El asesinato del investigador Alejandro Chao en Cuernavaca el lunes 5 es sólo el último episodio de una larga serie de amenazas, intimidaciones y ataques a estudiantes, académicos y funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Un recuento de agravios hace evidente que la comunidad universitaria hizo enojar a ciertos personajes del gobierno estatal que estarían coludidos con el crimen organizado. Morelos arde y no parece haber bomberos a la vista.
CUERNAVACA, MOR.- El asesinato del investigador universitario Alejandro Chao Barona y de su esposa, Sara Rebolledo, el pasado lunes 5 en su casa, puso nuevamente en entredicho la labor y capacidad de las autoridades para recuperar la paz en esta entidad, donde los delitos de alto impacto pasaron, de las calles, a invadir domicilios particulares y la máxima casa de estudios, en donde roban, secuestran o asesinan.
Señalada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública como una de las entidades más violentas con los primeros lugares en extorsión, cobro de piso, secuestro y homicidios, Morelos es considerada por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como uno de los tres focos rojos del país, junto con Michoacán y Tamaulipas.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, asegura que Morelos se ha convertido en un Estado fallido donde gobierna la delincuencia. Denunció que los integrantes del Consejo Universitario (CU) han recibido amenazas de muerte. La ira de los universitarios se expresó el miércoles 7 cuando unos 17 mil marcharon de la UAEM al zócalo de Cuernavaca.
La manifestación fue encabezada por Vera Jiménez. Con él marcharon los exrectores Gerardo Ávila y Fernando Bilbao. También acudió Javier Sicilia, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien asegura que en Morelos hay 98% de impunidad: “El delincuente nunca es atrapado y los detenidos quedan libres por la incapacidad de la fiscalía estatal para integrar correctamente las carpetas de investigación.
“El gobierno de Graco Ramírez ve al mando único como una posible solución, pero no está funcionando porque los delincuentes están enquistados en la estructura del gobierno estatal; también hay alcaldes y diputados como (el petista Alfonso) Miranda. Sólo así te explicas que a un estado que no tiene grandes selvas ni grandes sierras, que no es tan complejo como Michoacán o Guerrero, no lo puedan tener pacificado. Eso quiere decir que (los delincuentes) están adentro”, afirma el poeta.
Este semanario tuvo acceso a una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por Vera Jiménez, en la que aparece el nombre de Ricardo Dorantes San Martín, padre del actual fiscal general de Morelos, Rodrigo Dorantes.
Según la denuncia, posterior a la sesión extraordinaria del CU del 27 de febrero de 2012 en la que se rechazó la terna para elección de rector de la UAEM –integrada por Alejandro Nieto Rodríguez, Alejandro Pacheco y Angélica Tornero Salinas–, Isaac Kevin Rivera Cortés alumno y sobrino de Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), fue levantado por sujetos armados que amenazaron a Cortés para que se abstuviera de participar en la elección.
El 1 de marzo de ese año, en sesión extraordinaria del CU se presentó una nueva terna con Tornero Salinas, Roberto Coranguez Esquivel y Jesús Alejandro Vera Jiménez. De nuevo el sobrino del líder sindical fue secuestrado para que hiciera saber a su tío que él y los demás integrantes del CU estaban a tiempo de revertir la situación (es decir, la posible elección de Vera).
El 12 de marzo Vera Jiménez fue elegido. Rivera Cortés fue levantado nuevamente; ahora con tinta indeleble le escribieron en el pecho: “Los 71 consejeros que votaron a favor de Vera Jiménez se morirán”. Rivera denunció en la fiscalía estatal; se abrió la carpeta de investigación SC01/2567/2012.
Sin embargo las amenazas continuaron: José Luis Aguilar Ponce, escolta del rector asignado por la fiscalía, fue interceptado afuera del campus norte de la UAEM por cuatro hombres que le advirtieron que no querían verlo más por ese lugar, de lo contrario actuarían en su contra. Este hecho fue reportado a la fiscalía.
