Un ejemplo de injusticia académica contra la aspirante al doctorado en Ciencias Antropológicas de la UNAM, Dolores Coronel Ortiz, puso en evidencia que el Sistema Nacional de Investigadores ha relegado a un segundo plano su función social, que es la formación de nuevos profesionistas para beneficio de la nación. Entrevistados por Proceso, investigadores exponen en grupo cómo este sistema ha sido particularmente nefasto para México. Si los académicos tuvieran un sueldo adecuado, dicen, el apoyo del SNI sería realmente un estímulo o un premio a la calidad…
El caso de la aspirante al doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), Dolores Coronel Ortiz, quien fue rechazada pese a sus méritos académicos y terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revela los vicios y mafias enquistados en las instituciones de educación superior.
Igualmente, las perversiones en que han caído los criterios productivistas y de competencia del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), una institución que nació hace treinta años, el 26 de julio de 1984, por acuerdo presidencial, para paliar los bajos salarios de los profesores y no –como se pretende en la letra– para impulsar la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación el país.
Los profesores Martha Bañuelos Cárdenas y Juan José Santibáñez Santiago, del Departamento de Sociología, y Ana Paula de Teresa, del Departamento de Antropología, todos de la UAM-I, así como Ricardo Pérez Montfort, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, exponen en grupo cómo este sistema de competencias, impuesto globalmente, ha sido particularmente nefasto para México.
Y es que, dicen a Proceso, la escasez de recursos de todo tipo en las universidades públicas acentúa la disputa por el dinero y el estatus que da pertenecer al SNI. No hay un principio de competencia por el conocimiento y se ha relegado a un segundo plano su función social, que es la formación de nuevos profesionistas para beneficio de la nación.
El origen
Bañuelos Cárdenas recuerda que la UAM se creó básicamente para ofrecer estudios de licenciatura. Más tarde se añadieron los programas de posgrado, lo cual incidió en la formación de nuevos claustros académicos, pero también en la distribución de los escasos recursos.
En ese contexto, dice, los estudiantes tienen muchos problemas para acceder a los estudios de posgrado porque además hay un vigilante externo: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), una suerte de “Big Brother” que impone “criterios productivistas, muchos de ellos importados”.
Resume que los estudiantes deben enfrentarse a una competencia feroz para ingresar al posgrado y presentar sus proyectos. A veces son excelentes estudiantes, pero no hay quién les dirija su tesis o no existe en el currículo la línea de investigación de su interés.
Éste fue el caso, muy particular, de la maestra Coronel Ortiz, egresada de la licenciatura en Antropología de la UAM-I y de la maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo, en donde su tesis –dirigida por el profesor Santibáñez– obtuvo el premio a la mejor investigación en materia agraria.
En 2010, Coronel solicitó su ingreso al doctorado en Antropología de la UAM-I. Tenía el precedente de haber estado en el doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que dejó por motivos familiares. Al presentarse al concurso de la UAM, con toda la documentación y requisitos en orden, el Colegio de Profesores del Posgrado en Ciencias Antropológicas la rechazó con el argumento de que quien dirigiría su tesis, la doctora Ana Paula de Teresa, ya asesoraba a cinco estudiantes, por lo cual no la podían admitir, pese a sus méritos académicos.
Mediante una misiva, de Teresa expresó su inconformidad al Colegio no sólo por el rechazo a una estudiante de excelencia sino porque no existe un reglamento que limite el número de alumnos que puede asesorar un profesor. Esa condición, además, no se especificaba en la convocatoria de ingreso al posgrado. En la carta explicó que de sus cinco alumnos dos estaban por concluir, lo cual le permitiría atender sin problema a Coronel. Y hay el antecedente de que otros profesores han dirigido a más de cinco alumnos.
