El Valle de Juárez –que abarca casi tres municipios en la frontera de Chihuahua con Texas–, antes hogar de los trabajadores de las maquiladoras es ya un pueblo fantasma. Una auténtica epidemia de levantones obligó a la gente a huir. Algunos intentan que Estados Unidos los asile, entre ellos un exmilitar quien acusa: el Ejército está al servicio de los señores de la droga… antes, los Carrillo Fuentes; ahora, los narcos de Sinaloa.
GUADALUPE, CHIHUAHUA.- Jorge Sebastián estuvo presente en el levantón de su madre. Después levantaron a su tío, quien se había hecho cargo de él. En el primero tenía seis meses; para el segundo, tres años. Hasta hoy no hay rastro de su madre. A su tío lo soltaron pocas horas después de levantarlo y de haberlo golpeado a placer.
Jorge Sebastián tiene ahora cuatro años y es un mexicano exiliado y en espera de que el gobierno estadunidense le otorgue asilo político.
A su mamá se la llevaron a las dos de la tarde muy cerca de su casa, en el Valle de Juárez –Valle de la Muerte, le dicen–. Con otros veinte empleados de maquiladora había recorrido en camión los 60 kilómetros entre Ciudad Juárez y el municipio de Guadalupe con su hijo en brazos.
Hombres armados detuvieron el autobús para llevarse a la mujer. Eso es lo poco que sabe la familia. Jorge Sebastián se quedó solo en el asiento vacío; algunos pasajeros se preocuparon por cargarlo y protegerlo, dice otros viajeros del mismo vehículo.
Él no puede recordarlo porque eso ocurrió cuando no tenía ni el año cumplido; y porque nació con medio cerebro paralizado.
Jorge Sebastián y su madre eran de las poquísimas personas que siguen habitando el Valle de Juárez, esa planicie que comprende dos municipios y parte de otro en la frontera entre Chihuahua y Texas.
Según el censo del municipio de Guadalupe, de los 18 mil habitantes que poblaban los tres municipios en 2008: Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y una pequeña parte de Juárez, a la fecha solo quedan unos 2 mil 500. Cerca de 90% de la población ha sido “desaparecida” o se ha exiliado en Estados Unidos.
El alcalde de Guadalupe, Gabriel Urteaga Núñez se sabe en una situación de emergencia y aunque no habla de secuestros y exiliados, acepta que “la violencia, en general, se llevó a mucha gente”.
“Los pueblos más dañados son Guadalupe y un ejido que se llama Barreales. El poblado de Caseta también está lastimado, pero Guadalupe y Barreales sí están muy dañados, fueron los más golpeados por la violencia”, dice.
En seis años el olvido va tirando ladrillos, oxidando tuberías, dejando marcas violentas como agujeros de bala en las paredes, casas quemadas con leyendas de que los culpables fueron “los narcos” por cualquier razón que se quiera pensar.
El mismo alcalde es testigo del abandono del Valle de Juárez: “Desde que se entra al pueblo se ve la destrucción; donde vivo yo, en la calle Morelos, hay 35 casas vandalizadas, quemadas, abandonadas. Si van a la otra calle, es igual”, dice.
“Crimen autorizado”
Para Carlos Spector, abogado de migración en El Paso, Texas, los centenares de exiliados que lo han buscado para pedirle ayuda legal habrían engrosado los números de desaparecidos de no haber cruzado la frontera.
“Estas personas que están buscando el asilo político o que con su visa de turistas ingresaron al país estarían desaparecidos si no se hubieran exiliado”, asegura.
Spector representa a unos 400 mexicanos que huyeron del Valle de Juárez entre 2008 y 2014 por amenazas, atentados o secuestros en sus familias y quienes demandan asilo político al gobierno estadunidense.
“Lo que tienen que entender las autoridades estadunidenses es que no es el crimen organizado el que los está corriendo de allá, sino el ‘crimen autorizado’, porque se da en complicidad con las propias autoridades mexicanas”, explica.
