El país llegó al límite en las posibilidades que hace 20 o 25 años ofrecían las estructuras en materia cultural, justo con la creación del Conaculta. Así, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), nacido en la UAM-Xochimilco, elaboró una propuesta de reforma que busca hacer del subsector un sector, encarar el reordenamiento integral –empezando por el jurídico del Conaculta– y “la madre de todas las reformas”, la transformación del INAH. Entre otros temas, los especialistas integrantes del grupo plantean la necesidad de un organismo rector eficiente que, sabedor de que la cultura es una enorme fuente de riqueza, enfrente el conflicto de que “una gran cantidad de empleados de Conaculta llegarán a la edad de jubilarse sin derecho a una pensión”.
Así como se realizaron las reformas estructurales, al ámbito de la cultura le urge también una transformación integral, jurídica, administrativa, económica y laboral, porque varias instituciones y procesos están en una situación límite que incluso compromete su viabilidad.
De ahí que el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu) haya realizado su propuesta de reforma.
Se trata de hacer cambios que han venido postergándose desde hace varios lustros, incluso desde la creación misma del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), apremian especialistas del grupo en entrevista: Eduardo Cruz Vázquez, su fundador, y así como Carlos Lara y Antonio Mier Hughes.
Los cambios requerirán de la actuación de los legisladores pero también del poder ejecutivo e incluso del judicial. Algunos de ellos, como sucedió con las recientes reformas, provocarán el desacuerdo y quizá hasta el enojo de parte de la ciudadanía y de gente vinculada a la cultura, exponen.
Mier plantea, por ejemplo, para las zonas arqueológicas, una “visión de empresa, más comercial”, en la cual se involucre a los pobladores para que tengan mayor disponibilidad de los recursos que ingresan por concepto de entradas y se involucren en las tareas de conservación.
Lo que se busca, precisa a su vez Lara, es tener un principio constitucional, obtenido con la reforma al artículo 4º, de abril de 2009, en el cual se estableció el llamado Derecho a la Cultura tras la iniciativa de la entnces diputada María Rojo. Falta ahora una legislación secundaria que garantice ese derecho.
Luego, contar con un órgano garante. Ahora es el Conaculta, pero en su opinión es una especie de “hijo bastardo” del gobierno, porque a diferencia de organismos similares como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no recibe el mismo apoyo jurídico, administrativo y presupuestal, y no cuenta con una ley reglamentaria.
Hasta ahora, indica el comunicólogo, ese derecho ha sido garantizado mediante el recurso de amparo, pero el ciudadano debe tener la posibilidad de acudir ante un órgano y con una ley en situaciones donde considere vulnerado su derecho.
La reforma demanda también una Ley General de Cultura, diferente de las anteriores, donde se defina la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Y en una etapa final se deberá armonizar la legislación cultural nacional con los tratados y convenciones internacionales, para lo cual se deberá reformar la Ley para la Celebración de Tratados.
Lara piensa que el órgano garante podría ser una secretaría. Emplaza al titular del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, a explicar las razones por las cuales rechaza la idea de una secretaría. Hasta ahora se ha pronunciado por un “fortalecimiento institucional” sin precisar en qué consiste:
“Se requiere de una respuesta más precisa: ‘No por las condiciones de la administración federal’, ‘no porque pertenece al sector Educación’, qué sé yo, pero simplemente ha dicho no… Y ya llegamos a la etapa final de la primera legislatura de este sexenio y no ha pasado prácticamente nada, hay un avance mínimo.”
Agrega que además no hay articulación entre lo que se ofreció en campaña y lo establecido en el llamado Programa Especial de Cultura y Arte (PECA), ni entre éste y la agenda legislativa, que por otro lado prácticamente no contempla a la cultura en sus órdenes del día, “en ningún grupo parlamentario”.
Respecto del PECA, el economista Mier Hughes apunta que no aporta nada extraordinario en política cultural. Es el desglose de las actividades “que por años” se han realizado: Promoción de la cultura, conservación del patrimonio, formación artística, y entre lo nuevo está la llamada Agenda Digital, aunque “su impacto puede ser mínimo” si se considera el número de usuarios de computadoras y de internet en el país.