Por su parte, Coronel solicitó una audiencia con María Eugenia Olavarría Patiño, entonces coordinadora del posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM-I, quien en lugar de explicarle las razones del rechazo le reclamó que abandonara el posgrado en la UNAM. Lo ocurrido en ese encuentro, sentencia Bañuelos Cárdenas, es inadmisible pues levantó la voz a la alumna, humillándola.
La profesora Bañuelos explica que la razón del reclamo, no dicha por Olavarría, es que su esposo trabaja en el posgrado de la UNAM, y con la salida de Coronel la institución perdía un posible egresado de nivel doctorado, que se traduce en una suerte de puntos para ser considerados como posgrados de excelencia ante Conacyt. Hasta ahí son conflictos cotidianos, incluso que gente de otras instituciones pretenda meter las manos en la UAM “se da en el mundo académico”.
La alumna envió también una carta al Consejo Divisional, para solicitar la reconsideración de su caso. Y ahí comienza lo extraordinario del asunto: La coordinadora no se presentó ante ese órgano y decidió demandar por la vía civil tanto a la estudiante como a la profesora De Teresa, por considerar que sus cartas dañaron su honor y su prestigio institucional.
Luego de un proceso de tres años en el cual Olavarría obtuvo fallos en su contra en tres diferentes instancias, el asunto llegó a la SCJN que nuevamente negó la razón (ver recuadro).
En opinión de las profesoras Bañuelos y De Teresa el conflicto revela un acto de autoridad mal tomado mediante el cual se pretendió aplastar a la candidata y a quien asesoraría su tesis. Agregan que el contexto global es la situación en que se encuentran en la actualidad los programas de posgrado y las universidades, y en cómo se discuten asuntos académicos, supuestamente de manera democrática. Pero también la lucha por los recursos del SIN y del Conacyt.
Al profesor Santibáñez le parece excesivo que “la agraviante” llevara a las instancias judiciales el asunto, cuando la universidad tiene sus órganos académicos de gobierno para resolver conflictos al interior. Parece, tercia Bañuelos, que las autoridades universitarias no entienden cuál es su papel y que cuando hay un conflicto parecido, todo el aparato jurídico universitario se pone de parte de las autoridades y no necesariamente de quien tiene razón.
Competitividad
El historiador Ricardo Pérez Montfort señala que el meollo más grande de todo este asunto es justamente lo qué está pasando con las universidades públicas. Fue señalado así en la reflexión del ministro de la SCJN José Ramón Cossío Díaz para emitir su fallo (ver recuadro).
El investigador del CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social) considera que se debe revisar el papel de la universidad pública. Y es que el país requiere de un proyecto gigantesco de transformación que debe surgir de la educación, y este tipo de hechos debilitan las instituciones públicas y fortalecen a las universidades privadas.
Los profesores advierten que en el fondo del problema está la falta “crónica” de recursos en las universidades y el hecho de que se subsane de algún modo a través del SNI. Dice De Teresa:
“El SNI se instituye a fines de los ochenta para evitar la fuga de cerebros, porque es tan bajo el sueldo en las universidades, que los mejores académicos-investigadores se van a otros países. Entonces es una manera de complementar el bajo sueldo que paga el Estado para retener a esa inteligencia en sus centros de formación.”
Señala, sin embargo, que para obtener ese “pequeño sobresueldo”, se hacen concursos de productividad. Considera que “vendieron su alma al diablo por un plato de lentejas, porque ¡bueno! –dice irónicamente–, si fuera la jubilación que les acaban de dar a los ministros de por vida de no sé cuántos miles de pesos, a lo mejor, pero son alrededor de diez mil pesos al mes lo que da el SNI en promedio”.
Hay tres categorías. El nivel III es el que obtiene mayores recursos, siempre que se cubra cierto parámetro de productividad. Y hay que concursar periódicamente para renovar el apoyo.
La pregunta es cómo se mide la productividad en un área como la antropología, que es donde se desempeñan estos profesores. Responden que los criterios son cuantitativos. Por ejemplo: Número de artículos producidos, libros publicados, capítulos en libros, tesis dirigidas, citas bibliográficas, entre otros “productos”. Todo ello da puntos.
