El miércoles 2, el Tribunal de Gran Instancia de París acusó al expresidente Nicolas Sarkozy de los delitos de “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “violación del secreto jurídico”. Consideran que organizó una red de informantes en las más altas esferas de la justicia y de la policía para que le filtraran avances de investigaciones en su contra. El exmandatario está implicado en siete procesos judiciales relacionados con actos de corrupción.
A medianoche del 15 de junio de 2012, un mes después de entregar el poder y tal como lo establece la ley francesa, Nicolas Sarkozy volvió a ser un ciudadano común. Se le acabó la inmunidad que lo protegió de cualquier acción judicial durante sus cinco años en la Presidencia, en los cuales su nombre apareció en varias investigaciones judiciales.
Dos años más tarde, el pasado miércoles 2, las jueces Patricia Simon y Claire Thépaut, de la Unidad Financiera del Tribunal de Gran Instancia de París, acusaron a Sarkozy de los delitos de “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “violación del secreto jurídico”. Tales imputaciones forman parte de una investigación que las jueces iniciaron el pasado 26 de febrero.
Simon y Thépaut sospechan que Sarkozy organizó una red de informantes en las más altas esferas de la justicia y de la policía a fin de que le filtraran los avances de las investigaciones en las que se encuentra implicado.
“Paul Bismuth”
La publicación en línea Mediapart difundió en abril y mayo de 2012 dos documentos que revelaban la presunta aportación de 50 millones de euros del régimen libio de Muamar Gadafi, a la campaña de Sarkozy en 2007.
La revelación sacudió a la opinión pública francesa que siguió con interés el desarrollo de este escándalo, el cual implicó sobornos e involucró a un intermediario franco-libanés, al extesorero de Gadafi, a sociedades ficticias en Panamá, a personalidades cercanas a Sarkozy y por encima de todos al “hiperpresidente” que dirigió Francia entre 2007 y 2012.
Como consecuencia del caso conocido como “el financiamiento libio”, los jueces Serge Tournaire y René Grouman iniciaron el 19 de abril de 2013 una investigación por “corrupción” contra Sarkozy. Ordenaron la intercepción de los teléfonos celulares de varias personas cercanas al expresidente, entre ellos Michel Gaudin, exprocurador de Justicia de París.
Muchas de las grabaciones de dichas intercepciones telefónicas fueron filtradas a la prensa, sobre todo a Le Monde y Mediapart. Esto hizo que los colaboradores de Sarkozy en la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido conservador, denunciaran una maquinación política.
Según una grabación divulgada por Le Monde, Gaudin llamó el 20 de junio de 2013 a Patrick Calvar, jefe de la Dirección Central de Inteligencia Interna. Le dijo que, según sus informaciones, esa dirección había interrogado ese día al exintérprete de Gadafi, Moftah Missuri, quien habría revelado lo dicho por el dictador: que pagó “una veintena de millones de dólares”.
Gaudin dijo a Calvar lo que pensaba Sarkozy de las declaraciones de Missuri: eran inventos para obtener documentos migratorios que le permitieran quedarse en el país. Las afirmaciones del exintérprete eran “totalmente falsas”, aseguró.
Calvar sostuvo a Gaudin que no sabía nada del interrogatorio. Prometió que lo verificaría, pero nunca le devolvió la llamada.
“Bueno. Pero ¿es leal ése?”, preguntó Sarkozy a Gaudin al día siguiente ante la ausencia de información de Calvar.
Entonces, según Le Monde, el propio Sarkozy llamó a Calvar para escuchar directamente de él el curso que seguía la investigación.
A raíz de este acontecimiento, el 3 de septiembre de 2013 los jueces decidieron intervenir el celular de Sarkozy. En sus conversaciones telefónicas éste mantenía un tono lacónico y no dejaba entrever que fuera el organizador de la red de informantes sobre las investigaciones en su contra.
Entonces los jueces descubrieron que su abogado y viejo amigo, Thierry Herzog, había abierto una línea telefónica con un nombre falso: Paul Bismuth. Sarkozy utilizó esta línea para comunicarse con su apoderado legal sin intercepción alguna.
De acuerdo con las grabaciones de esas conversaciones –las cuales fueron publicadas por Mediapart–, el pasado 1 de febrero el expresidente le pidió a su abogado “llamar a su corresponsal” en la policía para verificar si ésta preparaba un registro en sus oficinas, lo que provocó la sospecha de la existencia de un informador en esa institución.
