Matamoros es un preciado botín de la delincuencia organizada. Los millonarios recursos generados por las maquiladoras, el paso del petróleo y gas, y el intenso intercambio comercial con Texas son tan atractivos como el tráfico de drogas y de migrantes y la piratería. Nada de eso es demasiado y los grupos criminales se han dedicado en años recientes a generar una economía paralela a costa de los ingresos de la población y los recursos de esa ciudad tamaulipeca.
“Cuando llegué, el diagnóstico era de terror”, dice la presidenta municipal de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, una abogada con doctorado en derecho fiscal que a sus 37 años de edad es desde hace nueve meses la primera mujer alcalde de la ciudad.
Cantinas ambulantes, oficinas recaudadoras paralelas, cobros de nómina en la presidencia municipal y control de las oficinas que significaran ingresos, venta callejera de gasolina robada, el relleno sanitario municipal bajo control de la delincuencia con los pepenadores a su servicio, parque vehicular sin placas, lotes y comercializadores de coches tributando a la delincuencia y hasta las avenidas principales convertidas en santuarios de esas organizaciones, eran parte de la diagnosis.
También figuraban en el análisis los delitos del fuero común como robo de vehículos, asaltos a directivos y ejecutivos de la industria maquiladora, robos a casa-habitación y a comercios… Todo cuanto quisiera la delincuencia en una ciudad de 520 mil habitantes convertida en mercado ilegal ante la práctica ausencia del Estado mexicano.
La mayoría de los elementos de la Policía Municipal de Matamoros estaba acuartelada y desarmada. No había patrullajes en la ciudad, ni hacía falta ante la colaboración de muchos de ellos con la delincuencia, dice la alcaldesa en entrevista telefónica, el pasado viernes 18.
Los tres años de la administración anterior cobraron sin salir a las calles. Las armas se las había recogido el gobierno del estado debido a un supuesto proceso de evaluación, el llamado “control de confianza”, pero hasta noviembre pasado ni siquiera 5% de la fuerza policial, de 625 elementos, había sido certificada.
Salazar Vázquez asegura que Matamoros ya acabó la evaluación de sus elementos de seguridad pública, tránsito y administrativos; 778 en total, de los cuales 400 fueron dados de baja por vínculos con la delincuencia, falta de compromiso y perfil inadecuado. Ahora, la ciudad sólo tiene 159 policías, aunque un grupo de ellos fueron enviados a Durango como parte de una supervisión federal.
Si no regresan, mejor, porque lo deseable es que los policías no sean de aquí, por la facilidad que tienen de vincularse con la delincuencia, dice la alcaldesa.
La seguridad en las calles está por ahora en manos de lo que describe como “polimilitares”, unos 200 elementos de la Policía Militar del Ejército, como resultado de un acuerdo entre los gobiernos estatal y federal. Ambos decidieron que los policías municipales estén durante tres meses y una semana bajo control de confianza y capacitación y luego dos meses más de entrenamiento en Durango.
También está la Policía Naval, de la Secretaría de Marina, que ha enviado personal retirado para hacerse cargo de la seguridad y tránsito municipal. La alcaldesa cuenta además con el Grupo Hércules, integrado por unos 50 marinos en retiro y de baja que están operando como policías acreditables, con el aval del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que han decomisado droga, equipos de radiocomunicación y hasta lanzacohetes. La mayoría no son originarios de Matamoros. Pero sólo una quinta parte de ellos tienen permisos para portar armas, los otros 40 aún están esperando el permiso estatal.
Medidas
Cuando llegó a la presidencia, el municipio pagaba una nómina de 97 personas no registradas como empleados del ayuntamiento. Además, un grupo importante de aviadores cobraban sin trabajar, pero tenían el control de las áreas que implicaban recursos, como en el caso del comercio ambulante.
Primera presidenta municipal del PAN después de 18 años de administraciones priistas, Salazar Vázquez asegura que hasta su llegada, en Matamoros había cantinas ambulantes montadas sobre tráileres que estacionaban frente a secundarias y preparatorias. Acondicionaban salas lounge con luces y pantallas. “Todos los quité, unos 16”, dice.
En el caso de la Policía de Tránsito, había sólo cuatro grúas, dos de la presidencia municipal y dos no registradas. Las oficiales no servían y eran las privadas las que salían a multar y a hacer el arrastre de vehículos. Las multas las cobraban en una casa de madera contigua a la oficina de Tránsito municipal. “Tumbé la casa y ahora la gente tiene que ir a pagar sus multas a la Tesorería de la presidencia municipal. La recaudación se ha incrementado en 300%”, asegura.
Otra área que recuperó en el ayuntamiento fue el de inspección de la venta de alcoholes, cuyos revisores, ni los de Protección Civil, no podían pararse en bares, cantinas, discotecas y antros. La dirección de alcoholes también está en manos de la Marina.
Salazar asegura que ha cerrado 87 giros negros. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo en la reciente evaluación de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas que se han cerrado 105 en todo el estado, casi todos de Matamoros.
El relleno sanitario municipal, adonde llegan los desechos de las maquiladoras, estaba también en manos de los grupos criminales. Los maquiladores, además, tenían que pagar por verter. Por miedo o convicción, los pepenadores trabajaban para esos grupos.
Con esas recuperaciones, los ingresos del gobierno municipal se han incrementado en más de 15 millones de pesos mensualmente. La alcaldesa ha ido también por los espacios públicos. Por lo menos en las principales avenidas, donde los grupos criminales habían levantado estatuas de la santa muerte. Ha quitado 36. Estaban en lugares en cuyos alrededores había casas de seguridad. La acción le costó críticas en las secciones policiales de los diarios locales.
En Matamoros proliferan los autos sin placas, importados ilegalmente de Estados Unidos, lo que facilita el desplazamiento de la delincuencia. La presidenta municipal buscará que los comercializadores y loteros de autos disminuyan el cobro a los usuarios para facilitar la regulación y la matriculación de los vehículos.
Más difícil es el control de la venta de gasolina robada. Camionetas tipo pick up o van se ponen junto a las gasolineras a vender el combustible. Son la guachicoleras. “Aunque hemos quitado muchas con el apoyo del Ejército y de la Marina, de nada servirá hasta que el gobierno federal no tenga el control completo de Pemex. Así se lo dije al secretario de Gobernación cuando vino a principios de julio”, dice la alcaldesa. A la reunión, por cierto, no fue convocada por el gobierno de Egidio Torre Cantú.
Rodeada de colaboradores que en 60% no responden a intereses partidistas, ni aun del PAN, Leticia Salazar Vázquez dice estar cansada del control de la delincuencia, al igual que la gente de todo el estado. “Sólo estoy haciendo lo que me toca; y no voy a ceder”, asegura.