Agresiones sin fin
El 28 de julio de 2012, a la entrada del mismo campus, aproximadamente a las cinco de la mañana, llegó un vehículo con cuatro sujetos; uno de ellos disparó un arma de fuego e hirió al guardia José Manuel Sánchez Román.
Dos meses después Rivera Cortés fue levantado nuevamente. Esa vez le entregaron un mensaje de muerte, firmado por la Banda de los Pelones, contra los 71 consejeros. Por esos días María Elena Ávila Guerrero, esposa del rector, fue seguida por un vehículo con vidrios polarizados y sin placas, el cual permaneció estacionado afuera de su casa.
El 7 de marzo de 2013 Vera Jiménez, Alfredo Mena Díaz –abogado general de la UAEM– y Mario Cortés se reunieron con Ricardo Dorantes San Martín, padre del fiscal Dorantes, quien reclamó el pago de un porcentaje del presupuesto de la universidad por concepto de supuestos servicios prestados.
Al mes siguiente José Luis Aguilar Ponce, escolta del rector, recibió la orden de incorporarse a una comandancia dentro de la fiscalía. Luego le ordenaron presentar su renuncia y entregar su arma. El hecho fue dado a conocer al secretario general de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, y al comisario de la Policía Federal, Nicolás Suárez Valenzuela.
Una denuncia presentada el 4 de abril de 2013 asienta que, hacia las 08.00 horas, personal del Centro de Lenguas Extranjeras de la UAEM vio que el guardia de seguridad Jesús García Gutiérrez estaba muerto, flotando en la alberca del inmueble. Presentaba huellas de violencia. La carpeta de investigación es la SC/01/3766/2013.
El 7 de septiembre de 2013 autoridades de la UAEM fueron informadas de la desaparición de cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería: Carlos David Pérez Hernández, Elías Tapia Bahena, Jairo Radilla Bello, Eduardo Fajardo y José María Porcayo Villa. Más tarde aparecieron. Vera junto con otros funcionarios de la universidad y el presidente de la Federación de Estudiantes se reunieron con Messeguer Guillén y Rodrigo Dorantes para dar a conocer los hechos.
Aclara Vera Jiménez: “Al terminar esta reunión le solicité al secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, hablar en privado para hacer de su conocimiento algunos asuntos que preocupaban a la comunidad universitaria. Le resalté la inquietud de que mi escolta hubiese sido dado de baja por no aceptar las pretensiones del padre del procurador de que le entregara de manera injustificada un porcentaje del presupuesto de la universidad. A esta reunión me hice acompañar del secretario ejecutivo de la Rectoría, Carlos Garza Falla”.
El 12 de septiembre siguiente tres encapuchados armados se metieron a la casa del rector, donde estaba su esposa. La denuncia también fue presentada en la fiscalía estatal.
El 19 de septiembre el abogado Alfredo Mena se reunió con Dorantes San Martín, quien negó estar vinculado con lo acontecido al rector y su familia.
–¿Qué le debe la Universidad al padre del fiscal? –se le pregunta a Mena Díaz.
–¡Nada! Está cobrando por un supuesto cabildeo entre los diputados locales para que le aprobaran a la universidad 2.5% del presupuesto global del estado. Dice que convenció a los diputados y a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ese trabajo en realidad lo hizo gente de la universidad y no están cobrando nada.
El asesinato del matrimonio Chao-Rebolledo afectó notablemente a la comunidad universitaria. Por la rapidez –24 horas– con la cual el gobierno estatal presentó a los responsables del doble homicidio, el rector declaró que no aceptarían chivos expiatorios: “La comunidad universitaria está sufriendo cada vez más los efectos de esta violencia y ahora vemos que de una manera totalmente irracional asesinan a uno de los miembro del Consejo Universitario.
