Para algunos dirigentes indígenas demandantes de tierras en la Selva Lacandona, la investigadora Julia Carabias debe “sacar las manos” de la región, agitada de por sí como consecuencia de múltiples y complejos problemas sociales relacionados con disputas agrarias, étnicas, políticas y ambientales. Los indígenas que exigen el reconocimiento a sus asentamientos comunitarios en la reserva de Montes Azules encarnan uno de esos conflictos, y todo indica que la exfuncionaria federal ya es parte del mismo.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- En la mira de los gobiernos federal y estatal por supuestas prácticas de depredación de la Selva Lacandona, tres poblados indígenas enclavados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, un macizo forestal con alta biodiversidad, iniciaron desde el 23 de abril pasado una férrea lucha para lograr el reconocimiento de sus asentamientos humanos y la regularización correspondiente, que hasta ahora se les ha negado.
Hijos de peones acasillados que migraron de las fincas ganaderas y cafetales de la Sierra Madre de Chiapas y de Ocosingo, se adentraron al corazón de la Selva Lacandona hace más de 30 años en busca de un espacio donde vivir y fundaron los poblados Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende.
Don Eusebio Jiménez Rodríguez, tzotzil de Salvador Allende, refiere que desde 1984 llegó al lugar con sus padres, procedentes de la finca Santa Rita, ubicada en la Sierra Madre chiapaneca. Ahí estaban cuando los sorprendió el levantamiento armado zapatista y ahí han estado en los últimos 20 años.
El tzeltal Miguel Gómez Méndez, de Ranchería Corozal, llegó de la finca El Rosario, de Ocosingo, donde sus padres trabajaban como peones. Fue la necesidad la que, cuenta, los llevó a asentarse en ese lugar.
Lo que no sabían es que se fueron a meter a un territorio donde, desde 1971, por decreto presidencial se habían otorgado más de 614 mil hectáreas a los Bienes Comunales de la Zona Lacandona. Ahí, pues, hicieron su vida, enterraron a sus padres muertos que huyeron de las fincas; ahí tienen su historia y de ahí difícilmente van a irse, advierten.
“No quiero salir. Si me van a matar que me maten, pero jamás vamos a salir”, dice don Eusebio, de Salvador Allende.
En Nuevo San Gregorio viven 100 familias tzeltales, que ocupan 860 hectáreas; en Ranchería Corozal, 60, que abarcan 260 hectáreas, y en Salvador Allende, 40 familias, que se asientan sobre 377 hectáreas.
Con más de una década de estar en la mira para ser desalojados de la región, los tres poblados, adheridos a la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID), el pasado 23 de abril firmaron un acuerdo con los Bienes Comunales de la Selva Lacandona para ser reconocidos como asentamientos humanos y se proceda a la regularización respectiva.
Sin embargo, luego de hacerse público el acuerdo del 2 de mayo, el día 13 del mismo mes el secretario de Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como los delegados federales de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), salieron al paso para desconocer el acuerdo alcanzado entre los grupos indígenas.
“No podrán regularizarse los asentamientos irregulares existentes dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, ni en los que en un futuro puedan asentarse en ésta, así como en ninguna otra área natural protegida. Por lo tanto no podrá llevarse a cabo ningún tipo de proceso de indemnización, pues no hay, ni habrá, ningún programa ni recursos destinados a este fin”, puntualizó Ramírez Aguilar.
Reconocer esos asentamientos, explica el delegado de la Conanp, Joaquín Zebadúa, llevaría a que los lacandones reclamen una millonaria indemnización como la que se les dio hace varios años como parte de un acto expropiatorio para regularizar a otros poblados; un proceso que, afirma, quedó finiquitado, por lo que no hay recursos disponibles para otorgárselos.
La negativa gubernamental enardeció a los integrantes de ARIC-ID, quienes tomaron la cabecera municipal de Ocosingo durante una semana, la tercera de mayo; cerraron comercios y oficinas gubernamentales, municipales, estatales y federales, y bloquearon carreteras.
