Puebla no se ha caracterizado por el respeto al estado de derecho y se advierte este fenómeno contra quienes menos tienen. La defensa que hacen las comunidades de sus tierras y propiedades en zonas con alta plusvalía ha sido el eje de un conflicto entre el gobierno del estado y pobladores que defienden lo único que tienen para sobrevivir. Una joven diputada federal, Roxana Luna, ha decidido abanderar esta conspicua batalla. Veamos.
Primero. Desde 2011 y 2012 el gobierno del estado ha pretendido concretar dos proyectos: el gasoducto y el Arco Poniente en la zona donde se encuentran los municipios de San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Atlixco, zona estratégica por sus recursos naturales. El gasoducto, parte del Plan Integral Morelos, recorrerá 150 kilómetros a través de 60 comunidades cercanas a la zona de contingencia del volcán Popocatépetl. El Comité Científico de Riesgos del Volcán, del Instituto de Geografía de la UNAM, y el Centro Universitario de Prevención de Desastres, de la BUAP, han demostrado la inviabilidad ecológica y humana de dicho plan. Cosa de recordar que el 19 de septiembre de 2012 en San Martín Texmelucan hubo 17 muertos, 52 heridos y pérdidas materiales incuantificables por la explosión del gasoducto que quiere impulsar el gobierno estatal.
El Arco Poniente pretende construir una autopista de 42 kilómetros, afectando 244 hectáreas de tierras agrícolas, que producen mil 500 toneladas de legumbres y hortalizas vendidas en la Central de Abasto de la Ciudad de México y que dan empleo aproximadamente a 15 mil jornaleros. Estos proyectos buscan desplazar la vida agrícola de los pueblos originarios de la región mediante el cambio del uso del suelo, y del Banco Estatal de la Tierra, que creó el gobernador para controlar la compra de las tierras. El movimiento Nacional Los de Abajo, que abandera la diputada Roxana Luna, se pregunta con razón: ¿Qué va pasar con los campesinos y dónde están incluidos en los proyectos?
Segundo. El enfrentamiento entre los campesinos y el gobierno estatal se ha convertido en un ejercicio autoritario de poder. Hay casos insólitos, como el de la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, del municipio de Atlixco, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Enedina Rosas Vélez, de 60 años, a quien se le imputan delitos de robo agraviado de dos celulares y oposición a que se ejecute el gasoducto Morelos, proyecto de las empresas privadas Elecnor, Enagas y Bonatti, asociadas a la CFE. Sin atender los principios de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, Rosas Vélez se encuentra recluida en el cereso de Atlixco bajo el proceso 121/2014.
El gobierno no ha dejado títere con cabeza. El lunes 7, al mediodía, el activista Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, fue detenido cuando salía de presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Los delitos que se le imputan son: despojo, extorsión, motín y ataque a la infraestructura hidráulica. Los tres primeros son graves y no le permitirían derecho a fianza. Está recluido en el cereso de San Pedro Cholula bajo el proceso 127/2012.
El martes 8 por la mañana Abraham Cordero Calderón, juez de paz de San Martín Texmelucan e integrante del Frente Campesino y del Movimiento Nacional Los de Abajo en Puebla capital, condenó las detenciones de los dos dirigentes sociales, proponía al gobierno del estado el diálogo y denunció que un día antes había sido amedrentado, por lo que responsabilizó al gobernador de lo que le pudiera pasar a su familia y a él. Los delitos que se le imputan son: amenazas, privación ilegal de la libertad y delitos contra funcionarios públicos. Está recluido en el cereso de Atlixco bajo proceso número 55/2014.
Los delitos referidos alcanzan fianza, por lo que su defensa legal solicitó el beneficio de la caución. El miércoles 9 la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado de Atlixco, licenciada Minerva Herrera de la Cruz, solicitó al juez se le niegue la libertad caucional argumentando que es un peligro para la sociedad. Así, el juez Helmo Mayoral Bello declaró fundada (sin pruebas) la petición del Ministerio Público, negando la libertad bajo caución.
Tercero. Los académicos que apoyan la integridad de los recursos naturales no han sido mejor tratados. El doctor Ricardo Pérez Avilés, investigador de la BUAP, afirma que fue amagado con armas de fuego exigiéndole que deje de apoyar a los movimientos que se oponen al gasoducto. El jueves 17 Alberto Melchor Montero, alumno del doctor Pérez Avilés –ambos conductores del programa radiofónico El campo y la ciudad, diálogo necesario, transmitido por Axocotzin Radio 104.5 y por vía streaming en axocotzinradio.org– fueron amenazados desde los números telefónicos 2281096875 y 2283665469.
En el mundo del absurdo y con la ley del garrote el gobierno de Puebla está dispuesto a todo para construir su gasoducto y su Arco Poniente sin generar un programa de cuidado ecológico, un plan de inserción de los campesinos y un respeto puntual a las garantías jurídicas. Este tipo de casos que seguramente se reproducen en otras partes del país no pueden ser pasados por alto, porque si no se denuncian y se castigan se convierten en un círculo vicioso que fortalece la impunidad en perjuicio de todos.
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