Además, agrega, se manejan indicadores en los cuales tampoco encuentra novedad. Pues son cifras que nada dicen, “lo más que llegan a medir es la cobertura de la población beneficiada”. Cabe mencionar que así fue el II Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se destacó la realización de 552 mil 259 actividades artísticas y culturales que beneficiaron a “poco más” de 85 millones de personas.
Sector estratégico
El Grecu, fundado en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco en junio de 2009, plantea la creación de un sector cultural, pues aunque se hable de él “no existe legalmente en la estructura jurídica y económica de México”. Es un subsector adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Y demanda un reordenamiento que “se traduzca en un mercado cultural competitivo, generador de riqueza mejor distribuida y con una intervención del Estado promotora de bienestar social pero también de productividad”.
El sector estaría integrado por tres subsectores, aunque podría definirse más adelante otra estructura:
“El del Estado, entendido por ahora a través de la SEP, como subsector de Cultura y Arte y mediante la institucionalidad en entidades federativas y municipios; el segundo corresponde a las micro, pequeñas, medianas empresas (Mipymes) y grandes empresas culturales; y el tercero a instituciones de educación superior, a instituciones sin fines de lucro y a los organismos de cooperación-coproducción internacional.”
Lo importante, a decir de Cruz Vázquez, es que “ahora sí” se dé a la reforma el empujón definitivo y no se postergue más, pues desde la creación del Conaculta, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se vienen arrastrando pendientes como el ordenamiento jurídico del propio Consejo.
–Desde hace 25 años se habla de lo mismo, ¿por qué creen que en esta legislatura podrían darse los primeros pasos?
–Por una razón muy simple –responde Lara–: El sector cultural ha demostrado a golpe de números y de cifras que es un sector estratégico. Hay estudios, hay indicadores, pocos si se quiere; deshilvanados, sí; pero ya está cuantificado –si es lo que se quería en una visión economicista, porque estos gobiernos se mueven así– que el sector cultura genera ingresos. Ése es un motivo, y hay que subrayarlo y anteponerlo ante estos gobiernos de corte neoliberal, no me gusta la palabra pero hay que decirla.
Entonces hace una comparación con el petróleo, que también se consideraba estratégico y era “como la última frontera del nacionalismo”, y se vio que “hay formas de hacer sofismas legislativos para decir que el Estado tiene la rectoría, cuando hemos visto que el mercado se le puso por encima”.
Y expresa su desacuerdo con quienes han considerado que la reforma energética abre la posibilidad de privatizar también sitios patrimoniales (Proceso, 1921):
“Yo no me quejaría tanto de que van a venir empresas a expropiar y van a dañar. ¡Hoy mismo ya hay una expropiación!”
Coincide con Antonio Mier en que al remozar un sitio cultural generalmente se le está expropiando a quienes habitan cerca de él, y cita al investigador en políticas culturales de Brasil, José Teixeira Coelho, quien propone “un principio de inmutabilidad relativa donde se adapte el sitio con esta visión pero el habitante sea el principal beneficiario”. De lo contrario, es una adaptación para turistas “y de esas expropiaciones ya vemos varias”.
Se les comenta que investigadores del INAH, con base en la Ley de Monumentos, se oponen al uso comercial de los sitios y zonas patrimoniales y quizá se opongan a una reforma como la que propone el Grecu.
Modificar al INAH, indica Cruz Vázquez, será como “la madre de todas las reformas”, es “uno de los puntos más delicados de un proceso que se tiene que dar, pues en las condiciones en que opera está en desventaja para el manejo eficiente del patrimonio”.
Admite que la reforma será impensable sin la participación de los trabajadores, a quienes se tendría que convencer de que las condiciones nuevas serán “para su beneficio”.
Sin embargo, entre los propios integrantes del Grecu hay ciertas diferencias sobre el tema. Mientras Mier propone quitar al INAH el manejo de las zonas arqueológicas y crear una entidad para su “manejo comercial y empresarial”, en la cual participe el propio INAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), las secretarías de Educación Pública, Relaciones Exteriores y Turismo, Lara defiende la idea de garantizar el uso social del patrimonio.
No obstante piensa que habrá de suceder, tarde o temprano, que el Conaculta sea ordenado jurídicamente y los institutos pasen a depender de él, dentro de un marco legal.
