En lugar de atender el creciente flujo migratorio de Centroamérica como una crisis humanitaria, Washington ve en él una amenaza a su seguridad. Grandes cantidades de dinero, canalizadas sobre todo por medio de la Iniciativa Mérida, llegan a México desde Estados Unidos para instalar retenes en Chiapas y Tabasco. Tomás González, responsable del albergue La 72, en Tabasco, es contundente: “Peña Nieto hace de forma cínica el trabajo sucio de Barack Obama”.
Sentados a las mesas en el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, los migrantes platicaban de todo ese viernes 1, salvo de su cruce por México, cuando el activista Rubén Figueroa, celular en mano, los interrumpió: “Armaron operativos en Arriaga. Si fuera uno de ustedes me iría en el próximo tren, de volada. Falta poco para que se ponga duro por aquí”. La tranquilidad se desvaneció de los rostros.
Diez días después, policías federales y agentes de migración escondidos en la selva pararon el tren de carga en Boca del Cerro, Tabasco, tomando por sorpresa a los centenares de migrantes que viajaban en su lomo. Los oficiales iniciaron la “cacería” en los cerros, narra a Proceso el sacerdote Tomás González, máximo responsable del albergue La 72
Durante las dos semanas previas los retenes se multiplicaron en las carreteras tabasqueñas, bajando a los viajeros de los carros o de los autobuses con el apoyo del Grupo Beta, cuya misión es dar asistencia a los migrantes. Desde entonces entre dos y tres autobuses llenos de migrantes parten diario del centro de detención de Tenosique rumbo a Centroamérica, asevera González.
Los operativos coincidieron con el lanzamiento del Programa Frontera Sur, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 7 de julio durante un encuentro con su par guatemalteco Otto Pérez Molina en Catazajá, Chiapas, y concretado al día siguiente con la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
Al anunciar su programa, Peña Nieto destacó la apertura de cinco “centros de atención integral al tránsito fronterizo”, es decir garitas.
La semana siguiente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno mexicano endurecería su política migratoria e impediría a los migrantes subirse al tren, “por su seguridad”.
“No podemos permitir que entre a nuestro territorio quien no tenga los documentos”, precisó en entrevista con Radio Fórmula el lunes 11. Cuatro días después nombró al senador tabasqueño Humberto Mayans Canabal titular del nuevo órgano institucional.
Impedir a los migrantes subirse al tren creará un cuello de botella en Chiapas y Tabasco, donde no hay capacidad de atención médica o humanitaria para los migrantes, dice a Proceso Diana Martínez, encargada de la dirección de la organización Sin Fronteras para la frontera sur. “Nos preocupa que en algún momento esto explote como una olla de presión”.
Agrega que impedir el acceso al tren, conocido como La Bestia, sólo encarecerá el costo del viaje hacia la frontera con Estados Unidos.
El sacerdote Ramón Verdugo, del albergue Todos por Ellos, coincide con esta lectura y añade que restringir el acceso al tren enriquecerá a los traficantes de indocumentados y obligará a los migrantes a hacer lo imposible para pagar las cuotas, arriesgando sus vidas.
El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, revela que no será la primera vez que los migrantes se queden sin posibilidades de abordar el tren. En 2005 el huracán Stan derrumbó 34 puentes sin que eso parara la migración centroamericana, recuerda.
Militarización
“Los operativos no son nada nuevo”, explica a Proceso el director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdova en Tapachula, Diego Lorente, al explicar que desde hace más de un año el gobierno designó a Tapachula base regional de la Policía Federal (PF), lo que implicó el despliegue de 400 uniformados y la llegada de militares “en un número que desconocemos”.
Si bien los operativos antimigración “supuestamente no entran en el Programa Frontera Sur”, según Lorente, éste “vino a dar carta blanca a los operativos contra la migración”. La infraestructura ya existía, “lo que hizo Peña Nieto fue venir a inaugurarla”, afirmó.
La reciente intensificación de los operativos y el crecimiento de la presencia de la PF en la frontera sur hicieron que varias organizaciones formaran un Observatorio Permanente el martes 19 a fin de monitorear las violaciones a los derechos humanos que generarán los operativos.
“El plan contiene numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana”, explica el conjunto de organizaciones y albergues en un comunicado de prensa.
Un equipo de investigadores estadunidenses de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) atestiguó la presencia militar en la zona fronteriza de Chiapas. Además en su informe La otra frontera de México, publicado el pasado 17 de junio, destaca que el Ejército capacitó a los miembros de la Policía Fuerza Ciudadana, la agencia creada por el gobernador chiapaneco Manuel Velasco.
