“En Cataluña, donde vivimos una percepción de las cosas totalmente desconectadas de España, sin conexión institucional con España –salvo con su población, donde sí hay vínculo–, no nos interesa que desde ahí piensen por nosotros que no debemos independizarnos. La legalidad internacional dicta que la autodeterminación es un derecho universal, no debe servir sólo para los informes, los análisis políticos y los mítines”, aseveró.
