CHILPANCINGO, GRO.- La detención el martes 8 en Iguala del alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, cimbró a la clase política estatal y confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al menos a 15 presidentes municipales por sus presuntos nexos con el narcotráfico (Proceso 1939).
Álvarez forma parte de la corriente política Grupo Guerrero, dirigida por David Jiménez Rumbo y por el actual presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres. Éste y su hermano Crescencio, alcalde de La Unión, fueron acusados –por Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios– de tener relaciones con el crimen organizado.
El miércoles 9 Jiménez Rumbo se deslindó de Álvarez Mesino –acusado de dar protección a La Familia, mafia que opera en la zona Norte de Guerrero– y del resto de los alcaldes investigados. En un comunicado la dirigencia estatal perredista demandó a las autoridades federales seriedad en las investigaciones para evitar un nuevo “michoacanazo”.
La captura de Álvarez se inscribe en la lucha entre los grupos delictivos La Familia y Guerreros Unidos, quienes pretenden dominar el corredor que conecta la Sierra y el Norte de Guerrero con el sur del Estado de México, para el trasiego de enervantes.
El bastión de La Familia son los municipios de Arcelia y Teloloapan; Guerreros Unidos se afinca en Iguala y tiene presencia en los municipios de Apaxtla y Cuetzala, según informes oficiales.
Una investigación federal relacionada con Felipe Viveros García, El F, integrante de La Familia –capturado el pasado 6 de diciembre en Jalisco, acusado por la PGR de participar en más de 200 asesinatos y secuestros en Guerrero–, marcó la suerte del alcalde perredista y abrió el camino para la investigación de otros 15 de las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Junto a Viveros fueron detenidos dos pistoleros: José Bernabé López Alcaraz y Froylán Barrera Morales, El Froy. Éste era jefe de plaza en Cuetzala y enlace del grupo delictivo con el alcalde perredista, indican los informes de la PGR.
La Procuraduría acusa a Álvarez de haber participado directamente en unos 15 secuestros en Cuetzala, Apaxtla, Arcelia y Teloloapan.
Las acusaciones de la PGR se basan en denuncias de víctimas de secuestro del municipio de Cuetzala, quienes se quejaron ante autoridades federales pues la procuraduría local se negó a integrar las averiguaciones previas correspondientes. Entre las víctimas está el excandidato priista a la alcaldía, Pedro Bailón Díaz, quien acusó directamente al perredista de estar vinculado con los plagios y brindar protección a La Familia.
El jueves 17 un juez dictó auto de formal prisión contra el alcalde perredista de Cuetzala por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro. Ya está en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas.
Epidemia de secuestros
La violencia se ha recrudecido en la zona Norte de Guerrero, donde el número de secuestros ha aumentado alarmantemente.
El domingo 6 fue secuestrado el ingeniero Leonardo Trejo, jefe del almacén de la mina Rey de Plata que explota Peñoles en Tehuixtla, municipio de Teloloapan. Hasta el momento sigue desaparecido.
El martes 15, unos 500 miembros del grupo de autodefensa Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) marcharon a su cabecera municipal para denunciar que desde el sábado 5 han sido secuestradas al menos 20 personas en diferentes puntos de la carretera a Teloloapan, en las inmediaciones de la presa El Caracol.
Los manifestantes señalaron que cinco de los plagiados son originarios de Apaxtla y dijeron que los secuestradores piden 2 millones de pesos para liberarlos.
Las autoridades estatales dicen que sólo tienen registro de cinco secuestros en la zona, entre ellos el del ingeniero Trejo.
Según una tarjeta informativa de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, los secuestradores han enviado mensajes de texto a los familiares de las víctimas para exigir el pago de “una cuota” para liberarlos.
Fuentes oficiales informan a Proceso que se trata de una “acción criminal selectiva” enfocada en desarticular al MAAC, surgido el pasado noviembre con el apoyo del alcalde perredista Efraín Peña Damasio a fin de expulsar a las células de La Familia que controlan la zona.
El diputado federal perredista y exalcalde de Teloloapan, Marino Miranda Salgado, ha dicho públicamente que la autodefensa de Apaxtla –ya extendida a Cuetzala– tiene el respaldo de Guerreros Unidos.
Incluso el Ejército ha señalado en reportes oficiales difundidos en las sesiones del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), que los secuestrados de Apaxtla tienen “algún tipo de relación con grupos antagónicos de la delincuencia organizada”, argumentando que las víctimas y sus familiares “se dedican a proporcionar información a las bandas delincuenciales”.
El GCG es la máxima instancia de seguridad en la entidad; lo encabeza Aguirre Rivero y lo integran representantes del Ejército, la Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y las policías federal y estatal.
”El F”
Desde el año pasado, alcaldes perredistas y priistas de las regiones Norte y Tierra Caliente, así como el gobernador Aguirre y el grupo del exmandatario Rubén Figueroa Alcocer han sido exhibidos como parte de una red de políticos sometidos o que brindaban protección a Viveros García, El F.
El anuncio de su captura –difundido por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)– ocurrió días después del asesinato de cuatro funcionarios del ayuntamiento de Arcelia –entre ellos el director de Tránsito, Mario Urióstegui Pérez, La Mona– en un presunto enfrentamiento entre militares y civiles armados a mediados de diciembre.
El Ejército ubicaba a Urióstegui como suegro de Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, lugarteniente de Leobigildo Arellano Pérez, El Pony, líder de La Familia en el sur del Estado de México y las zonas Norte y Tierra Caliente de Guerrero. Reportes de la CNS indican que El Mojarro sustituyó a Bartolo Viveros García, El 5-5, asesinado el 17 de junio de 2012 en el penal federal El Altiplano.
