Para verificar el trámite que debe hacer un ciudadano que desea denunciar una extorsión, se realizó una llamada telefónica el jueves 4 a la “línea ciudadana” del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, al número (55) 55 33 55 33. El oficial de guardia explicó que la presunta víctima tendría que presentar una denuncia porque el reporte debe contener los datos y pormenores de lo dicho por los extorsionadores, así como el tipo de voz de su interlocutor.
Expuso que se puede solicitar auxilio policiaco a través de la línea de emergencia 066, pero sólo si se requiere el envío de una unidad policiaca al instante. Sería el caso de una situación de emergencia o flagrancia.
Posteriormente se llamó a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro (FAS), con número telefónico (55) 53 45 50 26. Al agente en turno se le preguntó si una víctima puede solicitar la presencia de la policía en el caso de un delito de extorsión que esté ocurriendo en ese instante. El oficial dijo que los ciudadanos deben llamar al 089. También se le consultó si los oficiales que acuden a asistir al ciudadano son policías judiciales o, en su caso, patrulleros. Impaciente, respondió: “Son policías de seguridad pública, señor. ¿O qué patrullas quería que fueran…?”.
Cuando se le inquirió cuál es el protocolo a seguir para denunciar una extorsión, indicó que existen tres opciones: vía telefónica al 089, por internet o acudiendo directamente a la agencia del ministerio público correspondiente.
En entrevista, se le pregunta a Ricardo Sánchez Reyes Retana –abogado de las hermanas Natividad y Mercedes Torres Ricarte, las presuntas responsables del delito de extorsión agravada– si considera creíble que la respuesta de la autoridad haya sido de forma inmediata en el caso Oribe Peralta.
“Quiero pensar que la autoridad se está profesionalizando, que es distinta en relación con épocas anteriores. Quiero pensar bien, que la autoridad se desempeñó como debe hacerlo, pero desgraciadamente motivada por la falsedad de los denunciantes.”
–¿Considera que en este caso la autoridad actuó rápidamente por tratarse de una figura pública que juega en un equipo importante de futbol? –se le inquiere.
–Insistimos en que la autoridad se vio inducida al error por la falsedad del futbolista y de su amiga Esther (Shueke), y no porque haya habido un tráfico de influencias. Queremos pensar que la autoridad actuó de forma correcta y sin ningún tema de influyentismo.
El miércoles 3 se contactó vía telefónica a Gabriela de los Santos Martínez, reportera de la revista de espectáculos TV Notas, para preguntarle cuál había sido su participación en el caso de la presunta extorsión. La comunicadora contestó a botepronto: “Yo no estoy involucrada. Es un caso ajeno a mi persona”.
Se le recordó que fue mencionada en la averiguación previa FAS/T1/921/14-08 como quien, además de Esther Shueke, se comunicó vía telefónica y correo electrónico con Natividad Arlem Torres Ricarte, alias Harlem Márquez. La reportera dijo que transferiría la llamada a otra extensión o, en su caso, al abogado de la empresa, Raúl García Camacho. Cuando se le pidió que contestara si es amiga o conocida de Esther Shueke Daniel, De los Santos Martínez colgó el teléfono.
Proceso solicitó una entrevista con Carlos Flores, director general de Grupo Notmusa –editor de la revista de espectáculos TV Notas. Sin embargo, su asistente refirió que no estaba disponible para conceder la entrevista, porque se encontraba de viaje, pero que le haría llegar la petición al considerar que se trataba de un caso urgente. De igual manera se buscó al responsable jurídico de la empresa. También estaba de viaje. Ninguno devolvió la llamada.
A través del jefe de prensa de la Federación Mexicana de Futbol, Israel Márquez, se intentó localizar a los seleccionados nacionales Oribe Peralta y Javier Aquino, quienes se encuentran concentrados con el representativo de futbol. El vocero se comprometió a dar una “respuesta inmediata”, que al cierre de la presente edición no había llegado.
Este semanario solicitó al club América que fijara su posición en el caso que involucra a su futbolista estrella. El equipo reaccionó con una nota: “Agradecemos el interés y el esfuerzo periodístico, pero América no tiene ninguna postura ni nada que comentar al respecto”.
El artículo 312 del Código Penal para el Distrito Federal indica que quien, con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal ante el ministerio público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad de testigo como denunciante, además de una multa, será sancionado con una pena de cuatro a ocho años de prisión si el delito materia de la averiguación previa no es grave. Si es grave, se impondrán de cinco a 10 años de cárcel.
El abogado Sánchez Reyes Retana sostiene que, como defensor de las hermanas Torres Ricarte, lo más importante es lograr su libertad. Ya dependerá de ellas si denuncian por falsedad de declaraciones a Oribe Peralta y Esther Shueke, “o bien si de oficio, como debería de ser, la autoridad ministerial inicia una averiguación previa en contra de ellos, porque siendo un delito que se sigue de oficio la autoridad tiene la obligación de fincarles cargos”.
El miércoles 3, los reporteros se presentaron en el restaurante Los Arcos, y dos de los meseros que estuvieron presentes el día que se realizó la detención confirmaron que, aquella jornada, primero llegaron al lugar dos mujeres que se sentaron en una mesa de la planta alta. Posteriormente y sin identificarse como policías, varios agentes se acomodaron en dos grupos: unos en una mesa en la parte de abajo y, los otros, en la parte superior. Al final arribó otra pareja de mujeres. Se sentaron con las primeras que habían llegado y fueron detenidas instantes después.
Los meseros supieron que se trataban de policías en el momento que se llevaron a las hermanas Torres Ricarte.
El abogado de Oribe Peralta, Alejandro Jaimes, afirmó que las mencionadas fotografías de su cliente no existen. Lo que existe, dijo, es un delito “del tipo penal” (extorsión) y, por ende, las imágenes no forman parte del expediente.
Entrevistado en Radio Fórmula el jueves 4, el litigante aseguró que no conoce a Gabriela de los Santos, pero sí a Esther Shueke, la persona que entregó el dinero. “Oribe Peralta le pidió el favor porque (él) es público y notorio. No estamos hablando de fabricar delincuentes ni tenemos la necesidad de fabricarlos. Conocen la trayectoria del señor Peralta, una persona de un perfil muy sencillo que nunca se había visto inmiscuido en una situación como ésta”, aseveró.