Lara reconoce que la reforma energética ha sido “tramposa” pues la ronda cero no permitirá a México explotar petróleo sin contratar a particulares. Por ello se le pregunta cómo esperar que una reforma cultural no sea igual y las zonas arqueológicas y sitios patrimoniales terminen privatizados en beneficio de empresas turísticas y no de la población, como han denunciado investigadores del INAH.
Lara dice que ciertamente no les faltan motivos para dudar. Y hay razones de sobra para estar en contra. Menciona los estados de Puebla, Yucatán o San Luis Potosí, incluso el Distrito Federal, donde los gobernantes “han hecho lo que han querido” pese a que hay una legislación federal de protección al patrimonio cultural:
“Por la voracidad inmobiliaria, en el caso de las ciudades, y por un concepto mal entendido, cifrado en el aligeramiento efectista del turismo, donde se tiene patrimonio histórico o prehispánico. Va a ser difícil que confíen en hacer no una explotación, sino un aprovechamiento integral para que no ocurra lo que con el petróleo. Quizá no se dé en las mejores condiciones, pero así como está, ya no da para más.”
Bombas de tiempo
Subrayan los integrantes del Grecu que el gobierno está obligado a la reforma cultural y a ser consecuente con las reformas anteriores.
–¿Y habrá avances en esta Legislatura?
–Yo creo –dice Cruz Vázquez– que llegamos al límite, la forma en que se ha transformado la vida sectorial de México después de estos 25 ó 26 años de que entró en pleno la apertura comercial y otras reformas que se han hecho a lo largo de este tiempo, situaron a al sector en el punto límite. Es decir, o se hace la reforma o simplemente se pone en riesgo la viabilidad de una gran cantidad de empleos y una gran cantidad de fuentes de riqueza que tiene el país como parte de sus acervos patrimoniales.
Se debe reconocer, agrega, que las instituciones necesitan una renovación total. Y menciona como un ejemplo de “bomba de tiempo” la situación laboral de una parte de los trabajadores del Conaculta: Los que trabajan por honorarios, sueldos asimilados a salarios. Hay así mucha gente contratada incluso antes de la creación del Consejo, y en poco tiempo llegarán a la edad de la jubilación sin tener derecho a una pensión:
“En este momento, el Conaculta está enfrentando ya diversos juicios en los cuales muchos trabajadores que durante 20 o 25 años han laborado y cobrado por honorarios, demandan ser reconocidos como trabajadores y, por lo tanto, tener acceso a una jubilación. Es un tema límite en el cual sólo una reforma cultural puede resolver el desorden acumulado en 25 años.”
Otro caso mencionado por el también periodista, es la existencia hasta la fecha de la ahora llamada Dirección General de Vinculación Cultural, que tiene que ver con el proceso de descentralización:
“Debería desaparecer, se ha convertido en un fiscal y en un repartidor de recursos en función de cómo los entrega la federación a los estados de la República. Son dos temas sensibles, que en 25 años no han sido capaces de resolver y ya llegaron al límite antes de convertirse en un problema mucho mayor, desde el punto de vista jurídico, de derecho cultural y derecho humano, como es el de toda la gente que ha trabajado por tantos años.”
Añade como un tercer ejemplo el trato que se da a las empresas culturales, como si fueran cualquier otro tipo de unidad económica, cuando tienen particularidades. Y pide se haga una reforma fiscal en ese aspecto.
“Creo que las instituciones llegaron a un punto de vejez. Están tan vetustas, tan golpeadas, los contratos colectivos de trabajo tan fuera de la realidad, las relaciones laborales tan trastocadas, que la negación del ejecutivo y del legislativo a esta reforma cultural es comprometer a muchos trabajadores y creadores de la cultura a un futuro verdaderamente catastrófico.”
Agrega Mier que el subsector cultura “no está a la altura” de lo que el país requiere. Como muestra pone a los llamados recursos etiquetados, que la Cámara de Diputados asigna a determinados proyectos culturales “sin reglas de operación”. Eso hacía que la Cámara fuese una especie de ventanilla receptora de propuestas de artistas, sin tener los criterios para evaluarlas. Finalmente se pasó la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no al Conaculta, “lo cual no es más que reflejo de la incapacidad del sector público cultural”.
El documento para la reforma cultural admite que es un proceso que tomará años, “lustros, como las otras reformas”, pero “tiene entre sus muchas motivaciones la generación de empleos: salvar a presentes y futuras generaciones de la frustración y la pobreza”.
