El terreno de 10 hectáreas es parte de la reserva ecológica de Nichupté, donde la fauna y la flora están protegidas por la ley. O lo estaban hasta hace poco. El verde de los manglares contrasta con el azul del mar que se encuentra a sólo unos pasos. En las redes sociales y en el mercado inmobiliario ya se ofrecen habitaciones, penthouses y un mundo de comodidades que formarán parte del desarrollo Puerto Nizuc Grand –valuado en 34 millones de dólares–, por más que el proyecto navegue entre un mar de acusaciones de fraude, documentación falsa y corrupción de autoridades locales y federales.
Hasta el momento no se ha erigido ningún edificio. Apenas están en preventa las habitaciones de los “condominios residenciales de lujo” que se distribuirán en siete torres. El complejo se ubicará a un costado de uno de los principales accesos al Caribe mexicano, el bulevar Kukulcán, a ocho minutos del aeropuerto de Cancún.
El proyecto dejará ganancias de entre 260 y 400 millones de pesos, según los cálculos de la inmobiliaria Jaguar –a cargo de Gregorio Sánchez Martínez, exalcalde de Benito Juárez, a quien la justicia le embargó tres inmuebles debido a otra acusación de fraude inmobiliario por 10 millones de pesos.
El pasado lunes 25, en sesión extraordinaria del cabildo, se votó el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún 2014-2030, donde se incluye el proyecto de Puerto Nizuc. En ese plan se detalla que cada una de las siete torres tendrá 20 pisos; en total habrá 480 departamentos, 28 penthouses, 14 garden houses, dos elevadores por torre, dos cajones de estacionamiento por condómino, más de 64 mil metros cuadrados de áreas verdes, 3 mil 900 metros cuadrados de área comercial con restaurantes, ciclopista y pista de jogging, albercas infinity, canchas de tenis y estacionamiento techado.
Historia de opacidades
La publicidad asevera que ya están todos los permisos en orden y que puede iniciarse la construcción del megacomplejo. Lo que no se menciona es que, en breve, un grupo de ecologistas de Cancún presentará una demanda por fraude procesal: los activistas argumentan que en los últimos 14 años la propiedad de ese terreno ha pasado de mano en mano, con documentos apócrifos, en una intrincada red de corrupción en la que están involucrados funcionarios municipales y estatales que dieron autorizaciones de uso de suelo sin verificar la situación del predio.
El primer documento de compraventa del terreno –declarado área natural protegida en 1971– es un contrato simple: un pedazo de papel escrito a mano y fechado en 1987. Lleva un sello de la Notaría 4 de Yucatán. Como propietario aparece Cándido Povedano Martínez, y como comprador, Urbano León Tuz.
En este movimiento mercantil destaca el primer acto ilegal. Resulta que Cándido Povedano estaba muerto desde el 24 de agosto de 1977. Recibió un balazo, de acuerdo con el acta de defunción radicada en el Registro Civil de Quintana Roo.
En 2004, León Tuz vendió el predio por 1 millón 400 mil pesos a Mariana López Arciniega, a través de una carta poder en favor de Joaquín López Gómez. Luego, el 27 de enero de 2005, en atención a una solicitud de medidas y colindancias protocolizada ante la Notaria 10 –a cargo de Francisco Lechón Rosas–, el terreno “creció”, y sin ninguna explicación pasó de siete a 10 hectáreas.
Con estas nuevas medidas, Mariana López vende una vez más la finca. Por 1 millón 600 mil pesos la entrega a la asociación mercantil De Cancún para el Mundo. Ese consorcio es el que ahora comercializa el proyecto Puerto Nizuc Grand a través de la agencia Jaguar.
Además de todas las compraventas irregulares hubo otro problema: el cambio de uso del suelo. Tal consignan documentos de 1969, la zona estaba considerada parte de los “terrenos nacionales”. Dos años después se le declaró “área protegida”.
En 2013 ese escollo “se resolvió” con una nueva jugarreta. En la sesión de cabildo del 26 de septiembre de ese año, al discutirse el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, se decretó considerar la zona de Nizuc como “área verde de valor ambiental”. Se argumentó que se había sobredensificado la zona hotelera de Cancún y varias partes de la ciudad, por lo que se requerían nuevas zonas de desarrollo urbano.
Pero en el Diario Oficial de la Federación incluso se publicó otra cosa. Ahí apareció como un solar con “uso de suelo turístico hotelero”.
Gente fina
Fue en ese momento que entró a escena la empresa De Cancún para el Mundo S.A. de C.V., constituida legalmente el 11 de junio de 1999. La socia de la inmobiliaria Aurora Graciela Ochoa Gómez transfirió sus acciones al empresario Rodolfo Rosas Moya y le dio una carta poder a Manuel de Zuleta Ochoa, apoderados generales de la sociedad De Cancún para el Mundo.
Rosas Moya es identificado como accionista mayoritario de la empresa Mayam Ha S.A. de C.V., beneficiada con la venta de 60 hectáreas del Parque Industrial Portuario de Yucalpetén, Yucatán, durante la administración de Ivonne Ortega –quien tuvo denuncias de fraude porque el predio se vendió a menos de 10% de su valor catastral.
Este empresario estuvo vinculado con el extinto banquero Roberto Hernández. Durante el gobierno de Félix González Canto, este banquero fue beneficiado con el permiso para desarrollar la fase previa de Aldea Zamá, Con este fin le vendieron terrenos costeros que pertenecían a la Universidad de Quintana Roo.
Raúl Karin de la Rosa, exjefe de la oficina de la presidencia municipal de Benito Juárez, dice que este conflicto es de carácter federal y exige al gobierno de Enrique Peña Nieto actuar a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En entrevista sostiene que en toda la historia es evidente la falsificación de documentos con la complicidad de funcionarios públicos. Por eso, anuncia que solicitará a la Presidencia de la República que presente una controversia constitucional en contra del gobierno municipal, a cargo de Paul Carrillo de Cáceres y del gobernador Roberto Borge Angulo: “Existen los elementos suficientes para echar atrás el proyecto porque todas las irregularidades están documentadas”.
