La Ley 19.172 –aprobada el año pasado en Uruguay para regular la producción de mariguana– se propone dejar de criminalizar a los consumidores del estupefaciente, por un lado, y desarticular su mercado ilícito, el cual está en manos del crimen organizado. El Estado uruguayo tomó una medida vanguardista pero arriesgada: Algunas voces de la oposición señalan que está bien que los fumadores cultiven su producto, pero se oponen a un gobierno vuelto administrador del comercio de una planta tan satanizada. En vísperas de la segunda vuelta electoral, el tema se debate en todo el país.
MONTEVIDEO.- “Una vez acompañé a un amigo a comprar a una ‘boca de venta’”, cuenta a Proceso el activista Juan Vaz. “Lo acompañé porque él quería que lo acompañara –dice–. Yo lo vi inseguro. Cuando salimos, lo miro y le digo: ‘Si no tuvieras que venir a comprar mariguana, ¿serías amigo de este tipo?’. ‘¡Jamás!’, me dice. ‘Y, bueno’, le digo, ‘ve desalojando el baño porque te voy a meter unas plantas. Porque esto que estás haciendo va contra tu voluntad. Tú no quieres venir acá. Y tienes miedo de que te pase algo’. ‘Sí’, dice.
“A los 15 días teníamos unas plantas en su casa y hoy mi amigo es un cultivador. Esto fue hace más de cinco años. Pero es esa relación con las ‘bocas de venta’ la que no queremos tener. Yo no quiero ser amigo de un delincuente.”
Vaz es el primer cultivador doméstico de cannabis registrado en Uruguay. Su anécdota resume uno de los objetivos centrales de la ley de regulación de esta sustancia sancionada en 2013 por el Congreso uruguayo: Alejar del circuito y la cultura del narcotráfico a los 150 mil consumidores de mariguana que, se estima, hay en ese país.
Vaz administra un growshop (cultivo doméstico) en Montevideo, a pocas calles del parque Rodó. Allí se venden los productos necesarios para el cultivo de cannabis en pequeña escala y se asesora a los interesados.
La Ley 19.172 establece el control y la regulación por parte del Estado de todos los eslabones en la cadena de producción y comercialización de la mariguana y sus derivados. Uruguay se pone a la vanguardia de una política de drogas que no centra su carácter punitivo en el consumidor. El acceso a la mariguana es legal para los usuarios registrados que la cultiven individual o grupalmente y para quienes la compren en las farmacias.
“La mariguana es muy social. Es una cosa que se comparte, igual que como nosotros tomamos mate –dice a Proceso la contadora Laura Blanco–. Esto tiene mucho que ver con lo de no comprar, que es en lo que la asociación se basó todo el tiempo. Es decir: ‘Planta lo tuyo, comparte, no lo vendas’”.
Blanco preside la Asociación de Estudios de Cannabis del Uruguay, cuya sede está en la planta baja de la misma casona donde está el growshop. Dispone de una biblioteca especializada. Asesora a quienes desean formar un club social de cannabis para cultivar y abastecer a sus miembros. El uso puede ser tanto recreativo como terapéutico. No puede haber venta ni ánimo de lucro. Cuarenta consumidores de mariguana registraron el primer club de cannabis el pasado junio. Sus miembros comparten 99 plantas. En el caso de los cultivadores domésticos, el máximo es de seis plantas por hogar.
El usuario registrado que desee comprar mariguana en las farmacias tendrá un tope de 40 gramos mensuales. El precio –un dólar por gramo–, equivale a la mitad de lo que hoy cuesta en el mercado negro. El Estado garantizará la calidad y la pureza. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis elegirá a cinco de las 22 empresas interesadas en cultivar industrialmente la planta. Ocho de esas empresas son uruguayas, 10 son extranjeras y cuatro mixtas. El cultivo comenzará en noviembre y la mariguana estará disponible en las farmacias en marzo de 2015.
Otros usos
Uruguay comenzará a aplicar este mes el uso industrial de la cannabis. Se trata de incorporar valor agregado a la producción. Por ejemplo a través del cáñamo, una fibra que se extrae de la planta y que sirve para producir telas, papel o biocombustibles. Se prevé que estas actividades redunden en la recaudación fiscal.
“No es sencillo un cambio tan grande. Lo estamos viviendo con bastante paciencia. Los más impacientes son los periodistas”, dice Blanco.
“Esta regulación no refleja todo lo que esperamos que suceda, pero sí tenemos que reconocer que ha sido muy valiente de parte del gobierno plantarse en esta tesitura. Eso se nota cuando uno sale a foros internacionales. Cómo se dividen las aguas entre los que nos apoyan y los que no. El mundo canábico y quienes tienen que ver con la política de drogas están observando con atención esta experiencia.”
La iniciativa del presidente uruguayo José Mujica rompe con la así denominada “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos. Propone la regulación de las drogas como método eficaz para reducir el crimen organizado; liberar dinero público para programas de salud, educación y desarrollo social; y tratar el tema principalmente desde el ámbito de la salud. La ley fue votada en el Parlamento uruguayo por miembros de todas las fuerzas políticas.
Pero Felipe Schipani, candidato a diputado por el opositor Partido Colorado, expresa sus dudas. “A nuestro entender esto se solucionaba con habilitar el autocultivo, con habilitar los clubes canábicos, pero tengo mis reparos en que el Estado se introduzca en el negocio”, dice a Proceso.