Esta policía opera en la frontera, observaron los investigadores de WOLA quienes advirtieron: “Abusos suelen ocurrir cuando el entrenamiento militar se aplica en actividades de seguridad pública”. También documentaron que durante la Operación Soconusco II –con participaron del Ejército, la Marina, la PF y el Instituto Nacional de Migración (INM)– pudieron observar operativos y retenes conjuntos en Tapachula.
Desde el lanzamiento del Programa Frontera Sur y los operativos masivos que generó, el gobierno no hizo ninguna declaración oficial; también se mantuvo en silencio el coordinador Mayans, critica Tomás González.
Días después de su nombramiento Mayans llamó “unos minutos” al fraile para asegurarle que estaría pendiente de cualquier denuncia y le haría caso a la sociedad civil. Hasta la fecha, aquella fue la única conversación que sostuvo el sacerdote con el coordinador.
Proceso solicitó una entrevista con Mayans. La encargada de enlace interinstitucional de la Secretaría de Gobernación contestó: “El coordinador no ha respondido a ningún medio de comunicación”.
La frontera sur de México con Centroamérica es de mil 149 kilómetros y a través de sus 370 cruces informales sólo en 2013 se internaron unas 250 mil personas. El gobierno federal estima que 41% de ellas venían de Guatemala, 32% de Honduras y 19% del Salvador.
En lo que va de 2014 el INM y otros organismos nacionales e internacionales dieron atención a 11 mil niñas y niños adolescentes migrantes, de los cuales más de la mitad eran “no acompañados”. En 2013 no fueron más de 3 mil 200 los menores atendidos.
Los polleros y coyotes aprovecharon el proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos –que podría regularizar a millones de indocumentados al ser aprobado– para engañar a los padres de familia mexicanos y centroamericanos, declara en entrevista José Mariano Castillo Mercado, embajador de Honduras en México. “Les dijeron que también regularizarían a sus hijos y les propusieron sus servicios”, abunda, lo que generó el “tsunami” de niños migrantes.
Eufemismos
De hecho las organizaciones de la sociedad civil aseveran que el Programa Frontera Sur fue más bien un anuncio mediático improvisado por el gobierno federal cuando México se convirtió en un foco de atención internacional durante la crisis de los niños migrantes.
“Ni siquiera es un programa”, comenta a este semanario Diana Martínez, de Sin Fronteras. Explica que en el texto el gobierno no define lo que entiende por “atención integral” ni habla de derechos humanos, pero en la práctica “aplica una política de mano dura”.
El relator de los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, explica a este semanario que “el gobierno mexicano no emprendió una política pública adecuada en materia de migración, por lo que ahora adopta iniciativas reactivas”.
Además, si bien el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril, establece que “una política migratoria de Estado tiene por objeto superior el bienestar del migrante” y que “la movilidad nacional e internacional de personas forma parte de los derechos humanos fundamentales”, el Programa Frontera Sur resulta “un engaño para quién lo ha creído”, dijo Tomás González y añade: “Sabíamos que anunciaba más represión”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian el “doble discurso” del gobierno en torno a sus medidas migratorias. En el PEM como en el Programa Frontera Sur, utiliza términos genéricos o eufemismos que abren el camino a una interpretación amplia.
Al hablar de “flujos ordenados, seguros y ágiles”, “hacer eficientes los protocolos de control migratorio”, “combatir el tráfico de personas”, “prevenir y atender los accidentes de los migrantes en su ruta migratoria” o “recuperar los espacios públicos”, el gobierno entrega mucha discrecionalidad al INM , dice Diana Martínez.
“El mensaje es que se va a tratar de detener la migración y proteger al migrante, pero no dice cómo”, lamenta. Agrega: “Si fuera por seguridad, el gobierno atendería y daría seguimiento a las denuncias, pero casi no ha llevado a juicio los secuestradores o los criminales en la ruta migratoria”.
El embajador hondureño enumera los cambios destinados a suavizar el discurso del gobierno mexicano respecto a la migración. “En vez de ‘arrestar’, dice ‘asegurar’, sustituyeron ‘deportar’ por ‘retornar’ y las ‘estaciones migratorias’ son en realidad cárceles”, opina.
Ambigüedad
El anuncio del Programa Frontera Sur también tomó por sorpresa al gobierno de Honduras. “Se rumorea que México cierra su frontera”, dice el embajador Castillo Mercado al aseverar que ninguna autoridad mexicana lo consultó antes de adoptar el plan.
“No podemos decirle a México lo que debe hacer; controlar los flujos migratorios es un derecho soberano”, afirma. Y retoma la postura oficial del gobierno mexicano: “A través de estas medidas lucha contra el tráfico de personas y resguarda la seguridad de las personas que vienen”.
