En todo el país aumentan los conflictos entre los pueblos indígenas y las autoridades o los intereses privados por la tierra, el agua y la seguridad pública. En desventaja jurídica por la falta de reconocimiento de sus derechos, las comunidades protestan, organizan policías comunitarias y generan opciones de autogobierno, aun a costa de la represión oficial y de la violencia criminal, lo que radicaliza estas confrontaciones y no pocas veces desemboca en violencia.
De Baja California a Yucatán, por los estados costeros del Golfo y del Pacífico, así como en el centro del país, incluida la capital, se están propagando los conflictos por la tierra y el agua, por los usos y costumbres indígenas, contra la discriminación histórica y la falta de apoyo gubernamental para generar oportunidades de desarrollo. En varios casos se percibe, además, la intervención del crimen organizado.
Los enfrentamientos se incrementaron a partir de abril pasado, cuando fueron encarcelados dirigentes de las comunidades nahuas de Puebla que se oponen a un megaproyecto energético, y del enfrentamiento entre comuneros y policías que el día 13 de ese mes dejó un herido de bala en Amilcingo, Morelos (Proceso 1957).
El día siguiente, el 14 de abril, la comunidad otomí San Francisco Xochicuautla, de Lerma, Estado de México, amaneció cercada por la policía porque el gobierno de Eruviel Ávila llevó acarreados para influir en una consulta sobre la realización de la autopista Toluca-Naucalpan, que la población rechaza por considerarla un ecocidio contra el Parque Otomí-Mexica.
Los casos de Morelos y Puebla tienen en común con el mexiquense la presencia de la constructora OHL y otras trasnacionales de origen español.
Por esos días Alejandro Bautista, dirigente comunitario de San Andrés Totoltepec que se opuso a la Supervía y a proyectos inmobiliarios en terrenos de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, recibió la confirmación de su sentencia por participar en la marcha del 2 de octubre de 2013.
El 21 de mayo, un enfrentamiento en San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, dejó decenas de policías y comuneros heridos. Y el siguiente día 27 dos policías fueron linchados en la comunidad mexiquense de San Andrés Tlalámac.
En Chiapas, las comunidades zapatistas registran una serie de embates desde que empezó este año. El pasado 2 de mayo, en el municipio de La Realidad, sufrieron un ataque en el que murió José Luis López, conocido como Sargento Galeano.
En tanto, 34 indígenas están detenidos en el mismo estado, acusados del secuestro de la exsecretaria de Medio Ambiente y académica Julia Carabias en la reserva de la biosfera de Montes Azules.
Los enunciados son algunos de los más de 160 conflictos vigentes hasta febrero pasado en 24 entidades, que documenta un informe preliminar de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), de la Secretaría de Gobernación.
En el norte, desde que la nación yaqui inició su oposición al Acueducto Independencia, un megaproyecto promovido por el gobierno de Sonora para abastecer de agua a Hermosillo, 13 de sus integrantes han sido levantados; sus dirigentes reciben frecuentes amenazas y, en febrero pasado, aparecieron narcomantas intimidatorias contra los inconformes en varias poblaciones de la entidad.
Para Mario Luna, vocero del pueblo yaqui, es claro: “El acoso sistemático no lo puede hacer nadie más que el Estado”.
Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el 3 de diciembre último un amparo a favor de los yaquis y ordenó acciones precautorias a las autoridades ambientales federales, los trasvases de líquido continúan mientras aumenta el acoso a los yaqui. Luna advierte:
“Es una política de Estado contra el yaqui, uno de los pueblos que ha conservado su autonomía, su identidad, su lengua y cultura, un proyecto de desarrollo con visión propia… y todo eso molesta al Estado nacional.”
La prensa sonorense llama a este conflicto “la guerra del agua”, que es sólo uno de los numerosos problemas que enfrentan a los pueblos indígenas con otros poderes, entre ellos el de la delincuencia organizada.
El factor criminal
El 26 de febrero, Bruno Plácido Valerio, uno de los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), presentó una disculpa al Ejército Mexicano por haber desarmado y retenido a un centenar de soldados en agosto de 2013. Lo hizo con el fin de “generar confianza con el gobierno federal” y demostrar que pretende seguir la vía institucional; “reconciliar, no confrontar”.
El proyecto de la UPOEG es “restituir el derecho a la gente”, que en los últimos años ha padecido la violencia criminal en sus comunidades, y para ello adoptó el sistema de policías comunitarios que irrumpió en la escena pública a principios de 2013. Pero esta organización es más ambiciosa: también quiere unificar a los pueblos para generar un programa de desarrollo.