Si bien la convocatoria publicada en la página web del Conacyt indica que no serán preponderantes los aspectos cuantitativos, sino los cualitativos, Pérez Montfort señala que no se ha establecido una noción de la calidad, y “por lo menos en el área de las humanidades sí ha sucedido una cuantificación muy puntual: ¿Cuántos artículos, cuántos libros, cuántas conferencias, cuántas tesis dirigidas, etcétera? Si, por ejemplo, tú escribiste un solo libro y es fundamental para tu disciplina, vale por un solo libro”.
Agrega De Teresa que no se distingue la trascendencia ni la calidad de una obra. Y señala que se dan casos en los cuales el investigador solicitante simplemente cambia el título, la introducción o el colofón a un ensayo y lo presentan varias veces, un refrito.
Este sistema de evaluación, advierte el historiador, es una copia del sistema estadunidense, y del que se ha estado imponiendo a nivel global. Pero en las humanidades es particularmente nocivo. Llevan décadas tratando de explicar a las autoridades que no se pueden medir las humanidades con los mismos criterios de las ciencias naturales o exactas, sin éxito.
“Este proceso, que es global, no es exclusivo de México, ha sido muy nefasto aquí porque ha generado dentro del medio de las humanidades un principio de competencia por los recursos. No es un principio de competencia por el conocimiento, sino por el dinero que ofrece el Estado o las empresas privadas o las instituciones internacionales.
“Ahora se tiene más prestigio no por los aportes al conocimiento sino por obtener el dinero. Haber conseguido la beca de la Ford Foundation es mucho más importante que si escribiste una nueva historiografía de la Revolución Mexicana. O Si formaste a cuarenta estudiantes. En los criterios de estos posgrados es más importante producir cantidades de doctorados que calidades en los egresados.”
Agregan que Conacyt marca además que el tiempo en el cual debe graduarse un doctorante es entre tres años y medio y cuatro años y medio, no importa el tema de su tesis o lo complicada que ésta pueda ser y requiera por tanto más tiempo del promedio.
Advierten también que este sistema, “que es una pelea por el dinero y el estatus, ha provocado una deformidad en la cabeza y corazón de los investigadores”, pues algunos se sienten superiores por pertenecer a determinado nivel del SNI. De ahí la impunidad con la que actúan profesores como la excoordinadora de Antropología de la UAM que rechazó a la maestra Coronel, cuando “como dice el ministro Cossío, están ocupando un cargo público, ejerciendo un dinero público, entonces deben comportarse como servidores responsables”.
Se les pregunta si debería dejar de existir el SNI y dar paso a un organismo que apoye realmente la investigación.
Responde De Teresa que la trampa está en los bajos salarios, pues si los académicos tuvieran un sueldo adecuado, el apoyo del SNI sería realmente un estímulo o un premio a la calidad, a lo extraordinario.
“El problema es que en vez de subir los sueldos, el Estado ideó este sistema de deshomologación salarial que rompe la unidad de la academia, porque nos definen estratos, altos, medianos, bajos y muy bajos, con diferenciales de ingreso muy pronunciado.
“Por otro lado, ha generado que el objetivo de nuestras instituciones, que es la formación de nuevas generaciones, pase a un segundo plano y sea un medio y no un fin. O sea, doy clases en el posgrado para obtener los puntos para acceder al SNI, y si accedo puedo obtener dinero para la investigación, si tengo dinero puedo tener alumnos como ayudantes para mi proyecto…”
Y así una cadena sin fin. Al final de la rebatiña, nadie se quedó con los puntos que significa un egresado del posgrado, pues la maestra Dolores Coronel fue invitada por la Universidad Iberoamericana a cursar el doctorado ahí, con una beca del 90%, y está por terminar su tesis.