Ante la observación de que un bloqueo de la migración dañaría a la economía de Honduras, altamente dependiente tanto de las remesas –que representan más de 15% del PIB y crecieron 8.2% en comparación con el año pasado– como de la reducción del desempleo, el embajador confiesa que sí pero matiza: “Somos ambivalentes porque nos gustan las remesas, pero no que la gente salga del país; tanto en México como en Honduras”.
–¿El Programa Frontera Sur afectaría a Honduras? –se le pregunta.
–Sí, pero no existe una postura oficial del gobierno al respecto –insiste.
El embajador informa que parte del Programa Frontera Sur consistirá en compartir una base de datos regional que preverá el número de migrantes, su origen, edad e “información sobre los criminales”.
Según la prensa de Honduras esta semana la policía de ese país firmó un memorando de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para intercambiar información acerca de hondureños deportados.
El pasado 25 de julio el presidente estadunidense Barack Obama se reunió en Washington con sus pares de Honduras, Guatemala y El Salvador para encontrar soluciones a la crisis de los niños migrantes. Enrique Peña Nieto no fue invitado.
A raíz de esa reunión los gobiernos centroamericanos emprendieron campañas mediáticas para desincentivar la migración y criminalizaron a los padres de familia que envían a sus hijos en la ruta migratoria.
El próximo septiembre el gobierno hondureño sustituirá la Dirección Nacional de Migración y Extranjería por el nuevo Instituto Nacional de Migración. Más que el cambio de nombre, la nueva entidad pasará a control de la Secretaría de Defensa. Desde hace poco hay pruebas de que Honduras esté militarizando su frontera para impedir a los migrantes que salgan del país.
A través de la Iniciativa de Seguridad Regional en Centroamérica (CARSI) el gobierno estadunidense provee recursos a los ejércitos de El Salvador, Honduras y Guatemala para “combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas”.
En 2015 su presupuesto será de 150 millones de dólares, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense publicado el pasado 6 de mayo; 17% del cual se destinará a Honduras.
“La CARSI provee comunicaciones, inspección fronteriza y equipamiento de policía, como radios, computadoras escáneres de rayos X, armas”, plantea el informe. Añade: “Expandió el programa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) llamado Intercambio de Huellas Digitales en Centroamérica.
“Trabajo sucio”
En el caso de la frontera sur de México, miembros de la sociedad civil aseveraron que el gobierno federal realiza el “trabajo sucio” de Estados Unidos con sus nuevos operativos masivos.
“Admiro la habilidad del gobierno mexicano de sacarle dinero a Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida; de darle atole con el dedo”, comenta Solalinde, respaldado por Tomás González, quien asevera que Peña Nieto hace “de forma cínica el trabajo sucio de Barack Obama”.
“Controlar el rápido y creciente flujo de migrantes centroamericanos que cruzan desde Guatemala es una alta prioridad para el gobierno estadunidense, por lo que la asistencia a Guatemala está aumentando. No obstante, como en México, casi toda esa asistencia se transfiere a través de programas de apoyo destinados a combatir el tráfico de drogas”, aseveran los investigadores de WOLA.
Abundan que el gobierno mexicano recibe “recursos modestos pero crecientes” de Estados Unidos para intensificar sus medidas de seguridad fronteriza a través del “tercer pilar” de la Iniciativa Mérida, cuyo propósito es “crear una frontera del siglo XXI”.
Indican que el gobierno mexicano ya recibió 112 millones de dólares en tecnologías de seguridad fronteriza y señalan que “un monto desconocido, destinado al entrenamiento y al equipamiento de los marinos, provino del presupuesto antinarcóticos del Departamento de Defensa”.
La ayuda estadunidense “implica un giro hacia políticas que ven a los flujos de migrantes como una amenaza que debe ser controlada en vez de un fenómeno humanitario que manejar”, afirman los investigadores.
Informan que el programa del gobierno para la frontera sur recibe el apoyo de Estados Unidos, al querer controlar la migración mediante nuevas infraestructuras y programas de identificación de migrantes.
Uno de ellos, un programa piloto de “registro biométrico”, recibió 14 millones de dólares de la Iniciativa Mérida, según WOLA. Añade: “Los resultados obtenidos por los gobiernos de México y Guatemala, explicaron oficiales del Departamento de Seguridad Nacional estadunidense, implicarán que ambos gobiernos establezcan bases de datos de todos los migrantes”.
En los tres cinturones de “retenes de control” que florecen en las carreteras del sur las autoridades mexicanas utilizan escáneres regalados por Estados Unidos para controlar los vehículos.