“La gente del gobierno nos ve como un peligro –comenta–, sacan dudas sobre quién está detrás de nosotros. Políticos y funcionarios se espantan porque el proyecto no se queda en seguridad y justicia, sino que es un programa integral de desarrollo que evita la división provocada por los partidos políticos, restituye el derecho a la gente y cambia la forma de gobierno.”
De acuerdo con la CDPIM, el alto nivel de inseguridad también fue el detonante de los conflictos en Oaxaca, Morelos y Michoacán.
Esta última es la entidad que registra más conflictos en zonas indígenas por esa causa. La acción de las bandas criminales provocó el surgimiento de grupos de autodefensa, pero algunos de ellos también generan disputas.
Se ha documentado que en Aquila, con presencia nahua, se integró un grupo de autodefensa para expulsar al crimen organizado, lo mismo que en otras comunidades indígenas, próximas a la Nación Purépecha. Entre tanto, la comunidad indígena de Pómaro ha denunciado que las autodefensas de Coalcomán están despojando de tierras a miembros de ese pueblo nahua por negarse a integrarse con ellas.
En cuanto a Cherán, decidió formar un grupo de autodefensa y cambiar el régimen de partidos para regirse de manera autónoma, por usos y costumbres, contra la que perciben como una alianza de la delincuencia organizada, los talamontes y el gobierno.
El mencionado informe de la CDPIM, del cual Proceso tiene copia, establece que 15 entidades –incluyendo lugares sin población indígena, como Nuevo León– registraron en 2013 desplazamientos forzados de comunidades, la mayoría por presiones y ataques del crimen organizado.
En el noroeste, Durango es el estado con más casos, ya que están en esta situación pobladores de San Dimas, San Miguel Las Cruces, Santa Gertrudis, San Francisco Ocotán, El Mezquital, Carboneras y Coscomate.
También se documentaron desplazamientos en Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; El Tiro, Sinaloa, y Tubutama, en la región fronteriza del desierto de Sásabe, Sonora.
En la región del Golfo de México, Tamaulipas es la entidad con más desplazamientos forzados, ya que éstos se han registrado en 14 municipios: Ciudad Mier, Camargo, Guerrero, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Río Bravo, Díaz Ordaz, Hidalgo de Jiménez, Güémez, Tampico, San Fernando, Ciudad Mante, Ciudad Victoria y Reynosa.
En Nuevo León, el fenómeno se padece en Vallecillo, Doctor Coss y China; en Tabasco, en los municipios de Villahermosa, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo, además de la zona de Chontalpa; en Veracruz, la región más afectada es la limítrofe con Tamaulipas: Pánuco, Pueblo Viejo y la comunidad de Huayalejo.
Respecto de la costa del Pacífico, en Guerrero ha sido desplazada gente de Tlacotepec, Tetela, Acatlán, Pericotepec, Filo de Caballo, Huerta Vieja, Rodeo, San Miguel Totolapan, Las Mesas I y II, Shascuitas, Chilpancingo, La Laguna en Coyuca de Catalán e Iliatenco.
En Michoacán, la CDPIM documentó esta situación en Felipe Carrillo Puerto, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Chinicuila, Coalcomán, Aquila, Aguililla, Tancítaro, Pizándaro y Vicente Guerrero.
La gente es expulsada por las operaciones del crimen organizado o por la actuación de las fuerzas de seguridad para combatirlo.
Trasnacionales y discriminación
“Con traje huichol no puede entrar a restaurantes, ni un taxi se para. Ahora imagine los derechos… no se nos hacen valer”, expone Braulio Muñoz Hernández, un huichol miembro del concejo de Wirikuta. A él, como a todo su pueblo, le preocupa la advertencia de los chamanes: “La madre está enojada”. Desde que la minera canadiense First Majestic intenta establecer una mina en el santuario huichol de Wirikuta, en la Sierra de Catorce, en San Luis Potosí, y después el gobierno de Nayarit vendió 10 de las 13 hectáreas que los huicholes llaman Tatei Haramara (expresión material de la diosa del mar) para detonar complejos turísticos, las comunidades manifestaron su inconformidad pero el gobernador priista Roberto Sandoval ni siquiera les concede el derecho de audiencia.
Las autoridades califican esas 10 hectáreas en la llamada Playa del Rey de “ociosas”, y supuestamente para que sean productivas decidieron venderlas a las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey y Desarrollos Turísticos Aramara.
Este es uno de los 25 conflictos que enfrentan comunidades indígenas contra poderosas empresas mineras, la mayoría de capital canadiense, y uno de los 40 de naturaleza agraria en que chocan con intereses privados.