Los mismos informes indican que El F es hermano del 5-5 y operaba en los municipios guerrerenses de Teloloapan, Apaxtla, Cuetzala del Progreso, Tepecoacuilco, Iguala y Arcelia. Estos municipios forman parte de un corredor para el tráfico de drogas que se disputan La Familia y Guerreros Unidos, que dirige Mario Casarrubias.
Aguirre Rivero empezó su campaña por la gubernatura en Teloloapan, en noviembre de 2010; fue invitado por Santana Ríos Bahena a una comida en el rancho San Andrés, propiedad de Bernardo Lagunas Contreras; éste, empresario del ramo hotelero y aficionado a los caballos, y aquél, conocido productor de melón. Pero ambos están bajo sospecha de tener nexos con el narco, según informes oficiales consultados por el semanario.
El encuentro fue promovido por un grupo de políticos perredistas que triangularon posiciones en la región Norte para mantener sus cotos, encabezados por Jiménez Rumbo y por Evodio Velázquez, de Nueva Mayoría.
Así el exalcalde de Teloloapan, Marino Miranda, dejó como sucesor a su compadre, el exdiputado local Ignacio Valladares; éste a su vez designó como su suplente a Rogelio Lagunas Contreras, hermano de Bernardo.
Asimismo el exalcalde de General Canuto A. Neri y actual diputado local, Roger Arellano Sotelo, prácticamente dejó como sucesor en el ayuntamiento a Eleuterio Aranda Salgado, su jefe de la policía e intérprete de narcocorridos donde exalta a La Familia.
Consultado por Proceso, Aguirre reconoció que este grupo de políticos perredistas lo invitó a comer con los presuntos narcotraficantes Bernardo Lagunas y Santana Ríos, pero sostiene que al final no acudió al encuentro.
“Recibí algunas invitaciones (de los políticos) pero no acudí a ese lugar (rancho San Andrés), y más allá de eso, en una campaña muchas veces recibes el saludo de gente que no sabes de quién se trata ni tienes por qué saberlo, pues no tienes función investigadora en ese momento; aunque por supuesto que yo me deslindo absoluta y totalmente de cualquier vínculo con esas personas.”
Tensión
El pasado 17 de febrero Miranda Salgado afirmó que la autodefensa de Apaxtla está respaldada por Guerreros Unidos y consideró que en el gobierno simplemente “no quieren o no pueden” combatir a la delincuencia.
En reunión con miembros del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en el Congreso estatal, dijo que el surgimiento del MAAC “es una táctica del grupo que controla Iguala, los Guerreros Unidos, que los tiene infiltrados, y esto se pone más complejo”.
Dos días después el exalcalde priista de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado, encabezó a un grupo de unos 500 hombres armados y bloqueó la carretera que conecta las zonas Norte y Tierra Caliente, con el fin de anunciar la creación de un grupo de autodefensa para enfrontar a La Familia.
Urióstegui, compadre del exgobernador Figueroa Alcocer y ahora prófugo, responsabilizó al alcalde de Teloloapan, Ignacio Valladares Salgado; al diputado local del mismo partido Roger Arellano, y a Santana Ríos Bahena del secuestro de su hijo, Tomás Urióstegui García, levantado a finales del año pasado y aún desaparecido.
El polémico exedil advirtió que no se retirarían de la cabecera hasta restablecer el orden en ese lugar, donde –según varios de sus habitantes– ha habido al menos 80 secuestros desde diciembre.
En respuesta La Familia tapizó Teloloapan con narcomantas en las cuales advirtió a la población que quien se uniera al grupo de autodefensa de Urióstegui sería asesinado. Durante casi una semana el municipio estuvo literalmente secuestrado y sin autoridad.
Esta situación obligó a los gobiernos federal y estatal a intervenir para destrabar el conflicto, que estaba escalando pues el alcalde priista de Arcelia, Taurino Vázquez, dirigió un movimiento de transportistas para confrontar al grupo de Urióstegui.
El 24 de febrero soldados y policías federales y estatales desalojaron la vía y detuvieron a 21 personas; Urióstegui huyó.
Un mes después el hijo del exgobernador Figueroa Alcocer y actual diputado local priista Rubén Figueroa Smutny retomó el discurso de Urióstegui y denunció la impunidad con la que operan los sicarios al servicio de La Familia, así como la inseguridad que impera en Iguala.
Figueroa Smutny sometió al pleno un punto de acuerdo para solicitar que en Guerrero se replique el modelo de Michoacán y el gobierno federal envíe un comisionado para coordinar la seguridad.
La mayoría perredista rechazó la propuesta.
El hijo del exgobernador Figueroa Alcocer dice a Proceso que la complicidad de autoridades de los tres niveles ha permitido que la delincuencia opere impunemente y controle territorios completos.
Por ello advierte que en caso de no revertirse la situación, las expresiones de inconformidad social se manifestarán a través de grupos de autodefensa y el escenario electoral será contraproducente para los políticos.
“Todo indica que de seguir así, el narco va a nombrar a los próximos candidatos; en algunos lugares no se podrá hacer campaña y en otras zonas de plano no se van a realizar elecciones”, expresa en entrevista.
Desde hace un par de semanas vecinos de varias colonias del sur y oriente de Chilpancingo comenzaron a hacer recorridos nocturnos, armados con machetes, palos y armas de fuego de bajo calibre, para confrontar directamente a la delincuencia, pese a que hace poco más de un mes las policías Federal y Estatal asumieron el control de la seguridad en la capital guerrerense.
La estrategia federal se ha enfocado en detener a los principales líderes del grupo Los Rojos; no obstante el descabezamiento de la estructura criminal ha hecho repuntar los asaltos, robos, secuestros y extorsiones, indica un reporte del Consejo Ciudadano de Seguridad, formado por empresarios y comerciantes de esta capital.
