Como un ejemplo de la privatización de las instalaciones deportivas públicas del país, así como del aprovechamiento del erario por parte de hombres de negocios, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte ha transferido en comodato, mediante procedimientos irregulares, una serie de inmuebles y actividades que sólo sirven para aumentar los caudales de empresas y particulares. A cambio, éstos incumplen los contratos y aportan migajas al organismo. Tal es en resumen el contenido de las denuncias que un grupo de usuarios y deportistas plantearon al gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, quien no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.
La privatización de las instalaciones deportivas continúa a paso acelerado en el país, donde la balanza siempre se inclina hacia un puñado de personas y empresas privadas. Por ejemplo, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (Imcufide) ha repartido en comodato una serie de inmuebles para uso exclusivo y aprovechamiento de particulares.
En forma paulatina, el Imcufide, presidido por el exclavadista y comentarista ocasional de Televisa Fernando Fabricio Platas, se está quedando sin instalaciones. Y entre los grandes beneficiados aparece el empresario José Luis Díaz García, quien ha creado todo un emporio mediante la administración de instalaciones deportivas públicas.
Desde 2008, el gobierno de la República ha inyectado más de mil 500 millones de pesos al Estado de México para infraestructura deportiva. Pero las partidas del erario destinadas al deporte han sido desaprovechadas por funcionarios que carecen de la capacidad para administrar instalaciones y terminan entregándoselas a particulares que, sin invertir un solo centavo, sacan provecho de las mismas a costa de los fondos públicos.
Para efecto de estas concesiones, que empezaron a otorgarse a partir de junio de 2012, el Imcufide no tuvo cuidado en algunas cuestiones técnicas y jurídicas: autorizó los convenios en forma directa sin mediar licitación alguna. En algunos casos, Fernando Platas signó acuerdos y concesiones de inmuebles e instalaciones que el propio Imcufide recibió en comodato del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) en 2011.
Además, algunos contratos fueron firmados por el titular de la Unidad Jurídica del instituto, José Antonio Ortega Meza, quien, de acuerdo con un grupo de deportistas, usuarios de las otrora públicas instalaciones, padres de familia y extrabajadores del Imcufide, no está facultado para emprender este tipo de negociaciones. Y aún más: los contratos carecen de testigos para eventuales controversias, como de hecho ya las hay.
Se trata de cinco convenios y contratos celebrados por el Imcufide de manera ventajosa para los particulares, quienes realizarán pagos mínimos mensuales a cambio de obtener jugosas ganancias en la operación y administración de albercas, canchas de futbol, cursos de verano y hasta en cobros por el uso del estacionamiento de la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán, donde también se ubica la sede del Imcufide.
Estos comodatos tienen una vigencia de cinco años, contados a partir de su firma. No obstante lo anterior, al término del contrato éste podrá prorrogarse automáticamente por un periodo igual.
Fernando Platas, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, signó a su vez el convenio para la Organización y Promoción del Programa Deportivo Curso de Verano 2013 con el empresario deportivo Alberto Guerrero López, una “contribución económica” en la que éste se obligó a otorgar el 26 de julio de 2013 una contraprestación al Imcufide por 118 mil pesos, los cuales fueron utilizados para ajustar el importe total de la compra de una camioneta Honda último modelo para uso exclusivo del director del instituto.
Las denuncias
Debido a lo anterior, desde el pasado 27 de diciembre un grupo de usuarios y deportistas de las diversas instalaciones deportivas del Edomex reguladas por el Imcufide turnaron una carta al gobernador Eruviel Ávila Villegas, así como al secretario de Educación Pública, Raymundo Édgar Martínez Carvajal, en la que plantean su inconformidad por el hecho de otorgar a particulares instalaciones deportivas mediante convenios y contratos que no fueron realizados en apego a los procedimientos de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios en la modalidad de licitación pública.
“El problema más grave es que estos convenios no fueron licitados”, puntualiza a Proceso el vocero de este grupo de inconformes, Fidelmar Marmolejo Maldonado, usuario y exasistente del director de la Unidad Jurídica del instituto, José Antonio Ortega Meza, contra quien también promovió un juicio de usurpación en el Primer Juzgado Civil de Tenango del Valle (expediente 1520/2012). Marmolejo lo acusa de uso indebido de recursos públicos y de desempeñar funciones ajenas a su carácter de servidor público.
En la misiva dirigida al mandatario estatal, le recuerdan que “si tiene el firme deseo de estar a favor de los deportistas mexiquenses, tiene la facultad para ordenar una investigación a fondo de todos y cada uno de los instrumentos jurídicos firmados y, en dado caso, revocar los mismos basado en los vicios ocultos que traen consigo”.