Además de Nayarit y San Luis Potosí, registran conflictos agrarios Sonora, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz. Pero Chiapas es el más desatendido, pues tiene vigentes 19 de éstos, seguido de Oaxaca, con seis, y Chihuahua, con cinco.
En muchos casos esta clase de conflictos estallan en oposición a una obra pública, como en Tepoztlán, Morelos, donde pobladores están inconformes con la ampliación del tramo carretero La Pera-Cuautla, que sin embargo avanza, bajo permanente vigilancia policiaca y militar.
Otros enfrentamientos de pobladores con la autoridad tienen origen en proyectos hidráulicos como el mencionado caso de los yaqui en Sonora o el de la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, que conlleva la inundación de al menos tres poblaciones históricas. Situación similar se vive en el río Verde, en Oaxaca, con el proyecto de construir una presa hidroeléctrica a la altura de la comunidad Paso de la Reina. La inundación artificial impactaría a numerosas comunidades indígenas y mestizas que viven de la siembra.
La defensa de las comunidades indígenas se vuelve aún más difícil por la discriminación inmemorial que padecen, aun contra las disposiciones constitucionales. Este factor agrava la confrontación con las autoridades y propicia que ésta derive en violencia social, como ha ocurrido en Morelos y Oaxaca.
La falta de reconocimiento a los derechos indígenas ha sido decisiva en al menos cinco conflictos en Guerrero, tres en Chiapas, y al menos dos en el Distrito Federal, Oaxaca y Tabasco. En la capital del país ni siquiera se reconoce a los pueblos originarios.
Megaproyectos
Durante 2013 se registraron al menos 22 conflictos de naturaleza político-social en el país. Chiapas registró siete de esos casos y Oaxaca cinco; Guerrero y San Luis Potosí tuvieron al menos dos, en tanto que Baja California, Baja California Sur, Sonora, Morelos, Querétaro y Yucatán al menos padecieron uno.
Además, en Chiapas subsisten tres conflictos religiosos y uno más en Oaxaca. En lo tocante a los relacionados con la salud, se registró al menos un caso en Chihuahua, Durango y Chiapas.
Sin embargo, los choques más recientes se relacionan con las operaciones mineras –25 casos–, que implican el despojo de tierras y la devastación (Proceso 1905 y 1937) y los proyectos energéticos, con 19 enfrentamientos registrados. A éstos se suman aquellos derivados del daño ambiental que los proyectos provocan en propiedades comunales, que en 2013 fueron nueve, repartidos en seis entidades.
Por la embestida minera, en Oaxaca existen siete conflictos; en Puebla y Jalisco, tres cada uno, y en Chiapas al menos dos. Con un caso, los siguen Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Morelos. Es importante aclarar que estos registros se refieren a comunidades indígenas, pero otros sectores de la población se oponen también a las mineras.
Algunos megaproyectos energéticos provocan múltiples afectaciones. Por ejemplo, Huexca, comunidad nahua de Yecapixtla, es el epicentro de la oposición al Proyecto Integral Morelos, que consiste en la construcción de un gasoducto que atravesaría cerca de un centenar de comunidades indígenas de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El objetivo del gasoducto es alimentar dos termoeléctricas que se planea instalar en Huexca, cuyas turbinas serían enfriadas con agua del Valle de Cuautla, afectando a las comunidades de la zona.
Los opositores al proyecto fueron reprimidos por la Policía Estatal y por pistoleros al servicio de alcaldes y otras autoridades locales, por lo que han denunciado torturas y detenciones arbitrarias, en especial del gobierno de Graco Ramírez, en Morelos, y de Rafael Moreno Valle, en Puebla.
Ese tipo de obras ocasionó tres conflictos en Puebla, cinco en Oaxaca y al menos dos en Guerrero, Morelos y Veracruz. En Chiapas y Nayarit se documentó al menos un caso.
De los 19 proyectos energéticos que afectan territorios indígenas, siete son parques eólicos. Los datos recogidos por el informe de la CDPIM indican los motivos: la mayoría es por el despojo de tierras, como sucede en Ensenada, Baja California, donde la empresa Fuerza Eólica “pretende apropiarse de casi 2 mil 700 hectáreas que son de la tribu quilihua”.
Durante un foro para armonizar el marco legislativo nacional con los derechos indígenas, el titular de la CDPIM, Jaime Martínez Veloz, admitió que parte de estos problemas se debe a la falta de mecanismos de consulta:
“Hoy, al amparo de los nuevos marcos nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas, no existe ningún argumento válido que impida el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés”, expresó, como ejemplo, para luego pronunciarse por armonizar la Constitución con el derecho internacional, a fin de que cuente con una ley de consulta y se reconozca plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