Además de exigir la regularización de sus tres poblados, los indígenas reclamaron la libertad del maestro Gabriel Fernando Montoya Oseguera, capturado el 14 de mayo por el Grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Integrantes de Bienes Comunales de la Selva Lacandona (BCSL) y de ARIC-ID aseguraron en un principio que la detención estaba relacionada con el secuestro denunciado por la científica ambientalista, académica universitaria y exfuncionaria federal Julia Carabias a finales de abril último.
Sin embargo, las autoridades estatales afirman que el maestro Montoya está preso por su presunta participación en una serie de actos de protesta realizados en la cabecera del municipio de Altamirano en 2001; un expediente que de manera extraña le “revivieron” trece años después, según denuncian los compañeros del profesor.
En este contexto, el pasado 26 de mayo también fueron secuestrados o retenidos dos miembros del Centro Cultural Na Bolom, Bety Mijangos y Enrique Roldán, cuando viajaban rumbo a Yaxchilán con dos turistas extranjeros. Ambos sostuvieron que fueron amenazados y torturados sicológicamente por varias horas. Sus captores, acusaron, eran pobladores de Nueva Palestina, una comunidad perteneciente a las organizaciones agrupadas en BCZL.
Este conjunto de hechos, sumados al plagio del que Carabias afirma haber sido víctima, se desarrolló en un contexto bastante complejo al que se suma la sucesión del comisariado o líder de BCZL, que por primera vez ya no recae en un lacandón, sino en un indígena chol de Frontera Corozal, Emilio Bolom.
Bienes Comunales está integrada por mil 676 comuneros con derechos agrarios. Y aunque lleva el nombre de la región lacandona, sólo 200 de sus miembros pertenecen a esta etnia. La mitad –unos 800– son tzeltales y 600 de la comunidad chol.
María Luisa Armendáriz, integrante del grupo Na Bolom y quien trabaja con los lacandones, refiere que se violó un acuerdo, pues desde que se aceptó la entrada a la zona de otros grupos, se estableció una cláusula en el sentido de que el comisariado tendría que ser siempre de esa etnia. Pero ahora, ante la alta proporción de otros asentamientos, aquellos han sido minimizados y avasallados, dice.
Maraña complicada
Tras varios días de revuelta en Ocosingo, el 29 de mayo los miembros de ARIC-ID fueron citados a dialogar al palacio de gobierno para buscar una salida al conflicto, pero cuando llegaron, decenas de policías los cercaron. El resultado: 28 personas detenidas. Horas después, seis mujeres quedaron en libertad. Los 22 varones fueron liberados el viernes 30.
En dicho grupo se encontraba Mario Marcelino Ruiz Mendoza, tzeltal e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (Serapaz), agrupación fundada por el obispo de Samuel Ruiz cuando era miembro de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) en 1994, la instancia mediadora entre el gobierno federal y el EZLN.
La captura masiva tuvo gran resonancia social y política, lo que derivó en una campaña nacional e internacional de solidaridad con los manifestantes. La presión tuvo éxito, pues todos los detenidos fueron puestos en libertad.
La directora de Serapaz, Dolores González Saravia, dice a Proceso que eso no es suficiente: se pretende que a todos y a todas se les absuelva, ya que quedaron libres bajo las reservas de ley. Refiere que en el caso de Gabriel Montoya la exigencia es que se cancele el proceso penal en su contra y en contra de ocho comuneros de Nueva Palestina que están en libertad bajo caución, puesto que se les han instruido causas penales derivadas de su lucha social.
Sobre el estado de agitación social que impera en la zona, González Saravia opina que para avanzar en los procesos de negociación debe trabajarse para disminuir la tensión en la zona. Y considera que aun cuando el asunto de la conservación “no es el tema”, en virtud de que todas las partes afirman defender y proteger la Selva Lacandona y sus recursos naturales, ahora el planteamiento es buscar una salida al conflicto; pero una solución, aclara, que incluya a todos.
Menciona que el gobierno debe escuchar a los pobladores de los tres asentamientos humanos referidos, pues desde hace 15 años ellos se comprometieron a no talar ni a deforestar, a vivir en armonía con la Selva Lacandona.