Asientan en el documento que tan solo en el convenio concerniente a la Alberca Olímpica Juan Fernández Albarrán, transferida en comodato a la empresa Centros Acuáticos Metropolitanos, S.A. de C.V., se manifiesta una contraprestación de 25 mil pesos mensuales y una inversión de 6 millones 500 mil pesos. Sin embargo, no existe un anexo que indique el lugar al que serán canalizados dichos recursos. Por el contrario, “los concesionarios están colocando el piso sobre el ya existente en buen estado. Levantan barditas, cambian rampas para minusválidos, pintan escaleras y paredes”.
El grupo también señala que Platas Álvarez se niega a transparentar los recursos del instituto, además de encubrir a tres funcionarios que aparecen en la lista de “deudores diversos” del estado, resultado de la balanza de comprobación detallada del 2 al 30 de junio de 2013. En esta relación figuran Eduardo Hernández Rodríguez, con 424 mil 788 pesos sin justificar; Sergio Noreña Cortez, quien no ha comprobado gastos por 141 mil 134 pesos, así como Blanca Amairani Morán Díaz, con un pendiente de 118 mil pesos.
Tales gastos son derivados de la asistencia de estos funcionarios a la Olimpiada Nacional 2013, en Baja California. “No obstante, estos señores sólo se pasearon en los mejores lugares a costa del instituto, mientras que a nosotros los deportistas nos adeudan seis meses del Programa Estímulos y Becas a deportistas, entrenadores, jueces y árbitros”, se consigna en la misiva.
Un año después, Eruviel Ávila continúa sin dar respuesta a un par de escritos. En el más reciente, fechado el 30 de mayo del año en curso, tres extrabajadores del Imcufide reiteran al gobernador que Fernando Platas tampoco da explicaciones de los gastos excesivos de los tres funcionarios públicos que asistieron a la referida Olimpiada Nacional.
Agregan que el director del Imcufide no argumenta la razón para pasar por alto al director de Recursos Materiales respecto a los procedimientos licitatorios para celebrar los convenios y contratos con particulares. “Menos se tomó en cuenta al Consejo Directivo del instituto ni a la Consejería Jurídica del gobierno del estado”.
A su vez, Marmolejo declara: “Ni el gobernador ni el secretario de Educación nos han hecho un pronunciamiento. Quiere decir que están totalmente de acuerdo con la forma de operar de Platas. Sin embargo, el secretario de Educación Pública, Raymundo Martínez Carvajal, es igualmente el presidente del Consejo Directivo del Imcufide, y también le pintaron la cara Platas y sus funcionarios”.
El vocero alerta: “ya no podemos tolerar esta situación. El instituto se quedó sin instalaciones. Ahora sólo nos queda el Centro Ceremonial Otomí, porque las instalaciones de Villa Allende y de Tenotitla se las dieron en comodato al municipio por una promesa del gobernador. ¿Para qué existe entonces el instituto? Ya no tiene razón de ser, pues incluso los gobiernos federal y estatal le disminuyen los recursos”.
Los cinco convenios
A través de la solicitud de información 00115/Imcufide/IP/2013, presentada el 31 de octubre de 2013, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Iinfoem) fue obligado a hacer entrega detallada de los cinco convenios referidos:
1.- Contrato de arrendamiento de la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán, celebrado por el Imcufide, representado por su titular, Fernando Fabricio Platas Álvarez, y por la empresa Centros Acuáticos Metropolitanos, S.A. de C.V., representada por Marco Vinicio Juárez Fierro en su carácter de administrador único.
El acuerdo estipula que el arrendatario pagará la módica cantidad de 25 mil pesos mensuales, a partir de junio de 2013, pero se obliga a realizar una “inversión inicial extraordinaria” de 6 millones 500 mil pesos para la rehabilitación de las instalaciones de la alberca olímpica.
2.- Convenio de colaboración extendido el 5 de agosto de 2013, para la organización y promoción del Programa Deportivo Curso de Verano 2013 en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán, al promotor Alberto Guerrero López, quien se compromete a dirigir la organización, administración y desarrollo del referido curso de verano implementando los programas que incumplió el Imcufide.
Guerrero López es la persona que entregó los 118 mil pesos para completar la compra del vehículo de Fernando Platas. En el contrato, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte se deslinda de la organización del evento, “por lo que no se responsabiliza de la cancelación, suspensión, reprogramación o contenido del curso de verano 2013”.
De acuerdo con el grupo opositor, este curso le redituó al promotor una ganancia millonaria, si se toma en cuenta que el convenio estipula una capacidad para atender a 500 y 700 personas en cada instalación, mismas que pagaron mil 400 pesos de inscripción.