El crimen autorizado del cual habla Spector está registrado en sus archivos: De los nueve reportes de “desaparecidos” que han llegado a sus manos en lo que va de 2014, cuatro señalan directamente a la Policía Estatal de Chihuahua o al Ejército Mexicano, mientras que cinco han especificado a “miembros del crimen organizado”.
El tío de Jorge Sebastián, David Seijas, al igual que el mismo infante, estuvieron cerca de ser “desaparecidos” en lugar de exiliados.
Tras el secuestro de la mamá de Jorge Sebastián, David levantó un reporte ante la Fiscalía de Chihuahua. Durante dos años dio seguimiento al caso. No hubo respuesta hasta un día en que fue llamado a las oficinas del Servicio Médico Forense en Ciudad Juárez para tomar muestras de su ADN a fin de cotejarlo en una base de datos de cuerpos no identificados. Pero la respuesta no fue la que esperaba.
“Cuando llegué al Semefo me estacioné enfrente y en lo que me estaba bajando, unos hombres me tomaron del cuello, me agacharon la cabeza y me subieron a otro automóvil”, relata nervioso.
Dice que solo pudo ver dos pares de botas negras de goma sobre pantalones negros tipo militar. Dice que reconoció tres voces distintas en el automóvil en que lo pasearon durante horas. Pensó que se iba a reunir con su hermana, donde quiera que ella estuviera.
“Me advirtieron que no anduviera investigando, que ya le parara a andar buscando dónde quedó mi hermana o me iba a pasar lo mismo. Me golpearon la cabeza y el cuerpo con sus armas y luego me tiraron en un baldío”, cuenta.
Esa misma tarde de 2013, Seijas y su esposa cruzaron la frontera hacia El Paso. Llevaban a Jorge Sebastián. Desde entonces están en espera de recibir asilo político. Pero los números no les dan esperanzas.
Según los registros del sistema de cortes migratorias de Estados Unidos, 98% de las peticiones de asilo político por parte de mexicanos es negado. Es decir, Seijas, Jorge Sebastián y su madre adoptiva esperan colocarse en ese diminuto 2% que es aceptado.
La mamá de Jorge Sebastián no logró huir. Es probable que nunca haya pensado en hacerlo. Pero su destino fue el mismo que el de otros miles en México.
Hasta ahora la Fiscalía de Chihuahua no ha hecho público un número concreto de personas reportadas como desaparecidas o ausentes. Las organizaciones de derechos humanos en el estado tampoco tienen un registro puntual.
Sin embargo Spector los calcula en cientos desde 2008 por una razón: la organización Mexicanos en el Exilio, creada por víctimas de la violencia en el lado mexicano de la frontera entre Texas y Chihuahua, está formada por más de 200 miembros, de los cuales todos han hecho al menos una denuncia por levantones o desaparición forzada de algún familiar o amigo.
“Según la información que yo tengo, durante la administración de Felipe Calderón había unos 26 mil desaparecidos en todo México y en los primeros 18 meses del periodo de Enrique Peña Nieto ya van unos 9 mil”, expone el abogado.
El pasado 30 de agosto –Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada– la organización Mexicanos en el Exilio se reunió frente al Consulado de México en El Paso para exigir al gobernador de Chihuahua, César Duarte respuesta por los cientos de desaparecidos durante su administración.
“La idea de esta acción simbólica es que Duarte responda a nuestras preguntas y que deje de calificar a los exiliados como criminales; esa ha sido su excusa desde que entró, que la gente sale huyendo porque son narcos”, señala Spector.
José Alfredo Holguín, de la mesa directiva de Mexicanos en el Exilio, enfatizó que exigen a la Procuraduría de Justicia del Estado que todos los desaparecidos tengan cuando menos la oportunidad de que su caso sea investigado. “Y lógico, la justicia de que se aclare por qué motivo los desaparecieron, quién y dónde están”, dijo Holguín en esa oportunidad.
El valle de los desaparecidos
En 2008 las autoridades de Chihuahua hicieron el anuncio oficial de la llegada a esta frontera del Cártel de Sinaloa, la cual detonó una cruenta guerra contra los Carrillo Fuentes, en su facción conocida como La Línea, que dio pie al exilio a Estados Unidos de cientos de mexicanos.