Florencio Cruz, miembro de BCZL, dice a Proceso que la región de Montes Azules padece incontables conflictos, como el hecho de que la cantidad de hijos de los mil 600 comuneros asentados ahí rebasa a aquéllos: 7 mil, y todos demandan tierras. Explica que esos descendientes no han tenido otra opción que migrar a las zonas urbanas de Chiapas o al norte del país, y los que se quedan se emplean como jornaleros, trabajando no sus tierras sino las de otros comuneros en calidad de peones.
Sobre el proceso de elección del nuevo líder de Bienes Comunales, Cruz aclara que si bien esta vez no fue un lacandón el seleccionado, sino un chol, se acordó que el liderazgo sea rotatorio: los choles liderarán un trienio, los tzeltales el siguiente y los lacandones el subsiguiente. Y añade que como parte de estos nuevos acuerdos estuvo el de reconocer a los tres poblados enclavados en la Selva Lacandona.
Chakin Chambor Chanabor, integrante de la comunidad Lacanjá Chanzayab, salió el 30 de mayo de la Selva Lacandona y llegó a San Cristóbal de Las Casas para desconocer los acuerdos de las autoridades comunales anteriores que aceptaron reconocer a los tres poblados asentados en Montes Azules.
Se queja de que su grupo no ha sido tomado en cuenta en estas negociaciones.
“Queremos declarar que la comunidad Zona Lacandona es una cosa y la comunidad Lacandona es otra. En la Zona Lacandona también habitan choles y tzeltales, además de otras comunidades, pero no por eso son lacandones”, puntualizó en una conferencia de prensa al mediodía del pasado jueves 5.
Movilizaciones
En Tuxtla Gutiérrez, una decena de organizaciones sociales incorporadas al Frente Campesino y Popular de Chiapas exigieron el pasado lunes 9 al gobierno local y a la procuraduría estatal frenar la persecución judicial en contra de indígenas que reclaman tierras en la entidad. También exigieron a la exfuncionaria federal Julia Carabias “sacar las manos” de la Selva Lacandona.
El pasado 30 de mayo, don Enrique Pérez López denunció en conferencia de prensa que gracias a lo que llamó “tráfico de influencias” de Carabias se inició una persecución judicial en Chiapas que llevó a la cárcel, primero, al maestro Gabriel Fernando Montoya Oseguera, y posteriormente a los 28 indígenas que estuvieron detenidos durante unas horas a finales del mismo mes.
Según Pérez López, la bióloga Carabias “se hizo pasar por secuestrada” en los últimos días de abril, y aunque públicamente nunca acusó a nadie en particular ni pudo identificar a sus captores, que supuestamente la tuvieron dos días amarrada a un árbol, el Grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo el 14 de mayo al profesor Montoya Oseguera.
El dirigente encarcelado asesoraba a los lacandones que habían llegado a un acuerdo con ARIC-ID para regularizar los tres poblados asentados en la Selva Lacandona: Ranchería Corozal, Salvador Allende y Nuevo San Gregorio.
Pérez López agregó que no solamente los gobiernos de Chiapas y el federal rechazan esos “asentamientos irregulares”, sino también el grupo de activistas que encabeza Julia Carabias con su organización Natura Mexicana.
Se acusa a los indígenas de Montes Azules de depredar la selva, pero ellos viven ahí desde hace más de 30 años, y desde hace 15 no talan un solo árbol ni deforestan para sembrar; tampoco viven de la ganadería extensiva. Todo lo contrario: ellos han aprendido a convivir con la Selva Lacandona y se han dedicado a actividades compatibles con la conservación de los recursos naturales, argumentó.
“Ellos han hecho conciencia de que si talan, queman o contaminan sus ríos es como si destruyeran su propia casa que habitan, por lo que el discurso gubernamental de que están acabando con la Selva Lacandona es demagógico, pues son otros los intereses nacionales e internacionales que quieren sin gente la selva, que la quieren toda para ellos nada más”, puntualizó Pérez López.
