El caso de un carpintero colombiano pobre y casi iletrado, que estuvo a punto de ser extraditado a Estados Unidos por ser “experto en temas financieros” y dedicarse al lavado de dinero –cuando era inocente–, destapó en Colombia un problema: el del abuso de las extradiciones. Un instrumento creado para atacar a grandes capos del narcotráfico se usa ahora a destajo para que la justicia estadunidense infle sus estadísticas. En medio quedan los inocentes. México, advierten especialistas, debe verse en ese espejo para evitar caer en el mismo error.
BOGOTÁ.- El carpintero colombiano Ariel Josué Martínez, quien nunca en su vida ha realizado una transacción bancaria, estuvo a pocas horas de ser extraditado a Estados Unidos señalado de encabezar una red internacional de lavado de dinero en su calidad de “experto en temas bursátiles y financieros”, como establecía la acusación.
Fue salvado por la gente de su pueblo, San Vicente del Caguán, la cual salió a las calles a exigir su liberación; por el cura del lugar, José Samuel García Isaza, quien movió todos sus contactos en la capital colombiana para llamar la atención sobre la injusticia a punto de cometerse; y el diario El Tiempo, que se ocupó del caso, le dio relevancia nacional y logró que autoridades de Colombia y Estados Unidos aceptaran su error.
“Era absurdo acusar a un hombre que a duras penas sabe leer y escribir de ser el jefe de una red de lavado de dinero”, dice García Isaza a este semanario.
Una nota de El Tiempo publicada el pasado 7 de septiembre puntualizó las inconsistencias de la acusación que presentó Estados Unidos en su contra. El supuesto lavador de dinero del narcotráfico llevaba una vida de privaciones, junto con su esposa Beatriz Pérez y sus cuatro hijos. Usaba ropa de segunda y sólo tenía un par de zapatos. Según registros oficiales recopilados por su equipo de abogados –amigos de García Isaza y quienes defendieron gratis a Martínez–, jamás había tenido una cuenta bancaria y ni había salido del país.
Todo desvirtuaba el pliego de cargos presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual describía al carpintero como un narcotraficante que entre 2008 y 2009 había viajado varias veces a Florida “para cometer lavado de dinero” por un monto de 911 mil 429 dólares.
La nota publicada en el diario más influyente de Colombia logró que la fiscalía local alertara a sus contrapartes en Washington sobre el escándalo que podrían enfrentar si seguían adelante con el proceso de extradición de un ciudadano inocente.
Ariel, de 43 años, estaba resignado a pasar los siguientes 10 o 20 años de vida en un calabozo en otro país. Lo detuvieron el pasado 18 de marzo en San Vicente del Caguán en un operativo en el cual unos 30 efectivos de las fuerzas especiales del ejército y de la fiscalía rodearon su modesto taller de carpintería como si se tratara de un centro de operación criminal.
García Isaza organizó una campaña ciudadana por la libertad de Ariel Josué Martínez y encabezó varias marchas en San Vicente del Caguán. “Yo y toda la gente del pueblo creímos siempre en su total inocencia. Yo meto las manos al fuego por él”, afirma el sacerdote, quien además es sexólogo y terapeuta de pareja, y en tal calidad era consejero de Ariel y su esposa.
El empecinamiento del religioso llevó al nuncio apostólico en Colombia, Ettore Balestrero, a plantear el caso de Ariel ante el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, quien “extrañamente dijo que su país no había solicitado la extradición de ninguna persona con ese nombre”, cuenta García Isaza.
Al cumplir cinco meses encarcelado en la penitenciaria de La Picota, en esta capital, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la entrega de Ariel a las autoridades de Estados Unidos sin aceptar ninguna de las pruebas presentadas por el abogado defensor. El tribunal carece de facultades para investigar los cargos y, como en todos los procesos de extradición, sólo se limitó a verificar la validez de la documentación presentada, a comprobar la identidad del acusado y a determinar que se cumplieran los formalismos procesales.
