BOGOTÁ.- El fin primordial de las reformas estructurales en México debe ser el combate a la pobreza –es el único país latinoamericano donde este rubro aumentó entre 2006 y 2012– y la desigualdad social, afirma la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
En entrevista destaca que, ya realizadas las reformas y especialmente la energética, el Estado, el gobierno y la sociedad deben “marcar claramente reglas del juego, de cómo se van a redistribuir esas ganancias (las de la explotación con capital privado de los recursos petroleros) para que no todas se vayan del país”.
Ahora que los inversionistas privados nacionales y extranjeros podrán ingresar al sector energético, señala, es fundamental contar con “un marco regulatorio para que esa apropiación de ganancias sea equitativa y una parte importante se quede en la sociedad mexicana”.
Para Bárcena hay dos maneras de cumplir ese objetivo: la primera, con leyes secundarias que garanticen, mediante impuestos y contratos favorables a los intereses del país, que la mayor parte de las ganancias del petróleo permanezcan en manos de la nación; y la segunda, con un pacto fiscal para redistribuir tales ingresos entre los mexicanos más pobres.
Las leyes secundarias de la reforma energética, señala, deben asegurar “buenos acuerdos con las empresas que lleguen a participar en este sector”, a fin de que “tengan claridad en que una parte importante de las rentas de productividad será invertida en el país”.
Para México, sigue, un buen modelo posterior a la reforma energética es el de la empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco), que compite en su país con otras mineras privadas nacionales y extranjeras.
Las privadas pagan al fisco un royalty (tributo adicional al de la renta) de entre 4 y 9%, según el monto de sus ventas y producción, y entre 2010 y 2013 aportaron al erario chileno 14 mil 866 millones de dólares. Por su parte Codelco trasfiere al Estado sus excedentes, que en los últimos cuatro años han sido de unos 19 mil 605 millones de dólares, es decir 1.7% del PIB.
“Es una empresa muy eficiente, muy exitosa, y realmente respalda las políticas públicas del país”, indica la titular de la CEPAL.
Considera que de las reformas estructurales aprobadas recientemente en México “la más polémica es la energética”. Por eso cree conveniente “analizarla a detalle” para ver cuánto puede mejorarse la competitividad y la eficiencia del sector, no sólo para invertir más en la exploración, la extracción y el procesamiento de hidrocarburos, sino para convertir ese crecimiento “en más recursos para el país y en más política social”.
Licenciada en biología y maestra en medio ambiente por la UNAM, Bárcena fue parte del Comité Nacional de Huelga de esa institución en 1968.
Experta en desarrollo sustentable y política social, como directora regional del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos trabajó en los setenta con las comunidades mayas de Yucatán, en los ochenta fue subsecretaria de Medio Ambiente y en la década siguiente coordinó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México.
Desde la CEPAL, otro organismo de la ONU, observó que de 2006 a 2012 América Latina logró reducir la pobreza 8.1% (de 36.3 a 28.2%), mientras en México ésta se incrementó 5.4% (de 31.7 a 37.1%) en el sexenio del panista Felipe Calderón.
En México, considera la especialista, “hay que hacer un esfuerzo concreto de redistribución del ingreso. Ojalá que los que más tienen entiendan este mensaje: es insostenible que una sociedad no tenga un pacto político y social más solidario”.
Para ella la reforma tributaria que se aprobó en octubre pasado para elevar la recaudación fiscal a 11% del PIB es “insuficiente para cubrir todas las necesidades de mejorar la infraestructura y el gasto social” del país.
“Lo que hace falta es justamente que haya más solidaridad en materia fiscal –agrega– y por eso en la CEPAL estamos planteando un Pacto para la Igualdad, y un aspecto de éste es justamente el Pacto Fiscal.”
Y si bien valora que dicha reforma se haya centrado en el aumento a los impuestos directos (de 30 a 35% en el caso de Impuesto Sobre la Renta y 10% sobre las ganancias de capital), afirma que sólo debe considerarse “un primer esfuerzo” de avanzar hacia el mencionado Pacto Fiscal.
Igualdad y derechos
El lunes 5 la CEPAL presentó en la capital peruana su estudio Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible, en el cual llamó a los países de la región a establecer pactos sociales para responder a la actual encrucijada del desarrollo.
En el documento se dice que este pacto social debe contener uno fiscal que detone cambios estructurales con innovación y sustentabilidad ambiental, “dos pilares para abatir las inequidades”. Para Bárcena, países como México, con profundos desequilibrios sociales, deben asumir especialmente el objetivo de la igualdad.
Y la política fiscal “es el instrumento por excelencia que tiene un país para avanzar en la redistribución del ingreso, y eso, en México y toda la región, requiere de un Pacto Fiscal”.
Según estadísticas de la CEPAL, América Latina tiene un ingreso tributario promedio equivalente a 18% del PIB, casi la mitad de la tasa europea, y aun así supera en 7% el de México. “Realmente esto no se condice con el grado de desarrollo y las necesidades sociales que tiene México”, observa la entrevistada, que tiene la maestría en administración pública por la Universidad de Harvard y cursa el doctorado en economía en la UNAM.
Observa que en un Pacto Fiscal como el propuesto deben confluir mediante la concertación todos los actores políticos, económicos y sociales del país, públicos y privados, y proponerse como meta principal elevar la recaudación tributaria a niveles cuando menos cercanos al promedio latinoamericano.
Para ello, agrega, la CEPAL plantea que los países vayan más allá de una perspectiva social y encuentren la forma de democratizar la estructura productiva, con mayor grado de igualdad en progreso técnico, acceso a las oportunidades y en el respeto a los derechos:
“Se trata de que haya empleo con derechos y eso requiere de políticas industriales. Nosotros hemos hablado de la relevancia de contar con políticas activas industriales que nos lleven a poner en el centro este tema para lograr cerrar las brechas tecnológicas, de productividad y competitividad.”
Entre los temas económicos pendientes en México, la especialista menciona el salario mínimo, “que ha estado estancado muchos años”. Explica que en países como Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Uruguay el salario mínimo ha sido uno de los mecanismos más importantes para avanzar en equidad y distribución del ingreso.
En contraste, señala, de 2002 a 2011 el salario mínimo en México cayó 5%, mientras que en Brasil aumentó 59%, en Uruguay 157% y en Costa Rica, Guatemala y Bolivia entre 8 y 22%. “Las cifras hablan por sí mismas”, sostiene.
