Para el profesor Juan José Santibáñez Santiago, director de la tesis de maestría de Dolores Coronel Ortiz que obtuvo mención honorífica en la Universidad de Chapingo, la negativa a su ingreso al doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) fue discriminatoria.
Explica que la UAM Iztapalapa tiene una singularidad en relación con el resto de las instituciones de educación superior del país: Muchos de sus estudiantes provienen de las familias con menor ingreso respecto del resto del promedio de los universitarios. Incluso por debajo del ingreso de los padres de estudiantes de Guerrero, Chiapas o Hidalgo.
“De modo que nuestros estudiantes están en condiciones de marginalidad muy notorias. Estamos en el oriente de la Ciudad de México, lo que eleva la probabilidad de que nuestros estudiantes sean de origen étnico.”
Entonces recuerda que el mismo secretario de Educación Pública del gobierno de Vicente Fox, Reyes Tamez Guerra, admitió de manera oficial que un indígena tenía la probabilidad de entrar a una universidad, y por lo tanto de egresar, igual a cero.
Por ello considera que la función de la UAM-I es importantísima pues cubre las necesidades de una población marginada, particularmente la de origen étnico. Y es el caso de Dolores Coronel, quien proviene de una comunidad mixteca de Oaxaca.
En su opinión la UAM no sólo debería sentirse orgullosa de servir a los estudiantes que tienen “cero probabilidad de ingresar a una universidad”, sino que además se titulan, con menciones honoríficas, con jurados que no son escogidos a modo y en concursos abiertos.
No concibe, pues, que ocurriera este hecho tan irregular con Coronel, en el cual se le notificó por escrito que reunía todas las condiciones para ingresar al doctorado pero no había un profesor para atenderla, pues a la asesora se lo impedía el reglamento.
Considera que tanto la alumna como la profesora Ana Paula de Teresa, su directora de tesis, sufrieron un acto de discriminación, que es un delito en el Distrito Federal. Pese a ello, ninguna de las dos se quejó frente al Ministerio Público, sino que intentaron resolver el asunto en los órganos internos de la universidad. Fue la parte agraviante la que acudió a los tribunales civiles.
El historiador Ricardo Pérez Montfort piensa que es un contrasentido que este conflicto se haya dado en el Departamento de Antropología, esta última una ciencia que en México se ha orientado al estudio de las problemáticas de las comunidades indígenas:
“Esto habla, desde mi punto de vista, del tipo de antropología que se quiere instrumentar. Ya no es una antropología que mira hacia un proceso de integración, sino hacia un proceso de exclusión. Eso es particularmente dramático en una universidad pública”, lamentó. (J. Amador)