La mayoría de estos compatriotas que esperan asilo en El Paso conoce bien la situación en México. Fueron agricultores que se toparon de frente con algún miembro de los cárteles de la droga, familias expulsadas de sus casas e incluso miembros del aparato gubernamental cuyas opciones se reducían a trabajar para un cártel o huir del país.
Ese es el caso de Iván Mejía, un exmilitar de 35 años quien poco a poco se fue dando cuenta de la realidad dentro de las filas castrenses. “La verdad, aunque duela decirlo, los militares somos peones del cártel que esté en turno”, explica.
En 1997 Mejía, entonces de 18 años, se unió a la 20 División Motorizada del Ejército Mexicano. Su intención, relata, era formarse en las fuerzas castrenses y ayudar a su país como soldado. Sin embargo a los pocos años comenzó a conocer su verdadera labor: servir al cártel de los Carrillo Fuentes.
“Lo que nos pedían era que limpiáramos las zonas por donde iban a meter o sacar droga. Les quitábamos a los policías o gente que no tenía nada que hacer allí. Éramos viles peones”, dice.
Tres veces Mejía pidió su baja, argumentando que ya había cumplido con su deber; pero le fue negada. En 2003 finalmente vino una oferta directa del cártel.
“Llegaron a mi casa y como sabían que yo era militar me querían como parte del cártel para encontrar nuevas rutas de trasiego. No me quedó de otra y dije que sí, pero esa noche agarré a mi familia y cruzamos hacia Tornillo”, relata.
Mejía explica que el entrenamiento militar “para lo único que le sirvió” fue para esquivar los obstáculos, agentes y sensores de movimiento durante todo el trayecto de Guadalupe, en El Valle de Juárez, hasta el pueblo texano de Tornillo.
Años después fue deportado y huyó junto a su familia a otro estado de la República. Pero en 2010, al encontrarse con conocidos del Ejército, supo que ahora el Cártel de Sinaloa era su nuevo mando.
La última vez que Mejía estuvo en El Valle de Juárez fue en octubre del año pasado. Se dio cuenta de que las cosas no habían cambiado. “Ahí en el Valle sigue lo mismo, pero desde hace unos años está el Cártel de Sinaloa; nosotros conocemos a los jefes, crecieron con nosotros y son parte de las familias”, afirma.
Para Iván y muchos de los miembros de Mexicanos en el Exilio la situación en el lado mexicano de la frontera antes de la guerra entre ambos cárteles ya era grave. Según relatan había secuestros, asesinatos y drogas.
Sin embargo la violencia aumentó tras la llegada de la gente del Chapo Guzmán, que se dedica a exterminar lo que queda del Cártel de Juárez. Eso hizo que quienes se habían mantenido al margen de la delincuencia finalmente cruzaran la frontera. Pero para muchos ya fue tarde. A Mejía le han secuestrado dos familiares.
“Ante todo mexicanos”
En el escudo del municipio de Guadalupe brilla el emblema del Valle de Juárez, que bien parece ser el de los mexicanos exiliados en Estados Unidos: “Ante todo mexicanos”, se lee en la placa que saluda al entrar al pueblo.
Pero ya son pocos los mexicanos que se ocupan del escudo; apenas pueden ocuparse de sus hogares. En el municipio que más concentra población, el de Guadalupe, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística registró en 2010 un total de 3 mil 300 viviendas, pero solo mil 700 ocupadas. Cuatro años después la realidad es que mil viviendas ocupadas se antojan demasiadas. Una de esas casas abandonadas era la de Jorge Sebastián y su madre. Otra, la de su tío.
La nueva familia de Jorge Sebastián –David y su esposa– está segura por lo que dicen los médicos: Por su condición especial, el niño no recordará el incidente en el cual desapareció su madre. Pero de cuando en cuando sufre espasmos violentos y se echa a llorar, como intuyendo que tras ese muro de barrotes oxidados que se ven desde su nuevo hogar hay algo perdido.
