El escándalo mediático por la mortandad masiva de peces en la laguna de Cajititlán refleja, sin duda, la gravedad del problema, pero la información precedente sobre el plan desestabilizador de la Mesa de Estrategia del gobierno estatal y el extraño salto al ring del ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva –que busca la relección–, terminaron de politizar el debate y aun las acciones jurídicas selectivas de las autoridades federales y las jaliscienses, ambas de extracción priista.
Autoridades federales y diversas instancias estatales se sumaron a la estrategia planteada desde el Cuarto de Guerra de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval contra la alcaldía de Tlajomulco, tomando como eje principal de su ofensiva el manejo del problema relacionado con la grave contaminación de la laguna de Cajititlán, que provocó la muerte masiva de peces.
En el contexto de esta guerra política, que según el excandidato a gobernador Enrique Alfaro está orientada a descarrilar sus aspiraciones políticas y las de sus compañeros de Movimiento Ciudadano (Proceso Jalisco 509 y 510), llama la atención que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Raúl Plascencia Villanueva, se sume a las presiones federales y estatales.
Plascencia Villanueva reconoció ante los medios de comunicación que mandaría a algunos de sus colaboradores para investigar la denuncia de pobladores de Cajititlán sobre la contaminación en la laguna del mismo nombre.
Sin embargo, la CNDH no ha mostrado interés en investigar la contaminación del río Santiago pese a que en los municipios de El Salto y Juanacatlán se ha denunciado el fallecimiento de más de un centenar de personas a consecuencia de la proliferación de diversos tipos de cáncer, que se asocian con el potente coctel químico en que se convirtió el cauce del Santiago.
Según la denuncia de Óscar González Gari, representante de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos, el ómbudsman nacional tampoco ha realizado declaraciones recientes sobre el acoso contra los indígenas jaliscienses que viven en la zona de conflicto limítrofe con Colima, ni acerca de la destrucción del medio ambiente en la sierra de Manantlán ni de la expulsión de 20 familias nahuas por un grupo de narcotraficantes ante la omisión de la autoridad estatal para atender el caso.
Semanas antes de que se difundiera la intervención de la CNDH en el caso de los peces muertos, el presidente de Confederación de Colegios y Barras de Abogados de México, Óscar Juárez Cárdenas, declaró a Proceso Jalisco que el activismo de Plascencia Villanueva obedecía a su intención de reelegirse, para lo cual contaba con asesoría del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien consiguió una polémica reelección.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación formal sobre la mortandad masiva de peces en Cajititlán y citará a declarar a Enrique Alfaro, quien antes de competir por la gubernatura del estado fue presidente municipal de Tlajomulco, y a su sucesor, Ismael del Toro, al extesorero Juan Partida Morales y al exsíndico Alberto Uribe Camacho, según reconoció Del Toro el martes 2, en rueda de prensa.
El delegado de la PGR en la entidad, Gerardo Vázquez Alatriste, ha puesto especial interés en al caso y ha visitado varias veces la laguna de Cajititlán.
En la racha que inició en la primera semana de agosto y hasta el cierre de esta edición se perdieron 82 toneladas de peces, con lo que suman 132 toneladas en lo que va de este año.
Omisión de todos
Tras la “guerra desatada” de las instancias federales y estatales contra la presente y la pasada administración de Tlajomulco se esconden las fallas para enfrentar la degradación del medio ambiente de Cajititlán, señala Eduardo Juárez Carrillo, investigador de la Universidad de Guadalajara.
Además, lamenta que toda la atención de los medios esté concentrada en aquella laguna, se le está restando importancia a la necesidad de rescatar uno de los ríos más contaminados del mundo, el Santiago, adonde llega una gran cantidad de aguas residuales y desechos industriales que forman una mezcla venenosa y un extenso foco de infección.
A finales de enero de 2008, el niño Miguel Ángel López Rocha, que vivía en El Salto, cayó accidentalmente al río Santiago y falleció en un hospital público como resultado del envenenamiento en dichas aguas.
Para el investigador Juárez Carrillo no hay comparación entre las dos contingencias ambientales.