Al final de la conversación, Sarkozy solicitó a su abogado que le llamara a su teléfono oficial, “para dar la impresión de que conversamos”. Herzog aprobó: “Parece más natural”, contestó.
Al interceptar las conversaciones exclusivas entre Sarkozy y su abogado, los jueces notaron que los dos hombres manejaban información muy precisa sobre los avances de otra investigación que involucraba al expresidente: el caso Bettencourt.
En ese momento la justicia sospechaba que Sarkozy había abusado de la senilidad de Liliane Bettencourt –dueña de L’Oréal y la mujer más rica de Francia– con el propósito de que ella financiara su campaña presidencial de 2007. Si bien Sarkozy fue inculpado el 21 de marzo de 2013 por “abuso de debilidad”, obtuvo un sobreseimiento el 7 de octubre de ese año.
Durante las conversaciones telefónicas que los jueces captaron entre Sarkozy y Herzog surgió el nombre del “amigo Gilbert”. Se referían a Gilbert Azibert, abogado general en la Corte de Casación, que tenía acceso al intranet del órgano jurídico y mantenía al tanto a Herzog de los avances del caso Bettencourt. Herzog a su vez transmitía la información a Sarkozy.
Agendas
En enero pasado la Corte de Casación tenía en sus manos las agendas de Sarkozy. El expresidente exigía su devolución pues, afirmaba, su confiscación había sido ilegal.
Si bien el expresidente había salido exculpado del caso Bettencourt, quería recuperar a toda costa sus agendas. Al tenerlas en su posesión, los jueces de la Corte de Casación las podían utilizar como evidencias en las demás investigaciones que involucraban a Sarkozy. Una ellas era el asunto Tapie.
El millonario Bernard Tapie, dueño del grupo que lleva su nombre, fue director de la marca de deportes Adidas a inicios de los noventa. En 1993, entonces ministro, Tapie decidió vender Adidas. Encargó al banco público, el Crédit Lyonnais, realizar la venta. Pero los directivos de la institución financiera fraccionaron las acciones de Adidas en sus filiales off shore y las revendieron a un precio exorbitante. Obtuvieron enormes ganancias al tiempo que llevaban a la quiebra al grupo del empresario.
Tapie demandó al banco en 1995. El caso se prolongó hasta finales de 2007, cuando la ministra de Economía de Sarkozy, Christine Lagarde –ahora directora del Fondo Monetario Internacional– propuso recurrir a un arbitraje para resolver el contencioso.
El 7 de julio de 2008 el arbitraje obligó al Estado, dueño del banco en el momento de la estafa, a pagar al empresario 403 millones de euros, 45 millones de ellos por “daño moral”.
La fama de embaucador del millonario, junto con la suma desproporcionada que se le entregó por daño moral –que se aplica en casos dramáticos, como una falta médica grave o un error judicial– suscitaron indignación en Francia.
La prensa denunció un “simulacro de arbitraje”, pues ninguno de los tres jueces se opuso al monto récord de la indemnización. Más aún, protestó ante la falta de imparcialidad de los magistrados y la presunta implicación de miembros del gobierno de Sarkozy para beneficiar al empresario.
La justicia inició una investigación e inculpó a varios funcionarios y jueces –entre ellos a Lagarde y Tapie– por “estafa en banda organizada”.
En las agendas que Sarkozy quería recuperar en enero pasado aparecían varios encuentros que el entonces presidente sostuvo con Tapie antes y durante el periodo del arbitraje.
Lo anterior generó fuertes sospechas de colusión. Según la prensa francesa, Sarkozy había presionado a Lagarde para resolver el conflicto mediante el arbitraje.
“Stasi”
El objetivo de Sarkozy al exigirle a la Corte de Casación la devolución de sus agendas era simple: al admitir que su confiscación fue ilegal, la corte no las podría volver a utilizar en ningún proceso judicial. El expresidente eliminaría así una pieza incómoda. Por ello, intentó influir en la decisión que al respecto tomaría dicha corte utilizando al “amigo” Gilbert.
Y, en efecto, Gilbert “chambeó” dentro de la corte a favor del expresidente, como dijo Herzog a Sarkozy durante una conversación el pasado 29 de enero, cuya grabación hizo pública Mediapart.
El pasado 11 de marzo la institución judicial negó a Sarkozy la devolución de sus agendas.