“Ha habido amenazas contra los miembros del CU, están consignadas en denuncias que he hecho en la fiscalía y en la PGR. Desde que empezamos esta gestión, con este proyecto que trata de impulsar una universidad responsable, crítica, volcada a la comunidad, hemos sufrido una serie de amenazas hacia mi persona y el Consejo Universitario, y hoy uno perdió la vida. Son amenazas de muerte de que si no se revierten ciertas decisiones que afectan no sé qué intereses íbamos a sufrir las consecuencias. Algunos actores externos, ignoro quiénes, no se ven favorecidos.”
Explica: “El caso de Chao y su esposa está resuelto, pero una semana antes asesinaron al profesor Sergio Montes y no detienen a los responsables. Eso quiere decir que hay ciudadanos de primera y de segunda, algunos casos pesan más que otros”.
Reacomodos violentos
Morelos no ha tenido sosiego tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009. El cártel que encabezaba se dividió y surgieron las células Los Rojos y Guerreros Unidos. Desde entonces se incrementó la violencia con secuestros, ejecuciones, amenazas, extorsiones y cobros de piso.
Los focos rojos se ubican en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla, en los límites con Guerrero. Ahí, en el sur de la entidad, los sicarios se disputan el territorio; en la zona cañera, que comprende Jojutla, Tlaltizapán y Zacatepec, los enfrentamientos son constantes; ambos grupos criminales también tienen incidencia en la zona centro: Cuernavaca, Jiutepec y Temixco.
Precisamente del poblado de San Gabriel, Amacuzac, es originario Santiago Mazari Miranda, El Carrete, líder de Los Rojos, buscado actualmente por el gobierno federal en Sonora y Guerrero. Es sobrino de Alfonso Miranda Gallegos, alcalde de este municipio en el trienio 2009-2012 y actual diputado local del Partido del Trabajo, quien mantiene tomadas las oficinas municipales en protesta porque su hijo no ganó la alcaldía.
“Se tiene información de que El Carrete actúa en complicidad con el diputado Miranda. A la mayoría de los pobladores (ambos) les ofrecen protección”, publicó este semanario el 26 de enero de este año.
El pasado marzo ganaderos del sur del estado se abastecieron de armas en municipios como Amacuzac, Puente de Ixtla, Amayuca, Tepalcingo, Axochiapan, Tlaltenango y Coatlán del Río. Dicen que no van a tolerar la violencia y la inseguridad. En Coatetelco atraparon algunos abigeos y los mataron.
Tres presidentes de organizaciones del ramo –Mario Ocampo Piedra, de la Unión Ganadera Regional del Estado de Morelos; Roberto Reza Quiroz, del Comité Sistema Producto Bovinos Carne del Estado, y Élfego Albavera Pérez, del Sistema Producto Bovinos Leche–, en representación de más de 5 mil productores y los demás presidentes de las asociaciones locales, aseguraron que su gremio ha sufrido secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones de bandas criminales, como Guerreros Unidos y, sobre todo, del Carrete.
Acota Javier Sicilia: “El tema está en las colusiones que hay en el aparato de Estado con los delincuentes; por eso mi reclamo ha sido que limpien adentro, porque mientras haya alcaldes y diputados coludidos, el estado podrá tener el control del mando único, pero de facto lo tienen los delincuentes. La colusión está en las cúpulas”.
Explica que en el estado hay un problema que sólo se puede enfrentar con una presión ciudadana fuerte y con la voluntad de los partidos y los gobiernos de castigar a quienes tengan que castigar. Por el contrario, protegen a gente como el diputado Miranda o Manuel Garrigós, del PRI, bajo sospecha de ser secuestradores y asesinos.
El diputado panista Javier Bolaños Aguilar, explica por qué no han detenido a Miranda o Garrigós: “Porque la Constitución local y la ley orgánica nos señalan que tenemos que esperar a que la fiscalía determine si realmente tienen responsabilidad en los delitos que se les imputan”.