Cuando todo estaba listo para extraditarlo –incluso el presidente colombiano Juan Manuel Santos había firmado la autorización respectiva– funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos se comunicaron con la Oficina de Asuntos Internacionales de la fiscalía colombiana para aceptar que se habían equivocado con Ariel y que, por tanto, retirarían el pedido de extradición.
“Es la primera vez que las autoridades judiciales aceptan un error de esta naturaleza. Se dieron cuenta de la barbaridad que estaban cometiendo. Fue un milagro, porque nos enfrentamos a los dos mayores poderes en el mundo, Estados Unidos y el narcotráfico”, sostiene García Isaza.
El carpintero fue liberado el pasado 10 de septiembre. La noche anterior no durmió pues le habían comunicado que el presidente había firmado la orden de extradición.
“Hasta horas antes de salir libre pensaba que ya no tenía salvación y que quizá nunca iba a volver a ver a mi esposa y a mis hijos”, dice Ariel a Proceso.
Distorsión
El caso de Martínez puso en evidencia lo que varios penalistas y dirigentes políticos colombianos han advertido con insistencia: La extradición a Estados Unidos, único instrumento de política criminal que atemorizaba a los capos del Cártel de Medellín en los ochenta y noventa, perdió eficacia y criminaliza a gente inocente.
“Existe una degradación del instrumento por su uso indiscriminado, por su falta de selectividad y porque hay varios casos de colombianos que Estados Unidos acusa sin pruebas sólidas ni investigaciones rigurosas, de delitos relacionados con el narcotráfico”, dice a Proceso el abogado y maestro en políticas públicas de la Universidad de Oxford, Juan Carlos Palou.
La extradición, que el Cártel de Medellín y su jefe Pablo Escobar lograron proscribir de la Constitución en 1991 tras desatar una guerra narcoterrorista contra el Estado, la cual dejó más de 5 mil muertos, fue reactivada por el Congreso en 1997 y mediante ese mecanismo grandes capos de las drogas, como los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cártel de Cali, han sido entregados a la justicia de Estados Unidos.
“Era un instrumento selectivo, que se usaba contra los altos jefes del narcotráfico; pero durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) hubo un incremento inaudito de extradiciones y la mayoría eran delincuentes de poca monta, los eslabones más bajos de las organizaciones criminales”, señala Palou, coordinador del estudio Usos y abusos de la extradición en la lucha contra las drogas.
Entre 1997 y 2002 Colombia extraditó a Estados Unidos a entre 10 y 20 delincuentes por año. A partir de 2002, cuando se inició el gobierno de Uribe, la cifra creció exponencialmente. Durante sus ocho años de mandato fueron extraditados mil 131 colombianos a Estados Unidos, un promedio de 141 por año, tres cada semana, y el ritmo se ha mantenido durante la administración de Santos, que comenzó en 2010. Para Palou, Colombia “convirtió la extradición en ‘la política contra el crimen’ y no en un instrumento de esa política, como debería ser”.
Ariel Martínez no es un caso aislado. En su libro Extraditados por error, el periodista Gabriel Guarnizo documentó cinco casos de colombianos que fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos pese a la cantidad de evidencias que los exoneraban de su implicación con el narcotráfico. Las víctimas fueron los vendedores de plátanos Gabriel Consuegra Martínez y su hijo, Gabriel Consuegra Arroyo; el piloto Carlos Antonio Ortega; el campesino Nelson Vargas y la comisionista de bolsa Margarita Salinas Forero.
“Hay muchos casos de gente inocente. Las extradiciones desmedidas tienen un alto costo humano”, afirma Palou.
Para el experto, detrás de esta “perversión del instrumento está la necesidad de las agencias judiciales de Estados Unidos de legitimar su actividad con resultados estadísticos. Por eso les interesa extraditar mucho y privilegiar la cantidad sobre la calidad, lo cual repercute en que las investigaciones son débiles.
“Esto favorece que se inventen muchos culpables y que, como me dijo un exagente de la DEA, recurran a personas fáciles de atrapar, fáciles de condenar y que inflan la estadística.”