Pero las escuchas telefónicas convencieron a los jueces de que Sarkozy utilizaba sus contactos en la justicia y la policía para tratar de influir en los procesos judiciales en los que ha estado involucrado. Iniciaron una investigación el pasado 26 de febrero por “tráfico de influencias”.
En varias ocasiones las jueces ordenaron el registro del domicilio y de la oficina de Gilbert, así como los del abogado de Sarkozy. Pero fue a partir de los cateos, así como de las intercepciones de las llamadas, que los jueces pudieron reunir suficientes evidencias para inculpar a Sarkozy, a Herzog y al “amigo” Gilbert.
Al descubrir que la línea de su celular “no oficial” había sido intervenida, Sarkozy escribió el pasado 21 de marzo, en una columna publicada por el periódico de derecha Le Figaro, que la justicia utiliza los mismos métodos de la Stasi, la policía política de Alemania Oriental.
“¿Será normal que escucharon mis conversaciones más íntimas desde el mes de septiembre del año pasado?”, preguntó Sarkozy el miércoles 2 en una entrevista con la cadena privada TF1, cuyo propietario, el millonario Martin Bouygues, es su amigo.
El expresidente salió de las oficinas de las jueces a las 2 y media de la madrugada de ese día. Ante la creciente polémica sobre su inculpación, eligió ese canal para defenderse de los ataques de sus detractores, a las 8 de la noche, hora de máxima difusión.
“Hacen todo para dar una imagen de mí que no es acorde con la realidad”, lamentó Sarkozy. Añadió que es víctima de “una manipulación política de una parte de la justicia”.
Entre otras acusaciones, Sarkozy denunció la imparcialidad de las dos jueces encargadas de la investigación por tráfico de influencias. “Me convocaron con el propósito de humillarme”, deploró.
En todos los asuntos jurídicos que involucraron a Sarkozy, los cuadros de la UMP que le son fieles denunciaron un “acoso judicial”, dirigido por el Partido Socialista a través de “jueces rojos”, pues el exmandatario se prepara para regresar a la política.
Desde su derrota electoral en mayo de 2012, el expresidente se convirtió en abogado para empresas privadas a las cuales asesora en asuntos financieros y de negocios; ejerce como miembro del Consejo Constitucional (su estatus de expresidente le otorga un mandato vitalicio) y ofrece conferencias en el mundo, remuneradas con más de 150 mil euros la media hora.
En la entrevista televisiva del pasado miércoles 2, advirtió que “nada me detendrá en mi deseo de venganza”. Según Le Monde, Sarkozy trató de volver a unir a la derecha francesa alrededor del “empeño” de la justicia en su contra.
En cuanto a su regreso a la dirección de la UMP, que sufrió violentas divisiones desde su retiro del mundo político en 2012, Sarkozy afirmó que lo decidirá a finales de agosto. “No soy un hombre que abandona ante las villanías y las manipulaciones políticas”, afirmó.
Sin embargo, un sector de la UMP se muestra reacio a aceptar el regreso del “hiperpresidente”, pues nuevas investigaciones amenazan con estallar en su cara en cualquier momento.
Durante la campaña presidencial de 2012, en la que Sarkozy fue derrotado, la UMP transfirió 22 millones de euros a la sociedad Bygmalion dirigida por personas cercanas a Jean-Francois Copé, presidente de la UMP. En este caso, las revelaciones provinieron del propio partido como parte de su guerra interna.
A través de un sistema de facturas falsas, Bygmalion habría aportado 17 millones de euros para financiar reuniones públicas de Sarkozy. De ser esto cierto, la UMP habría ocultado que rebasó el tope oficial de campaña.
Si bien la investigación por los delitos de “falso y uso de falso”, “abuso de confianza” y “estafa” no menciona a Sarkozy, la prensa francesa se pregunta cómo el candidato no pudo enterarse del origen de sus fondos de campaña.
La justicia también investiga “las encuestas del Eliseo”. Durante el mandato de Sarkozy, el palacio presidencial firmó contratos con la empresa Publifact –propiedad de su asesor Patrick Buisson–, así como con ocho institutos de encuestas públicas, sin licitación pública. La policía parisina inició una averiguación por “favoritismo”, “desvío de fondos públicos” y “complicidad y recelo”.
En total, según Le Monde, siete procesos judiciales involucran de manera directa o indirecta a Sarkozy.