La de la laguna, enfatiza, “es la tercera mortandad en lo que va de 2014. La primera se registró casi a inicios de año con más de 30 toneladas; hubo una intermedia y la que ahora se reporta con más de 82 toneladas; con esto suman más de 100 toneladas de peces muertos en Cajititlán”.
En cambio, señala que la degradación de las aguas del Santiago tal vez sólo se puede comparar actualmente con el gran derrame de ácido a los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Buenavista del Cobre hace dos semanas, lo que afectó a siete municipios y se convirtió en el peor accidente ambiental de los últimos años en el país.
Precisa el investigador asignado al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara, que es tiempo de que el gobierno estatal y los municipios convoquen a técnicos y especialistas para realizar un diagnóstico para atender el gran problema de la contaminación del agua en toda la entidad, por encima de pleitos políticos.
En cambio, dice, en sus comunicados las autoridades se equivocan hasta en el nombre de la especie afectada y la clase política no es capaz de sacar acuerdos de largo alcance para beneficiar a la sociedad. Por desgracia, sostiene, en su guerra política las autoridades de Tlajomulco y el gobierno de Jalisco terminan por ignorar las voces de los expertos en temas del agua:
“Todos tienen grupos de trabajadores: el ayuntamiento de Tlajomulco tiene una Dirección de Ecología, el gobierno del estado tiene diferentes instancias y el federal también. Entre todos deberían de hacerle más caso a los técnicos y a los académicos para confrontar la crisis”.
Problema histórico
Una solución radical para rescatar la laguna de Cajititlán sería extraerle toda el agua y permitir secar todos los lodos y la materia orgánica, así podría convertirse temporalmente en una especie de gigantesca planta de tratamiento.
Considera que la clase política desconoce lo que ocurre en una cuenca endorreica, es decir, un vaso que carece de salidas y a su paso arrastra todo tipo de contaminantes. Sin embargo, esto no es nuevo, pues desde hace más de 150 años el manejo de esa laguna ha causado problemas políticos.
Por ejemplo, relata, “en 1880 lo que se quería hacer era sacarle el agua a Cajititlán para llevarla a la zona de Atequiza y utilizarla para el riego de diferentes cultivos… incluso se hizo un canal artificial que terminó convertido en un brazo que va a parar al río Santiago”.
Hasta 1990 ese embalse estaba en un área rural. Sólo vivían por ahí campesinos y pescadores, “pero es tan bonito el lugar –recuerda el investigador–, ubicado a menos de 30 minutos de Guadalajara, que por todos lados se empezaron a levantar fraccionamientos de lujo a su alrededor, pero con un caos en el desarrollo urbano, lo que afectó la calidad de sus aguas”.
Ahora esos fraccionamientos en las inmediaciones de la cuenca prácticamente conforman una nueva ciudad de más de 20 mil habitantes, con serias deficiencias de infraestructura urbana, sobre todo de agua potable, alcantarillado y vías de comunicación.
“Es mucha gente la que está descargando sus desechos en la laguna; a ello hay que sumarle el uso de los fertilizantes que utilizan los campesinos para sus cultivos, lo que tampoco se quiere reconocer”.
Hace varios años, continúa, la laguna se cubrió casi completamente de lirio y tanto el gobierno del estado como autoridades federales usaron glifosato para acabar con la maleza acuática. Como consecuencia, comenta Juárez Carrillo, “todo el lirio muerto se fue al fondo de la laguna y hoy esa materia orgánica se vuelve anoxico, lo que se traduce en disminución de oxígeno en el agua. Y en el fondo de la laguna debe existir una cantidad brutal de residuos orgánicos”.
En cuanto a la contaminación del río Santiago, Juárez Carrillo llama la atención sobre la macrorrecomendación que emitió la CEDHJ el 27 de enero de 2009 para combatir la degradación de esa cuenca, en la cual apenas se han registrado avances (expediente 01/2009).
Varias organizaciones civiles han criticado la actuación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al aplicar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 001 SEMARNAT-11996, sobre la calidad que debe mantener el líquido en ese embalse.
