Señor director:
La historia: El pasado 13 de diciembre al mediodía, sin orden de aprehensión de por medio y en plena vía pública, fue detenido mi hijo Alan Daniel Rebolledo Segura, y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Antes de presentarlo ante el Ministerio Público, los agentes que lo detuvieron lo anduvieron paseando en una patrulla, durante horas, por varias calles de la ciudad, torturándolo como medida de presión para que les diera 100 mil pesos.
El motivo de la detención y reclusión de mi hijo es una denuncia por robo agravado que los hermanos Alejandro y Arturo Wladislavosky Shapiro, dueños de la empresa Audiotech, levantaron contra mi hijo, quien laboraba en dicha compañía desde 2010. Lo acusaron de la presunta firma de un pagaré por la cantidad de 87 aparatos auditivos, con un valor aproximado de 153 mil pesos.
Lo indignante del caso es que a mi hijo lo despiden de la empresa el 14 de noviembre de 2013, y el pagaré que presentan ellos –como “prueba” del delito– aparece con fecha del 16 del mismo mes; es decir, dos días después de haber dejado de laborar para esta empresa.
Además, a través de un peritaje realizado por un ministerio público se comprobó que falsificaron la firma del acusado en dicho pagaré. Peor aún: desde que los demandantes interpusieron la denuncia con testigos comprados que declararon en contra de mi hijo, nunca más se han vuelto a presentar a ratificar sus acusaciones, a pesar de que han sido requeridos y notificados puntualmente por las autoridades ministeriales.
El hecho de que la parte demandante y sus testigos no acudieran ameritaba una sanción económica o incluso el arresto. Pero el juez Gilberto Cervantes, encargado del caso, no aplicó ninguna de las dos penas. Es decir, terminó exonerándolos a todos, patrones y testigos, de las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 78 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
Con el número de Causa Penal 283/2013, radicada en el juzgado Trigésimo Quinto Penal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y bajo la responsabilidad del juez Gilberto Cervantes, el juicio se ha desarrollado de manera turbia. Prueba de ello es que mi hijo sigue preso, a pesar de haber demostrado su inocencia.
El dinero y poder del que disfrutan los dueños de Audiotech es tal, que a través terceras personas del mismo reclusorio intentaron matar a Alan Daniel, dándole una puñalada en la espalda. Por cierto, las autoridades del reclusorio nunca quisieron investigar ese intento de homicidio.
Desde que mi hijo llegó a trabajar a Audiotech se enteró de una serie de irregularidades e injusticias que cometen los dueños de la empresa en contra de sus empleados. Por ejemplo, cuando quieren despedir a alguien le inventan robos o acusaciones de presentarse tarde a trabajar. Esto lo hacen comúnmente contra las mujeres embarazadas. Incluso, para amedrentar a los empleados a quienes pretenden despedir, se valen de cuatro agentes judiciales que les hacen este trabajo sucio.
Esta queja ya se la envié por escrito al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y a la diputada panista Olivia Garza, entre otras autoridades, sin obtener, hasta el momento, ninguna respuesta.
Finalmente, quiero manifestar, ante las autoridades competentes, que hago responsables a los señores Alejandro y Arturo Wladislavosky Shapiro de cualquier amenaza o agresión física que pudiéramos sufrir mi hijo recluido o yo.
Atentamente
María Susana Segura Tlapa
