En la peligrosa región de México que hoy acapara la atención mundial, la de Tierra Caliente en Guerrero, las empresas constructoras padecen secuestros, el cobro de derecho de piso y extorsiones del crimen organizado; y aunque el gobierno siempre lo ha sabido, en lugar de brindar seguridad suspende obras e incluso eleva exageradamente sus costos.
El gobierno federal conoce plenamente la situación (Proceso 1981). Documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dan cuenta de un caso en que una constructora optó por suspender sus labores.
De acuerdo con un oficio del Centro SCT Guerrero, firmado por su director general, Eduardo Rodríguez Abreu, seis empleados de la empresa Coconal, SAPI de CV fueron secuestrados en Ajuchitlán del Progreso:
“Me refiero a los trabajos que ejecuta la empresa Coconal en la región de Tierra Caliente (en los municipios de Ajuchitlán, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan).
“…Informo a usted que la empresa citada comunicó a este Centro SCT Guerrero que el día viernes 10 de octubre, seis trabajadores de esa empresa fueron privados de su libertad por un grupo no identificado en la comunidad de San Antonio de Los Libres, municipio de Ajuchitlán, mismos que fueron liberados cuando se dio un enfrentamiento con otro grupo armado no identificado en la madrugada del día siguiente”.
La noche del martes 14, en Ajuchitlán, por lo menos 100 sujetos con armas de alto calibre llegaron a la comunidad de La Llama, asesinaron a los taxistas Arturo Refugio y Santana Martínez Marcos e incendiaron sus vehículos. Además, levantaron al joven Ventura Bautista, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.
El miércoles 15, Coconal informó al Centro SCT Guerrero que un grupo del crimen organizado les exigió el pago de derecho de piso para que le permitieran trabajar:
“La empresa –se dice en el documento de la dependencia federal– informó que el día de hoy, a las 13:00 horas aproximadamente, se presentaron ante el personal de la misma un grupo de personas que los amenazaron haciendo peticiones económicas, debiendo suspender los trabajos en todos sus puentes hasta en tanto no exista un arreglo, bajo riesgo de poner en peligro su vida”.
Héctor Ovalle Favela, representante de Coconal, le reiteró a la SCT “que suspenderá la totalidad de los trabajos hasta en tanto no existan las condiciones que permitan reanudarlos”.
La empresa estaba construyendo cuatro puentes. Uno es el de Hacienda Santa Fe, en Ajuchitlán, con una longitud de 150 metros y el cual lleva un avance de 27%. Este fue el primer trabajo suspendido por el secuestro de los seis trabajadores.
Otro puente, llamado Amuco, deberá alcanzar los 90 metros, está en Coyuca de Catalán y tiene 17% de avance. Uno más, en el mismo municipio, es el de San Juan Chamacua, que tendrá 150 metros y está adelantado en 21%. El cuarto puente es el de San Miguel Totolapan, en el municipio del mismo nombre; tendrá 270 metros de longitud y lleva un avance de 21.5%.
Ahí, el pasado 24 de septiembre apareció flotando en el río Balsas el cuerpo del sacerdote de la parroquia de San Pedro Totolapan, Ascención Acuña Osorio. Testigos dijeron que días antes un grupo armado se lo llevó a la fuerza.
El costo de no invertir
Mientras el crimen organizado aterroriza, asesina y cobra por dejar trabajar, la SCT escatima recursos para la ampliación de la carretera Iguala-Teloloapan-Arcelia, y el dinero que sí ha llegado se está aplicando de manera dudosa, pues se han pagado sumas muy altas.
La solicitud de ampliación de dicha carretera obedece a que en esa zona se han reportado frecuentes asesinatos y levantones, confía a la reportera una fuente que pide el anonimato porque ya está amenazada de muerte.
De acuerdo con otros documentos emitidos por el jefe del Centro SCT Guerrero, Rodríguez Abreu, el plan es ampliar la vía en 68.5 kilómetros, con un costo estimado en 500 millones de pesos. Sin embargo, el año pasado sólo se avanzó cinco kilómetros, a 14 millones de pesos por kilómetro.
“Es absurdo el costo porque es una zona plana, y la grava y la arena que usaron la sacaron del río, no la compraron. Además, el material de tepetate que usaron lo tomaron de la propia comunidad”, dice un habitante de la región.
En el documento oficial se indica que para 2013 se autorizaron 70 millones de pesos y se contrató la construcción de 5 kilómetros. Ese año se utilizaron 34 millones y en 2014 los otros 36 millones de pesos.
Para 2014, en plena crisis de seguridad, la SCT sólo ha adelantado 3 kilómetros y gastó 41.2 millones de pesos, es decir que cada kilómetro costó 13.73 millones.
El mismo informe refiere que se contrataron tres puentes más por 12.4 millones de pesos, esto es, 4.13 millones de pesos por puente. Y para noviembre se pretende construir el puente Presa Vicente Guerrero, por el cual se pagarán 4.5 millones.
Así, a la demanda de ampliar la carretera Iguala-Teloloapan-Arcelia en 68.5 kilómetros a fin de reducir el nivel de inseguridad, el gobierno federal sólo ha respondido con ocho kilómetros construidos, en los cuales erogó 112 millones de pesos, “lo que resulta exorbitante”, comenta la fuente.
La SCT presume que este año se han invertido 94 millones de pesos en obra carretera y que se podrán construir otros ocho kilómetros después que se revise el proyecto que le envió el gobierno del estado y “el cual se encuentra en proceso de validación, motivo por el cual no se pueden licitar los tramos subsecuentes” de los 68.5 kilómetros autorizados para la ampliación.
En cambio, el gobierno federal decidió enviar contingentes de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas justamente a Iguala, Teloloapan y Arcelia, así como a otros nueve municipios guerrerenses tras la ejecución de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya (municipio colindante con Arcelia) el pasado 30 de junio, y el asesinato de dos normalistas, un futbolista adolescente, un taxista, una mujer y el chofer de un camión, así como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.