Los nuevos extraditables
Además de fabricar culpables, la extradición en Colombia acabó como un mecanismo conveniente para los grandes capos del narcotráfico. Lejos quedaron los días en los cuales, en medio de la guerra contra el Estado, “Los Extraditables” –nombre genérico que adoptaron los integrantes del Cártel de Medellín en los ochenta– escribían como epígrafe en sus amenazantes comunicados: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.
“Hoy los narcotraficantes prefieren una cárcel en Estados Unidos que una cárcel en Colombia”, según el exfiscal general, exprocurador y exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez.
Cada vez es más amplia la lista de grandes capos solicitados en extradición que se entregan a las autoridades de Estados Unidos y, a cambio de información y de aceptar su culpabilidad en algunos cargos, reciben penas muy benignas, blanquean sus capitales y tienen la expectativa de recuperar la libertad en pocos años para disfrutar sus dividendos del delito.
Juan Carlos El Tuso Sierra, un narcotraficante y paramilitar, fue extraditado a Estados Unidos en 2008, logró un acuerdo judicial y desde el año pasado está en libertad y vive sin problemas en ese país. Gabriel Puerta Parra, El Doctor, y Víctor Patiño Fómeque, El Químico, capos del Cártel del Norte del Valle, regresaron a Colombia –el primero en 2010 y el segundo en 2011– tras servir como informantes a la DEA y purgar condenas irrisorias.
Los hermanos Javier y Luis Enrique Calle Serna, fundadores de la banda Los Rastrojos, prefirieron entregarse a la justicia de Estados Unidos que caer detenidos en Colombia. Para eso pagaron costosos abogados e intermediarios que se encargaron de negociar un acuerdo previo. Esa es una modalidad en boga entre los capos de las drogas en este país.
Gómez Méndez dice a este semanario que “ahora los narcotraficantes colombianos casi piden que los extraditen a Estados Unidos porque van allá, consiguen un acuerdo judicial y regresan rápido. A diferencia del pasado, la extradición ya no asusta”.
El exministro de Justicia cree que se debe renegociar el tratado de extradición con Estados Unidos. Según Gómez Méndez, la fiscalía colombiana y la Corte Suprema de Justicia deben tener un papel más activo y facultades investigativas en los procesos de extradición para evitar que el afán de las agencias judiciales de Estados Unidos por abultar estadísticas termine pisoteando los derechos de personas inocentes, como Ariel.
“La extradición debe ser excepcional, apuntar a los grandes capos y comprender sólo delitos cometidos en el exterior”, sostiene y recalca: “En el exterior”. Y es que en julio pasado fueron extraditados a Estados Unidos siete delincuentes que asesinaron a un agente de la DEA en un intento de asalto en esta capital en 2013.
El Congreso colombiano comenzó a debatir el tema. El senador del progubernamental partido Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, señaló que la extradición ha perdido su condición de herramienta para luchar contra los principales capos del narcotráfico, y “hay que revisar la figura y abrir una discusión sobre la misma”.
Palou afirma que Colombia “debe dejar de plegarse a la justicia de Estados Unidos” y propone la creación de una Veeduría Ciudadana con facultades para acceder a los procesos y hacer recomendaciones. “No podemos depender de la política criminal de un Estado extranjero”, dice.
De acuerdo con Palou, México –que en el sexenio de Felipe Calderón activó esta herramienta de política criminal– debe tener en cuenta la experiencia de Colombia para no repetir los errores y abusos que en este país se han presentado.
“A Estados Unidos no les importa toda esta violencia que tiene México. Lo que quieren es coger al capo que les envía droga a ellos y presentar resultados ante el Congreso; pero ya vimos que la justicia de Estados Unidos no es infalible”, sostiene.
Por su parte Ariel Josué Martínez dice que durante su estancia en la cárcel de La Picota vio “muchos inocentes” esperando su extradición a Estados Unidos. García Isaza visitó esa prisión el pasado jueves 23 para escuchar esos casos e intentar hacer algo por ellos.