3.- Convenio de colaboración para la organización y promoción de programas deportivos en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, ubicada en Manuel Ávila Camacho, que celebra el representante del Imcufide –el jefe de la Unidad Jurídica, José Antonio Ortega Meza– con el particular José Luis Díaz García, representante legal de la empresa denominada 16 Sport Track & Turf, S.A. de C.V.
En descargo de su funcionario, el Imcufide argumenta que Ortega Meza se encuentra facultado para entablar ese convenio, de conformidad con lo establecido en la séptima función de la Dirección General, contenida en el Manual General de Organización del instituto.
La mencionada unidad deportiva fue otorgada al Imcufide en comodato y en forma gratuita por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios el 26 de abril de 2011. Pese a ello, el promotor dispone de los espacios que comprenden la cancha de futbol, el área de baños, los vestidores, la oficina administrativa, la bodega y los andadores dentro de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc. Además, tiene a su disposición la estructura que se emplea para la promoción de sus eventos deportivos.
Se especifica que el promotor “podrá recaudar las cuotas que cada usuario –ya sea persona física, club o asociación deportiva– pague por los programas deportivos establecidos”.
Como contraprestación, Díaz García deberá entregar al instituto 100 mil pesos mensuales y se obliga a realizar “una inversión inicial extraordinaria” para la rehabilitación de las instalaciones deportivas por 600 mil pesos.
Proceso informó en octubre de 2012 que un grupo de empresarios creó diversas compañías para administrar albercas públicas en el país, a partir de las concesiones autorizadas por delegados y alcaldes. Precisamente uno de estos inversores es José Luis Díaz García, quien opera al menos 20 instalaciones deportivas.
A ese equipo empresarial lo complementan el medallista olímpico Carlos Girón, José Luis Díaz Cobián, Francisco Armendáriz, Juana Fernández Ríos, Teodomiro Gutiérrez Carvajal, Mario Carlos Casio Arellano, Gerardo Gutiérrez Gómez, Rubén Islas Carrillo y Carlos Enrique Arreola Toledo.
Este semanario también detalló que alguna de las empresas de estos particulares fueron dadas de alta el mismo día, a la misma hora y con diferentes objetos sociales en el Registro Público de la Propiedad.
4.- Convenio de colaboración para operar y administrar el funcionamiento del estacionamiento de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, celebrado con Carlos Enrique Arreola Toledo –del grupo de José Luis Díaz García–, presidente del Consejo de Administración de Administradores Deportivos, S.A. de C.V., que como contraprestación al Imcufide deberá entregar 15 mil pesos mensuales a partir de febrero de 2013.
El nuevo administrador del estacionamiento se obliga a realizar una inversión inicial extraordinaria para la rehabilitación de dichas instalaciones por 100 mil pesos.
5.- Convenio de colaboración para operar y administrar el funcionamiento del estacionamiento de la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán, establecido con el mismo particular, quien reconoce y acepta que para el cobro del servicio de estacionamiento se apegará a los costos fijados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México vigente en cada año. Es decir, 20 pesos por unidad cada día, si bien los usuarios de la comunidad mexiquense denuncian que Arreola Toledo infringió las reglas al imponer en principio la tarifa de 20 pesos por hora.
Como contraprestación, el administrador entregará al instituto un pago mensual de 20 mil pesos los primeros 18 meses, y posteriormente aportará 35 mil pesos mensuales, además de hacer una inversión inicial extraordinaria de 650 mil pesos para la rehabilitación de las instalaciones.
De acuerdo con el grupo de deportistas del Edomex, no hay evidencias de mejoras realizadas a los inmuebles otorgados en comodato. El instituto tampoco entregó al solicitante de la información el desglose de los ingresos que obtiene por esta serie de comodatos, asegura el vocero, Fidelmar Marmolejo.
El jueves 28, Proceso contactó a Fernando Platas, quien en primera instancia aceptó conversar con el reportero. Pero apenas conoció el tema a tratar, cambió de parecer. Argumentó que se encontraba en una reunión y se comprometió a devolver la llamada. Al cierre de la edición, nada se supo del director del Imcufide, hombre del grupo de exatletas que apadrina el gran cacique del deporte en el país, Mario Vázquez Raña.
En este círculo de súbditos del octogenario dirigente también se encuentran Jesús Mena, director de la Conade; Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano; Felipe el Tibio Muñoz, actual titular de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados; Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte del DF, y Ximena Saldaña, eterna asistente de Vázquez Raña, secretaria general de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), miembro permanente del COM y secretaria ejecutiva de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales.