La recomendación se dirigió a 14 municipios jaliscienses que contaminan el río Santiago con aguas negras y desechos industriales. Pero hasta la fecha no se ha cumplido, dice Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de MC en el Congreso del estado:
“Es lamentable que después de cinco años no se ha presentado ningún avance en un tema tan importante para la agenda pública, y no digamos del estado sino del país. Entendemos que hay distintos ámbitos de responsabilidad y de competencia… pero hay avances dispares en lo que le compete a los municipios y al gobierno estatal.”
Dos versiones oficiales
Una encuesta pagada por el gobierno de Jalisco a la empresa Lamarcalab muestra que Enrique Alfaro tiene actualmente una intención de voto que supera cuatro veces a la de los posibles aspirantes del PRI (Proceso Jalisco 510).
Desde diciembre de 2013 un grupo de ejidatarios de Cajititlán denunciaron en este semanario un manejo inadecuado de las aguas negras que vierte el municipio en la laguna y la insuficiente operación de las plantas de tratamiento. También dijeron que interpusieron la demanda ante la PGR por la presunta corrupción del ayuntamiento en la actual administración de Ismael del Toro y de su antecesor Enrique Alfaro.
Por esta querella se abrió la averiguación previa 5837/2013 del Ministerio Público Federal, en la que se indica que varios funcionarios y exfuncionarios de Tlajomulco enfrentan acusaciones por presuntos actos de simulación, abuso de autoridad, daños y perjuicios en tierras y aguas del ejido de Cajititlán (Proceso Jalisco 489).
El abogado de los ejidatarios, Ignacio Rodríguez García, y varios de los afectados manifestaron dudas sobre la forma en que se gastaron 392 millones de pesos que estaban destinados a obras de saneamiento de aguas y de la devastación ecológica de más de 200 hectáreas ejidales, convertidas en terrenos estériles.
Posteriormente, este medio difundió que el gobierno de Jalisco armó, desde la llamada Mesa de Estrategia, un plan para desestabilizar al gobierno emanado de MC en Tlajomulco al promover acciones legales contra Alfaro y Del Toro y buscar organizaciones ciudadanas que golpearan al gobierno municipal.
Al conocerse la demanda contra las autoridades de Tlajomulco, el alcalde Del Toro Castro informó que su administración preparaba una contrademanda por actos de chantaje en contra de los abogados de los ejidatarios, Ignacio Rodríguez y Vania Sotomayor Ybarra.
Del Toro señaló que los dos abogados en cuestión están ligados al PRI y a la corriente política que lidera la Universidad de Guadalajara, y que además sí se había avanzado en el saneamiento de la laguna: “En 2009 el 100% de las aguas que llegaban a la laguna eran crudas y estaban contaminadas en 100%; en la administración de Enrique Alfaro logró sanear el 95%”.
Aclaró que en los últimos años el tratamiento de aguas residuales descendió a 75%, dada la proliferación de nuevos desarrollos urbanos en Tlajomulco, por lo que su administración está buscando la forma de financiar nuevos colectores y más plantas de tratamiento (Proceso Jalisco 490).
De cualquier forma, el lunes 1 la secretaria del Medio Ambiente de Jalisco, Magdalena Ruiz, decretó la contingencia ambiental en la laguna de Cajititlán y advirtió de posibles sanciones administrativas y de la promoción de demandas penales contra quien resulte responsable entre las autoridades municipales.
El martes, 2, en conferencia de prensa conjunta, la Comisión Estatal del Agua, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) realizaron peritajes en los que concluyeron que la mortandad masiva de peces fue causada por la falta de oxígeno y la acumulación excesiva de material orgánico en ese vaso.
En el acto oficial, David Cabrera Hermosillo, director de Vigilancia y Control de Proepa, dijo que con esas pruebas puede afirmar que la ineficiencia de las plantas de tratamiento es la causa probable del fenómeno.
Según el gobierno del estado, entre octubre de 2013 y agosto de 2014 se levantaron al menos una decena de muestras de agua, y al estudiarlas se concluye que la degradación del líquido se debe a las descargas de aguas residuales que terminan en ese lago sin ser sometidas a tratamiento.