“No veo eficiencia del Estado en el control –precisa–. No podemos controlar la reventa de entradas para los partidos de futbol: ¿Cómo va el Estado a controlar que no se cree un mercado paralelo?”, se pregunta.
Por lo pronto, el candidato del oficialista Frente Amplio, Tabaré Vázquez, ha sostenido que respetará la ley, pero seguirá de cerca el impacto que tenga en la sociedad, haciendo eventualmente las correcciones necesarias. Su contrincante en la segunda vuelta electoral del domingo 30, el representante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha sostenido que derogará partes de la ley, manteniendo el autocultivo.
Adictos
El periodista Guillermo Garat jamás imaginó que un libro lo llevaría a recorrer el mundo. Pero desde que en 2012 publicó Marihuana y otras yerbas (Random House Mondadori), le llueven las invitaciones para presentar esta investigación acerca de los argumentos que históricamente se utilizaron en Uruguay para prohibir las drogas y penalizar su consumo. A su juicio, el fin de estas políticas era el control social.
“Durante la dictadura (1973-1985) y la posdictadura, era la policía la que determinaba quién tenía una adicción. El juez la firmaba y los médicos actuaban en consecuencia con las dos resoluciones anteriores”, explica Garat a Proceso.
“A partir de los noventa son esas clínicas de rehabilitación, sin ningún tipo de parámetro científico, las que dicen quién es adicto y quién no; y además empiezan a hacer campañas de opinión pública sobre qué es la adicción y qué son las drogas. Entonces crean una alarma, crean un pánico”, sostiene.
“El gran cambio que da esta ley, y el debate que hay en Uruguay, es que a partir de ahora, y con las regulaciones en materia de tratamientos que aprobó este gobierno, son los médicos los que tienen que decidir qué tipo de adicción, mejor dicho, qué tipo de vínculo tiene esa persona con la sustancia.”
La ley impone el registro a los miembros de cultivos colectivos y a quienes optan por el cultivo doméstico. El formulario está disponible en todas las oficinas de correo. Quienes compren mariguana en las farmacias a partir de 2015 también deberán inscribirse en un registro. El cultivo y la venta sin registro válido seguirán siendo penados. “Yo no fumo mariguana, nunca probé mariguana, pero me da la impresión, y los amigos que tengo que consumen me lo confirman, que no quieren estar en un registro público como consumidores de mariguana –comenta Schipani–. Entonces esa lógica lo que genera es seguir fomentando un mercado paralelo de la droga”.
Vaz comprende el resquemor que causa el registro entre consumidores y autocultivadores. “Muchos piensan: ‘Nos persiguieron toda una vida, ¿y ahora tenemos que darles el nombre?’. O alguien que hace 10 años cultiva en un cuarto en su casa y que nunca lo molestó nadie y es anónimo, se pregunta qué ventaja va a tener”, dice.
“En un tiempo se va a dar cuenta cuál es la ventaja –asegura–. A mí estar registrado me legitima: Mi cantidad permitida para consumo personal tiene un origen legal. Pero tú estás hablando conmigo, que tengo 15 años de activismo y estuve preso por esto. Ya te digo, es mi posición personal, de un activista público”, sostiene.
Bruno López es estudiante de trabajo social y militante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Cree que el debate generado trasciende la ley en cuestión y enriquece a toda la sociedad. “Yo hace años que decidí no fumar mariguana, incluso me molesta el olor”, dice a Proceso. “Ahora, reconozco que más allá de que es un derecho que a mí no me toca de manera directa, implica un quiebre en ciertos estereotipos, ciertos imaginarios que hay, de decir ‘drogas, todo mal’, o que refuerzan la estigmatización de la juventud en general”, sostiene.
“La regulación de la cannabis abre una ventana para decir: ‘No todo lo que hacen los jóvenes es tan tabú, incluso puede llegar a ser ley’ –dice–. Y a pensar la política de drogas del Estado también desde otro lugar, no simplemente la solución es netamente represiva.”
“Hemos puesto hace tres años el tema en el tapete público –sostiene Vaz–. La mariguana se conversa en las escuelas, en los liceos, en la mesa de los ravioles del domingo, en el futbol, en el boliche, todo el mundo tiene algo para opinar. Y en el transcurso de ese tiempo, la gente ha contrastado argumentos y se ha dado cuenta que ni muy muy, ni tan tan. Que no es la panacea de los hippies, pero tampoco es el demonio reaccionario.”
Garat considera que Uruguay debe avanzar en un debate sobre el uso de todas las drogas. “En este momento, en realidad, el uso que se le da a la mariguana no tiene un encuadre que uno podría decir espiritual o de búsqueda interior, como lo pudo tener hace 20, 30 o 40 años atrás”, dice.
“Hoy es el simple hecho del consumo por el consumo, y eso creo que también refleja la cultura en la que vivimos, de mercadeo de todo, incluso de lo que está prohibido, como la mariguana.”
Garat sostiene que un mayor acceso a la información sobre las drogas posibilitará a la sociedad hacer un mejor uso. “No sólo de éstas, de tráfico ilícito, sino de las lícitas. En Uruguay el problema que hay con la juventud y las drogas no se llama mariguana, se llama alcohol. Aquí se vende alcohol hasta cualquier hora. La mayoría de las muertes de menores de 25 años tienen que ver con accidentes de tránsito ocasionados por gente que maneja en estado de ebriedad”.
